SE SUBIRÁN LOS IMPUESTOS PUES LAS COTIZACIONES SON INSUFICIENTES PARA PAGAR LAS PENSIONES.

El agujero contable superó los 28.400 millones pese al aumento de las cotizaciones

La Seguridad Social ya ingresa uno de cada cinco euros del traspaso de ingresos tributarios

 

La sostenibilidad financiera de las cuentas de la Seguridad Social se mide por el balance entre los ingresos y los gastos. Precisamente, la Administración de las pensiones se mantiene en déficit permanente desde comienzos de la pasada década. La Ejecución Presupuestaria reflejó un nuevo desajuste del componente contributivo –los ingresos y pagos exclusivamente destinados a prestaciones contributivas– de 28.400 millones en 2023, casi el 2% del PIB. Los ingresos por transferencias del Estado, un traspaso de dinero generado a través de impuestos que recibe la caja de la Seguridad Social, desvirtúan este cálculo. Por ello, los expertos del Grupo de Investigación de Pensiones y Protección Social de varias universidades españolas aproximan el déficit contributivo del sistema resultante de la diferencia entre el gasto estrictamente contributivo y los ingresos que financian estas obligaciones.

 

El déficit permanente de las pensiones se produce incluso con el subidón de los ingresos por cotizaciones sociales de trabajadores y empresas, que aportaron un 10,3% durante el pasado curso y llenaron la caja de la Seguridad Social con unos 155.000 millones de euros. Además, la caja de las pensiones también incorpora los ingresos adicionales de la sobrecotización que se aplica sobre todas las nóminas, el llamado Mecanismo de Equidad Intergernacional (MEI), que arañó 2.700 millones.

 

En este contexto, la Seguridad Social se ve incapaz de cubrir el incremento anual de su nómina de pensiones contributivas, cuyo montante ascendió a 184.000 millones según el citado grupo de expertos, pese a recibir 14.385 millones más en cuotas que un año antes. De hecho, economistas como Miguel Ángel García calculan que el agujero contributivo generado el pasado curso sería mayor y rondaría los 35.000 millones.

 

Y es que el ritmo al que crece la factura de las prestaciones pisó el acelerador en 2023, con un incremento de 15.800 millones que supera a los nuevos ingresos. El principal factor que impulsa el desajuste es la revalorización de las pagas con la inflación para mantener el poder adquisitivo de los jubilados. A esto se le unen otros factores habituales, como la sustitución de las pagas más altas que entran al sistema en contraste con las más bajas que salen; y el crecimiento de pensionistas, que será más latente durante las dos décadas venideras en las que se jubilarán los boomers.

 

Las transferencias del Estado tienen un elevado peso en los ingresos del sistema: las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos ascendió a casi 40.000 millones (un 7,6% más). Este dinero financia aquellos gastos impropios que por ley no corresponden a la Seguridad Social, pero también se destinan a gastos contributivos complejos de aterrizar –de ahí la diferencia entre think tanks o expertos en el cálculo del déficit contributivo–. Sobre el papel, uno de cada cinco euros que ingresa el sistema se corresponden con ingresos tributarios que traspasa el Estado a la Administración de las pensiones.

 

Estas ayudas generan un ‘círculo vicioso’ de deuda. Como el sistema es deficitario, se endeuda con el propio Estado para poder pagar las pensiones. Y es la principal obligación que motiva que el grueso de la deuda se haya duplicado respecto al nivel previo a la pandemia, una vez los esfuerzos han aumentado.

 

En 2024, nada cambiará: la prórroga presupuestaria aboca a una nueva ayuda del Estado por valor de 40.000 millones. “Para algunos el sistema actual no es sostenible y para otros los problemas de sostenibilidad pueden resolverse si, tal como viene haciéndose desde hace tiempo, se usan parcialmente fuentes de financiación alternativas, como las procedentes de los impuestos generales y de la emisión de deuda pública que, eso sí, hay que devolver”, reflexiona el abogado de Mercer y miembro de Ocopen, Antonio Méndez Baiges.

 

“El problema ya parece endémico e in crescendo, por numerosos factores. Trasladar parte del déficit de las pensiones al Estado está en las propias recomendaciones del Pacto de Toledo. Y, hoy por hoy, debe enmarcarse en la reforma fiscal prometida a la Comisión Europea y, en el muy corto plazo, en la ausencia de presupuestos”, explica.

 

Nuevas medidas en camino

El Gobierno quiere garantizar las pensiones futuras con una batería de medidas encaminadas a mejorar los ingresos. La última reforma complementa a las acometidas la pasada década, que actuaron sobre la edad de jubilación, y también desactiva el recorte del gasto que hubiera impuesto el extinto Factor de Sostenibilidad. “España es uno de los países que más se verá afectado por el envejecimiento de su población. En este contexto uno de los puntos en los que debe poner el foco es en la sostenibilidad del sistema de reparto en el que se basa, sin descuidar la suficiencia, que a día de hoy es adecuada”, analiza Rafael Villanueva, Associate Director de Retirement de WTW.

 

Por ello, el ex ministro Escrivá diseñó una subida de cotizaciones: creó la citada cuota adicional del MEI; estableció un mecanismo por el que la subida de las bases máximas de cotización (destope) será mayor que el incremento de las pensiones máximas; y para los trabajadores que superan la base máxima de cotización también creó la denominada cuota de solidaridad, que gravará el tramo salarial que hasta ahora no abonaba cotizaciones sociales desde el entorno del 1% el año que viene hasta llegar al 7% en 2045, cuando está previsto que la reforma esté desplegada por completo. Junto a ello, el Gobierno confía en ahorrar dinero con el impulso de las jubilaciones demoradas y la marcha del mercado laboral.

 

El Gobierno prevé más transferencias del Estado

El Estado hace cada año transferencias milmillonarias a la Seguridad Social para contribuir al abono de las pensiones públicas, cuya cuantía mensual ya supera los 12.600 millones de euros, y sufragar el pago de gastos considerados “impropios” del sistema, que el año pasado supusieron 19.988 millones de euros y que el Gobierno baraja ampliar de aquí en adelante para poder costear de forma “plena” todos los gastos que no son de naturaleza contributiva.

 

“Desde los presupuestos generales del Estado de 2021 se ha incluido una aportación denominada “Transferencia para dar cumplimiento a la recomendación primera del Pacto de Toledo”. En ese año el importe fue de 13.929 millones de euros y en 2023 alcanzó los 19.888. Dicha aportación se dedica a la financiación de partidas que había ido asumiendo la Seguridad Social, pero que corresponden a otras políticas del Estado. Nuestra intención, aunque ya hemos recorrido la mayor parte del camino, es culminarlo con la separación total de fuentes con la asunción plena de todos los gastos impropios del sistema”, ha anunciado este lunes la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, durante su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso.

 

La ministra ha defendido que la separación de fuentes es importante para “robustecer la capacidad financiera” del sistema de pensiones y que, además, permitirá a España parecerse a otros países de referencia en los que hay una “fuerte implicación del Estado en la financiación del sistema de Seguridad Social y en particular de las pensiones”.

 

“Este hecho es hoy por hoy indiscutible: los sistemas de pensiones de los países de nuestro entorno no solo se financian con cotizaciones, sino también vía impuestos, lo que aumenta su carácter redistributivo. De esta forma avanzamos en la progresiva homologación a los países de nuestro entorno, en los que la implicación del Estado en la financiación de las pensiones públicas sigue suponiendo un cuarto y un tercio, respectivamente, del gasto en Francia o Alemania”, ha puesto como ejemplo.

Esta financiación procedente del Estado, y por tanto pagada con cargo a la recaudación de impuestos, es necesaria para mantener el creciente gasto del sistema, especialmente ahora que empieza a jubilarse la generación del babyboom y que todas las pensiones se revalorizan anualmente por ley conforme al IPC.

 

Para financiarlas, el sistema seguirá reforzando sus ingresos por cotizaciones -abonadas por trabajadores y empresas- con herramientas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con el que prevé acumular 25.000 millones de euros de aquí a 2027 en el Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones), o con la cuota de solidaridad que empezará a aplicarse el próximo año.

 

El Gobierno sacará a empresas y trabajadores otros 25.000 millones para pagar las pensiones

El plan del Gobierno consiste en seguir elevando cada año -y cada vez más- las cotizaciones a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

 

El Gobierno celebra que está llenando la hucha de las pensiones. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, presumió ayer lunes de que el Ejecutivo ha engordado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la famosa hucha) hasta superar los 6.000 millones de euros.

 

¿Y de donde sale esta suculenta cuantía? Pues de la subida masiva de cotizaciones sociales a empresas y trabajadores que estrenó el Gobierno el 1 de enero de 2023. Fue entonces cuando el todavía ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, puso en marcha el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una herramienta que asestó una estocada del 0,6% en las nóminas de todos los trabajadores y autónomos del país (el 0,5% fue a cargo de la empresa y el 0,1%, del trabajador).

 

La excusa de la creación del MEI fue la de sostener el aumento del gasto en pensiones que experimentará el sistema próximamente debido a la entrada masiva de los pensionistas nacidos en el baby boom (son los nacidos desde finales de los años cincuenta a principios de los setenta).

 

Sin embargo, la subida de cotizaciones no se quedará ahí: cada año, este incremento fiscal irá aumentando un poco más. Así, el 1 de enero de 2024, el Gobierno aceleró esa subida de cotizaciones al 0,7% para recaudar más de 9.100 millones cuando acabe este año.

 

El plan del Gobierno tiene como objetivo seguir elevando cada vez más las cotizaciones hasta los 1,2 puntos porcentuales en 2029. Por tanto, duplicarían la estocada fiscal en sólo 6 años. Saiz celebró que, al final de legislatura, en 2027, está previsto que la hucha disponga de más de 25.000 millones de euros. Eso sí, será gracias al esfuerzo de trabajadores y empresas.

 

Cabe recordar que, a pesar de que el Gobierno está extrayendo riqueza de la economía productiva para llenar la hucha, esta medida no será suficiente para equilibrar las cuentas del sistema de pensiones.

 

Y es quedesde hace ya muchos años el problema principal de la Seguridad Social es que las cotizaciones no alcanzan para cubrir el gasto en pensiones, por lo que el sistema se tiene que financiar una parte cada vez mayor con cargo a los Presupuestos del Estado. Así, aunque la hucha de las pensiones tenga más fondos, la Seguridad Social tendrá que seguir endeudándose y recibiendo dinero del Estado para pagar las prestaciones.

 

Sin embargo, para Elma Saiz, subir los impuestos al trabajo no tiene “impacto negativo alguno en el empleo”. No influye. La ministra de Seguridad Social también ha celebrado que el pasado mes de marzo, los ingresos por cotizaciones sociales registraron un incremento del 8,1% interanual entre enero y febrero de este año, alcanzando los 26.891 millones de euros sólo en dos meses, lo que supone 2.020 millones más que un año antes.

 

Fuentes:

El déficit de las pensiones roza el 2% del PIB en 2023 sin las ayudas del Estado (eleconomista.es)

El Gobierno se abre a más transferencias del Estado para financiar gastos de la Seguridad Social | Actualidad Económica (elmundo.es)

El Gobierno presume de que sacará a empresas y trabajadores otros 25.000 millones para pagar las pensiones – Libre Mercado

 

 

 

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