En España la media de edad de los funcionarios es de 45 años, las Administraciones Públicas van a perder hasta 330.800 empleados en los próximos cinco años, un número que ascenderá a 905.100 en la próxima década, el equivalente al 30% de la plantilla actual, tal y como concluye un estudio de 2020 de Adams Formación. Muchos de ellos se incorporaron a la Administración en las décadas de los ochenta y los noventa, coincidiendo con el desarrollo del Estado de las autonomías y el sistema de bienestar español. Sin embargo, en los últimos años la contratación pública se ha desplomado como consecuencia de las crisis económicas a la vez que se ha fomentado el mantenimiento de los trabajadores en plantilla y la interinidad de los jóvenes.
Como consecuencia, en España la edad media de incorporación a la Administración General del Estado es de 35 años, mientras que en el sector privado es de 26. De hecho, los menores de treinta años apenas suponen el 7,5% del total de empleados en el sector público, frente al 15,6% del privado, una proporción que desciende hasta el 0,2% en el caso de los menores de veinte años (de los cuales el 99,77% son interinos y cuya equivalencia en lo privado es del 1%). Por el contrario, los mayores de sesenta años suman el 10,2% de la mano de obra pública, cuando en la empresa son solo el 6,4%.
Más allá de la falta de estímulo en la contratación pública, los requerimientos para acceder a muchos empleos públicos son muy superiores a los del sector privado. Si para tener la oportunidad de acceder al mercado laboral siendo, por ejemplo, periodista, basta con estudiar una carrera y, como mucho, un máster, en el caso de un médico que pretenda incorporarse al Sistema Nacional de Salud en España,0 este tendrá además que superar una oposición o prueba selectiva y luego pasar por una formación de alrededor cuatro años para especializarse. Ese retraso en la edad de incorporación por la preparación de los exámenes y la formación extra, unido a la falta de rotación en la Administración, explica la brecha de edad entre los trabajadores de los sectores privado y público.
Fuente: EON
