Las cotizaciones a la Seguridad Social no son un impuesto formalmente, pero actúan realmente como tal, al suponer un porcentaje superior al 30 % que se aplica sobre la base de cotización, que es igual que decir que se aplica sobre el sueldo de los trabajadores hasta llegar a la base máxima de cotización. Por tanto, es un sobrecoste que han de asumir las empresas como coste y los trabajadores como menores ingresos, que en la parte que paga directamente la empresa por cuenta del trabajador ni siquiera perciben, pues no aparece reflejado en sus nóminas.
La Seguridad Social prevé ingresar el próximo año 152.075 millones de euros en cotizaciones sociales, un 8,4% por encima de la liquidación prevista para 2022 (11.814 millones de euros más). De este incremento del 8,4%, un total de 3,8 puntos se deben a la subida de la base media de cotización proyectada para 2023 o, lo que es lo mismo, la subida de las bases explicará algo más de 5.000 millones de euros del conjunto de 11.814 millones de euros en que aumentarán los ingresos por cuotas en el próximo año respecto a la cifra de liquidación prevista para 2022.
De estos 3,8 puntos que aportará al crecimiento de los ingresos el aumento medio de la base de cotización, 0,4 puntos responde al alza de las bases máximas en un 8,6% para 2023, y el resto tiene en cuenta el aumento que podrían experimentar las bases mínimas y algunos elementos vinculados a la próxima subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que coincide normalmente con la base mínima.
Después de la subida extraordinaria de 0,6 puntos en las cotizaciones a la Seguridad Social po el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que el ministro Escrivá pactó con los sindicatos a finales de 2021 y que entra en vigor en 2023, ahora ha incluido una subida de un 8,6 % de la base máxima de las cotizaciones a la Seguridad Social, con la que pretende recaudar 2.000 millones de euros más para unas maltrechas cuentas de la SS. De hecho, Escrivá ha defendido que la intención de su departamento es que, a partir de ahora, las bases máximas de cotización a la Seguridad Social suban todos los años como mínimo lo mismo que las pensiones, esto es el promedio de la inflación anual de cada ejercicio. Y ha enmarcado esta futura vinculación de las bases máximas a lo que suban las pensiones (IPC promedio anual) en el escenario de negociación de la segunda y última fase de reforma de la Seguridad Social que discute el Gobierno con patronal y sindicatos actualmente.
En esta la segunda fase de la reforma de pensiones que debe incluir según lo pactado con Bruselas un proceso de eliminación de los topes máximos de las cotizaciones (de forma que todas las retribuciones salariales estén sujetas a cotización en el horizonte de 2050) recoja una senda, fijada por ley, en la que las bases máximas suban como mínimo la inflación promedia anual y, además, se añada un porcentaje adicional cada año hasta la eliminación total de los topes. Si bien, esta cuantía añadida no empezará aplicarse aún en 2023, sino cuando se pacte en la negociación.
Subir las cotizaciones supondrá un encarecimiento adicional y actuará de freno a la actividad y al empleo. Esta medida es tremendamente negativa para la actividad económica y, por tanto, para el empleo, y si lo es para el mercado laboral terminará siéndolo para la recaudación por cotizaciones sociales, pues si hay menos empleo, habrá menos recaudación, con lo que, en el medio y largo plazo terminará por conseguir lo contrario de lo que pretende. Y, además, es injusta, pues la pensión máxima a la que da derecho la base máxima no subirá lo mismo.
Paralelamente, muchas personas, las más débiles laboralmente, se verán empujadas hacia la economía sumergida, que es una lacra que hay que erradicar, pero que se incentiva indirectamente con este tipo de medidas, como la subida del salario mínimo que pretenden llevar a cabo de nuevo, que sube la cotización más baja.
La Seguridad Social tiene un problema que no se soluciona con este tipo de parches perjudiciales a la larga para el sistema de la SS y Escrivá ha renunciado ya a su compromiso de terminar la legislatura con el sistema en equilibrio, algo que atribuyó a la “perturbación inflacionista”. Esta renuncia al eliminar el déficit se da por el fuerte aumento del gasto en pensiones, pese a la también elevada previsión de ingresos, del 8,4% más respecto a la previsión de liquidación de 2022. Este incremento se desglosa en 2,6 puntos más por el aumento del empleo; otros 2,4 puntos por la sobrecotización para las pensiones del baby boom y 3,4 puntos más por la mejora de las bases de cotización. Esta última obedece al incremento de las bases máximas un 8,6% pero, aún más, por las subidas salariales y los mayores sueldos del nuevo empleo, ya que se están registrando en sectores de alto valor añadido como la informática u otras profesiones cientificotécnicas.
El Gobierno está decido a articular la triple vía de subida de cotización a las rentas altas: través de la actualización ordinaria de la base máxima en función de la inflación con la aprobación de cada PGE (de aquí nace la subida del 8,6% para 2023), el aumento adicional que se aplicará como parte de la senda de adecuación de la base máxima y la pensión máxima comprometida con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación para la llegada de fondos europeos (y que no se aplicará hasta 2024), y a lo que se sumará la cohabitación del recargo del 0,6% correspondiente al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)
Eso sí, el Ejecutivo reconoce que ambas subidas de base máxima, la del IPC y la del destope, son independientes, pues la senda adicional a la actualización ordinaria con el IPC deberá ser pactada con los agentes sociales antes de final de año, según se recoge en el calendarios de hitos a cumplir que revisará Bruselas para la entrega de nuevos tramos de los fondos de recuperación.
El ministro ha recordado que en 2021 y 2021 las bases máximas no subieron y que en 2022 lo hicieron en un 1,7%, mientras que en otros años, habiendo deflación y una caída de los beneficios empresariales, las bases máximas subieron un 5% durante dos ejercicios consecutivos.
Una vez aclarada la senda de subida de cotizaciones que sufrirán los sueldos a partir de 50.000 euros desde el año que viene, el Gobierno reconoce que esta es una de las principales vía de financiación para el año próximo. Más de un tercio del incremento de los ingresos por cotizaciones previsto para 2023 en los Presupuestos de la Seguridad Social se debe al alza de las bases de cotización (máximas y mínimas)
