PRIMEROS ESCARCEOS SOBRE EL FUTURO FONDO PÚBLICO DE LOS PLANES DE PENSIONES DE EMPRESA (PPE)

Escrivá trabaja en el desarrollo legal de una fórmula inédita en España, los planes simplificados de pensiones para empleados, para generalizar el ahorro complementario entre micropymes y trabajadores por cuenta propia

 

Antecedentes

Los planes de pensiones de empleo (PPE) son instrumentos de ahorro-previsión a largo plazo que promueven las empresas para sus trabajadores, con el objetivo de complementar la pensión pública de jubilación a percibir por la Seguridad Social. Generalmente las apotaciones las hace el promotor (la empresa) en favor de sus trabajadores, como parte de su retribución, pero  también hay PPE que están abiertos a que los empleados hagan sus propias aportaciones por su cuenta.

 

Los planes de empleo existen en España desde la promulgación de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones de 1987. Actualmente, los planes de pensiones de empleo tienen un patrimonio de casi 35.000 millones de euros (frente a los 84.500 millones de los planes individuales) y tienen cerca de dos millones de partícipes. En España apenas el 1% del total de empresas tienen constituido un PPE para sus trabajadores y solo uno de cada seis trabajadores españoles cuenta con este tipo de ahorro, frente a uno de cada dos en Alemania o Francia.

 

El Gobierno ha decidido impulsar los PPE y decidió en los PGE 2021 desplazar las ventajas fiscales de los planes de pensiones individuales a los PPE, rebajando el límite de deducción por aportaciones a planes de pensiones individuales de  8.000 a 2.000 euros anuales, mientras que el límite para los planes de empleo se elevó de 8.000 a 10.000 euros al año. Además está comprometido a la promoción de un PPE que permitirá dar cobertura especialmente a pymes y autónomos, dos colectivos que acceden en menor medida a los PPE.

 

Los PPE están adscritos a un fondo de pensiones, a través del cual se canalizan las inversiones para cumplir con el objetivo del plan. El fondo de pensiones lo gestiona una entidad gestora, que está supervisada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía.

 

El Plan España 2050 presentado recientemente por el Ejecutivo, y que hace una prospección de cómo puede ser el país dentro de tres décadas, señala que en ese año por cada mayor de 64 años habrá solo 1,7 personas en edad de trabajar, frente a las 3,4 actuales. Por ello, se están planteando medidas para paliar los efectos de tener menos cotizantes para cada vez más pensionistas y garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Con este objetivo, el Gobierno ha apostado por potenciar los PPE y ha anunciado la promoción de un Fondo Público de Pensiones de Empleo que se propone dar cobertura especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los autónomos.

 

Los cambios aplicados suponen una ventaja que, de momento, solo pueden disfrutar quienes trabajen en una empresa que haya constituido los PPE como vehículo de ahorro para su plantilla. Pero si la implantación de los PPR no será efectiva si no viene acompañado de otras medidas como son ventajas fiscales para las empresas que los ofrezcan y la obligatoriedad de recibir una parte del salario en este tipo de productos por defecto.

 

El Gobierno se comprometió a tener listo el Fondo Público de Pensiones de Empleo antes de que finalice 2021 y ya ha empezado a trabajar en los detalles. Este Fondo tendrá como objetivo principal canalizar el ahorro de los trabajadores de las pymes y de los autónomos.

 

La finalidad es propiciar la “adscripción automática” a un PPE “cuando un empleado empieza a trabajar en una empresa”, así como la vinculación por defecto de todos los PPE al Fondo Público de Pensiones de Empleo. La intención del Gobierno es “ponerlo fácil para que haya una oferta competitiva de gestión privada, accesible y barata”.

 

Todo apunta a que será un sistema basado en el automatic enrolment vigente en el Reino Unido desde 2012. Con él la empresa está obligada a cubrir a todos los empleados que cumplen unos requisitos mínimos, mientras que el trabajador puede renunciar libremente a formar parte de esta fórmula, algo que no ocurre mucho, ya que el 87% de los empleados británicos está cubierto por este modelo. Cuando se puso en marcha en 2012, la aportación suponía el 2% del salario total y, actualmente, ya representa el 8%. El coste se reparte de la siguiente manera: el 3% lo asume el empresario; el 4%, el empleado; y el 1%, el Estado en forma de deducciones fiscales.

 

Últimas novedades.

La Seguridad Social ha empezado a trabajar en la regulación de un nuevo modelo de planes de pensiones de empresa, inédito en España, para tratar de extender el ahorro privado para la jubilación más allá de las grandes empresas y en concreto para hacerlo entre las micropymes y los trabajadores autónomos, según aseguran fuentes conocedoras del proyecto y confirman fuentes de la Seguridad Social.

 

El modelo se inspira en los denominados planes simplificados de pensiones para empleados, los SEP según sus siglas en inglés, un sistema que ha tenido éxito en otros países como mecanismo de atracción y retención de talento y programa de salario diferido en empresas de pequeño tamaño, y que suele sostenerse en un esquema fiscal que permite a las empresas deducirse todas las contribuciones realizadas al plan y que tampoco las considera gravables para los empleados.

 

Desde Seguridad Social se limitan a decir que se trata de “una modificación de los actuales planes de pensiones para reforzar el papel de la negociación colectiva” y que si bien ésta se orienta hacia el colectivo de autónomos y micropymes, “no será exclusivo para ellos“.

 

El Plan Anual Normativo del Gobierno para 2021 ofrece alguna pista más sobre las intenciones del Ejecutivo. La idea es afrontar la regulación legal de esta figura en el marco del proyecto de ley – comprometido en los Presupuestos de 2021 – que modificará la normativa de los planes y los fondos de pensiones para habilitar la posibilidad de constituir un gran Fondo de Pensiones Público, pero que ahora Escrivá también pretende utilizar para “impulsar la creación de los planes de pensiones de empleo simplificados“, según se precisa en el documento gubernamental publicado hace unos días.

 

El objetivo, según señala el mismo documento, es “promover y mejorar la previsión social complementaria del ámbito profesional”. El Gobierno retoma esta bandera después de haberle propinado un severo zarandeo con su decisión de reducir de 8.000 a 2.000 euros la cuantía desgravable de las aportaciones a planes de pensiones individuales, una decisión que impactaría de forma singular sobre los autónomos que utilizan de forma bastante habitual este instrumento para complementar su pensión de jubilación.

 

Fuentes conocedoras del proyecto del departamento que dirige José Luis Escrivá revelan que el equipo del ministro ha rastreado durante los últimos meses las fórmulas que ya existen en otros países europeos en busca de una figura que se pudiera adaptar mejor a un tejido productivo como el español, con una concentración especialmente importante de autónomos y microempresas, y que la apuesta por los planes simplificados de pensiones para empleados es el fruto de esa búsqueda.

 

Aunque su desarrollo normativo le otorgará previsiblemente unas características singulares, la fotografía general es que se trata, en primer lugar, de planes muy sencillos de poner en marcha, flexibles, que permiten su activación por parte de cualquier tipo de empleador – empresas de un solo dueño, asociaciones, ONGs,… – y que se dotan en exclusiva con aportaciones del empleador, muchas veces vinculadas a la obtención de beneficios y sin el imperativo de realizar aportaciones todos los años. Esas aportaciones suelen capitalizarse en una cuenta, cuya gestión se puede encargar a una entidad privada o, si fuera el caso, a un organismo público…

 

La estrategia del Gobierno es conseguir un trasvase de esas aportaciones desde los planes individuales hasta los planes de empresa – que hoy solo existen en un 1% de las empresas españolas- , supervisados desde la negociación colectiva y para los que José Luis Escrivá ha comprometido ayudas fiscales más generosas y costes de gestión menos gravosos en el futuro. En última instancia, el plan de Escrivá es que una buena parte de todos esos planes de pensiones de empleo se integren en el ‘macrofondo’ de pensiones público que constituye uno de sus proyectos más emblemáticos de la legislatura.

 

Fuente: La Información

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