LA GUERRA Y LAS PENSIONES

 

 

A PESAR DE LA DEUDA DE LA SS Y DE LA INFLACIÓN PREVIA A LOS “DESASTRES DE LA GUERRA» LOS YA PENSIONISTAS SERÁN LOS MENOS AFECTADOS, AUNQUE PUEDE PELIGRAR LA REVALORIZACIÓN CON EL IPC

La deuda de la Seguridad Social ronda los 100.000 millones de euros

Un punto del IPC equivale a 1.500 millones de euros en pensiones

Los expertos coinciden en que los jubilados deben entrar en el pacto de rentas

 

Las pensiones se van a pagar, ahora y en el futuro, y los pensionistas actuales serán los que mejor podrán esquivar los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Dicho esto, los problemas de financiación de las pensiones siguen ahí, y la guerra va a acelerar las reformas pendientes, que afectarán a las futuras pensiones de los boomers y a las de sus hijos.

La guerra en Ucrania puede afectar a la medida estrella del primer bloque de la reforma Escrivá de las pensiones: la subida anual conforme al IPC. Algunos expertos consideran irresponsable garantizar el poder adquisitivo de la renta de los pensionistas en estas circunstancias, y piden para los jubilados los mismos sacrificios que tendrán que hacer el resto de los ciudadanos y habrá que cambiar la Ley antes de que eche a andar.

EL PUNTO DE PARTIDA: UN DÉFICIT HISTÓRICO

La pandemia ha dejado el déficit de la Seguridad Social en máximos históricos, en concreto, cerró 2021 con 99.185 millones de euros, según datos del Banco de España. No obstante, esta cifra es engañosa, ya que el aumento de gasto es debido fundamentalmente a la batería de medidas económicas (ERTES y otras ayudas a autónomos y empresas) que evitaron la ruina de cientos de miles de ciudadanos y empresas durante la pandemia. En un contexto de inflación elevada el gasto en pensiones será mayor al esperado, y se tendrán que buscar nuevos ingresos o un recorte de pensiones.

 

Es cierto que los déficits de los sistemas de protección europeos también se han disparado, pero el problema de España es que partíamos con un desequilibrio más elevado. Antes de la Covid 19 la Seguridad Social ya acumulaba déficits anuales de entorno a los 18.000 euros.

 

FONDOS DE EUROPEOS A CAMBIO DE REFORMAS

En Europa lo que realmente preocupa es la deuda y España tiene una deuda que supera el 118% del PIB. Con estos mimbres, el cesto que pueda construir España después de la guerra de Ucrania puede tener agujeros importantes. Por eso Bruselas nos pide nuevas reformas, especialmente en pensiones, y las «derramas» que nos va a exigir la guerra, menor PIB, aumento de gasto en defensa, medidas para paliar el aumento de la factura energética… aumentarán la presión europea para realizar cuanto antes esas reformas.

 

Los fondos europeos son la carta que juega el Gobierno para salir del agujero económico en que nos metió la pandemia, y España es uno de los países que más recibe, 140.000 millones. Pero para recibir las distintas partidas antes hay que hacer los deberes, y entre los más difíciles están cuadrar las cuentas en pensiones.

 

España ha planteado una reforma de pensiones en dos partes. En la primera parte ya aprobada en el parlamento las medidas más importantes han sido la subida anual conforme al IPC medio; se han cambiado los coeficientes reductores de la jubilación anticipada; se ha liberado a la Seguridad Social del pago de gastos que no le corresponden; y se ha puesto en marcha el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que consiste en subir las cotizaciones un 0,6% para llenar la hucha de las pensiones y poder afrontar las jubilaciones de boomers. No han sido medidas gravosas para los ciudadanos.

 

INFLACIÓN DESBOCADA

En febrero el IPC se situó en el 7,4%, el valor más alto en 33 años. Los analistas entonces pensaban que era algo pasajero y que a finales de 2022 el índice se situaría alrededor del 3%. Y entonces Rusia invadió Ucrania. Los precios de la energía se han multiplicado y siguen marcando récords día tras día. Las previsiones más optimistas de inflación promedio a finales de año la sitúan sobre el 6%, y los más pesimistas auguran un IPC promedio de más del 10%.

 

Es difícil predecir cómo evolucionará el IPC de aquí a finales de año, pero algunos expertos (Fedea y el Banco de España) ya anticipan que la media puede rondar el 7%. Entonces las pensiones deberán subir en 2023 ese 7%. Esto supone que el gasto subirá de golpe unos 13.000 millones de euros, y además estos 13.000 millones se consolidarán “eternamente” y formarán parte del gasto en pensiones de los años sucesivos. En 2022 la revalorización de pensiones conforme al IPC costó 6.500 millones de euros, y en Europa ya saltaron las alarmas.

 

Jose Antonio Herce, experto en pensiones, explica que «el gasto en pensiones aumenta por encima de los 1.500 millones de euros por cada punto porcentual de inflación. Es cierto que los ingresos también aumentan si suben los salarios, pero el gasto en pensiones es mayor que los ingresos por cotizaciones, y por otra parte, los salarios no van a subir igual que la inflación ni mucho menos».

 

Enrique Devesa, doctor en Economía por la Universidad de Valencia y actuario por la Universidad Complutense de Madrid ha hecho los cálculos: «Con una revalorización del 6% en 2023 el coste sería 9.200 millones, para ese año. Que se consolidaría en los siguientes».

 

LO QUE VIENE: LAS MEDIDAS MÁS IMPOPULARES

La invasión rusa de Ucrania ha echado gasolina a una hoguera que ya estaba prendiendo peligrosamente: la inflación. El mes de febrero se cerró con un IPC de 7,6%, y este índice no recogía aun los efectos de la guerra. A finales de marzo nos daremos un susto importante, con un IPC que estará muy por encima de esta cifra.

 

El Gobierno dice que prepara una batería de medidas para contener el aumento de precios, pero las medidas que van a resultar más difíciles de asumir vienen ahora y una de las más dolorosas será la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones. Ahora las pensiones se calculan según los últimos 25 años cotizados y con toda seguridad (hay un compromiso “escrito” con Bruselas) ese periodo se va a ampliar hasta los 30 ó 35 años o incluso a toda la vida laboral. Esto supone una reducción de las pensiones, según los diferentes estudios, para la mayoría de los trabajadores de entre un 6% y un 9%,

Por otra parte se está cerrando el acuerdo para que los autónomos coticen por sus ingresos reales y gran parte de los autónomos tendrán que pagar más, pero el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) tendrá que ser revisado “antes de nacer” para adaptarse a la nueva realidad económica..

 

LOS PENSIONISTAS, LOS MENOS AFECTADOS

El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha reconocido el martes 15 de marzo que van a ser los trabajadores y los empresarios los que se van a empobrecer. «Es deseable un pacto de rentas en el que se reparta la pérdida sobrevenida entre trabajadores y empresas. Las subidas salariales deberían hacerse a varios años y excluyendo de las referencias los precios energéticos«, ha afirmado el Gobernador.

 

También ha recomendado que “habría que evitar las cláusulas automáticas de indexación en las partidas de gasto”, lo que algunos han interpretado como una indirecta a la subida de las pensiones conforme al IPC, ya que las pensiones y los sueldos de los funcionarios son las partidas más costosas de la Administración.

 

Pero en 2023 hay elecciones, y ningún partido se va a atrever a proponer recortes al colectivo que decide el resultado de las elecciones (casi el 25% de la población es pensionista). Por tanto, lo más probable es que en los próximos años los pensionistas serán los únicos que mantendrán su poder adquisitivo, y por tanto los que mejor podrán sobrellevar la crisis económica que vendrá tras la guerra en Ucrania y la reestructuración del comercio mundial que se avecina.

 

¿SE PUEDE ASUMIR ESE INCREMENTO DE GASTO EN PENSIONES? LO QUE DICEN LOS EXPERTOS

La subida de los precios nos empobrece a todos. Con el poder adquisitivo de los pensionistas garantizado, la pregunta es cómo se protegen las rentas de los demás. El presidente del Gobierno negocia con los agentes sociales esta cuestión en el llamado Pacto de Rentas, pero los sindicatos han dejado claro que las pensiones no entran en la negociación.

 

Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico del BBVA Research, cree que «asumible es lo que la sociedad quiera asumir. Si es una decisión transparente, en la que los ciudadanos lo tienen claro y han hecho este análisis de coste beneficio, pues me parece bien. Pero creo que la mayor parte de las personas no conocen los detalles, no conocen que en nuestro sistema de pensiones la gente recibe más de lo que ha cotizado, y no conocen cuales son los dilemas a los que se enfrenta la sociedad cuando se encarece un bien importado, como es la energía, y se decide proteger a determinados colectivos, con el coste que comporta para los demás» explica el doctor en Economía.

 

Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, sostiene que “la revalorización de pensiones conforme al IPC es un tema ya resuelto. «Si la inflación se mantuviera en 2022 en un entorno del 6 o 7%, el 1 de enero de 2023 las pensiones subirán el 6 o 7%».

 

Jose Antonio Herce considera que el gran peligro es la espiral inflacionista. «Si queremos parar la inflación, todos tenemos que ceder. Si queremos subir los sueldos conforme al IPC, que los beneficios de las empresas se mantengan subiendo los precios conforme al IPC, y que las pensiones suban conforme al IPC, llegaremos al infierno. Los pensionistas también deben entrar en ese pacto de rentas«. Y va un poco más allá: «si esta situación se prolonga en el tiempo, la sociedad no podrá cumplir el compromiso de actualizar pensiones con IPC. Está muy bien proteger la renta de los pensionistas, pero no van a ser los únicos que tengan su renta protegida, ¿no? El ajuste debe ser para todos, eso no quita que se estudien fórmulas para que sea menos doloroso para los que menos tienen», sostiene el profesor.

 

Enrique Devesa es de la misma opinión «deberíamos pagarlo entre todos. No digo un recorte de las pensiones, pero sí modulando el IPC hasta un tope. Si el IPC sube el 10%, este aumento se queda para siempre. Habría que repartir el esfuerzo y no que lo asumieran todo los activos«, sostiene Devesa.

 

Carlos Bravo enfoca el asunto desde otra perspectiva. «Nosotros planteamos una subida salarial en el escenario de 2022, 2023 y 2024 sin pérdida de poder adquisitivo. La subida puede ser menor en el primer año, pero en el marco de los tres años lo que planteamos es que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo en relación con la población pensionista. Lo que queremos es aplicar a los salarios la fórmula de garantía de poder adquisitivo lograda en pensiones, a través de las cláusulas de revisión salarial de los convenios colectivos«, explica.

 

¿PELIGRA LA REVALORIZACIÓN ANUAL DE LAS PENSIONES CON EL IPC?

Con toda la prudencia que aconseja un escenario que puede cambiar de la noche a la mañana, todo parece indicar que la invasión de Ucrania va para largo, que Rusia mantendrá su pulso con occidente y que la inflación elevada se mantendrá hasta final de año, en el mejor de los casos. ¿Podría el Gobierno dar marcha atrás y decretar una modificación de la revalorización de las pensiones conforme al IPC?

 

Enrique Devesa :«Hay que recordar que 2023 es un año electoral, «así es que aunque nos vayamos al 8% o al 10% de subida, yo creo que para 2023 es imposible que se vayan a tocar las pensiones«.

 

Rafael Doménech es de igual parecer: «El aumento en 2023 creo que se va a mantener. Veo muy difícil que nada más aprobar una Ley, a los pocos meses se cambie. Pero a medio y largo plazo me parece tremendamente complicado mantener este compromiso sin ajustes adicionales, o bien aumentando la edad de jubilación, o el periodo de cálculo, o bien con nuevos mecanismos como el factor de sostenibilidad. Es difícil mantener el compromiso con un sistema de pensiones que ya está en déficit, y que ese déficit va a seguir aumentando«.

 

Jose Antonio Herce es tajante al respecto: «Yo pienso que subir las pensiones conforme a un IPC del 6% o el 8% sería una irresponsabilidad, porque inmediatamente vendrían las reivindicaciones de los asalariados y de los empresarios, que también tienen derecho a proteger sus rentas. Debemos reflexionar sobre los peligros de una espiral inflacionista. Cuando las materias primas de las que dependemos y no producimos se encarecen, somos más pobres, entonces no podemos pretender ser igual de ricos«.

 

Carlos Bravo busca motivos para la esperanza: «Con un IPC del 6% o el 7% la subida de pensiones sería mucho mayor que la de años anteriores, pero sería asumible. En 2022 el aumento de precios supondrá mayores ingresos fiscales, tanto por IRPF, como por IVA o impuestos indirectos. Son muchas las piezas que se mueven en estos escenarios y hay que abordarlas en su conjunto, no de manera aislada. Si vamos a un escenario de hiperinflación, persistente en el tiempo, con una guerra que dura más, tendremos un problema, pero no solo en el sistema de pensiones, sino en todos los ámbitos, aunque no nos pongamos en lo peor

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