Solo 730.000 pensionistas cobran más de 3.00 euros mensuales, con País Vasco, Asturias y Madrid a la cabeza
Seis de cada diez pensiones no superan los 1.500 euros mensuales
El sistema público de pensiones tuvo que abonar en el pasado mes de junio un total de 10.342.975 pensiones contributivas, según los datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. El coste de la nómina mensual de ese mes fue de 13.564 millones de euros, un 37,5% más que en el mismo mes del año 2020, hace solo cinco años. En esa fecha, el número de pensiones a pagar era de 9.754.740, es decir, 588.235 menos.
El mayor número de pensiones corresponde a jubilación, con cerca de 6,6 millones, el 63,65% del total y el 73,1% del coste total de la nómina mensual para el Estado. Le siguen en número e importancia las pensiones de viudedad, con casi 2,35 millones de beneficiarios y un coste mensual de 2.195 millones, el 16,2%. Completan los compromisos de la Seguridad Social 1,02 millones de pensiones de incapacidad permanente; 339.432 pensiones de orfandad y 46.491 pensiones de favor de familiares. El coste de estas tres últimas pensiones asciende cada mes a 1.454 millones de euros, el 10,7% de la nómina.
La cuantía de la pensión es uno de los temas sociales que más controversias genera en nuestro país. Casi nadie está contento con la pensión de jubilación que cobra. La respuesta más repetida es «con la pensión que cobro me cuesta llegar a fin de menos«. Y las estadísticas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones les da la razón a la mayoría: el 62,1% de las pensiones del mes de junio no superaban los 1.500 euros brutos. En esa situación se encuentran más de 6,4 millones de pensionistas.
El Gobierno fijó la pensión máxima para el presente año en 3.267,60 euros brutos mensuales, o lo que es igual, 45.746 euros brutos anuales. En España hay apenas 492.376 pensiones que superan los 3.200 euros brutos mensuales Representan únicamente el 4,76% del conjunto de las pensiones. Si exclusivamente nos referimos a las pensiones de jubilación, con esas condiciones existen 466.316, el 7% del total en esta clase, porque hay otras 25.811 pensiones máximas de incapacidad permanente; 201 de viudedad, 37 de orfandad y 11 de favor de familiares.
La cuantía de la pensión de jubilación está en relación directa con el número de años cotizados y la base de cotización del trabajador, es decir, el dinero que deja mensualmente en las arcas de la Seguridad Social el propio trabajador y su empresa. Para cobrar la pensión máxima en 2025, el Gobierno exige al trabajador haber cotizado 38 años o más para aquellos que quieran retirarse al cumplir los 65 años; y menos de 38 años para los que esperan a cumplir 66 años y seis meses.
Pero no basta con tener una vida laboral muy extensa por haber empezado a trabajar desde muy joven. Es necesario cotizar por la base máxima (4.909,50 euros este ejercicio) durante los últimos 25 años de vida laboral, lo que no está, desgraciadamente, al alcance de la mayoría de los trabajadores.
Según los datos del INSS, una tercera parte de las pensiones de jubilación está comprendida entre los 500 y los 1.000 euros brutos mensuales. Son algo más de 2,2 millones de pensionistas, que sumados a los que cobran por debajo de 500 euros al mes representan el 39,1% y más de 2,57 millones de personas. Además, hay 1,437 millones que cobran entre 1.000 y 1.500 euros, el 21,8% del total. Exclusivamente un 9,15% de los jubilados cobra más de 3.000 euros al mes, lo que les situaría en el segmento de los privilegiados que cobran las pensiones más altas. Si se tienen en cuenta todas las clases de pensiones, el porcentaje se reduce al 7,1%. Y si se incluyen los que reciben más de 2.500 euros mensuales, alcanza el 19%. El mayor porcentaje de pensiones se concentra en la banda de los 850-900 euros, con cerca 980.000, el 9,42% del total.
¿Hay uniformidad en las distintas comunidades autónomas? No. País Vasco, Asturias y Madrid son las regiones con mayor porcentaje de pensiones por encima de 3.000 euros mensuales, con el 12,9%, 12,1% y 11,4% del total de sus ámbitos, respectivamente. Todo lo contrario sucede en Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia, regiones en las que los porcentajes de “afortunados” se quedan en el 3,21%, 4,47% y 4,63%.
En un país en el que el envejecimiento poblacional y la sostenibilidad del sistema público de pensiones son temas que ponen en riesgo nuestro futuro, y que conviene abordar de una forma más urgente. Los datos actuales revelan una desigualdad silenciosa pero significativa: el lugar de residencia puede condicionar hasta en 300 euros mensuales la cuantía de la pensión.
A la cabeza de este ranking está el País Vasco, con una pensión media de 1.615,13 euros mensuales, frente a los 1.311,41 euros que marca la media estatal, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social correspondientes a junio de 2025.
Esta diferencia no es trivial, dado que supone más de 3.600 euros anuales de brecha entre dos personas jubiladas que hayan tenido trayectorias laborales equivalentes, pero estén domiciliadas en distintas comunidades autónomas. A nivel provincial, la distancia se acentúa aún más. Aquí Álava lidera con 1.639,76 euros, seguida por Bizkaia (1.627,41 euros) y Guipúzcoa (1.585,61 euros). El contraste con comunidades como Extremadura (1.107 euros) o Galicia (1.126 euros) es abrumador, configurando un mapa de pensiones donde la equidad territorial es, como mínimo, cuestionable.
¿Por qué el promedio de País Vasco es más alto?
Las razones que explican esta diferencia a favor de los jubilados vascos no se encuentran en una gestión autonómica del sistema, que es estatal y centralizado, sino en variables de fondo que convergen en una realidad socioeconómica muy particular. El primero de estos factores es el mercado laboral: los salarios medios en Euskadi han sido históricamente superiores a la media nacional, lo que repercute directamente en las bases de cotización y, por tanto, en la cuantía de la pensión recibida. A esto se suma una densidad profesional elevada, con menor presencia del trabajo informal o discontinuo, que resulta más frecuente en otras regiones.
El salario medio mensual, en términos brutos, fue de 2.273 euros en el año 2023, desde los 2.624 euros en País Vasco a los 1.915 en Extremadura
Otro factor clave es la cultura de previsión social. El País Vasco cuenta con un sistema de ahorro privado complementario muy desarrollado a través de las Entidades de Previsión Social Voluntaria. Estas entidades han acumulado más de 30.000 millones de euros, lo que equivale al 32% del PIB vasco, una proporción que triplica la media nacional. Aunque estos fondos no forman parte de la pensión pública, sí generan un efecto indirecto, dado que quienes tienen acceso a pensiones complementarias tienden a tener también mejores trayectorias laborales y cotizaciones más elevadas.
El tercer elemento que hay que tener en cuenta es el marco fiscal específico. Gracias a su régimen foral, Euskadi ha diseñado deducciones atractivas para las aportaciones a planes de pensiones privados, favoreciendo un ahorro que refuerza el colchón de la jubilación. Estas condiciones no solo fomentan la cultura del ahorro previsional, sino que contribuyen a un ecosistema económico donde la protección social es una prioridad.
Esta realidad, sin embargo, pone sobre la mesa un dilema que trasciende lo económico. ¿Hasta qué punto puede considerarse justo que dos personas con el mismo historial laboral perciban cantidades tan dispares únicamente por vivir en regiones diferentes? El artículo 41 de la Constitución establece un principio de igualdad en la protección social, pero la práctica demuestra que el sistema, aunque centralizado, produce resultados dispares.
La diferencia de 300 euros que separa al País Vasco del promedio nacional no es un dato que deba ser tomado a la ligera. Es el síntoma de una asimetría estructural que interpela directamente a la política pública. Mientras algunas voces abogan por una mayor descentralización en la gestión de las pensiones, otras alertan del riesgo de fragmentar un sistema cuyo principio básico debería ser la solidaridad interterritorial.
En definitiva, el caso del País Vasco actúa como espejo y advertencia. Mientras su pensión media marca un techo difícil de alcanzar para muchas regiones, su ejemplo revela también el potencial de una combinación virtuosa entre empleo de calidad, ahorro previsional y políticas fiscales eficaces. Lo que está en juego no es solo la pensión de hoy, sino el modelo de justicia social que se quiere construir para el futuro.
Fuente: Seis de cada diez pensiones no superan los 1.500 euros mensuales | Vozpópuli
