¿DÓNDE ESTÁN LOS DATOS OFICIALES?
La reforma de pensiones recientemente aprobada por el Gobierno y por casi todos sus socios de investidura en el Parlamento sigue despertando las críticas de una buena parte de los expertos conocedores de la Seguridad Social: organismos públicos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y el Banco de España; o privados como Fedea, Funcas, BBVA Research o el Instituto de Actuarios
La discusión sobre la sostenibilidad del sistema se basa en un conjunto de hipótesis, todas discutibles y aceptables, sobre las que se elaboran una serie de escenarios. En definitiva, un tema esencialmente técnico que algunos tratan de vestir de ideológico, pese a que los fundamentos del Pacto de Toledo precisamente trataban de excluir el debate sobre las pensiones de la lucha partidista y de la confrontación electoral.
En el reciente seudo debate sobre la reforma de las pensiones, han sorprendido las declaraciones del secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en las que afirmaba: «Con toda modestia, quien tiene la mejor información para hacer proyecciones sobre el gasto en pensiones es el Ministerio». La frase ha llamado la atención entre los economistas por varios motivos. En primer lugar, por las formas: la arrogancia que denota una frase que comienza presumiendo de modestia.
¿Cuál es esa «información superior» que tiene el Ministerio y que invalida la calidad del análisis del Instituto de Actuarios Españoles, FEDEA, FUNCAS o BBVA Research, que han sido críticos con el proyecto de reforma sin disponer de esa información adicional? ¿Y por qué esa información superior solo la tiene el Ministerio? La inquietud creada reabre el debate sobre quién es el propietario de los datos macroeconómicos oficiales.
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece que los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, y esta debe ser la guía principal en el comportamiento de la Administración en relación a las estadísticas oficiales. Los límites justificados por los casos de privacidad y seguridad deben ser la excepción, no la regla. Y el principio básico debe ser que los datos son propiedad de los ciudadanos, no de los gobiernos
¿VAMOS A ALGÚN SITIO SEGURO?
En Francia, la reforma de las pensiones ha generado un tsunami, con miles y miles de ciudadanos en las calles y varias mociones de censura salvadas por el Gobierno de Macron. En España –casi sin debate entre la ciudadanía–, la reforma ha contado con el aval de solo una parte de los agentes sociales y se ha salvado recurriendo a la excesivamente socorrida fórmula de la convalidación del decreto ley.
Será ahora, con la tramitación como proyecto de ley, cuando tengamos todos la oportunidad de que nuestros representantes políticos reflexionen y, teniendo en cuenta lo que dicen los expertos, establezcan las bases para un sistema de pensiones sostenible. Sin embargo, no hay que confiar mucho en ello porque estamos en pleno año de elecciones y si de algo han hecho gala nuestros actuales políticos es que entre mirar a largo plazo y mirar a corto, con la vista puesta en las siguientes elecciones, suelen mirar por la poltrona.
Y lo de la sostenibilidad es una de las cuestiones en la que los expertos coinciden: tienen dudas. Muchas. Se podrá decir que algunas de las opiniones son de parte –fundaciones e institutos ligados a entidades financieras o aseguradoras– pero hay unas poco sospechosas de ello, como, por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que tiene como misión garantizar el cumplimiento efectivo del principio de sostenibilidad financiera por las Administraciones Públicas. El propio ministro José Luis Escrivá fue su presidente hasta 2020 y la reforma ahora aprobada encomienda a la AIReF que emita cada tres años un informe evaluando la existencia de posibles desvíos en la financiación del sistema en función del cumplimiento del aumento previsto de los ingresos con las medidas aprobadas y la evolución del gasto en pensiones. Desde el Gobierno se ha subrayado que, contrastando con otras reformas que afectaban al gasto, en esta ocasión la clave está en un aumento de los ingresos. Claro, que la AIReF propone “asegurar la coherencia de las reglas fiscales, incluyendo la del gasto en pensiones”.
