SATURNO DEVORANDO A SUS HIJOS: PENSIONES Y EL IPC ¿”LUCHA” ENTRE VULNERABLES

GASTO EN PENSIONES

El gasto en pensiones disparado “se comerá” en 2023 toda la recaudación de IVA e IRPF

 

El abono de 11,1 millones de prestaciones contributivas, no contributivas y de Clases Pasivas supondrá 175.430 millones en 2023 si la inflación cierra 2022 en el 8,1%, como pronostica la Comisión Europea.

 

La nómina de las pensiones contributivas, no contributivas y de Clases Pasivas supondrá el próximo año más de 175.400 millones de euros, de los que 14.210 millones serán consecuencia del alza de la inflación y la revalorización anual de las mismas con el IPC medio del año anterior El pago de estas prestaciones se comerá todo lo recaudado por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En 2021, con la economía a medio gas, se ingresaron 167.083 millones por estos dos tributos. Por su parte, la recaudación por el Impuesto de Sociedades, un tributo que el Gobierno utilizará para pegar un hachazo fiscal a bancos y eléctricas que pague parte del paquete de medidas sociales anunciado durante el Debate del Estado de la Nación, supuso el año pasado 26.800 millones

 

Cada mes, el gasto en pensiones contributivas supera los 10.800 millones, una cantidad que se duplica en junio y diciembre, y que obligará a un desembolso superior a 151.700 millones. Mientras, las no contributivas de 445.724 costarán este año 5.334 millones y las 685.000 funcionarios y militares jubilados por el régimen de Clases Pasivas casi 18.400 millones.

 

La inflación se ha convertido en uno de los principales problemas económicos para España especialmente, aunque no sólo, por el efecto que tendrá en el gasto futuro en pensiones, que año tras año sigue aumentando y que se disparará con la entrada en el sistema de la generación del ‘baby boom’, la más numerosas y que arrastra largas carreras de cotización y sueldos elevados, lo que garantiza unas prestaciones de jubilación muy elevadas.

 

En el mes de junio, último dato disponible, hasta 2.063 millones de euros de la factura final mensual de las pensiones, que ascendió a 10.832 millones, se debía a la revalorización anual de estas prestaciones. Al final el importe de la revalorización sumará más de 28.000 millones y el gasto total, cerca de 152.000 millones. Mientras, el importe que se dedican a las prestaciones mínimas supera los 500 millones de euros y otros 116 millones se destinan a otros complementos distintos de los mínimos, una vez incluidos el bonus para la jubilación tardía y los incentivos a la maternidad por reducción de la brecha de género

 

El gasto total en pensiones contributivas se ha incrementado en un 6,4% pasando de los 10.180 del sexto mes del año de 2021 a los 10.832 millones del mes pasado. La subida de las nóminas de los jubilados, ligándolas a la subida de los precios, ha supuesto que esta pase de media de 1.196 euros en diciembre del año pasado, a 1.254 en junio de 2022, casi un 5% más, debido a la revalorización, pero también porque los nuevos retirados llegan con mejores jubilaciones y los que se dan de baja contaban con prestaciones más bajas.

 

Los economistas instan al Gobierno a subir con el IPC sólo las pensiones mínimas

Los últimos datos y previsiones han hecho saltar todas las alarmas y algunos organismos, como el Banco de España, se han mostrado contrarios a que las pensiones aumenten de forma automática ligadas IPC, excepto las mínimas, por el económico que supone pues uno de cada cinco euros del gasto mensual en pensiones contributivas de este año -el 19%- se deberá al importe acumulado de la revalorización de las prestaciones.

 

Si bien las pensiones no son un elemento principalmente inflacionista alertan de un descuadre de las cuentas presupuestarias de entre «18.000 y 20.000 millones de euros», dependiendo del comportamiento de los precios este segundo semestre del año. De hecho, organismos como la AIReF pronostican ya un desvío de 13.000 millones de euros a causa de las pensiones, y Funcas plantea ya una inflación media anual cercana al 9%. Con sus previsiones, el IPC medio al que estarían indexadas las pensiones sería del 8,75%.

Este impacto, frente a un crecimiento insuficiente de las cotizaciones por el desvío que provoca un IPC que, en lo que va de año, «está en torno al 8,5%». A la revalorización de las pensiones con esta tasa, hay que añadir unos 2’5 puntos de crecimiento «natural» del gasto en pensiones como consecuencia del aumento en el número de pensionistas y la subida de sus bases medias de cotización.

 

El Colegio General de Economistas y Fedea instan al Gobierno a que las pensiones no suban de manera generalizada según el IPC el año que viene, tal como está contemplado en la ley, y solo lo hagan así las pensiones mínimas, las más vulnerables al encarecimiento de precios

 

Un pacto de rentas es aceptar que somos un poco más pobres y que se deben repartir equitativamente los costes de la crisis y por eso no puede limitarse a los trabajadores del sector privado -actualmente unos 17 millones de personas-, sino que también debe tener en cuenta a los funcionarios -sobre los 3 millones de personas- y a los pensionistas -unos 9,7 millones de personas- y por eso apuestan que el sueldo de los funcionarios debiera subir en la misma proporción que en el sector privado (ahora miso el 2,4) y sobre los pensionistas instan al Gobierno a modificar transitoriamente la reciente ley de pensiones, que establece que estas se revalorizarán cada año en función de la evolución del IPC medio.

 

El director de Fedea ha abogado por «modular» la subida de las pensiones por tramos de ingresos, distanciándose de una subida según el IPC según los ingresos disponibles. Es decir, a mayores ingresos, menor subida. Es por eso que sí ha apoyado subir las pensiones mínimas según la inflación. Desligar, como mínimo transitoriamente, las pensiones del IPC es posición común con otras entidades, como la gran patronal CEOE o el Banco de España y en contra, por el momento, del criterio manifestado en bloque por el Gobierno en sus numerosas intervenciones públicas a este respecto

 

Guerra entre vulnerables

Por un lado, se dice que una revalorización tan elevada no será asumible, por otro, que impediría atender otros compromisos centrales del gasto y la inversión públicos.

 

Sin menospreciar, en absoluto, las incertidumbres sobre la evolución de la situación económica, la realidad es que, efectivamente, se están produciendo importantes incrementos en la recaudación de tributos y cuotas de la Seguridad Social y de hecho, en los cinco primeros meses de este año, los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social han marcado un máximo histórico, creciendo un 12,6% más que en 2019 (antes de la pandemia). Este aumento interanual supera en un punto y medio el que registra el gasto en pensiones, lo que está contribuyendo a reducir el déficit del sistema.

 

Además, revalorizar las pensiones con el IPC no tiene ningún efecto en la transmisión de la inflación, toda vez que las pensiones no se incorporan a ningún proceso productivo y, por el contrario, actúan frente a cualquier contracción económica, al permitir mantener la demanda de un amplio colectivo.

 

Con datos oficiales de la Seguridad Social y del INE (2020), teniendo en cuenta 14 pagas anuales,  la pensión media, para todas las pensiones del sistema (9 millones de pensionistas), es de 1.090,2€/mes y de 1.254,7€/mes, la pensión media de jubilación y, en el ámbito de los trabajadores en activo, el salario más frecuente es de 1.320,0€/mes, (el salario medio de 1.797,5€/mes, es menos representativo por la fuerte desigualdad salarial.

 

Los análisis que pretenden enfrentar a pensionistas con trabajadores en activo intentan responsabilizar de la situación de los trabajadores en activo más vulnerables a los insolidarios pensionistas, y que revalorizar las pensiones con el IPC medio del año anterior revienta la solidaridad intergeneracional convirtiendo a los pensionistas en devoradores de sus hijos

 

Además, en relación con el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones, debe tenerse en cuenta que los actuales pensionistas y los que están entrando de la denominada generación “Baby Boom”, sí financiaron sus pensiones. Los datos de las cuentas oficiales de la Seguridad Social (1977-2017) así lo atestiguan.  Con unos amplísimos superávits a lo largo de más de 30 años, que fueron usados para financiar los Presupuestos Genérales del Estado, el Sistema de Pensiones Públicas generó un superávit acumulado en el periodo 1977/2017 que alcanzó, nada menos, que 843.290 millones de euros. Por tanto, si contemplamos el ciclo completo de vida de esta generación, los déficits futuros están totalmente financiados con los excedentes generados desde entonces.

 

Esto significa que el legítimo derecho de los pensionistas a no ver recortadas sus pensiones, además de ser de pura justicia social y ser perfectamente viable, está sustentado por sus cotizaciones.

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