El autónomo es plenamente consciente del peso del aparato estatal, porque en su cuenta corriente entran al menos 20 cargos por año desde la Administración Central (12 de la Seguridad Social, 4 por IRPF y otros 4 por IVA). El autónomo ve entrar en su cuenta corriente, cada mes, un recibo de la Seguridad Social de al menos 289 euros. Además, cada trimestre hace su autoliquidación del IRPF, que suele implicar otro cargo en la cuenta corriente. Aunque el IVA es un impuesto que paga el consumidor, el autónomo debe también hacer su liquidación trimestral, que se traduce en un recibo más.
También conoce de primera mano el peso burocrático, tanto por las “autoliquidaciones”, como por las “declaraciones informativas” (existen 42 en total, de las cuales un autónomo presenta, al menos, la de IVA, y, muy probablemente, la de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF y la de operaciones con terceros).
En cambio el trabajador por cuenta ajena no es consciente de esos impuestos ni de la burocracia que conllevan, pues su cuenta bancaria no sufre, de manera directa, los recibos correspondientes Su contribución a la Seguridad Social y la retención que corresponda por IRPF le son descontadas de su salario bruto. El empleador transfiere al Gobierno el dinero que tuvo que descontar al empleado. Una vez al año, el asalariado presenta a Hacienda su declaración de IRPF, que lo más usual es que le dé a devolver. Los asalariados no solo no sufren los continuos descuentos impositivos, sino que anualmente reciben en su cuenta un pago de Hacienda (lo que se le retuvo en exceso).
Desde un punto de vista práctico, el sistema es muy bueno: los asalariados prácticamente no tienen que hacer nada. Pero se evita que la gente sepa lo que paga por alimentar al Estado. Lo que es funcional, también es un mecanismo que oculta esa información.
A modo de ejemplo. Una persona (soltera y sin hijos) con un salario bruto de 1.400 euros, sufre una retención del 24% por IRPF y otra de 6,35% por cotizaciones sociales. Por lo tanto, se le descuentan 424,9 euros y recibe en su cuenta el neto de 975,1 euros. Como el mínimo personal exento es de 5.550 euros y, además, las rentas inferiores a 12.450 euros no pagan, recibirá la devolución del grueso de la retención. Le devolverán miles de euros y así, tendrá la impresión de que el gasto público lo pagan otros.
El empleador ingresó un mínimo de 30,8% del salario del empleado como cuota a la SS. Aunque “parece” que eso lo paga el empresario, lo cierto es que también lo paga el asalariado, aunque él no lo ingrese, pues lo genera directamente su trabajo. Solo por esto, paga, al menos, 6.036,8 euros anuales. Si suponemos que gasta el 80% de su salario, podemos estimar que, por IVA, paga unos 2.200 euros más. Así, este asalariado, aunque le devuelvan todo lo retenido por IRPF, paga no menos de 8.200 euros anuales de impuestos (¡casi 6 nóminas!).
Un primer paso para desmontar este engaño para ingenuos sería hacer que los empleadores paguen los salarios brutos (sin descuentos, y que simultáneamente Hacienda (IRPF) y la Seguridad Social (cotizaciones), pasen sus respectivos recibos a cada asalariado. Al saber lo que paga cada mes, la gente se daría cuenta de que la demagogia y la gestión inepta de la cosa pública tienen un impacto directo en su cuenta corriente. El cuento de que solo pagan “los ricos” sería más difícil de colar.
Más del 90% de los ingresos de las administraciones públicas llegan a través del cobro de impuestos. Hay muchos tipos y clases de tributos:
- En impuestos sobre el consumo, el más conocido y el que más recauda es el IVA. Se recaudan 85.227 millones con el resto de tributos al consumo donde se incluyen los impuestos especiales (Alcohol, Cerveza, Hidrocarburos, Labores del Tabaco, Electricidad, Carbón…), y otros tributos menores como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Y, por supuesto, los tributos propios de comunidades autónomas y ayuntamientos relacionados con estos conceptos donde se incluye la recaudación por IBI y por el IAE.
- En los impuestos sobre la renta y el Patrimoniotenemos el IRPF, Sociedades y Patrimonio.
- Por último, losimpuestos sobre el capital fundamentalmente los gravámenes sobre sucesiones y donaciones.
Además, habría que tenerse en cuenta las cotizaciones sociales pues, en definitiva son un impuesto al trabajo. Y un impuesto elevado, que impacta sobre la competitividad y los costes de las empresas españolas: 125.000 millones que se recaudan en total por este concepto
Puede ser interesante analizar cómo han evolucionado estos ingresos a lo largo de los años según las estadísticas de la OCDE y que NO es cierto que España tenga un nivel anormalmente bajo de ingresos tributarios. Si miramos al conjunto de países ricos (los que incluye la OCDE en sus listas) estamos en la media. Por debajo de países como Francia (46,1% de presión fiscal), Italia (42,1%) o Alemania (38,2%); y por encima de otros como Reino Unido (33,5%) o Irlanda (22,3%).
Los Estados se financian con la recaudación de impuestos, las cotizaciones de los trabajadores, la inversión estatal, los préstamos y, en menor medida, con las tasas de las Administraciones y los ingresos patrimoniales y de las empresas públicas. Estos ingresos financian servicios como la sanidad, la justicia o la educación, las prestaciones sociales (entre ellas las pensiones de todo tipo) o el mantenimiento de la Administración, las infraestructuras y las fuerzas de seguridad.
Los impuestos directos gravan los ingresos de los ciudadanos y empresas en función de su nivel de riqueza. Su finalidad es recaudar pero también distribuir la riqueza del país entre toda la población. Las formas más conocidas son el impuesto sobre la renta, que se aplica sobre el patrimonio personal, y el impuesto de sociedades, que grava el beneficio que obtienen las empresas. Las cotizaciones laborales siguen un funcionamiento parecido respecto a los sueldos. Trabajadores y empresarios aportan un porcentaje de su salario, según lo que ganen, que se destina a otras prestaciones económicas, como financiar las pensiones de los jubilados.
Los impuestos indirectos, al contrario que los directos, no son progresivos, se aplican a todos los ciudadanos por igual cuando consumen un producto o servicio. El más conocido es el impuesto sobre el valor añadido, (IVA), que grava una compra sumando un porcentaje a su precio. Si el bien adquirido es de primera necesidad, como el pan, el porcentaje es mejor que si es de lujo, como un perfume. Ciertos artículos pueden ser gravados además con impuestos indirectos especiales, destinados tanto a recaudar como a desincentivar su consumo: es el caso del alcohol, el tabaco o el combustible. Otro impuesto indirecto son los aranceles, que se aplican a las mercancías que se venden o compran a otros países.
Otra vía de ingresos son las tasas que la Administración impone al ciudadano por hacer un uso particular del espacio público, como calles o aceras. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los ayuntamientos cobran por aparcar o por adquirir un espacio de aparcamiento permanente, como los vados. El interesado paga por estacionar su coche en la vía pública, que ha sido pagada con los impuestos de todos. La Administración también cobra por expedir documentos de identidad, entradas a museos o tasas de matrículas a la universidad.
Los ingresos patrimoniales funcionan de forma similar: el Estado los obtiene de cobrar a empresas por explotar terrenos públicos, como campos de cultivo o bosques, o de venderles derechos para emitir gases contaminantes. El sector público también obtiene dinero cuando vende sus bienes públicos, como solares o fincas. Por otro lado, los Gobiernos pueden poseer empresas públicas para aumentar sus ingresos o prestar servicios y cobrar por ellos, como en el caso de la mensajería o el transporte público.
La fuente más abstracta de financiación son los préstamos. El Estado puede prestar dinero a entidades públicas, privadas o extranjeras, y recibir intereses a cambio. Pero también puede pedir prestado a estas entidades cuando sus ingresos no sean suficientes para costear sus gastos. Se dice entonces que el Estado se financia con deuda pública: el conjunto de pagos pendientes del país hacia sus acreedores. Acumular deuda implica que la riqueza que genera el país no siempre irá para sus ciudadanos, sino para pagar el déficit.
Por último, el sector público puede recibir transferencias de organizaciones internacionales centradas en el desarrollo económico y social u otros organismos que no esperan una devolución de esas transferencias. Un ejemplo son los fondos que la Unión Europea hace a los países miembros para promover el crecimiento económico, la agricultura nacional o la cohesión social.
