Los transfronterizos que cotizaron en el Peñón cobran una pensión tope de 585 libras (algo menos de 690 euros) mensuales, y quedan fuera de las principales prestaciones sociales de las que sí pueden beneficiarse los llanitos
El acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar deja abiertas muchas de las grandes incógnitas que han marcado la vida de los miles trabajadores transfronterizos desde el Brexit. Entre ellas, una de las más sensibles: cómo se calcularán y financiarán las pensiones de los no residentes en la colonia que han trabajado toda una vida en el Peñón.
El tratado contempla la aplicación del principio de igualdad en el marco de los derechos laborales y la coordinación de la seguridad social. Sin embargo, sindicatos y trabajadores reclaman que esas promesas se traduzcan en medidas concretas, con plazos definidos, normas claras y una mayor transparencia sobre cómo se aplicarán aspectos tan sensibles como el pago de las pensiones y otras prestaciones sociales.
La situación de los jubilados españoles que trabajaron en Gibraltar lleva décadas siendo una de las principales reivindicaciones para los empleados transfronterizos. La Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg) nació hace ya 39 años para luchar contra la desigualdad que han sufrido miles de pensionistas españoles tras una vida laboral en el Peñón.
El asesor jurídico de la entidad, Antonio Sánchez, resume el problema con una frase tan contundente como repetida entre el colectivo: «Una persona que haya desarrollado toda su vida laboral en Gibraltar, recibe actualmente una pensión máxima de 585 libras, (algo menos de 690 euros) al mes por jubilación, somos los pensionistas más pobres de Europa».
La razón se encuentra en el histórico desequilibrio entre los sistemas de protección social de ambos lados de la frontera. Durante años, miles de trabajadores españoles desarrollaron toda o gran parte de su vida laboral en Gibraltar y, al llegar a la jubilación, se encontraron con prestaciones muy inferiores a las que perciben otros pensionistas europeos.
El texto inicial del tratado de Gibraltar introduce, por primera vez, mecanismos para corregir esta situación. Uno de los aspectos que mejor valoran los sindicatos es el reconocimiento de la totalización de los periodos de cotización, es decir, la posibilidad de sumar los años trabajados en Gibraltar y en España para acceder al derecho a una pensión.
«Hay una parte del tratado que nos parece muy positiva respecto a las pensiones, que es la totalización. El tiempo cotizado a uno y otro lado se puede sumar a la hora de cumplir el número mínimo de años exigidos para acceder a la jubilación», explica Manuel Triano, secretario general de CCOO en el Campo de Gibraltar y secretario del Grupo Transfronterizo.
El fondo para corregir décadas de desigualdad
El acuerdo también introduce cambios importantes para las futuras jubilaciones. La edad de retiro se equiparará para todos los trabajadores, independientemente de su nacionalidad, permitiendo la jubilación a partir de los 60 años, un coste que, según las previsiones, asumirá el presupuesto público gibraltareño con un desembolso cercano a los 8 millones de libras anuales.
El texto también recoge que los periodos de cotización podrán sumarse entre España, Gibraltar y el resto de países de la Unión Europea, y que cada administración asumirá el pago de la parte de la pensión que le corresponda en función de los años cotizados en su territorio, pero el acceso a determinadas prestaciones de la Seguridad Social correrá a cargo de España.
El jubilado del 16 de julio
Hay una pregunta que hoy nadie es capaz de responder con absoluta certeza: ¿Qué ocurre con un trabajador que se ha jubilado hoy, apenas un día después de la entrada en vigor del Tratado?
Antonio Sánchez plantea un caso muy concreto. Un trabajador español que haya pasado 40 años cotizando en Gibraltar, el máximo tiempo posible, pero que nunca haya trabajado en España, seguiría percibiendo únicamente la pensión pública gibraltareña: un tope de 585 libras mensuales. «Con esas cantidades somos los pensionistas más pobres de Europa», denuncia el asesor jurídico de Ascteg.
La situación se agrava porque ese trabajador transfronterizo tampoco tiene acceso en la actualidad a algunas de las ventajas de las que sí disfrutan los jubilados residentes en el Peñón. En Gibraltar existen determinadas ayudas sociales que se pueden complementar con la pensión: acceso a la vivienda de protección oficial a un precio de alquiler vitalicio, – mientras que en La Línea el precio del alquiler lleva encadenando varios meses de subidas-, estudios pagados para sus hijos, planes privados de pensiones, e incluso un complemento para pensionistas con menos recursos, el conocido como Community Care, que mejora las prestaciones más bajas. Los trabajadores españoles, sin embargo, han quedado hasta ahora, fuera de esos beneficios tras el acuerdo.
Un panorama algo más halagüeño tienen quienes hayan trabajado para el sector público gibraltareño o para algunas grandes empresas, donde existen planes de pensiones complementarios que permiten alcanzar una jubilación algo más digna. Pero, según Antonio Sánchez, esa no es la realidad de la inmensa mayoría de los transfronterizos, que durante décadas han acumulado apenas 20 libras de pensión por cada año trabajado.
El acuerdo deja, además, abierta la gran pregunta:
¿Quién pone el dinero?
Según explicó a Europa Sur el catedrático emérito de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Pablo Antonio Fernández Sánchez, uno de los expertos que ha seguido de cerca la negociación, el texto deja sin resolver una de las cuestiones más sensibles: el reparto del coste del Fondo de Cooperación Conjunto. «Los porcentajes no han quedado clarificados«, advierte, por lo que todavía será necesario esperar al desarrollo del acuerdo para conocer cómo se distribuirá la financiación entre Gibraltar y España.
En el plazo más corto, será el Gobiermo de España el encargado de abrir la cartera. Así lo trasladó el Ejecutivo a los sindicatos. La intención es que el mecanismo de corrección de las desigualdades se articule, por ahora, a través del sistema público español de pensiones, una solución que CCOO considera positiva por su mayor agilidad.
«A nosotros nos parece una buena noticia porque, cuando hablamos de pensiones, lo que menos tenemos es tiempo«, señala Triano. «Pero seguimos sin conocer la letra pequeña. Queremos saber cómo se va a articular, qué normativa lo va a regular y cuándo se pondrá en marcha», aclara.
CCOO reconoce que aún persisten numerosas incógnitas. Existen trabajadores que han cotizado toda su vida en Gibraltar y nunca en España; otros que han alternado ambos territorios; algunos que finalizarán su vida laboral en el Peñón y otros que lo harán en territorio español. Cada caso presenta particularidades distintas y, de momento, no existe una regulación detallada que aclare cómo se resolverán todas esas situaciones.
Aunque desde el Gobierno español se ha trasladado la idea de que la equiparación de las pensiones mínimas —contributivas y no contributivas— está garantizada, todavía no se ha explicado con claridad de dónde saldrán los recursos para sufragarla.
En paralelo, Gibraltar se encuentra inmerso en la implantación de un nuevo modelo de pensiones complementarias, basado en aportaciones compartidas entre empresas y trabajadores. Según los sindicatos, este sistema debería permitir en el futuro una equiparación más completa entre ambos lados de la frontera. Pero ese escenario aún está por construir.
Por eso, pese al optimismo general que ha despertado el acuerdo, las pensiones siguen siendo una asignatura pendiente.
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