Ayuntamientos y diputaciones provinciales pagan a sus funcionarios y empleados primas de varios miles de euros, a menudo de varias decenas de miles, como premios por anticipar su jubilación sobre la edad ordinaria. La medida, que supone anualmente un coste de varios millones de euros para las arcas públicas, choca con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que una sentencia de 2018 ya dictaminó que se trata de gratificaciones que suponen «una alteración del régimen retributivo de los funcionarios de las Administraciones Locales que carece de cobertura legal y de justificación» y que en otra de 2019 añadió que «el premio o recompensa» no se vincula con «una circunstancia sobrevenida» sino con «un hecho natural, conocido e inevitable de la relación funcionarial» como es la jubilación.
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Sin embargo, la existencia de estas bufandas o gratificaciones extraordinarias son (¡y ern!) de uso tan corriente que incluso el Ministerio de Hacienda mantiene vigente desde hace más de una década una orden en la que determina en qué apartado del presupuesto deben reservar las entidades locales los fondos destinados a pagar «Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas».
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