LAS ADMINISTRACIONES AGOTAN SUS INGRESOS Y SE FINANCIAN CON CRÉDITO HASTA FIN DE AÑO
La deuda alcanza el 101,8% del PIB, un récord entre los grandes países europeos.
España afronta 2025 con unas cuentas públicas marcadas por un desequilibrio estructural que ya no responde a coyunturas de crisis, sino a un patrón permanente de gasto creciente. Según un informe del Instituto Juan de Mariana, el país alcanza el simbólico Día de la Deuda en el día 9 de diciembre. Hasta esta jornada, los ingresos cubren el gasto público; desde entonces, y hasta el 31 de diciembre, todo el funcionamiento del Estado se financia con deuda.
Detrás de este deterioro hay cifras que ayudan a entender la magnitud del desequilibrio. España cerró 2024 con un déficit de 50.187 millones y una deuda del 101,8 % del PIB, cuando dos décadas antes era del 45,3 %. Ese aumento de más de 56 puntos del PIB es el mayor entre los países grandes de la UE. Alemania mantiene niveles cercanos al 60 %, mientras que Francia, pese a su debilidad fiscal, ha incrementado su deuda en menor proporción que España. Además, el flujo de deuda avanza a ritmos que visualizan el deterioro de forma tangible.
El Reloj de la Deuda del IJM proyecta para 2025 una emisión neta cercana a los 60.000 millones, equivalente a:
– 164 millones de euros de incremento de deuda cada día, o
– 6,8 millones por hora, o
– 114.000 euros por minuto, o
– 1.900 euros por segundo.
Esta velocidad de endeudamiento implica que, cada 24 horas, el país genera el equivalente a la construcción de un hospital mediano o a la recaudación de varios impuestos autonómicos menores. Una dinámica tóxica que arrastramos desde 2007, lo que ha dado lugar a un evidente problema de cronificación del déficit, enquistado ya como algo absolutamente normal y no como un problema puntual.
Un factor central es el desfase de la Seguridad Social. Aunque oficialmente registra un déficit del 0,54 % del PIB, esa cifra oculta transferencias del Estado por cerca de 45.000 millones en 2024. Si se eliminan esas aportaciones, el déficit real asciende a 66.206 millones en términos básicos y a 60.616 millones en el componente estrictamente contributivo. Esto supone que aproximadamente 1 de cada 4 euros del gasto en pensiones no se financia con cotizaciones, sino con deuda.
El Fondo de Reserva, que llegó a tener más de 66.000 millones, apenas acumula 9.400 millones: cifra que permite pagar solo 16 días de nómina de pensiones. Mientras tanto, la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones y el patrimonio neto del sistema es negativo en casi 100.000 millones. Por lo tanto, el modelo de pensiones está en números rojos, se mire como se mire.
Otro punto importante es que el gasto en intereses ya roza los 39.000 millones anuales —2,4 % del PIB— y se espera que se acerque al 3 % del PIB en los próximos años. Esa cifra supera el gasto conjunto anual en vivienda y defensa, y equivale al 82 % de toda la recaudación por Sociedades o a más de una cuarta parte del IRPF. En la jerarquía del gasto, cada euro destinado a intereses compite directamente con la posibilidad de gastar más en otras partidas o devolver más dinero a los contribuyentes.
Aunque durante un tiempo se intentó argumentar lo contrario, los datos acreditan que los ingresos no son el problema. Entre 2019 y 2024 la recaudación pública creció en 127.744 millones, impulsada por fuertes subidas impositivas, aumentos de cotizaciones y mayores bases nominales. En total, el Impuestómetro que también elabora el Instituto Juan de Mariana llegó a contabilizar 97 medidas recaudatorias entre 2018 y 2024. Sin embargo, a pesar de tal incremento de los caudales públicos, el gasto escaló todavía más. Dicho de otro modo: el Estado recauda más que nunca y aun así el déficit persiste porque los dispendios crecen a tasas aún mayores.
La adicción al déficit y la acumulación de deuda implica que cada hogar medio soporta hoy una carga de deuda indirecta cercana a los 90.000 euros. No es una obligación jurídica individual directa, claro está, pero sí una carga económica acumulada que condiciona impuestos futuros, servicios públicos y salarios reales. La deuda de hoy son los impuestos del futuro.
El documento del IJM recalca que, por cada 10 puntos de reducción de deuda, el PIB aumenta alrededor de un 0,87 por ciento. Por lo tanto, llevar el nivel de deuda pública al umbral del 60 por ciento recomendado por las normas de estabilidad fiscal de la Eurozona contribuiría a elevar el tamaño de la economía española en unos 3,63 puntos, lo que equivale a generar 57.739 millones de euros de actividad adicional. Esto supondría un incremento de 1.183 euros en el PIB per cápita o, lo que es lo mismo, una mejora de 2.981 euros por hogar.
ESPAÑA ENTRA ESTE MARTES EN NÚMEROS ROJOS
A partir del martes, el Estado habrá consumido todos sus recursos y pasará a depender de la emisión de deuda para cubrir el 6 % del gasto y un déficit previsto de 47.000 millones
Apartir de este martes, España entra en números rojos. Es el Día de la Deuda, la fecha bautizada por el Instituto Juan de Mariana en la que nuestro país ha agotado todos sus ingresos y comienza a financiarse con crédito. Con un déficit previsto de 47.000 millones y un gasto que vuelve a superar a los ingresos, la mayor parte del desequilibrio se concentra en la Administración Central y en la Seguridad Social. En dos décadas, el endeudamiento por habitante se ha triplicado hasta superar los 33.000 euros.
En apenas dos décadas, la deuda pública ha pasado de niveles relativamente moderados a situarse entre los más elevados de la Unión Europea: del 45,3 % del PIB en 2004 al 101,8 % al cierre de 2024. Ningún otro país de gran tamaño ha registrado un incremento similar. Este salto ha convertido a España en la cuarta economía del continente que más recursos destina al servicio de la deuda, «consignando a ello el 2,4 % del PIB», según el informe. Si en 2004 cada español «debía» 9.163 euros, tras la crisis financiera esta cifra se disparó por encima de los 19.800 euros en 2012 y ha continuado creciendo hasta alcanzar los 33.332 euros en 2024.
Este volumen supone un lastre estructural para las finanzas públicas. Para dimensionarlo, por cada euro destinado a intereses se gastan 2,76 euros en sanidad y 1,77 euros en educación, lo que implica que el coste financiero absorbe más de la mitad de todo el presupuesto educativo. Incluso en áreas sensibles como el orden público y la seguridad, la proporción es de solo 0,77 euros por cada euro en intereses, reflejando hasta qué punto la factura de la deuda compite con funciones esenciales del Estado.
¿Se trata de un problema de exceso de gasto o de falta de ingresos? Los datos muestran que la recaudación está en máximos históricos, con una presión fiscal que ha pasado del 34,7 % del PIB en 2004 al entorno del 37 % en los últimos ejercicios. Entre 2018 y 2025, los contribuyentes han soportado 97 subidas de impuestos y cotizaciones, a lo que se suma la ausencia de deflactación del IRPF para ajustarlo a la inflación. Es decir, el desequilibrio no responde a una falta de ingresos, sino a un gasto público desbordado.
En veinte años, el gasto prácticamente se ha duplicado y España acumula déficits estructurales desde 2008. O lo que es lo mismo, lleva diecisiete años sin cuadrar las cuentas. Este patrón, unido al incumplimiento persistente de las reglas fiscales europeas, está encareciendo la financiación del Estado, generando más pagos por intereses y reduciendo el margen para otras políticas públicas.
«Lo deseable, por lo tanto, es avanzar hacia un mayor rigor presupuestario e imitar el comportamiento de países como los nórdicos, que de hecho han demostrado que es posible sostener un Estado de Bienestar razonablemente amplio sin incurrir en déficits crónicos ni propiciar un endeudamiento galopante», señalan los autores del informe.
El Ejecutivo ha reordenado partidas y reclasificado desembolsos, lo que ha permitido mantener el aumento de gasto al margen del debate presupuestario
La situación se agrava por la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado. Desde 2023, el Ejecutivo opera con unas cuentas prorrogadas diseñadas para un contexto ya superado. Según el informe, entre enero y septiembre de 2025 el gasto público superaba en 85.000 millones lo previsto en los PGE de 2023, de modo que la prórroga no ha supuesto una contención del gasto. El Ejecutivo ha reordenado partidas y reclasificado desembolsos, lo que ha permitido mantener el aumento del gasto al margen del debate presupuestario.
El retraso presupuestario no solo plantea problemas de transparencia, sino que también perpetúa estructuras de gasto que no han sido sometidas a una evaluación rigurosa de su impacto. El resultado es un sector público que continúa gastando más de lo que ingresa, con menor capacidad de adaptación a las necesidades actuales y mayor vulnerabilidad frente a los mercados financieros.
El elefante en la habitación
El principal responsable del desequilibrio fiscal es el sistema de pensiones, lo que el informe denomina «el gran elefante en la habitación». Si en 2011 el Fondo de Reserva –la conocida «hucha de las pensiones»– superaba los 66.000 millones de euros, hoy el sistema acumula 126.000 millones de deuda y presenta un patrimonio neto negativo de 98.526 millones. A ello se suma una creciente dependencia de las transferencias del Estado: desde 2005, la Administración Central ha inyectado más de 400.000 millones de euros para sostener las prestaciones, una cifra equivalente al PIB de países como Austria o Noruega.
«Lo relevante es que la deuda y el patrimonio neto negativo ya forman parte de la contabilidad oficial y, por tanto, no dependen de que el gobierno admita o no su existencia», apuntan los autores del informe, que subrayan que lo que debería reconocerse es el «esfuerzo extraordinario» que han supuesto estas transferencias masivas.
La indexación de las pensiones al IPC explica por qué, pese al aumento de cotizaciones y de las transferencias estatales, el déficit sigue ampliándose
El documento atribuye a la revalorización de las pensiones conforme al IPC buena parte del deterioro financiero del sistema. El coste mensual de esa medida ha pasado de unos 1.800 millones antes de 2021 a más de 3.000 millones en 2024. «Cada año las pensiones se actualizan sobre la base del incremento anterior, generando un efecto ‘bola de nieve’ que amplifica el gasto», señala el informe, que recuerda que este mecanismo explica por qué, pese al aumento de cotizaciones y de las transferencias estatales, el déficit sigue ampliándose.
Ni siquiera la implantación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) ha corregido esta tendencia. Aunque ha permitido volver a dotar el Fondo de Reserva, los autores advierten de que los activos acumulados –9.400 millones al cierre de 2024– «apenas cubren 16 días de la nómina de las pensiones», mientras que los pasivos del sistema crecen mucho más rápido.
Optimización y auditorías
Por último, el informe ofrece varias recomendaciones para consolidar las cuentas públicas. Una de ellas es la racionalización de los 19.834 entes públicos dependientes del Estado, cuyo volumen –señalan– refleja un «sobredimensionamiento» administrativo que genera ineficiencias. El documento también reclama una auditoría integral del gasto, especialmente en materia de subvenciones. Entre 2018 y 2024 se han concedido 184.524 grandes subvenciones (ayudas de más de 100.000 euros), con una tendencia claramente ascendente: de 17.552 en 2018 a 29.804 en 2024. El promedio anual del actual Gobierno asciende a 26.361.
Asimismo, plantea revisar determinadas partidas, como las destinadas a políticas de Igualdad. Según el informe, con un presupuesto superior a 500 millones, se han financiado actividades muy diversas –carreras de tacones, talleres de maquillaje, masterclasses de zumba o jornadas de pádel– y también «informes extravagantes», como uno de 10.000 euros que concluía que «las mujeres trans sufren más la menstruación que las mujeres biológicas».
«Mientras tanto, los indicadores de violencia no mejoran: 2024 cerró con récord de agresiones sexuales», recoge el documento, que recuerda que la llamada ley del ‘solo sí es sí’ derivó en rebajas de condena para 1.400 agresores. El informe también señala fallos en la operatividad de las pulseras telemáticas de control, pese a los 45 millones dedicados a adquirir 4.800 aparatos modificados de procedencia china en lugar de dispositivos diseñados específicamente para esta función.
Fuente: España entra este martes en números rojos
LA DEUDA POR HABITANTE SE HA TRIPLICADO EN 20 AÑOS: CADA ESPAÑOL DEBE YA 33.300 EUROS
El actual sistema de pensiones, según mantiene el Instituto Juan de Mariana, es una de las principales causas
El Día de la Deuda es la fecha en la que el Estado deja de vivir de sus ingresos, porque los ha agotado, y empieza así a vivir del crédito. Hoy, 9 de diciembre de 2025, es ese día señalado y estudiado por el Instituto Juan de Mariana (IJM) que determina una foto fija, una instantánea que, en el caso de España, pasa por un cierre de la deuda pública de 101,8% del PIB, en el ejercicio de 2024; una Seguridad Social que absorbe ya en torno al 35% de los ingresos fiscales y un gasto en intereses de la deuda pública que ronda los 39.000 millones anuales. Con un añadido más: la deuda por habitante se ha triplicado en los últimos 20 años. Ha crecido de 9.163 euros (2004) a 33.332 euros (2024), con lo que supera la media de la UE. Esta situación se da en un momento en el que la mitad de los españoles gana 23.349 euros al año o menos, y el sueldo más frecuente se sitúa cerca del salario mínimo interprofesional, según el INE.
El año pasado, el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas cerró su curso en el 3,16% del PIB, un monto equivalente a 50.187 millones de euros, según el think tank que preside Manuel Llamas. La deuda pública ascendió al 101,8% del PIB. Esa distribución por niveles de gobierno muestra que el principal foco de tal desequilibrio está en la Administración central, con un déficit del 2,91% del PIB, frente al 0,54% registrado en la Seguridad Social.
Por capas, y teniendo en cuenta una media, el Estado llega a su Día de la Deuda el 10 de noviembre; la Seguridad Social hace lo propio el 10 de diciembre; las comunidades autónomas alcanzan tal jornada el 28 de diciembre, mientras que, las entidades locales agotan sus ingresos el 31 de diciembre, rozando el superávit. «Sin embargo, sin transferencias del Estado, la caja de pensiones solo cubriría hasta el 3 de octubre, fecha que simboliza el verdadero Día de la Deuda de nuestra Seguridad Social», mantiene Llamas a THE OBJECTIVE.
Hasta ahora, el Estado ha transferido cerca de 45.000 millones de euros para financiar los pagos de la Seguridad Social a los jubilados, lo que altera significativamente la lectura de las cuentas. De hecho, España estaría en una posición de superávit presupuestario si la Seguridad Social no presentase semejante agujero. De ahí que este organismo califique a nuestro actual sistema de pensiones con ‘el gran elefante’ dentro de la habitación.
Cómo financiar al ‘gran elefante’
En efecto, el déficit se reparte entre distintas administraciones, pero la presión que generan las pensiones sobre el conjunto de las arcas públicas es cada vez mayor, y esto obliga al Estado a transferir crecientes cantidades de recursos para «tapar» un agujero que equivale a la cuarta parte del gasto del sistema de jubilación.
Uno de cada cuatro euros desembolsados por la Seguridad Social se financia a través del déficit o, lo que es lo mismo, el 25 % del gasto se paga vía deuda. Y esta circunstancia pone de relieve un desequilibrio estructural que no se resuelve con ajustes temporales, sino que exige repensar por completo la sostenibilidad del modelo. Máxime si tenemos en cuenta las conclusiones del estudio Brecha generacional, presentado por el Instituto Juan de Mariana en septiembre de 2025, en el que se evidencia cómo las nuevas generaciones soportan una «cuña fiscal» cada vez mayor para apuntalar el déficit del sistema de pensiones, lo que implica un empobrecimiento de los trabajadores jóvenes tanto en términos de renta como de patrimonio.
¿Cómo financiar el resto de partidas sociales?
En este punto, las proyecciones de la Comisión Europea (y también las de la Airef) sugieren que hasta 2050, el gasto en pensiones —el gran elefante— crecerá con fuerza, hasta absorber casi la mitad de la recaudación fiscal. Es decir, según el Juan de Mariana, «hablamos de un coste enorme, que equivale a comprometer prácticamente uno de cada dos euros de gasto público». Y «si en la actualidad ya vemos que en torno al 35 % de los ingresos fiscales se dedican a las pensiones, el escenario esperado para 2050 eleva dicho ratio al entorno del 47%». De modo que «bien podría decirse que el dilema de los próximos años no será si el gasto en pensiones crece, porque parece inevitable que así sea, sino qué otras partidas se verán desplazadas para poder financiar semejante incremento presupuestario».
El escenario —insiste el Instituto Juan de Mariana— «es aún más preocupante si tenemos en cuenta que España presenta un déficit estructural elevado y, además, lidia con una deuda pública que supera el 100 % del PIB». Y a ello se suma que el progresivo retiro de la generación del baby boom, que en nuestro país llegará más tarde que en otros Estados europeos, contribuirá a elevar la presión sobre el sistema durante las próximas décadas. «Así pues, España se convertirá en el país con mayor gasto en pensiones en relación con su PIB en el periodo que va de 2044 a 2066».
Otra de las cuestiones relevantes señaladas en este amplio estudio se centra en el progresivo incremento de la deuda pública, que en España ha pasado, en las dos últimas décadas, del 45,3 % del PIB en 2004 al 101,8 % en 2024. Esto ya supone por sí solo «el mayor salto entre todas las grandes economías de la UE». De modo que «el margen fiscal del que dispone España para abordar una nueva crisis es escaso, y nuestra posición de partida para afrontar los costes del acelerado y acusado envejecimiento de la población no puede ser más frágil».
Fuente: La deuda pública deja un agujero de 33.300 euros a cada español
