A VUELTAS CON LA “PAGUILLA” DE LAS PENSIONES (PAGA COMPLEMENTARIA POR LA INFLACCIÓN “REAL”)

El INE publicó que el IPC interanual de noviembre se elevó el 5,5%. Este indicador había sido siempre, y debería ser de cara a 2022, el que se debería tomar para la revalorización anual de las pensiones si el objetivo es que no haya pérdida del poder adquisitivo de las pensiones.

 

Pero aplicando “adelantadamente” para 2022 el acuerdo reflejado en el denominado primer bloque de la “reforma Escriva” de las pensiones (Ley 21/2021), se tomará como referencia de la revalorización anual de las pensiones el IPC medio de 2021 (en puridad desde diciembre de 2020 a noviembre de 2021) y en este caso la revalorización será el 2,5% (es decir, menos de la mitad del IPC de noviembre de 2021) y, en consecuencia, habrá una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.

¿Cuál debería ser la correcta revalorización anual?

Al 0,9% que subieron las pensiones en 2021, habría que añadir, en rigor, la diferencia entre el 5,5%y el 0,9% para que realmente las pensiones no pierdan poder adquisitivo: un 4,6%. Sobre esta subida, se debería aplicar el nuevo método de revalorización para el 2022, es decir, un 7,1% (4,6%+2,5%). Pero, una vez, más no se hace así y se aplicará la diferencia entre 2,5% y 0,9% (un 1,6%) y, sobre esto, el 2,5%: en total un 4,1% en vez del mencionado 7,1%

Si solo aplica a las actuales pensiones el 2,5% se está perpetuando de por vida la pérdida de poder adquisitivo, ya que la paguilla (última vez que se aplicará) solo compensa este ejercicio.

NOTA SOBRE “LA PAGUILLA”

La inflación. La inflación se define como el aumento general de precios y se mide a través del Índice de Precios al Consumo (IPC). Este índice cumple el papel de simplificar los cálculos en infinidad de supuestos, como en las revisiones anuales de salarios o de pensiones, el cálculo de cláusulas de revisión de alquileres o de venta de bienes y servicios en caso de empresas. Los más perjudicados ante los embates inflacionistas son aquellos que viven de rentas fijas, especialmente los pensionistas y los ahorradores.

 

La actualización del IPC “esperado” al IPC “real” Hasta la reforma del PP de 2013 (Ley 5/2013), donde se introdujo el IRP (el Índice de Revalorización anual de las Pensiones) que estaba en función de los parámetros de déficit del sistema de la Seguridad Social y aunque desde el año 2018 ese IRP quedó congelado temporalmente en los PGE 2018, la revalorización anual se calculaba según la subido del IPC previsto para el conjunto del nuevo año, y al finalizar el año se observaba el IPC real y el IPC estimado. Si existía una desviación al alza, es decir, que el aumento de las pensiones se quedaba por debajo del IPC real ya conocido se abonaba la conocida como paguilla en el mes de febrero del año siguiente. Esta paguilla no es más que la compensación monetaria de esa desviación.

Pero según el nuevo criterio que se aplicará a partir de 2022 conforme a la “Reforma Escrivá” de las pensiones, y que el Gobierno ha decido también aplicar para el próximo 2022 (aunque la Ley de la mencionada reforma aún no estaba aún vigente en 2021) la revalorización anual de las pensiones se obtendrá “automáticamente”, sin necesidad de un Real Decreto ad hoc como hasta ahora, como la media de la variación anual en los meses de diciembre de 2020 a noviembre de 2021 del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Esta paguilla deberá compensar un 1,6% (2,5% del IPC real menos 0,9% de la revalorización en 2021) de caída de poder adquisitivo que recibieron los pensionistas en el año 2021. La paguilla será un pago único, que se hará a mediados de enero, de un 1,6% de la pensión que se cobre, multiplicado por el número de mensualidades que se cobran a lo largo del año. Los pensionistas no tienen que hacer cálculos ni solicitar esta paga, ya que de oficio, será la propia Seguridad Social la que lo abonará automáticamente a través de transferencia bancaria a mediados del mes de enero.

La “paguilla” a lo largo de la historia La llamada «paguilla» fue una garantía que se introdujo en la ley de racionalización de la estructura de la Seguridad Social, de 1985, (art. 4 de la Ley 26/1985) para que los pensionistas mantuvieran su poder adquisitivo pues cada año las pensiones se revalorizaban en aquel entonces por ley conforme a la inflación anual de noviembre y se utilizaba esa tasa para calcular la compensación a la que tenían derecho los pensionistas si el IPC era mayor a la subida fijada previamente a principios de año.

En 2011 el Gobierno de Zapatero congeló las pensiones, salvo las mínimas y no contributivas, y los pensionistas ya no volvieron a percibir esa paga compensatoria hasta 2018 dada la aplicación del ya mencionado IRP durante el periodo 2014-2017 que aunque siguió estando vigente se “congeló” su aplicación de hecho a partir de 2018. A comienzos de 2019 el Gobierno repartió unos 127 millones de euros a los pensionistas para compensar una desviación de 0,1 puntos de la subida que se les aplicó en 2018 (1,6%) y la media del IPC del último año móvil (1,7%).

No hubo paga compensatoria relativa al año 2019 puesto que los pensionistas ganaron poder adquisitivo -algo que no les ocurría desde 2015-, casi un punto porcentual, ya que la inflación se contuvo (en el 0,7%) mientras que las pensiones se habían elevado un 1,6% desde principios de año. Ya para 2020, se repitió esa ganancia, con un IPC que la pandemia mantuvo en negativo la mayor parte del año, mientras que las pensiones se revalorizaron el 0,9%. Tampoco hubo “paguilla” en 2021 por la sencilla razón de que en 2020 la inflación fue del -0,3%, de hecho, si se hubiese tenido que realizar la actualización por desvío de la inflación esperada en 2020 (otro 0,9% en diciembre de 2019), debería haberse producido un recorte nominal de las pensiones del 1,3%, para que estas mantuviesen su poder adquisitivo.