Sin embargo, la ministra Elma Saiz defiende en la sostenibilidad del sistema de pensiones
Los expertos, en cambio, consideran que esto detrae recursos de otras partidas clave y que evidencia el desequilibrio que sufre la Seguridad Social
La Seguridad Social recibe inyecciones a través de los Presupuestos por los gastos impropios
La ministra quiere homologarnos con Alemania o Francia, donde se financia hasta 33% del gasto En España los créditos a coste cero concedidos por el Tesoro ya financian algo más del 20% del desembolso anual en pensiones.
El Gobierno quiere consolidar que parte de las pensiones corran a cargo del Estado, que no es otra cosa que las prestaciones se paguen con impuestos y no sólo con cotizaciones. Es lo que el Ejecutivo ha hecho al crear la denominada figura de los gastos impropios y que, según ha explicado este jueves la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, es algo positivo. “Los sistemas de pensiones de los países de nuestro entorno no solo se financian con cotizaciones, sino también vía indirecta, lo que aumenta el carácter redistributivo de la riqueza”, ha declarado
Saiz ha recordado que desde los Presupuestos de 2021 el Ejecutivo ha incluido una aportación denominada ‘Transferencia para dar cumplimiento a la recomendación primera del Pacto de Toledo’, que en ese ejercicio ascendió a 13.929 millones de euros y que en 2023 rozó incluso los 20.000 millones. Esta partida presupuestaria especialmente relevante los últimos cursos. Los créditos (o deuda) que concede el Tesoro a la Seguridad Social han pasado de suponer el 0,6% del PIB en 2010 a representar ya el 3% del PIB en 2023. Financian el coste de las pensiones de los funcionarios de las Clases Pasivas, que crecerá durante las próximas décadas por el mayor número de jubilados, y parte de los citados gastos impropios, aunque algunos técnicos denuncian cierta opacidad.
La posibilidad de dotar de una mayor presencia a las inyecciones del Estado sobre los ingresos de la Seguridad Social también la puso sobre la mesa CCOO hace unos meses, entonces cuestionados por la cláusula de cierre de la última reforma y la posibilidad de tener que implementar un recorte del gasto, más ingresos o una combinación de ambas palancas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.
Sin embargo, la estrechez fiscal que demanda la Comisión Europea choca con la estrategia de la titular de la Seguridad Social. El ajuste fiscal -entendido como reducción del déficit primario, restando el coste de los intereses que pagamos por deuda- está previsto por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en mínimo 6.000 millones anuales durante siete años (el 0,4% del PIB, aproximadamente), que podrían convertirse en más de 9.000 millones (algo más del 0,6% del PIB) si el Gobierno no plantea una senda fiscal convincente y Bruselas ejerce sobre España la vía rápida, de mayor exigencia.
Así en absoluto se va a dar marcha atrás en una medida que ha sido muy discutida desde el ámbito económico. Los expertos en pensiones señalan, en la inmensa mayoría de casos, que el sistemas de pensiones está pensado para financiarse con cotizaciones, dudan de esa figura de gastos impropios y subrayan que si se destinan impuesto a las pensiones se están detrayendo recursos de otras partidas. Por ejemplo, de Educación, Sanidad o Investigación. Y añaden, además, que el hecho de que se tengan que destinar impuesto al pago de pensiones es una clara muestra de que el sistema no es sostenible.
Para Saiz, en cambio, el sistema es totalmente “sostenible” y que el Ejecutivo ofrece “certidumbre” a los pensionistas actuales y también a los más jóvenes con su última reforma, y que Europa apoya esta nueva legislación obviando las dudas que también se han mostrado desde Bruselas.
Sin embargo, entidades aseguradoras ya han advertido que a largo plazo no habrá más remedio que combinar las pensiones privadas con las públicas. La principal causa será la evolución de la demografía, es decir, por la falta de trabajadores en relación con el alto número de personas mayores que habrá.
