TODA LA VERDAD SOBRE NUESTRO SISTEMA DE PENSIONES PÚBLICAS

 

En realidad es un Sistema que ya no existe

 

EL GOBIERNO NO DICE LA VERDAD CON LAS PENSIONES

El sistema público de pensiones necesita ser reformado. No es cuestión de ideologías sino de matemáticas actuariales. Cada vez tenemos más pensionistas y esos pensionistas cobran una pensión más elevada que las que se cobraban antes, y lo hacen durante más tiempo.

 

Cuando se puso en marcha en España el sistema de reparto, la esperanza de vida al nacer no era mucho más alta de 65 años en los varones, que entonces eran el grueso de la población activa. Ahora, sin embargo, gracias a Dios, la esperanza de vida se encuentra por encima de los ochenta años en ambos sexos (80,52 en el caso de los hombres y 85,89 en el caso de las mujeres, según nos muestra el INE). Este factor, sin duda, eleva el número de años que se percibirá una pensión, que supone, por tanto, un incremento del coste del sistema. Por otra parte, la tasa de sustitución o de reemplazo de las pensiones en España -esto es, el porcentaje de pensión que se percibe respecto al último salario- no ha dejado de crecer y es la más elevada de Europa, con un 78,7%, según datos de la Comisión Europea, muy por encima de la media de la UE (46,3%) y de la eurozona (49,9%). Esto eleva también el coste del sistema público de pensiones, al ser mayores las pensiones que entran al sistema que las que salen.

 

El impacto será especialmente importante cuando se jubile el grueso de las cohortes del baby boom, período que tuvo lugar entre 1952 y 1977, pero encontrándose esas cohortes más numerosas en crecimiento de natalidad anual entre 1957 y 1967. Son muchas personas que, por un lado, accederán a una pensión, que, por otra parte, dejarán de cotizar como activos y, por último, percibirán, en términos generales, una pensión mayor que la media actual, con lo que dicha media se elevará y, con ello, el coste del sistema.

 

Adicionalmente, además de producirse esa salida de la población activa de todas esas personas, no se reemplazará con una entrada similar en el mercado de trabajo de las nuevas generaciones, pues los nacimientos de estas nuevas cohortes fueron ya muy escasos, de manera que la relación entre activos cotizantes y pensionistas caerá de manera importante.

 

Por eso, si nada se hace, el sistema colapsa matemáticamente, y eso es lo que hay que evitar. Hay que tomar medidas para solucionar el problema y garantizar su sostenibilidad.

 

Sin embargo, en lugar de abordar el tema afrontando el problema de cara, en toda su magnitud, la reforma Sánchez-Escrivá incrementa el gasto, sube cotizaciones y hace inviable el sistema, de manera que todavía nos endeudará más, tras confiscarnos más recursos vía el comentado incremento de cotizaciones. Es la política de Sánchez, basada en el gasto, la deuda y los impuestos altos, que llena con dinero procedente de endeudamiento una hucha agujereada, desfondada, que cada vez agrieta más con su política económica.

 

El fondo de reserva de la Seguridad Social, conocido como «la hucha de las pensiones», fue creado por Aznar, pues  Felipe González dejó a la Seguridad Social con un desequilibrio de 600.000 millones de pesetas (pesetas de 1996) y que el Gobierno de Aznar tuvo que pedir un préstamo a la banca para poder pagar a los pensionistas la paga extraordinaria de diciembre de 1996.

 

En ese fondo se incluyeron los excedentes que el superávit de las cuentas de la Seguridad Social aportaba, de manera que cada año iba ampliándose el mismo, hasta llegar a sumar más de 14.000 millones de euros al finalizar su mandato. Ahora la Seguridad Social es deficitaria, sólo equilibrada por las transferencias que la Administración General del Estado le realiza desde losPresupuestos Generales del Estado, pues los ingresos por cotizaciones no cubren el gasto en prestaciones.

 

Así, según los últimos presupuestos aprobados, los de 2023 -pues estamos en prórroga presupuestaria en 2024, – la Seguridad Social cuenta con un gasto no financiero de casi 200.000 millones de euros, y los ingresos son 7.200 millones inferiores a los gastos, quedándose en 192.000 millones.

 

Ahora bien, esa cifra es engañosa, pues recibe 44.000 millones de euros en transferencias corrientes del Estado con lo que, déficit real es más importante.

 

Así, Fedea estimó el verdadero déficit de la Seguridad Social en su parte contributiva, que se eleva hasta los 55.919 millones de euros, alrededor del 3,8% del PIB. Ese quebranto se financia del siguiente modo: por un lado, 44.148,12 millones de euros en transferencias de la AGE a la Seguridad Social. Esto computa como ingresos de la Seguridad Social, de manera que reducen ese déficit, pero en realidad no son ingresos procedentes de las cotizaciones a la Seguridad Social. AsílaAGE asume esos 3,1 puntos de déficit sobre el PIB, pasando a ser mayor déficit de la AGE y menor déficit de la Seguridad Social. Desde el punto de vista del déficit del Reino de España es neutro, porque se cambia de administración el déficit, pero sigue siendo el mismo. Por otra parte, los otros 0,7 puntos de PIB de desfase los recibe como préstamo del Estado, con objeto de poder financiar casi toda esa diferencia restante.

 

Así, ahora esa hucha es una hucha desfondada, rellenada gracias a préstamos, no a verdadero ahorro y durante el sanchismo pasamos de una deuda de la Seguridad Social de 41.194 millones en 2018 a otra de 116.170 millones en el último dato publicado.

 

LA PREGUNTA ES ¿HASTA CUÁNDO PODREMOS PAGAR LAS PENSIONES?

En el mes de noviembre se paga la paga extra de las pensiones contributivas que incluyen la incapacidad permanente, la pensión de jubilación, la de viudedad, la de orfandad y la de favor de familiares, que recoge pagos a personas que dependían económicamente de un fallecido y que no entran ni en las de viudedad, ni de orfandad.

 

El importe individualizado, si no se hubiese tenido que pagar la paga extra sería de 12.940 millones de euros. Teniendo en cuenta que en noviembre del año pasado se pagaron 12.101 millones, esto nos quiere decir que la pensiones en un año se han incrementado en un 6,9 %.

 

Lo que ha sucedido para tener este incremento es que durante el año se ha pasado de pagar en enero de 2024 un importe de 12.651 millones a pagar en noviembre los ya mencionados 12.940 millones, que suponen que a lo largo del año se han ido añadiendo al sistema de pensiones nuevos pensionistas que han hecho que los gastos hayan crecido un 2,3 % en lo que va de año.

 

El número de pensiones que se abonaban en noviembre del 2023 era de 10.101.961 pensiones y un año después el número de pensiones abonadas ha crecido en un 1,6 % hasta llegar a 10.263.079 pensiones pagadas.

 

Así tenemos que las pensiones suben en gasto un 6,9 %, mientras que el número de pensiones solo crecen un 1,6 % y, por lo tanto, lo que está pasando es que la pensión media ha pasado de 1.197,9 euros a crecer un 5,3 % y llegar a 1.260,9 euros.

 

Cómo podemos comprobar, el gran problema que tiene la Seguridad Social con las pensiones contributivas es que llevan una senda de incremento que tiene una muy difícil solución.

 

Con solo un incremento de numero de pensiones de 161.118 pensione, el incremento del gasto ha sido de 10.128 millones de euros anuales lo cual nos viene a decir dos cosas muy claras, que los pensionistas que se incorporan al sistema, de momento vienen con muchos años de cotización y con cotizaciones medias más altas que las que hay en sistema actualmente y tienen derecho a pensiones más altas. Además el modelo de revalorización de nuestro sistema no está pensado para que las pensiones se puedan sostener a lo largo del tiempo.

 

La Seguridad Social, el órgano que paga las pensiones, tiene ya un déficit estructural de 48.000 millones a finales de este año, es cierto que no paga solo las pensiones contributivas, pues paga también las pensiones no contributivas, el Ingreso Mínimo Vital y todas las indemnizaciones por incapacidad temporal y eso hace que a pesar del incremento de los ingresos por cotizaciones sociales del 7,2 %, todos los meses haya que enviar 4.000 millones, de media, para pagar todos estos conceptos.

 

Todos los pensionistas tienen derecho, faltaría más, después de muchos años de cotizar ellos y sus empresas, a recibir una compensación justa y equitativa a lo aportado, pero también hay que empezar a pensar que va a pasar con los que vienen detrás y si esto es sostenible.

 

A cierre de noviembre llevamos un gasto de 10.127 millones de euros más. En el mes de noviembre, la cifra de gastos mensuales ha llegado a 12.941 millones y estamos a punto de que las pensiones nos cuesten 13.000 millones al mes.

 

Esto quiere decir que cerraremos el año con un incremento de 11.000 millones más de gasto que en 2023. El ministerio está trabajando en un escenario de revalorización de las pensiones contributivas del 2,8 %,  un punto inferior al 3,8 % que se revalorizaron en 2024, lo cual nos va a llevar a un crecimiento medio de casi el 6 %, qué nos colocará en un gasto de casi 190.000 millones en pensiones y otro incremento de 10.000 millones más de gasto.

 

SOLUCIONES ANTE UN SISTEMA DE PENSIONES QUE YA NO EXISTE

Lo cierto es que hoy la Seguridad Social es una ficción contable. En realidad, siempre lo ha sido. Los impuestos, tasas y demás ingresos públicos van a la misma caja (no hay impuestos finalistas, como nos decían de las cotizaciones sociales). Y luego salen de esa caja para pagar todos los gastos.

 

Esto siempre ha sido así. Pero, es cierto que durante unos años pudo mantenerse la ficción. Cotizabas, te decían que generabas «derechos» y luego te abonaban la pensión correspondiente. Como, además, las cotizaciones de los trabajadores eran superiores al gasto en pensiones contributivas, se podía mantener la ilusión finalista: lo que pagan aquellos va destinado a pagar lo que reciben estos.

 

Nota: en realidad no puede hablarse de «derecho» cuando las reglas para cobrarlo las fija el mismo ente que las tiene que abonar. Si mañana un Gobierno decide recortar las pensiones un 20% o llevar la edad de jubilación a los 75 años, ningún cotizante, pasado o presente, podrá protestar. ¿Qué «derecho» es uno que nos puede cambiar a voluntad?.

 

Hubo un momento, sin embargo, en el que los ingresos por cotizaciones dejaron de ser suficientes para pagar los gastos comprometidos. Y ahí se rompió todo. Es decir, el «sistema» no tiene dinero para pagar; y cada vez tendrá menos, porque los ingresos por cotizaciones se van alejando de los gastos por pensiones contributivas. No obstante lo cierto es que el ente que paga pensiones no es la Seguridad Social, es el Estado español en su conjunto, con el total de impuestos que recauda por todo tipo de conceptos.

 

Según Fedea en su informe «Evolución reciente y situación financiera actual del sistema público de pensiones», los ingresos por cotizaciones han pasado del 9,1 al 9,0% del PIB entre 2010 y 2023

Nota: ingresos sin contar el MEI, que no es una cotización, y detrayendo el gasto que debe destinarse a otras prestaciones contributivas, como la incapacidad temporal]. Enfrente, los gastos por prestaciones contributivas han pasado del 9,8% del PIB al 12,9%. Así, el resultado es que un déficit preocupante, pero manejable, del 0,9% del PIB en 2010 se ha convertido en un agujero de 3,8% del PIB en la actualidad (unos 55.000 millones de euros).

 

Los sucesivos gobiernos han ido maquinando triquiñuelas contables para evitar esta información: préstamos del Estado (que nunca se devolverán), transferencias corrientes, no incluyendo en las cuentas las pensiones de clases pasivas… Hablando de las tres-cuatro próximas décadas se puede afirmar con razonable seguridad que los números rojos de la parte contributiva seguirán ahí salvo milagro.

 

Nota: Evidentemente también podría cerrarse el «déficit del sistema» si cambian las reglas que definen la «contributividad». Si un Gobierno recorta 5 puntos el IRPF y sube esos mismos puntos las cotizaciones, seguramente la Seguridad Social tendría superávit, pero el saldo final del Estado sería el mismo

 

En definitiva, hay que tener la tranquilidad de saber que las pensiones NO dependen de las cotizaciones pues afortunadamente, hay otros ingresos del Estado que permitirán pagar las pensiones.

 

Además hay varias opciones para solucionar la cuestión:

 

  1. Recortar las pensiones de los actuales jubilados. Es la que tendría más impacto a medio plazo, pero la más complicada de manejar políticamente.

 

  1. Recortar las pensiones de los futuros jubilados, endureciendo los requisitos de acceso a la prestación: incremento de los años que se tienen en cuenta para el cálculo de la base, recortes por jubilación anticipada, retrasar la edad de jubilación… Esto ya se está haciendo y seguirá por el mismo camino. Pasa más desapercibido, lo que lo convierte en una reforma más sencilla de aprobar.

 

  1. Subir los impuestos finalistas para la jubilación (cotizaciones): no son finalistas, pero nos dicen que sí. Es la opción favorita desde hace años, entre otras cosas porque se vende que no los paga el trabajador sino el empresario, cuando en realidad todas la cotizaciones se generan por el trabajador, las abone tanto el propio trabajador o el empleador. El problema es que ya son muy elevados, por eso es complicado que se incrementen más.

 

  1. Nuevos impuestos disfrazados de cotizaciones: es la vía que eligió José Luis Escrivá para su no-reforma de las pensiones que en realidad fue una reforma fiscal. Tres nuevos impuestos (MEI, Cuota de Solidaridad y subida de las bases máximas) que no son cotizaciones en ningún caso pues no generan nuevos derechos en las prestaciones.

 

  1. Subidas del resto de impuestos para equilibrar el Presupuesto: IRPF, IVA, IIEE, etc… Probablemente habrá un poco de todo, porque el problema del incremento del gasto en pensiones es que presiona mucho el resto de las partidas. Los gobiernos lucharán por evitar recortes con los tributos menos impopulares

 

  1. Recortes en otras partidas del Presupuesto para mantener las pensiones sin subir impuestos

 

A partir de aquí, cada uno puede escoger cuál de las siguientes opciones le parece más justa o más factible, pero que alguna de ellas va a tener que aplicarse no está en duda pues si el gasto en pensiones sigue subiendo (y lo hará) y los ingresos por cotizaciones con los tipos actuales no lo igualan (y no lo harán), cualquier ministro de Seguridad Social tendrá que escoger qué alternativa prefiere. Y que sub-alternativa dentro de cada punto: ¿subir IVA o IRPF? ¿Subir años para el cálculo de la base o retrasar edad de jubilación?

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