La reforma laboral en debate es la escenificación de un acuerdo preconcebido por el Gobierno y sus correas de transmisión sindicales para promover a conveniencia la involución del ordenamiento vigente desde hace casi diez años en el mercado de trabajo
La cuestión de la temporalidad se está utilizando como fuego de distracción para ocultar los verdaderos objetivos perseguidos por la ministra sindicalista de trabajo.
Aquí y ahora lo que verdaderamente importa en la reforma laboral de Sánchez parece ser recuperar la ultraactividad que asegura la prórroga automática de los convenios e imponer el convenio sectorial sobre cualquier acuerdo individual que pueda negociar la empresa con los trabajadores en su ámbito libre y particular de actuación, sin la intervención necesaria de los “sindicatos de clase”. Estos son las dos grandes bazas que persiguen los sindicatos para volver por donde solían y recuperar en los despachos la legitimidad y el poder que han ido perdiendo como agentes sociales.
El maquillaje orientado a evitar tensiones con los sindicatos mayoritarios. UGT y CC.OO. han impreso su sello indeleble en pequeñas reformas de andar por casa pensadas con el objetivo prioritario de evitar la desafección de sus afiliados en activo, pero sin mayor preocupación por el resto de colectivos ajenos al control sindical.
No se entiende que el Estado que a día de hoy mantiene una de las mayores tasas de paro de toda la Unión Europea quiera echar por la borda una legislación que ha conseguido en los últimos meses del 2021 el milagro de alcanzar nuevos niveles de creación de empleo a partir de un crecimiento pírrico de tan sólo el 1% del Producto Interior Bruto.
Sánchez tiene la piel especialmente sensible a cualquier movilización de consideración pública que pueda alterar esa imagen progresista esculpida a golpe de concesiones con los grupos radicales nacionalistas y de ultraizquierda. Sánchez trata de ganarse la ‘pax social’ con UGT y CC.OO. para que controlen a pie de calle las eventuales protestas de los trabajadores durante todo lo que resta de legislatura
El supremacismo moral es el principal ingrediente del que se alimentan también los dos grandes representantes sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, para imponer su flamante jerarquía en las negociaciones de ese otro eufemismo que se ha dado en llamar el diálogo social.
La última propuesta de los empresarios se encuentra tan en las antípodas de las aspiraciones sindicales que estos la consideran agresiva y «absolutamente inasumible» y la negociación se enquista. Dado que se acaba el tiempo (la nueva norma tendría que aprobarse antes del 31 de diciembre para cumplir con Bruselas y no comprometer la llegada de fondos europeos), el Gobierno ha dicho que va a «priorizar el acuerdo sobre todas las cosas», lo que ha disparado las alarmas en los sindicatos, que temen que esto signifique una rebaja de las pretensiones iniciales. «Si el Gobierno tuviera la tentación de, para facilitar un acuerdo con la patronal, devaluar estos contenidos, con quien va a tener un problema para llegar a acuerdos va a ser con los sindicatos (…) Si se bloquea la mesa, se iniciará un proceso de movilización de alto voltaje«, ha amenazado Sordo..
Sánchez no debería olvidar que Zapatero terminó zarandeado de mala manera por Bruselas, hasta el punto de verse obligado a retrasar la edad de jubilación a los 67 años y aumentar de 15 a 25 años el periodo de cálculo de las pensiones. Nunca jamás el sacrosanto estado del bienestar ha sufrido un varapalo de tamaña envergadura, como evidencia el hecho de que el 80% de la reducción del gasto contabilizado en la última década dentro del sistema público de pensiones proceden de la reforma socialista de 2011 y solo el 20% correspondían a los ajustes posteriores adoptados por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.
