Su margen de maniobra es exiguo y, si no hay modificación legal que lo evite, a medio plazo deberán transformarse
Tras la entrada en vigor de la reforma laboral, en concreto, desde el cambio producido en la contratación temporal y las dificultades para su utilización, las empresas han tenido que adaptar sus necesidades a la actual configuración, que pasa por ser la contratación indefinida la norma y la contratación de duración determinada la excepción.
Esta nueva realidad en la contratación ha impactado principalmente a las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs), cuyo día a día y actividad ha cambiado abruptamente, puesto que la naturaleza de su trabajo es precisamente el que ha sido alterado.
En lo que sería el negocio tradicional de las ETTs, como cedentes de personas trabajadoras para cubrir necesidades temporales, la norma deja el mismo margen de maniobra que al resto de empresas para formalizar contratos de duración determinada, es decir, muy escaso. La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) califica como sanción grave la formalización de contratos de puesta a disposición para supuestos no permitidos pudiendo imponerse multas que van desde los 1.000 hasta los 10.000 euros por cada puesta a disposición.

El Ministerio de Trabajo publica con cierta periodicidad estadísticas sobre ETTs, las últimas de junio de 2022 y llama la atención que las cifras acumuladas de enero a junio 2022 muestren un descenso del número de contratos de puesta a disposición, en un -3,0% respecto al mismo período del año anterior, pero, sin embargo, se produce un incremento del número de trabajadores contratados por ETTs para ser cedidos de un más 12% respecto mismo período del año anterior, pues las ETTs están suscribiendo de contratos fijos-discontinuos, para a su vez poner a disposición de empresas a estas personas, posibilidad que introdujo la reforma laboral, aunque es preciso que en la empresa usuaria exista una necesidad temporal conforme a la nueva configuración legal. No obstante a medida que se vaya reiterando la puesta a disposición será mayor la probabilidad de que estos contratos empiecen a ser fiscalizados, incurriendo en riesgo de ser sancionadas.
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