Los incentivos de la Seguridad Social fracasan y el número de personas que atrasan su jubilación no cumple con las proyecciones del Gobierno.
El sistema de pensiones necesita una profunda reforma que garantice su sostenibilidad a largo plazo y reduzca el impacto que los compromisos de pago adquiridos en esta materia tienen sobre las cuentas públicas. Y es que no podemos olvidar que las cotizaciones actualmente no cubren todo el gasto en pensiones. Así lo admitió en una reciente entrevista el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Este es el motivo por el cual desde el Gobierno se ha querido fomentar la demora de la jubilación, puesto que ello implicaría una reducción de los costes y un incremento de los ingresos para el sistema de pensiones. Así, la normativa permite que las personas que así lo consideres retrasen su jubilación de manera voluntaria tras cumplir los años necesarios y alcanzar la edad mínima establecida para hacer efectivo el retiro.
Concretamente, la Seguridad Social explica que «cualquier ciudadano puede decidir de manera libre y voluntaria retrasar su edad de jubilación una vez cumplidos los años necesarios para el retiro». En este sentido, el organismo informa de que «se reconoce esta posibilidad a las personas trabajadoras (por cuenta propia o ajena) que, una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación prolonguen su vida laboral, lo que les dará acceso a una serie de beneficios en su futura pensión de jubilación«.
Precisamente, en el marco de la concesión de los fondos europeos, en el año 2023 el Ministerio de Seguridad Social publicó un informe —que envió a la Comisión Europea— en el que se detallaban las proyecciones del organismo en relación con la evolución del sistema de pensiones hasta el año 2050. Al respecto, el Gobierno aseguraba que «la reforma de las pensiones está orientada a asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en el corto, medio y largo plazo, mantener el poder adquisitivo, preservando su adecuación y suficiencia en la protección frente a la pobreza, y garantizando la equidad intergeneracional».
Así las cosas, entre las reformas incluidas, se establecía la «alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal de jubilación a través de incentivos a la demora de la jubilación y ajustando los elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas». En este sentido, el Ejecutivo se comprometía a «la continuación del proceso de acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal a través de incentivos a la demora de la jubilación y ajustando los elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas».
La Seguridad Social informa de que «este incentivo de demora se puede disfrutar de tres modos diferentes». En primer lugar, puede consistir en un incremento del 4% por cada año completo trabajado, y por tanto cotizado, después de cumplir la edad ordinaria, que se sumará al importe de la pensión de jubilación.
Del mismo modo, este incentivo también puede suponer un pago único por año cotizado, que va a depender de los años que se haya cotizado cuando se llega a la edad legal de jubilación. Finalmente, la tercera opción es que el incentivo consiste en una opción híbrida que combina las dos anteriores, pudiendo optar a la misma los trabajadores que retrasen entre dos y diez años la edad de jubilación. En consecuencia, tal y como hemos explicado en Libertad Digital, la Seguridad Social ofrece hasta 13.820 euros a los trabajadores que decidan aplazar su jubilación.
No se cumplen las previsiones del Gobierno
Con todo, el organismo reafirmaba su interés en incentivar la demora de las jubilaciones e incidía en que la reforma del sistema de pensiones propuesta se articulaba «a través de varias medidas: el rediseño de los coeficientes reductores para la corrección de los elementos distorsionantes de la jubilación anticipada, y un nuevo marco de incentivos de demora de la jubilación, junto a una eliminación de obstáculos que impiden a los trabajadores acceder a esta modalidad de jubilación».
De este modo, como podemos comprobar a continuación, la previsión que realizó el Ministerio de Seguridad Social en el año 2023 —y que trasladó en el documento— era que, gracias a esta reforma, en el año 2026 el número de altas de jubilación demorada se situaría en torno a las 280.000, mientras que el número de altas de jubilación sería de casi 350.000. Por tanto, el Ministerio preveía que en el año 2026 el número de altas de jubilación demoradas representara, aproximadamente, el 80% de las altas de jubilación.
De esta forma, el informe también proyectaba que en el año 2042 el número de altas de jubilación y el número de altas de jubilación demorada confluiría en torno a las 475.000 en total. Así, para el año 2050 las altas de jubilación demorada superarían —aunque levemente— a las altas de jubilación. En consecuencia, la Seguridad Social proyectaba que la demora de las jubilaciones supondría una reducción del gasto público del 0,17% sobre el PIB.
Sin embargo, pese a la reforma del sistema de pensiones introducida por Escrivá, la evolución del número de altas de jubilación demorada difiere de las proyecciones elaboradas por el Ministerio de Seguridad Social. De hecho, según detalla el organismo, el pasado mes de septiembre se registraron 282.221 nuevos aumentos en las pensiones de jubilación, de los cuales tan sólo el 11,5% fueron aplazamientos voluntarios.
