LA REFORMA ESCRIVA DE LAS PENSIONES SE BASA EN “DESEOS” Y NO EN “NÚMEROS REALES”

La reforma de pensiones recientemente aprobada por el Gobierno y por casi todos sus socios de investidura en el Parlamento sigue despertando las críticas de una buena parte de los expertos conocedores de la Seguridad Social. La última de estas críticas se suma a la de organismos públicos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) , Banco de España; o privados como Fedea, Funcas, BBVA Research o el Instituto de Actuarios y está entre las más severas. Se trata del documento La Reforma del sistema público de pensiones en 2022 y 2023. Contenido y posibles efectos, del economista Miguel Ángel García, profesor colaborador de la Universidad Rey Juan Carlos, investigador de Fedea y ex director de ordenación de la Seguridad Social, publicado este martes por el Instituto Santa Lucía.

 

El sistema público de pensiones español se enfrenta a un reto mayúsculo derivado del intenso proceso de envejecimiento provocado por la mayor esperanza de vida y la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom

 

En España ha hecho fortuna entre la sociedad la idea de considerar las pensiones como insuficientes y muy reducidas en relación con las aportaciones realizadas. Una conclusión no ajustada a la realidad de un sistema contributivo de reparto como el español, que paga prestaciones muy superiores al resultado de aumentar las aportaciones realizadas con la tasa de crecimiento de la renta en las últimas décadas, el límite que determina su sostenibilidad financiera en el tiempo

 

La derogación de la reforma de 2013 y las medidas adoptadas desde 2019 implican un cambio drástico del planteamiento aplicado desde la firma del Pacto de Toledo (1995), asumiendo un muy importante aumento del gasto (desde 12,3% en 2019 a uno en torno al 16,5% del PIB en 2050) para mantener la tasa de reposición más alta de la Unión Europea en la pensión de entrada, y garantizar su poder adquisitivo durante la vida del perceptor, buscando para ello los ingresos necesarios para sostenerlo

 

Los defensores de la reforma apelan que la opción elegida de fuerte incremento del gasto en pensiones es una opción política, ciertamente legítima para defender el estatus quo de los pensionistas, y destacan su efecto positivo sobre el consumo y la acumulación de la carga sobre las rentas más altas. Este ejercicio de equilibrio parcial en términos económicos elude el posible efecto negativo de aumentar en exceso las cotizaciones sociales, y en especial los costes laborales de las empresas, al concentrarse mayoritariamente en la cuota del empleador, como fórmula para compensar el aumento del gasto. Una opción que tendrá efectos negativos sobre el empleo, muy posiblemente más en los de menor valor añadido, el potencial de crecimiento de la economía española y la renta disponible de las futuras cohortes de trabajadores ocupados.

El sistema de pensiones pierde contributividad al incluir cada vez mayores transferencias de la Administración General del Estado sin contar con una mínima metodología que permita objetivar los conceptos a considerar como gastos impropios. El sistema si bien reduce el actual exceso actuarial, pierde en equidad personal con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, al exigir a los trabajadores una mayor aportación para conseguir, en el mejor de los casos, una prestación anual como la actual.

 

La equidad individual empeora también con el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos al mantener un mejor trato sobre los trabajadores asalariados con los mismos ingresos. La equidad entre generaciones se ve comprometida severamente al asumir un nivel de gasto significativamente superior, que obligará ineludiblemente a mayores cotizaciones, impuestos o emisión de deuda pública.

 

Hay dos parámetros utilizados para cuadrar las cuentas de la reforma de pensiones y que García califica de “hipótesis (casi deseos) de muy improbable cumplimiento. En concreto, se refiere a la reducción del gasto en pensiones derivada de los incentivos a la jubilación demorada aprobados en la primera parte de la reforma y a la elevada tasa potencial de crecimiento del PIB. Escrivá habría estimado un cambio de comportamiento de más de la mitad de los futuros pensionistas (del 55% de ellos) que decidirían voluntariamente retrasar su jubilación tres años, accediendo al retiro a los 68 años. El segundo de los parámetros que genera las dudas es la tasa anual de crecimiento del PIB del 2% real en promedio durante el periodo 2023-2050 también utilizada por Escrivá para diseñar su reforma Por ello, el optimismo de Escrivá sumando estas dos variables, supone “un riesgo cierto y muy alto de infraestimar la ratio de gasto en pensiones sobre PIB hasta 2050 entre 2,8 y 4 puntos

 

En síntesis, la reforma aprobada apuesta por la suficiencia de las prestaciones a costa de empeorar la equidad personal y entre generaciones. A pesar de ello, es incompleta al necesitar de medidas adicionales en un plazo corto de tiempo que deberán adoptar los siguientes gobiernos. Lo más nocivo, sin embargo, es la utilización de previsiones extraordinariamente optimistas de gasto e ingresos, muy difíciles de cumplir, que han hecho perder un tiempo muy valioso para aplicar de forma progresiva medidas correctoras equilibradas que distribuyan de forma más justa las ventajas y los esfuerzos necesarios entre la población que permitan afrontar con garantías la llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación a partir de 2024. Con la información disponible sobre las cuentas públicas españolas y el peso de las pensiones en ellas, desafortunadamente, el riesgo de asistir a un ajuste brusco y abrupto en el sistema de pensiones no queda descartado con la actual reforma

 

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