La democracia parlamentaria es un sistema de gobierno en el que la soberanía recae en el Parlamento y el poder ejecutivo emana de él.
Características principales
- Doble estructura del ejecutivo: Existe un jefe de Estado con funciones mayoritariamente simbólicas o de representación (un monarca o un presidente) y un jefe de Gobierno (primer ministro o canciller) que dirige la administración y las políticas públicas.
- Mecanismos de control mutuo: El Parlamento puede destituir al Ejecutivo, mientras que el jefe de Gobierno o Estado suele tener la potestad de disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones.
- Representación proporcional: La composición del Parlamento refleja el mapa de partidos surgido de las urnas, favoreciendo la formación de gobiernos monocolor o de coalición.
«Los políticos democráticos de más éxito son los que consiguen destruir la democracia y convertirse en dictadores». (Bertrand Russell)
Las pruebas de su afirmación en la historia van desde Julio César y Octavio Augusto en los tiempos de Roma (primero república y luego imperio) hata la Venezuela de Chávez y Maduro, oel propio Donald Trumpen EEUU presidentes elegidos en las urnas y que se convirtieron en dictadores. En distintos países hay otros gerifaltes en ejercicio cuya voracidad de poder y su desprecio a la norma son inacabables.
La nueva civilización naciente promete y amenaza a un tiempo a la hora de diseñar la naturaleza y el comportamiento del poder político. Necesita, por lo mismo, de dirigentes eficaces y humildes, una rara especie que solo se encuentra en algunas ocasiones de esa Historia de la que tantos petimetres se quieren apoderar. Pero el tiempo no perdona y ya es un hecho probado que, desde el triunfo de la democracia española en 1978, el gobernante que más ha dividido a los españoles y destruido la convivencia ciudadana es Pedro Sánchez.
No hay que repetir la lista de posibles delincuentes, algunos ya condenados, otros confesos y un buen puñado en espera de la decisión judicial, vinculados de una u otra forma al sanchismo. El jefe lejos de pedir perdón y dimitir por ello, como hubiera hecho cualquier líder democrático que se respetara a sí mismo, se ha limitado a defenderse diciendo que no sabía nada.
Ignoraba que sus dos lugartenientes de confianza merecían sentarse en el banquillo de los acusados y acabarían durmiendo en las mazmorras, acusados de crear bandas criminales en beneficio de ellos mismos, sus cómplices y amistades, incluidas las del partido.
Para qué hablar de las mentiras e idioteces de un buen puñado de ministros dedicados a insultar a la oposición, incapaces de asumir sus errores y los crímenes de sus compañeros, cuando no ausentes en el duelo de las víctimas de accidentes causados por su negligencia.
Sus más recientes bravatas definen su deslealtad a la convivencia ciudadana, su recurso a la violencia verbal en vez de al diálogo y a la búsqueda de soluciones para los conflictos que afligen a la ciudadanía. Ha logrado endemoniar a la sociedad promoviendo un ambiente guerracivilista
Ahora aspira a culminar su bochornoso periodo con una demostración palpable de su deslealtad moral respecto al sistema democrático. Incapaz de aprobar leyes y dispuesto a incumplirlas, como demuestra el no haber presentado ni un solo presupuesto en la legislatura que agoniza, aunque le obligara la Constitución, declaró estar dispuesto a gobernar sin el Parlamento. Ahora pretende hacerlo abiertamente contra él. Derrotadas sus disposiciones sobre el problema de la vivienda, que no ha intentado ni siquiera intentar resolver durante sus ocho años de porfía absolutista, pretende en plena víspera electoral que los decretos rechazados apenas hace días se aprueben por la Diputación Permanente del Congreso basándose en los artículos 78 y 86 de la Constitución, donde se explicita que en caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos […] ni al Derecho electoral en general. No pocos juristas estiman que la eventual aprobación de dichos decretos puede constituir por ello un fraude de ley. De modo que el Gobierno, quiere ahora que ese órgano delegado ratifique lo que el propio Parlamento desautorizó. Ya se dice que hecha la ley, hecha la trampa.
Pero en opinión del Partido Socialista y sus remunerados compinches, el fin justifica los medios. Doctrina propia de la inmundicia moral de los regímenes antidemocráticos.
Semejante pasión enfermiza por manipular los resortes que garantizan la limpieza de la democracia misma vuelve a repetirse en el procedimiento seguido para aumentar el censo electoral mediante la denominada ley de nietos. Ya sabíamos de la manifiesta tendencia al pucherazo del presidente Sánchez, fulminado al comienzo de su asalto al poder por un intento de falsear la votación en su propio partido. También sabemos como Pedro Sánchez le decía a su lugarteniente Koldo que metiera por su cuenta en las urnas cuantas papeletas amañadas. No es por eso gratuita la sospecha de manipulación electoral mediante dicha ley de nietos, cuyo significado y alcance descrito por ley fue modificado unilateral y personalmente por la instrucción de una directora general afín al sanchismo
Menos mal que el Tribunal Supremo, haciendo gala de su independencia, ha prolongado la suspensión del derecho a voto de un buen número de nacionalizados hasta que se aclare el procedimiento.
Estamos ante un nuevo ejemplo de la falta de respeto del Gobierno a las garantías legales del funcionamiento democrático. Asignatura bien aprendida, entre otros, por el presidente saliente del Tribunal Constitucional, que en su despedida nos ha dejado una frase que hará historia: «Quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución y quien cuestiona la Constitución está cuestionando la democracia».
Pues aunque le pese soy y seremos muchos quienes seguiremos cuestionando la sentencia en favor de la amnistía y otras como la referida a las condenas de los líderes del socialismo andaluz responsables del mayor fraude que se recuerda a las arcas del Estado.
«El espectáculo del país paralizado a favor de Sánchez y sus decretos atiende sobre todo al propósito de deslegitimar una y otra vez la democracia representativa» En su discurso del 5 de octubre, Pedro Sánchez no se limitó a anunciar la convocatoria de elecciones. Sus palabras fueron una insólita declaración de guerra a la democracia parlamentaria en spaña.
Al igual que ya hiciera en alguna intervención anterior, Sánchez desestima la alternancia en el poder como posibilidad, ya que la oposición nunca debe gobernar. «Hemos tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra democracia», afirma, «sin sentido de Estado». Habría sido la encarnación del mal en lucha permanente contra el bien –«políticas que eran buenas para el país», las suyas-, por lo cual las elecciones traen un peligro que resulta necesario conjurar por encima de todo.
Se trata de la descalificación previa de todo resultado electoral que no sea su propia victoria. Pase lo que pase, el Muro seguirá en pie.
Descalifica abiertamente al parlamento, en un gesto sin precedentes en las democracias europeas. «Sé que en parte de esa mayoría social hay insatisfacción -dice. Sé que les indigna ver como sus intereses son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos». Nuestro oportunista presidente El Cngreso, añadirá, debe «parecerse a la calle”»(sic). Es decir, si no vota como yo quiero, el Congreso está de más. El espíritu de la ley nunca le corta el camino a Pedro Sánchez. Buen precedente para el futuro inmediato.
La verdadera legitimidad no procede de la Constitución, sino de la excepcional posición de poder que él ha asumido y que en el 29-N aspira a consolidar.
Cualquier recurso preventivo es válido como la declaración de una huelga general para el 11 de noviembre, prólogo y calentamiento de la campaña. Al servicio del gobierno, ha sido solicitada por las Inquilinas y anunciada por UGT y CCOO, dos sindicatos bajo mínimos en cuanto a afiliación y acciones reivindicativas, y al mismo tiempo, en niveles máximos de percepción de subvenciones del Estado. Sería explicable una huelga general contra la política de vivienda de un gobierno en ejercicio, pero resulta surrealista una huelga general contra la oposición que todavía no ha alcanzado el poder. Los líderes sindicales intentan disfrazarlo. El gobierno lo celebra abiertamente. Le viene muy bien escenificar la oposición insuperable entre «los trabajadores» y la reacción, aunque resulte manifiesta la impropiedad de una huelga sin motivación laboral ni patronos enfrente.
De ver realizado Sánchez su objetivo, con una sorpresiva victoria electoral , estaríamos en puertas de una inesperada traslación a Europa del modelo caribeño de consolidación de una dictadura de base populista. Su plataforma ya está ahí: una movilización social alimentada y puesta a su servicio personal por un caudillo, con el objeto de eliminar la democracia.
Solo así podrá acabar nuestro hombre con la actuación independiente de una justicia que está poniendo cerco a su corrupción, y también evitar la instalación de un nuevo Congreso que legisle en contra de sus intereses. Tendría ocasión de acentuar una política populista, en pensiones y en subvenciones, sin atender a un equilibrio económico cada vez más deteriorado.
El riesgo de su victoria parece escaso, pero a pesar de ello no cabe olvidar que si Pedro Sánchez gana, nunca dejará el poder, salvo por una catástrofe venida del exterior. Tal y como se ha comportado desde sus «días de reflexión» de 2024, no puede esperarse otra cosa.
Es absurdo pensar que después de tres años saltándose normas y compromisos con tal de seguir en el mando, vaya a abandonar la agresividad actual, ajena a los usos preelectorales democráticos, y propia en cambio de una fiera que ve amenazado su territorio. Perpetuarse en el poder es su obsesión. Volveríamos, bajo otro ropaje, con la justicia domada y la opinión sometida a una manipulación totalitaria, de momento sin sangre, a la situación que los españoles conocimos antes de otro día de noviembre: una dictadura sin fecha de caducidad. Mejor que no.
«Sánchez ha incumplido las promesas a sus electores, sometiéndose en cambio a todas las demandas de los enemigos del Estado que le han mantenido en el poder»
Fuentes:
Estado de excepción, por Antonio Elorza
Enemigo del Estado, por Juan Luis Cebrián
