La patronal y los sindicatos denuncian el «asalto» al diálogo social y la AIReF reclama el informe que el Gobierno tenía que haber publicado en enero
La reforma laboral de Yolanda Díaz acaba de cumplir tres años. Pero no lo ha hecho intacta. Durante este tiempo, la vicepresidenta ha introducido decenas de cambios en el Estatuto de los Trabajadorespor la puerta de atrás e incluso ha modificado aspectos nucleares del acuerdo firmado con la patronal y los sindicatos a cambio de apoyos políticos en el Parlamento. La reforma cumple años mientras su impulsora incumple sus compromisos no sólo con el diálogo social, sino también con la Comisión Europea, ya que en el texto pactado con Bruselas a cambio de los millonarios fondos del Plan de Recuperación se comprometió a realizar una evaluación de su impacto en la temporalidad antes de enero de 2025, un examen del que nada se sabe a día de hoy.
El último asalto a la reforma laboral se ha producido a principios de este mes. Por sorpresa para empresarios, sindicatos y laboralistas, el Gobierno coló un cambio de calado en las normas de contratación en la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 2 de abril. Una reforma del Estatuto de los Trabajadores «de esas que no esperamos y que se produce en el lugar más insospechado», porque «resulta difícil imaginar» que una norma como esa «iba a tener entre sus contenidos una reforma legal del Derecho del Trabajo. Pero así ha sido», cuestionan los expertos del área laboral de PwC Tax & Legal.
En concreto, la Ley incorpora una enmienda introducida por el PP, VOX y Junts que amplía de 90 a 120 días el límite anual del contrato temporal por circunstancias de la producción para las empresas del sector agrario. Una modificación de la que no fueron informados los agentes sociales y que ha hecho estallar a los sindicatos. Para UGT, «representa una ruptura intolerable del acuerdo alcanzado en la reforma laboral de 2021, fruto del diálogo social». «Es una regresión que ataca frontalmente la calidad del empleo y perpetúa la precariedad en uno de los sectores más castigados por la temporalidad en nuestro país», critica el sindicato en referencia al contenido.
UGT denuncia que «la aprobación de esta medida, sin participación ni consulta en los marcos del diálogo social, vulnera los principios fundamentales de la concertación social y rompe el equilibrio alcanzado entre las partes firmantes de la reforma». Y añade que «resulta escandaloso comprobar cómo fuerzas políticas de derechas y extrema derecha, que se declaran mutuamente incompatibles y que incluso promueven medidas para encarcelarse entre sí, son capaces de ponerse de acuerdo cuando se trata de atacar los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores».
Ese ha sido el cambio más reciente de lo pactado en la mesa de diálogo social, pero ya a finales de 2023 Yolanda Díaz se saltó el acuerdo alcanzado con los agentes sociales para modificar uno de los aspectos que había quedado fuera de la negociación: la prevalencia de los convenios colectivos. A cambio del apoyo del PNV a la investidura de Pedro Sánchez, el Gobierno aprovechó la reforma del subsidio por desempleo para establecer la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales y estatales. Un quebranto que tanto la patronal como los sindicatos denunciaron con vehemencia. La CEOE cargó duramente contra el «desprecio» del Ejecutivo al diálogo social, mientras los sindicatos advirtieron de las consecuencias de la ruptura del «clima de confianza» del que había gozado hasta entonces la negociación tripartita.
Una quincena de cambios
Pedro Llorente, consejero de Laboral en Cuatrecasas, indica que «desde marzo de 2022, que es la fecha en la que entró en vigor gran parte de la reforma laboral, el Estatuto de los Trabajadores ha sufrido diversas modificaciones», si bien distingue entre las que afectan a preceptos modificados por la reforma laboral, como los cambios en la contratación introducidos también recientemente en la reforma de la jubilación parcial, y aquellas otras disposiciones del Estatuto de los Trabajadores que no fueron modificadas por el Real Decreto-ley 32/2021. Desde este despacho contabilizan, al menos, una quincena de cambios en el ET a través de distintas figuras legislativas aprobadas desde 2021, desde el Real Decreto-ley que modificó el régimen de las entidades de crédito hasta la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada en el BOE el 2 de enero de este año.
En los servicios jurídicos de CEOE van más allá y calculan «en torno a 25 modificaciones» en el ET. La patronal no dispone, por el momento, de un listado completo y cerrado de los cambios porque hay algunos que todavía no han finalizado el proceso legislativo. En todo caso, muchos de los llevados a cabo hasta la fecha son cambios menores que no alteran lo acordado con el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales en la reforma laboral. Así lo certifica el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, que recuerda que la reforma de Yolanda Díaz se circunscribió a la negociación colectiva; la prevalencia de convenios y la ultraactividad; la contratación -modificación de los contratos temporales y redefinición de los indefinidos y fijos discontinuos-; y el establecimiento de mecanismos alternativos al despido (ERTEs y RED). «Todas figuraban en el componente 23 del Plan de recuperación Transformación y Resiliencia», recuerda.
Más allá de la modificación de la prevalencia del convenio, con la que Luján se ha mostrado muy crítico, al igual que con la reciente flexibilización de la temporalidad en el campo, el responsable sindical recopila otras modificaciones llevadas a cabo por Díaz en estos tres años sin supervisión del diálogo social, como la que impuso un mayor control de la Inspección de Trabajo en los despidos colectivos, a través de una enmienda pactada con Bildu en la Ley de Empleo que el Congreso aprobó a principios de 2023 y que provocó un gran enfado en la patronal. «En cualquier caso, nada significativo, ya que temas prioritarios como la reducción de la jornada laboral o la indemnización por despido aún no se han tocado», incide Luján.
El informe ‘fantasma’
Además de la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, que lleva meses atascada en los trámites previos a su aprobación definitiva en Consejo de Ministros para su paso al Congreso, el dirigente de UGT también recuerda que Yolanda Díaz aún tiene pendiente el Estatuto del Becario, el desarrollo reglamentario de los contratos formativos o la trasposición de varias directivas europeas como la de condiciones laborales transparentes y previsibles, la de conciliación o la de salarios mínimos. Y tampoco se le escapa que en la reforma laboral pactada con Bruselas el Gobierno se comprometió a evaluar su impacto sobre la temporalidad en un informe que, a estas alturas, debía haber sido publicado, pero que aún no se ha difundido, lo que le ha valido al Ejecutivo un reciente tirón de orejas por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
En concreto, el Real Decreto-ley 32/2021 estableció que «el Gobierno efectuará una evaluación de los resultados» de la norma «mediante el análisis de los datos de contratación temporal e indefinida en enero del año 2025, procediendo a la publicación oficial, a estos efectos, de la tasa de temporalidad general y por sectores». Una evaluación que debía repetirse cada dos años y que obligaría a adoptar medidas adicionales en el caso de que se concluyera que no hay avances en materia de temporalidad. Este medio se ha puesto en contacto en varias ocasiones con el Ministerio de Trabajo para saber en qué estado está ese informe y no ha obtenido respuesta
