TODAS LAS ‘FACTURAS OCULTAS’ DE LA INVESTIDURA DE PEDRO SÁNCHEZ

La letra pequeña de los acuerdos entre PSOE y sus socios deja una larga lista de facturas y compromisos pendientes para la legislatura.

 

La Presidencia de Sánchez ha juntado a un batiburrillo de 22 partidos, algunos muy mal avenidos entre ellos y con intereses ya no distintos, sino contrarios. Ya el portavoz de Esquerra Gabriel Rufián mirando a Alberto Núñez Feijóo advirtió: «¿Saben cuál es la única cosa, la única, que comparten seguro votantes del PSOE, de Sumar, de ERC, de Junts, de Bildu, del PNV y del BNG?, ¿la única? Frenarles a ustedes. La única».

 

La condonación parcial de la deuda pública de Cataluña, el traspaso de Cercanías a la Generalidad o el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco son tan sólo algunas de las cesiones que han acaparado los titulares en los últimos días para, finalmente, lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

 

Pero los acuerdos firmados por el PSOE con sus principales socios, los comunistas de Sumar y los independentistas, van más allá y convierten la investidura de Sánchez en la más cara de la historia de la democracia.

Financiación, inversión y competencias

Junts quiere que el Gobierno ceda el 100% de los impuestos estatales que se recaudan en Cataluña, reduciendo con ello la aportación de esta comunidad a la caja común para cubrir los servicios básicos del resto de regiones.

 

ERC ha pactado una comisión bilateral Generalidad-Estado para negociar “una mejora significativa de los recursos públicos” destinados a Cataluña.

 

Se aumentará la financiación de ciertas competencias singulares de la Generalidad de Cataluña, como la relativa a los Mossos, la justicia, los servicios penitenciarios, la investigación y desarrollo (con un incremento en su dotación anual de al menos 150 millones de euros), así como becas y ayudas al estudio.

 

El PNV, por su parte, exige que el Estado se haga cargo del 50% del coste de la Dependencia, lo cual va en contra de la lógica del concierto económico, que exige que los territorios forales financien con sus propios recursos las competencias que tienen asumidas.

 

El País Vasco también asumirá el impuesto sobre la renta de no residentes. Y el Estado inyectará 100 millones de euros en cuatro años para la adaptación del euskera a la era digital y otros 15 millones para el gallego.

 

Se garantiza que la inversión del Estado en Cataluña sea equivalente a su peso en el PIB nacional (19%) y un cierto control sobre su ejecución.

Traspasos.

Se incluye el traspaso de algunas competencias importantes que también tienen letra pequeña:

  • El traspaso de Cercanías a Cataluña implica, entre otras cosas,recursos adicionales del Estado para financiar mejoras y el déficit del servicio en esta comunidad. El Gobierno también asumirá deudas pendientes con Renfe por otros motivos (133 millones) y parte de los cánones a pagar a ADIF.
  • Traspaso al País Vasco de todas las competencias recogidas en el Estatuto de Guernica aún pendientes de cesión en el plazo máximo de dos años, entre las que destacan la gestión de los ferrocarriles y del régimen económico de la Seguridad Social.
  • Pero es que el PSOE se compromete, igualmente, a ceder a Navarratodas las competencias pendientes recogidas en el Amejoramiento del Fuero, incluyendo I+D y becas. Y lo mismo sucede con Galicia y las competencias pendientes recogidas en su Estatuto de Autonomía.

 

Otras medidas económicas

Por último se ha comprometido una larga lista de medidas que, de una u otra forma, tendrán un negativo impacto, tanto presupuestario como económico:

  • Reducción de la jornada laboral máxima semanal hasta 37,5 horas, sin reducción salarial.
  • Subida del SMIhasta el 60% del salario medio.
  • Endurecimiento de las condiciones de despido, descuelgues y modificaciones. unilaterales de las condiciones de trabajo.
  • Reforzamiento de las políticas activas de empleo, con planes de choque para jóvenes y mayores de 45 años.
  • Modificación de los artículos del Estatuto de los Trabajadores que regulan la prelación de los convenios colectivospara dar prioridad, con ciertas condiciones y límites, a los de ámbito autonómico sobre los de ámbito estatal.
  • Revisión y mejora del Ingreso Mínimo Vitaly la prestación por crianza de hijos.
  • Mejora de las pensiones mínimas y no contributivashasta alcanzar la media europea.
  • Mejora de la prestación asistencial por desempleo, que será compatible con el trabajo.
  • Aumento de ayudas a las familias uniparentales, que se equipararán a las familias numerosas.
  • Extensión de los permisos de paternidad y maternidadhasta 20 semanas. Implantación de permisos retribuidos para cuidados a familiares.
  • Ayudas directas focalizadas en las familias más vulnerables para mitigar el impacto de la inflación y los elevados tipos de interés.
  • Universalización de la educación infantil.
  • Ampliación de las ayudas para comedor y del horario de apertura de los centros, gratuidad de los libros de texto, reducción del número de estudiantes por aula.
  • Mejora de la financiación de los centros concertados.
  • Mejora de las condiciones laborales de los docentes.
  • Más becas universitarias y menores matrículas.
  • Fortalecimiento de la atención primariacon aumento de plantillas y mejora de equipamientos e infraestructuras; reducción de las listas y tiempos de espera; ampliación de la cartera de servicios, en particular en salud bucodental, visual y mental
  • Aumento del parque público de vivienda en alquiler.
  • Control de alquilerese incentivos fiscales para la contención de su crecimiento.
  • Mayores ayudas y subvenciones para rehabilitación y mejora de la eficiencia energética.
  • Ampliación de las medidas de apoyo a los afectados por la subida de las hipotecas a través del código de buenas prácticas. Se eleva el umbral de renta para poder acceder a las mismas.
  • Ayudas a jóvenes para acceso a la vivienda en alquiler y propiedad.
  • Mantenimiento de la reducción del precio de los abonos de transporte, de forma general en 2024 y para ciertos colectivos en años posteriores.
  • Aumento de la progresividad y de la presión fiscal, especialmente sobre las grandes empresas, los patrimonios y las rentas del capital. Incluyendo un impuesto mínimo del 15% sobre el resultado contable de las grandes empresas y el mantenimiento permanente de los gravámenes extraordinarios sobre las empresas energéticas, entidades financieras y, posiblemente, las “grandes fortunas”.

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