El plan de ahorro energético de Pedro Sánchez está provocando un aluvión de reacciones en contra, que tuvo su origen en un tuit de Isabel Díaz Ayuso en la noche del lunes y amenazó el martes con llevar el decreto al Tribunal Constitucional, y esa vía judicial también está siendo analizada por Juanma Moreno en Andalucía y por Fernando López Miras en Murcia.
Muy contundente se mostró la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al destapar la caja de pandora en Twitter indicando: “Madrid no se apaga. La respuesta es NO: reduzca 20.000 millones de gastos inútiles de sus 22 ministerios”. Isabel Díaz Ayuso, continúa con su campaña contra las medidas anunciadas por el Gobierno afirmando que «impone normas que solo obligan a la gente corriente, a los trabajadores, a los autónomos y los pequeños empresarios»
La Comunidad de Madrid ha insistido en que las medidas que dependan de las competencias exclusivas de la Comunidad son las que «no se aplicarán» y ha acusado al Gobierno central de tomar estas medidas «sin pactarlas con nadie» ya que las comunidades son las que «tienen las competencias en comercio». Adelantó que su gobierno no apagará la luz de los edificios públicos ni de los escaparates del comercio exterior para ahorrar porque, en su opinión, estas medidas generarían inseguridad y espantarían a turistas y consumidores, y ha reclamado al Gobierno que se trate a las administraciones “como a adultos“, reclamando que el plan de recorte energético no se aplique de la misma manera en todos los territorios.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid también cumplirá con el plan de ahorro energético del Gobierno, pero ha indicado que «las leyes que se dictan son de aplicación», aunque el plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno le parezca un decreto «frívolo» y que adolece de falta de «diálogo».
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha calificado de «pura propaganda» las diferentes limitaciones a la temperatura e iluminación en comercios y transporte establecidas por el Gobierno central, aunque ha subrayado que el Ejecutivo autonómico «siempre cumple la ley», por lo que sí aplicará dichas iniciativas.
En la CA de Murcia apuntan, “nos parecen unas medidas improvisadas, cosméticas e intervencionistas que vuelven a entrar en la libertad de los ciudadanos y de las empresas, con afecciones seguras al comercio, al turismo y a la hostelería” y estudiará también la legalidad del decreto: “No nos vamos a declarar insumisos ni rebeldes, pero tampoco vamos a decir a todo que sí“.
El Ejecutivo vasco se ha sumado a quienes dudan de la efectividad de estas medidas y el propio PNV, aliado del Gobierno en el Parlamento, ha recordado que País Vasco cuenta con su propio plan de ahorro, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. «La Ertzaintza no se va a dedicar a controlar termómetros», ha anunciado el Gobierno Vasco,
El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha advertido que “no cumplir o dar libertad, como dijo ayer el portavoz del PP, para cumplir o no este decreto es simplemente dar impunidad para cometer un delito“. Además ha añadido que “incumplir o no querer cumplir el decreto es situarse contra la UE, manifestar una absoluta insolidaridad con nuestros socios europeos, pero también insolidaridad con España y con los españoles porque, con esto, estamos tratando de impedir males mayores, que haya cierres de empresas o que repercuta en recortes en los consumos de las familias” y son medidas que no suponen “tanto sacrificio“.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de comportarse de forma “egoísta, unilateral e insolidaria“. Sánchez ha pedido a “todos los partidos políticos y administraciones públicas“ que huyan de cualquier comportamiento “egoísta y unilateral” que, en sus palabras, “no representa a la sociedad española”.
