Una máquina de fabricar pobres
El de Sánchez ya es un proyecto fallido, resultado de una utilización sesgada de los recursos que ha desatendido las inversiones electoralmente no productivas
En España inteligible (Alianza Editorial, 1985), y en referencia a lo que vivió nuestro país en el último tercio del siglo XIX, Julián Marías escribe: “En España no se dice lo que pasa, sino que pasa lo que se dice”. Ni siquiera en esto somos originales. El miércoles, en la sesión de control al Gobierno, Pedro Sánchez volvió a repetir la gastada letanía de un país que es la envidia del entero universo. Lo que probablemente no esperaba es que una de sus antiguas comanditarias, la diputada de Junts Miriam Nogueras, lo bajara de la peana con un golpe a mano abierta.
Fueron apenas unos minutos, pero fueron memorables. Una sintética y a la vez exacta descripción de un fiasco a priori insospechado: el de un gobierno que se dice progresista y que ha fracasado en donde no podía fracasar; el de una política cuyo más visible resultado, como parece haber descubierto ahora Nogueras, es una sociedad más pobre y polarizada.
Como era previsible, a la portavoz de Carles Puigdemont en Madrid no se le pasó por la cabeza aprovechar la oportunidad para hacer un acto público de contrición en tanto que copartícipe fundamental de esa política. En todo caso, tal complicidad no le resta valor político al dictamen: “Son ustedes una máquina de fabricar pobres, y se han convertido en la autopista por la que avanza la extrema derecha”. Matizable, sí, pero a la vez irrebatible.
Le recordó Nogueras al presidente del Gobierno algo que desgraciadamente ya no admite discusión: en España, trabajar no es sinónimo de vivir bien. “¿Vale la pena trabajar, señor Sánchez? Le pregunto porque ustedes celebran como un gran éxito que cada vez haya más personas que dependen de una ayuda pública para sobrevivir, que cada día haya más trabajadores, pero más pobres”. Veamos.
Ocupados que trabajan cero horas semanales
¿Son más pobres que hace ocho años los trabajadores españoles? Y antes que eso: ¿Son reales los datos oficiales de empleo? Diversos economistas no alineados lo ponen en duda y aportan datos. El último que ha buceado en la letra pequeña de la EPA y del INE es José Ramón Riera. Su conclusión es más que chocante: hay 2,13 millones de personas que la estadística contabiliza como ocupados y trabajan 0 horas semanales.
Añadamos a lo anterior que los fijos discontinuos, cuya cifra sigue ocultando Yolanda Díaz, son alrededor de 700.000. Conclusión: el paro real no sería del 9,87% sino mucho más elevado: el 17,4%. Y las personas que de verdad tienen un trabajo aceptable, de entre 30 y 39 horas semanales, según los cálculos de Riera, apenas superan los 16 millones. Es decir, hay 6,7 millones de empleos precarios o directamente inexistentes.
Vayamos con la pobreza. Aquí hay aún más consenso entre los expertos. Mucho presumir de PIB, pero en los últimos siete años, y en términos reales, la renta per cápita española se ha estancado. Seguimos sin acercarnos a la de los países europeos más ricos y nos han pasado por la izquierda algunos de los que hasta no hace mucho eran claramente más pobres que nosotros. España es la cuarta economía de la UE, pero en renta caemos al puesto 15, ocho puntos por debajo de la media de los 27.
En cambio, la inflación sí está sobradamente por encima de la media de los países de la eurozona, y es la más alta de las grandes economías. Si a esta variable le sumamos el disparatado encarecimiento de la vivienda, fruto de una política ilusoria y socialmente nociva, entenderemos mejor por qué el impacto en las clases medias, y no digamos ya en las menos favorecidas, está siendo brutal. Echen un vistazo a los informes de Cáritas (la exclusión severa afecta a 4,3 millones de personas) y comprobarán en qué ha quedado aquella fraternal promesa de no dejar a nadie atrás.
Un proyecto fallido
Lo paradójico, e imperdonable, es que todo esto, y alguna cosa más (unas infraestructuras que sufren un palmario déficit de mantenimiento, y además insuficientes para una población de 50 millones de habitantes que recibe anualmente a 100 millones de turistas, ocurre a pesar de haber sido nuestro país el segundo receptor de fondos europeos, de condiciones financieras ventajosas en los mercados y un crecimiento récord de los ingresos públicos vía impuestos, que han pasado de un 39 a un 43% del PIB.
Del fracaso de la Educación, con un descenso del rendimiento de los alumnos españoles en ciencia, matemáticas y lectura que duplica el de la media de la OCDE, o del deterioro de la Sanidad, problemas ambos que, de acuerdo, interpelan a las autonomías, pero de los que la Administración General del Estado parece haberse desentendido -quizá para tomar distancia, o para usar las dificultades por las que atraviesan los gobiernos regionales como punta de lanza electoral-, mejor hablamos otro día.
No es verdad que nada funcione, pero sí que casi todo lo esencial funciona peor. Hay factores exógenos: guerras convencionales, comerciales, híbridas, pandemias, desastres naturales… Pero sobre todo es el resultado de una utilización políticamente sesgada de los recursos para consolidar el voto cautivo, abandonando las inversiones electoralmente no productivas. Una apuesta de partido, no de país.
Es el triste balance de un proyecto -ni siquiera merece tal nombre- fallido. Un monumental gatillazo, parecido al que describe en su libro Julián Marías tras leer las actas de las Cortes Constituyentes de 1869: “Allí podía decirse cualquier cosa, con tal de que no tuviera sentido ni contacto con la realidad”.
Una máquina de fabricar pobres
Los pobres ocultos de Sánchez: hay casi dos millones más de lo que reflejan las estadísticas oficiales
Fedea ajusta la serie del INE para tomar en cuenta el impacto del coste de la vivienda. El ajuste eleva la incidencia de la pobreza hasta el 23,5%.
AlamyLa pobreza en España es significativamente mayor de lo que muestran las estadísticas convencionales. Un nuevo estudio elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz y Álvaro Pinto a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida revela que, cuando se tiene en cuenta el coste que soportan los hogares para acceder a una vivienda, la tasa de pobreza alcanza el 23,5% de la población, frente al 19,5% que arroja la medición habitual.
La diferencia es enorme. En términos relativos, la incidencia de la pobreza resulta un 20,5% superior cuando se descuenta de la renta disponible el coste de la vivienda. En números absolutos, la estadística convencional contabiliza alrededor de 9,44 millones de pobres, pero la cifra asciende hasta 11,39 millones cuando se incorpora esta corrección. Es decir, existen cerca de 1,95 millones de pobres ocultos que no aparecen como tales en las estadísticas habituales.
El problema está en cómo se mide la capacidad económica de las familias. La estadística tradicional observa la renta disponible de los hogares, pero no tiene en cuenta que dos familias con los mismos ingresos pueden disfrutar de niveles de vida radicalmente distintos si una de ellas tiene que destinar una parte importante de su sueldo al alquiler mientras que la otra apenas soporta costes para acceder a su vivienda. El estudio corrige ese problema descontando de los ingresos el denominado coste residencial de acceso, que incluye fundamentalmente el alquiler pagado por los inquilinos y los intereses hipotecarios abonados por los propietarios endeudados.
El resultado modifica sustancialmente el mapa de la pobreza española. La tasa convencional sitúa bajo el umbral al 19,5% de la población, pero después de descontar el coste residencial el porcentaje asciende al 23,5%. La diferencia de cuatro puntos porcentuales supone que el número real de personas con recursos insuficientes después de pagar por su vivienda es un 20,6% superior al que refleja la métrica convencional.
La distorsión resulta especialmente acusada en el mercado del alquiler. Según la medición tradicional, el 32,8% de quienes viven en una vivienda arrendada a precio de mercado están en situación de pobreza. Sin embargo, cuando se resta de sus ingresos el alquiler que deben pagar cada mes, la proporción se dispara hasta el 49,9%. Prácticamente uno de cada dos inquilinos queda así por debajo del umbral. De hecho, el estudio calcula que uno de cada cuatro inquilinos que inicialmente no aparece como pobre pasa a serlo después de pagar el alquiler. Este colectivo concentra nada menos que el 72,5% de toda la pobreza oculta detectada por los investigadores.
Pero el efecto de la vivienda no se limita a aumentar el número de personas que caen por debajo del umbral. También demuestra que la pobreza es más profunda de lo que sugieren las estadísticas habituales. Al introducir los costes residenciales, el número de pobres aumenta un 20,6%, pero el indicador que combina incidencia e intensidad de la pobreza crece un 38,5%, mientras que la medida que concede más peso a las situaciones de mayor severidad aumenta nada menos que un 50,3%.
Esto significa que el problema tiene una doble dimensión. Por un lado, hay casi dos millones de personas que no aparecen en las estadísticas de pobreza pese a disponer de recursos insuficientes después de pagar su vivienda. Por otro, entre quienes ya son clasificados como pobres, descontar los costes residenciales revela situaciones económicas mucho más severas de lo que parecía inicialmente.
Además, la corrección propuesta por los investigadores encaja mejor con las situaciones reales de privación material. La estadística convencional identifica como pobres solamente al 46,7% de las personas que sufren carencia material y social severa. Al descontar el coste de acceso a la vivienda, ese porcentaje aumenta hasta el 56,9%, mientras que si se incorpora el conjunto del gasto residencial llega al 66,1%.
Entre los inquilinos, la diferencia vuelve a ser especialmente significativa. La métrica tradicional detecta al 45,2% de quienes padecen privación material severa, pero el porcentaje sube al 65,8% cuando se descuenta el coste de acceso y alcanza el 78,1% cuando se considera el gasto residencial total.
El estudio apunta así a un problema fundamental de las estadísticas convencionales: medir únicamente la renta disponible puede ofrecer una imagen incompleta de la capacidad económica efectiva de los hogares. La vivienda constituye un gasto rígido e inevitable que reduce de manera muy distinta los recursos de unas familias y otras y que, cuando se incorpora al análisis, eleva de forma sustancial tanto la incidencia como la intensidad de la pobreza.
En 2025, esa diferencia significa pasar de 9,44 a 11,39 millones de personas pobres. Casi dos millones de españoles quedan, por tanto, fuera de la fotografía estadística convencional pese a que, una vez pagada su vivienda, sus recursos se sitúan por debajo del mismo umbral de pobreza.
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Fedea alerta de que la tasa de pobreza en España se dispararía al 23,5% incluyendo el coste de la vivienda
Fedea calcula que 1,95 millones de personas caen bajo el umbral de pobreza al descontar de sus ingresos el coste de la vivienda
La vivienda está cambiando la fotografía real de la pobreza en España. Un estudio de Fedea calcula que la tasa de pobreza en España pasaría del 19,5% oficial al 23,5% si se tuviera en cuenta cuánto dinero queda realmente en los hogares después de pagar el coste de acceder a una vivienda.
La diferencia equivale a cerca de 1,95 millones de personas que no aparecen como pobres en las estadísticas convencionales, pero que caen por debajo del umbral una vez abonado el alquiler o los gastos vinculados al alojamiento.
El informe, elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz y Álvaro Pinto a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, denomina a este fenómeno “pobreza oculta”. La idea central es sencilla: dos hogares pueden tener los mismos ingresos y, sin embargo, disponer de capacidades económicas completamente diferentes dependiendo de cuánto tengan que destinar cada mes a vivir bajo un techo.
La vivienda eleva la pobreza del 19,5% al 23,5%
La tasa de pobreza en España se situó oficialmente en el 19,5% en 2025. Ese indicador se calcula utilizando la renta disponible de los hogares y fija como umbral el 60% de la mediana nacional.
Fedea propone añadir una segunda fotografía. Si antes de evaluar la situación económica se descuentan los costes de acceso a la vivienda, la tasa ascendería cuatro puntos porcentuales, hasta el 23,5%.
El resultado no elimina la mejora registrada durante la última década, pero sí muestra que la renta por sí sola puede ofrecer una visión incompleta del nivel de vida real.
Los autores insisten además en que la vivienda no solo empuja a nuevos hogares por debajo del umbral. También reduce todavía más la capacidad económica de quienes ya se encontraban en situación de pobreza.
Uno de cada dos inquilinos quedaría por debajo del umbral
El problema se concentra especialmente en el alquiler a precio de mercado. Según Fedea, la pobreza convencional afecta al 32,8% de las personas que viven bajo este régimen.
Pero cuando se descuenta el alquiler realmente pagado, la proporción se dispara hasta el 49,9%. Prácticamente uno de cada dos inquilinos quedaría así por debajo del umbral ajustado por vivienda.
La magnitud del efecto aparece todavía más clara al observar a quienes inicialmente no son considerados pobres: uno de cada cuatro cruza el umbral después de pagar el alquiler.
Los hogares arrendatarios concentran además el 72,5% de los 1,95 millones de personas que Fedea identifica dentro de esa “pobreza oculta”.
Esta transformación coincide con un aumento del peso del alquiler en España. En 2014 vivía a precio de mercado el 12,1% de la población. En 2025 la proporción había aumentado hasta el 17,4%.
La propiedad sin hipoteca cambia completamente la fotografía
En el extremo contrario aparecen quienes poseen una vivienda completamente pagada. El estudio incorpora aquí el denominado “alquiler imputado”, una herramienta estadística que intenta valorar el beneficio económico de no tener que pagar una renta mensual de mercado.
Fedea calcula que alrededor de 3,38 millones de personas clasificadas inicialmente como pobres dejarían de estarlo al introducir ese beneficio residencial.
El fenómeno se concentra sobre todo entre propietarios de mayor edad sin hipoteca. Pueden disponer de ingresos monetarios relativamente bajos, pero tienen una ventaja económica importante frente a otro hogar con la misma renta que debe dedicar cientos de euros mensuales al alquiler.
Eso no significa que reciban dinero adicional. Significa que necesitan menos ingresos para cubrir una de las principales partidas del presupuesto familiar.
Jóvenes y extranjeros concentran una parte mayor del riesgo
La tasa de pobreza en España ajustada por vivienda tampoco se distribuye de manera uniforme. El estudio encuentra una mayor vulnerabilidad entre hogares jóvenes, personas nacidas fuera de la Unión Europea y residentes en zonas donde el mercado inmobiliario soporta una fuerte presión.
Madrid, Cataluña y Baleares aparecen entre los territorios donde el coste residencial puede provocar mayores diferencias entre la renta nominal y la capacidad económica efectiva.
La situación resulta especialmente delicada para los jóvenes que todavía no han conseguido acumular patrimonio y dependen del alquiler privado para emanciparse.
Fedea propone cambiar cómo se conceden algunas ayudas
El estudio tiene también implicaciones para las políticas públicas. Los autores consideran que medidas como el Ingreso Mínimo Vital podrían incorporar explícitamente el coste de la vivienda cuando se evalúa la situación económica de cada hogar.
Actualmente, una familia puede superar determinados límites de renta y quedar fuera de una prestación aunque una parte muy elevada de esos ingresos desaparezca cada mes en el alquiler.
Fedea sostiene que tener en cuenta esta circunstancia permitiría identificar mejor situaciones de vulnerabilidad que permanecen ocultas cuando únicamente se observa el dinero ingresado.
El estudio deja así una conclusión especialmente significativa: el problema de la vivienda ya no afecta únicamente a la posibilidad de comprar o alquilar una casa, sino también a la forma en que España mide quién es realmente pobre.
La tasa de pobreza en España oficial continúa en el 19,5%. Pero cuando se introduce uno de los gastos más inevitables de cualquier hogar, la fotografía cambia considerablemente y prácticamente uno de cada cuatro ciudadanos aparece por debajo del umbral.
La verdad económica no da votos
A largo plazo, unas cuentas sostenibles, precios menos distorsionados, más inversión y mayor productividad son mejores para todos, aunque el ajuste inicial obligue a renunciar a privilegios y expectativas.
En política económica española, la verdad suele presentarse como una enfermedad de difícil tratamiento. Las promesas, en cambio, gozan de una salud excelente. Se reproducen durante las campañas, sobreviven a los Presupuestos y terminan convertidas en una subvención, una comisión o una oficina encargada de estudiar por qué las anteriores no funcionaron.
El problema es que toda promesa tiene una factura. Puede pagarse con impuestos, deuda, inflación o crecimiento perdido, pero siempre se paga. La contabilidad pública no elimina la escasez: procura que el ciudadano no la vea hasta después de las elecciones. El PSOE ha contribuido decisivamente a convertir esta ficción en método de gobierno. Durante años ha presentado el gasto como solución, la regulación como protección y la deuda como solidaridad intergeneracional. El resultado es una política económica que trata a los ciudadanos como menores de edad: el Estado promete cuidar de todo, decide por todos y envía la factura a alguien que todavía no ha nacido. Cada intervención se anuncia como excepcional.
En España, sin embargo, una medida deja de ser provisional exactamente cuando encuentra una partida presupuestaria. El impuesto extraordinario se vuelve ordinario, la ayuda temporal se transforma en derecho adquirido y la emergencia se instala cómodamente en la Administración, con plaza fija y complemento específico. No se trata de negar la existencia de problemas sociales ni de ignorar que el Estado debe atender determinadas necesidades. Se trata de preguntar qué puede hacer realmente, cuánto cuesta y qué consecuencias tiene cada decisión. La economía no mejora porque una rueda de prensa utilice la palabra «progresista», ni porque una ley incluya «justicia social» cada tres artículos. La factura de la deuda se envía a alguien que todavía no ha nacido. La de la inflación, en cambio, llega hoy: aparece como un recargo silencioso en cada compra y pesa especialmente sobre los más pobres, que no pueden protegerse comprando activos, renegociando sus ingresos o trasladando sus costes a otros. Mientras unos discuten si la inflación es transitoria, estructural o importada, muchas familias descubren que el mismo carro de la compra exige más dinero.
El error fundamental consiste en creer que el Gobierno posee la información necesaria para organizar la vida económica de millones de personas. No la posee. Ningún ministerio sabe qué vivienda necesita cada familia, qué inversión resulta rentable, qué empresa debe crecer o qué actividad merece sobrevivir. Los precios, la competencia y la propiedad privada coordinan millones de decisiones dispersas con una eficacia que ningún comité puede replicar, por mucho que disponga de asesores, siglas y una cuenta oficial en redes sociales. Cuando el poder político manipula los precios, subsidia actividades inviables o protege empresas por razones electorales, no elimina los problemas: falsifica las señales que permiten descubrirlos. El resultado suele ser más caro, menos productivo y políticamente intocable.
La economía española ha acumulado regulaciones, ayudas y excepciones como quien guarda cables viejos: nadie sabe para qué sirven, pero todos temen tirar alguno. El PP ha sido débil para atajar esta deriva. Ha diagnosticado algunos males, pero demasiadas veces ha administrado la prudencia como si fuera una política económica. Habla de bajar impuestos, reducir burocracia y mejorar la eficiencia, pero se detiene ante la pregunta decisiva: qué gasto se elimina, qué privilegio se suprime y qué grupo de interés acepta que el presupuesto no es un árbol de dinero.
El PP ha querido parecer responsable sin pagar el precio político de la responsabilidad. Ha llevado una calculadora a la discusión pública, pero la ha guardado al primer grito. Y así ha dejado a la izquierda el monopolio de la compasión y a sus adversarios el de la indignación, mientras la economía paga la factura de ambas cosas. En ese espacio aparece Vox. La pregunta es inevitable: ¿se atreverá a decir la verdad? ¿Anunciará una política de ortodoxia económica, con reducción real del gasto, rebajas fiscales financiadas, reforma de la Administración y respeto estricto a la propiedad y a la seguridad jurídica? No lo parece, al menos por ahora. Vox tiene una oportunidad evidente: explicar que defender la soberanía nacional no consiste en subvencionar cualquier actividad con bandera española, que proteger al trabajador no exige proteger cada empleo improductivo y que combatir la burocracia resulta incompatible con crear nuevas estructuras para cada agravio nacional.
La ortodoxia comienza cuando termina el catálogo de deseos. Bajar impuestos exige recortar gasto. Reducir deuda exige gastar menos de lo que se ingresa. Aumentar salarios de forma sostenible exige mayor productividad. Proteger a los ciudadanos requiere decirles, en ocasiones, que el Estado no puede garantizar todos los resultados ni resolver cada frustración mediante un decreto. No promete que todos ganarán sin que nadie pierda: esa es una fantasía cortoplacista que confunde el reparto de una riqueza limitada con la creación de prosperidad. Pero a largo plazo, unas cuentas sostenibles, precios menos distorsionados, más inversión y mayor productividad son mejores para todos, aunque el ajuste inicial obligue a renunciar a privilegios y expectativas. Es posible que este mensaje no entusiasme. No ofrece cheques, enemigos diarios ni soluciones de veinticuatro horas. No convierte cada dificultad en una conspiración. Precisamente por eso sería una novedad. El populismo económico promete beneficios visibles y oculta costes dispersos. El PSOE lo practica desde la ingeniería social y el gasto expansivo. El PP lo ha combatido con demasiada timidez. Vox corre el riesgo de practicarlo desde la identidad y el proteccionismo. Cambiar el envoltorio no cambia la naturaleza.
La verdad económica no da votos – Rubén Manso – Libre Mercado
