Policías y guardias civiles se encierran en el Ministerio de Interior por «una jubilación digna»
Representantes sindicales han tomado la decisión tras la ruptura de negociaciones por parte del departamento
Los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil se han encerrado este martes en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, órgano dependiente del Ministerio del Interior, en Madrid, como signo protesta por la ruptura de negociaciones por parte del citado del departamento para el reconocimiento de la profesión de riesgo y con ello, de lo que los agentes consideran «una jubilación digna», según informan fuentes sindicales en un comunicado.
Los representantes sindicales han decidido ejecutar esta acción, «pacífica e indefinida», para exigir una solución, después de casi un año meses reuniéndose con la secretaría de Estado Aina Calvo. «Necesitamos compromisos concretos y soluciones», reclaman en un comunicado las organizaciones policiales, en las que animan también a agentes destinados en Madrid a respaldar esta movilización. «Por quienes están dentro. Por quienes siguen de servicio. Por quienes se jubilarán mañana», reclaman.
Casi un año de negociación
Calvo ha liderado varias reuniones en los últimos meses con las organizaciones de agentes para avanzar en un texto que beneficie por igual a todos los funcionarios tras el enfado que generó en marzo el real decreto que dejaba fuera de la jubilación anticipada a 130.000 policías y guardias civiles. Uno de los problemas, según revelaba fuentes próximas a las negociaciones hace unos meses, es que Interior no aclaró en ningún momento si podía costear este cambio normativo. Y ahora, con la convocatoria electoral, conseguir sacar adelante esa partida presupuesta es ya una utopía para el área de -Marlaska.
El origen del malestar entre los agentes estaba en que el proyecto inicial del Ministerio del Interior solo contemplaba la profesión de riesgo para los funcionarios que estaban encajados en el régimen de la Seguridad Social y dejaba fuera a miles de agentes integrados en las Clases Pasivas, donde se encuentran los policías más veteranos y todos los guardias civiles. Este agravio provocó que las asociaciones representativas del instituto armado incluso plantasen a la directora, Mercedes González, en los grupos de trabajo del Consejo del Cuerpo.
Ante esto, semanas después, la Secretaría de Estado de Seguridad recondujo la situación y convocó a todas las organizaciones de agentes para liderar un mismo instrumento normativo. En el último encuentro, el pasado 30 de junio, tras varias desavenencias con las asociaciones de la Benemérita, Interior se comprometió a aplicar los mismos coeficientes reductores por año trabajado para que policías y guardias civiles puedan prejubilarse en idénticas condiciones económicas.
La propuesta fallida de Interior
La propuesta contemplaba que los funcionarios que cotizan en la Seguridad Social alcancen la pensión máxima con 31 años de cotización. Ahora eso ocurre con 37. Y que en el caso de los agentes encajados en las Clases Pasivas sea con 30 años, en vez de 35.
Lo que no convencía a los sindicatos es la utilización de la vía de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que impulsaba la Secretaría de Estado de Seguridad para la tramitación de los cambios legislativos necesarios para adaptar ambos regímenes. Las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos policiales mostraron reiteradamente su rechazo porque consideraban improbable que el Gobierno pueda sacar esas cuentas adelante, teniendo en cuenta que ha sido incapaz de hacerlo en toda la legislatura. Un pronóstico que este martes se ha confirmado.
Desde Interior señalan que tras la seis reuniones mantenidas con los agentes, el ministerio ha trasladado ha trasladado a los representantes de todos los sindicatos y asociaciones «que la convocatoria de elecciones generales no permite seguir avanzando en este momento». Aun así, prosiguen, el Ministerio del Interior reitera su disposición a continuar con este espacio de diálogo y a trabajar para la culminación de este proceso en la próxima legislatura.
Tras el anuncio de convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre, una docena de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil reclamaron al Ministerio del Interior que cerrara la negociación abierta para mejorar su jubilación anticipada.
En concreto, remitieron un escrito a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, reclamando que se celebrara una reunión. Según los sindicatos, este martes se ha celebrado la cita y les han dicho que no podían atender a la demanda de una jubilación digna debido a la convocatoria de elecciones generales.
El pasado 23 de septiembre, tras la reunión de la mesa técnica, los sindicatos informaron de que la negociación para atender a su reivindicación histórica de mejorar la jubilación anticipada –equiparándose a otros cuerpos autonómicos y locales– avanzaba a «buen ritmo» al aceptar la Secretaría de Estado de Seguridad novedades de «gran calado».
Los representantes de policías y guardias civiles se referían a la mejora de la jubilación para el grupo C1, llegando aproximadamente a los 39.000 euros, y el grupo A2, que alcanzaría la pensión máxima tanto para el Régimen General de Seguridad Social como para Clases Pasivas.
«La pensión deja de calcularse sobre una base congelada en el pasado y pasa a reflejar la evolución real de los salarios», indicaron desde SUP y AUGC. Desde Jupol y Jucil también reaccionaron a la propuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad, pero en este caso para huir del «triunfalismo» y recordar que su exigencia pasa por «elevar a 39.000 euros la pensión anual de jubilación de los policías nacionales y guardias civiles del grupo C1». El sindicato UFP fue otro de los que valoró «favorablemente» la propuesta de la administración, aunque la consideraba insuficiente para fijar el haber regulador «a un mínimo de 39.000 euros anuales». «Hay avance, pero todavía no hay acuerdo», apostilló.
Policías y guardias civiles se encierran en el Ministerio de Interior por «una jubilación digna»
Marlaska desaloja en horas a los sindicatos de Policía y Guardia Civil encerrados por su jubilación en la sede de Interior
La rápida respuesta contrasta con la pasividad para finalizar la acampada de Sol por la vivienda
Varios representantes de las organizaciones sindicales de la Policía Nacional y la Guardia Civil han protagonizado este martes un breve encierro en las dependencias del Ministerio del Interior que solo ha durado unas pocas horas. Alrededor de las 01:30 horas del miércoles los agentes han sido desalojados por sus propios compañeros de las Unidad de Prevención y Reacción (UPR)
Uno de los sindicatos presentes, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) calificaba el desalojo como una “noche triste”, de “frustración”, “y una decepción enorme”. La imagen contrasta con la acampada de Sol que el exdelegado del Gobierno en Madrid no dio orden en ningún momento de desalojar y sigue en el corazón de la capital.
La movilización se ha producido coincidiendo con la reunión prevista para el 27 de octubre entre los sindicatos y la Secretaría de Estado de Seguridad. La cita se fijó para esta fecha después de que las organizaciones representativas solicitaran adelantar las conversaciones.
JUPOL y JUCIL comunicaron que participarían en el encuentro con un documento reivindicativo consensuado.
Una de las principales peticiones consiste en fijar una prestación mínima de 39.659,44 euros brutos al año para los funcionarios del grupo C1. A esta medida añaden que el tiempo trabajado mientras los agentes pertenecían al grupo C2 se contabilice como servicio prestado dentro del C1. Asimismo, exigen que las mejoras se apliquen con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, de manera que también puedan beneficiarse quienes hayan pasado a la jubilación a lo largo del presente ejercicio.
La protección de los ingresos una vez finalizada la carrera profesional constituye otro de los puntos incluidos en sus demandas. Los sindicatos plantean introducir un sistema de revisión de las prestaciones que permita conservar su capacidad económica y evite que la subida de los precios provoque un deterioro de las pensiones. Para ello, proponen incorporar una garantía específica que proteja a los jubilados frente a los efectos de la inflación.
Durante las conversaciones con Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad, los representantes sindicales también quieren conseguir que los compromisos alcanzados queden recogidos en una disposición con plena cobertura legal antes de la celebración de las próximas elecciones generales. Su intención es evitar que los acuerdos dependan de decisiones posteriores y garantizar que las mejoras negociadas puedan llevarse a la práctica.
Tras producirse el desalojo del ministerio, la AUGC de la Guardia Civil aseguró también que se marchaban “con la cabeza alta, con la dignidad intacta y con la misma firmeza con la que entraron”. “Porque podrán echarlos de una sala, pero jamás podrán desalojar nuestras reivindicaciones. La lucha por la profesión de riesgo y por una jubilación digna continúa. No vamos a rendirnos”, finalizaban en su mensaje en redes sociales.
El adelanto electoral
La decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales había alterado los planes de distintos sectores. Entre los asuntos que podían quedar afectados se encontraba la reforma de la jubilación anticipada de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La medida llevaba años sobre la mesa y parecía estar cerca de salir adelante después de que el Ministerio del Interior presentara una propuesta durante las conversaciones mantenidas con los representantes sindicales.
El 23 de septiembre, Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad y número dos del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, expuso a las organizaciones policiales el planteamiento elaborado conjuntamente por Interior y Hacienda. El calendario previsto contemplaba que Interior remitiera una versión definitiva del acuerdo a los sindicatos el 12 de noviembre. Sin embargo, el adelanto de los comicios introduce incertidumbre sobre la continuidad de las negociaciones y deja en el aire el trabajo realizado hasta ahora.
Ante la posibilidad de que el proyecto quede paralizado, las entidades que representan a los policías nacionales y guardias civiles habían enviado una petición formal a la secretaria de Estado de Seguridad. En el escrito solicitaban que las medidas sean desarrolladas y aprobadas cuanto antes, además de incorporarse al Boletín Oficial del Estado (BOE). Consideran imprescindible completar estos trámites para que las mejoras tengan plena validez jurídica y puedan aplicarse. También reclamaban una reunión inmediata con la Administración y pedían que el asunto reciba la máxima prioridad.
Después de varios años de reclamaciones, el Ministerio del Interior había comenzado a estudiar la implantación de coeficientes reductores para que los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran abandonar el servicio activo a partir de los 59 años sin sufrir una merma económica excesiva en sus prestaciones.
El mecanismo planteado establece un coeficiente del 0,20 por cada año de trabajo efectivo. Su aplicación permitiría reducir hasta cinco años la edad ordinaria de jubilación, con la posibilidad de alcanzar los seis años de adelanto en determinadas circunstancias. El proyecto negociado incluía a los funcionarios de ambos sistemas de protección social: Clases Pasivas y Seguridad Social. En el caso de los policías nacionales incorporados a este último régimen, Interior tenía además la obligación de avanzar en esta dirección después de que el Tribunal Supremo estimara un recurso promovido por el sindicato Jupol y reconociera su derecho a reclamar la aplicación de estos coeficientes.
