El SMI, o Salario Mínimo Interprofesional, es la retribución mínima que por ley debe recibir cualquier trabajador, independientemente de su empleo o profesión.
Defender la subida del salario mínimo supone también asumir que esta renta debe estar sujeta a tributación, como, por ejemplo, las pensiones de similar misma cuantía
Cabe recordar que Trabajo no está obligado a negociar el incremento del SMI, sólo a realizar consultas, aunque el planteamiento de Díaz es el de tratar de lograr un acuerdo con sindicatos y empresarios en esta materia. La hemeroteca del diálogo social para elevar el SMI recuerda que desde 2020 las alzas están acordándose sin la patronal. La subida acordada el pasado febrero para 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, fue la última rubricada sólo entre Trabajo y sindicatos; los empresarios no se sumaron, como tampoco lo hicieron en las cuatro ocasiones anteriores. Hay que retroceder cinco años, a 2020, para toparse con la última vez que CEOE y Cepyme respaldaron el aumento del SMI, cuando el SMI pasó de 900 a 950 euros mensuales
La mejora del salario mínimo constituye una de las principales banderas del Gobierno de coalición desde que inició su andadura. Esta renta ha subido un 61% desde que Pedro Sánchez llegó a poder, en 2018. Para el año próximo, el informe de los expertos designados por Trabajo ha propuesto un incremento del 3,1% si el salario mínimo no está sometido a tributación, y más alto, del 4,7%, si aporta al IRPF. Eso supondrá que quede en una horquilla de entre 1.221 y 1.240 euros brutos al mes.
El ministerio que dirige Yolanda Díaz aún tardará –previsiblemente– en concretar su propuesta final, basada en este informe. La expectativa es que se aproxime bastante a esos números. Pero, al margen de que el salario mínimo español, que hace años estaba a la cola de la UE, siga subiendo por encima de la inflación, el grueso del debate se centra este año en si debe empezar a tributar o sería aconsejable que permaneciera exento.
Eximir de aportaciones al IRPF a los trabajadores con ingresos muy limitados tiene sentido por corresponsabilidad fiscal. Un sistema tributario progresivo debe hacer recaer el mayor peso en quienes más ingresan. Pero defender que las percepciones mínimas del trabajo alcancen un nivel digno supone también asumir que esas cantidades van a aportar al fisco.
El debate ya se planteó el año pasado y generó un importante choque entre los dos partidos del Gobierno. Para evitar más tensión –Díaz defendía que no debía tributar, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abogaba por someterlo al impuesto, como otras rentas de los declarantes–, el Ejecutivo decidió finalmente aplicar una deducción específica para compensar a los trabajadores afectados. Con esta solución salomónica, los perceptores del salario mínimo empezaron a tributar, pero recibieron, en la declaración presentada al año siguiente, una devolución por el mismo importe.
Hacienda parece dispuesta a hacer algo similar este año y Economía insiste en que lo importante es que el salario mínimo no pierda poder adquisitivo. Pero eximir sine die de aportar al fisco a un porcentaje cada vez mayor de los trabajadores no constituye una solución a largo plazo. Probablemente este colectivo –como mínimo la parte más vulnerable– merezca otro tipo de respaldo vinculado a su situación personal o familiar, pero no una exención completa que no tienen, por ejemplo, los pensionistas que perciban un ingreso equivalente. Contribuir a las arcas públicas constituye una de las mejores vías para dignificar ese salario y demostrar que no registra ya niveles ínfimos, como defienden buena parte de los expertos en tributación.
Fuente: Cobrar más y aportar al fisco | Opinión | Cinco Días
