Tres de cada cuatro personas con discapacidad encuentran trabajo a través de estos centros que ofrecen apoyo en la vida laboral del trabajador y adecúan el itinerario profesional a su perfil y habilidades
Un CEE es una empresa que, como tantas otras, proporciona bienes y servicios. No son una ONG. El fin de los CEE es dar empleo remunerado a personas con discapacidad. El trabajo digno y remunerado es el elemento más potente para lograr la autonomía personal y económica.
Pueden trabajar en un Centro Especial de Empleo los trabajadores que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que, como consecuencia de ello, presenten una disminución de su capacidad de trabajo al menos igual o superior a dicho porcentaje. Los interesados en trabajar en estos centros deberán inscribirse en las oficinas de empleo autonómicas como demandantes de empleo.
Según datos de diciembre de 2021 del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), en España hay 2.321 compañías de este tipo. Un 97% son pymes. Emplean a 114.843 personas, de las cuales 98.714 tienen discapacidad. La Administración Pública y las entidades sociales que representan a las personas con discapacidad son la vía de acceso más habitual, una cantera de la que beben los CEE.
Los antecedentes de estos centros datan de principios de los ochenta. Entonces, las personas con discapacidad física se agrupaban en talleres para trabajar. Surgieron de manera espontánea y ellos mismos se autogestionaban. En la actualidad, los CEE reciben una serie de bonificaciones estatales y están regulados por un Real Decreto de 1985 que les exige dos características esenciales: que al menos el 70% de sus plantillas estén conformadas por personas con una discapacidad reconocida y que habiliten unidades de apoyo, un gabinete de expertos sociales que ayuda al trabajador en su vida laboral y personal.
De que esa integración sea óptima velan las unidades de apoyo, un órgano propio de los CEE formado por trabajadores sociales y psicólogos, entre otros perfiles profesionales, que analiza factores como la situación económica, social y sanitaria del empleado para hallar el mejor encaje posible. En palabras de Gregorio García, presidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee): “Lo primordial es que diseñan la trayectoria del trabajador en función de sus capacidades. Después se hace un ajuste continuo de acuerdo a su evolución”. Esta asistencia también se produce fuera de la empresa: “Incluso en tareas cotidianas como ir al banco o tramitar unos papeles. Muchas veces, el personal de las unidades se convierte en una presencia familiar para el empleado”, amplía.
Cada vez afloran más destinos laborales para este colectivo, que tradicionalmente se encuadraba en tareas poco cualificadas. “Ahora el empleo dentro de los CEE se está abriendo a toda clase de actividades. Es la forma de mejorar la competitividad respecto a las empresas ordinarias, retener el talento y operar en cualquier mercado”, incide Gregorio García, de Conacee.
Precisamente, la transición de los trabajadores con discapacidad al mercado laboral ordinario, prosigue García, debería darse siempre que el empleado quiera y mediante una figura similar a las empresas de trabajo temporal, que puedan ubicarlo en un puesto con encaje real a sus necesidades y unas condiciones concretas: “Un proceder similar al de los propios CEE”, sintetiza el experto.
Los retos de los CEE
En la actualidad, existen dos clases de centros especiales de empleo (CEE): los de iniciativa social, aquellos participados en más de un 50% por entidades sociales o sin ánimo de lucro; y los de iniciativa empresarial. Uno de los grandes retos del sector, entiende Gregorio García, presidente de Conacee, es alcanzar la equiparación de ambos modelos: “El objetivo de todos los CEE es el mismo: la integración de personas con discapacidad. Si existen diferencias en su tratamiento legal se desvirtúa el mercado y las condiciones de los trabajadores“. Estas desigualdades en su consideración legal, amplía García, se materializan en, por ejemplo, la imposibilidad de concurrir a las mismas licitaciones públicas, más restringidas para los centros de iniciativa empresarial, o en la aplicación de diferentes tablas salariales en función de la naturaleza del centro.
La patronal incide además en otro desafío: la necesidad de que se mantengan las ayudas estatales a la contratación de personas con discapacidad. “Es la principal vía para que siga aumentando la contratación. En términos de empleo, las personas con discapacidad no es que estén atrás, es que se ubican en el vagón de cola. Por ello, debería haber un incremento de las políticas activas y en ningún caso un retroceso”, reclama García.
