PRIMERAS REACCIONES AL FONDO DE PENSIONES DE PROMOCIÓN PÚBLICA (FPPP)

Los primeros balbuceos de estos PPE ya se indicaban en la Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado en junio de 2021 que recogía la Recomendación 16 del Pacto de Toledo.

 

Ahora, el ministro José Luis Escrivá ya ha puesto sobre la mesa de sindicatos y patronal el esquema de los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública y de planes de pensiones de empleo simplificados, que el titular de Seguridad Social se ha propuesto tener consensuado, incluso, antes de final de año, pese a que los sindicatos no tienen prisa por negociar esta nueva plataforma de planes de empresa, al menos, no antes de terminar de perfilar los flecos de la reforma de pensiones auspiciada por el Pacto de Toledo.

 

De aprobarse el nuevo esquema diseñado por el ministro, este súper fondo de empleo permitirá el acceso a los distintos planes colectivos a personas que ahora mismo no tienen posibilidades, como los autónomos o los trabajadores de microempresas, pymes, empresas medianas y empresas que no disponen de representación sindical.

 

El documento presentado por el ministro Escrivá justifica este vuelco a la estructura de los planes de empleo por el estancamiento de este tipo de fondos y su relativa irrelevancia con respecto a los planes de pensiones individuales en nuestro país pues en la primera fase de implantación, de 1987 a 1998, alcanzaron los 300.000 partícipes con unos 10.000 millones de euros de patrimonio. Posteriormente, se registró un crecimiento significativo hasta alcanzar 1,8 millones de partícipes-empleados con un patrimonio de 31.650 millones de euros en 2007 siendo los factores determinantes de la expansión el proceso de exteriorización de compromisos por pensiones y la promoción de planes en la administración pública. Por último, al inicio de la crisis financiera, estos planes sufrieron una ralentización en el crecimiento de partícipes y de patrimonio a medida que la crisis se iba agravando. Otros factores relevantes fueron la suspensión de aportaciones a los empleados públicos y un número creciente de prestaciones por jubilación conforme los colectivos cubiertos envejecieron.

 

El efecto final ha sido el estancamiento del patrimonio de los planes de empleo desde 2012, situándose en 35.681 millones de euros de patrimonio al cierre de 2020 y superando ligeramente los dos millones de partícipes. Una de las razones del ministro para fomentar los planes de pensiones de empleo, en detrimento de los planes individuales, tiene relación con el informe de la AIREF y su constatación de que los incentivos fiscales de los planes individuales son de carácter regresivo, benefician más a los partícipes más ricos, y no sirven como instrumento de ahorro a medio y largo plazo.

 

Comisión de control

El Gobierno creará una comisión de control especial, formada por 17 miembros, para todos los fondos de pensiones de promoción pública. Tendría 9 representantes elegidos por el ministerio, 4 por los sindicatos y 4 por la patronal, con lo cual, el Ejecutivo se asegura el control, en caso de empates. El mandato de este organismo sería de 6 años, y existe la obligatoriedad de que al menos el 40% de sus miembros deberán ser mujeres.

 

Se trata de una comisión que recibirá retribución, textualmente, el anteproyecto dice que dicha remuneración “se determinará reglamentariamente y podrá tener un componente variable en función […] de los resultados de rentabilidad a largo plazo y del riesgo asumido”.

 

Gestoras

Con una periodicidad máxima de 3 años, el Gobierno abrirá un concurso entre gestoras de fondos de pensiones para la constitución de nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Las entidades deberán cumplir una serie de requisitos: un patrimonio bajo gestión en fondos de pensiones superior a 1.000 millones de euros al cierre del ejercicio anterior, o estar constituidas como mutualidad de previsión social cuyas provisiones matemáticas superen los 1.000 millones, además de presentar un máximo de tres propuestas.

 

Esto incluiría a bancos (CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Kutxabank, Ibercaja, Abanca y Renta 4 Banco); aseguradoras como Mapfre y Santalucía; firmas independientes como Bestinver; cooperativas de crédito como Caja Rural y Cajamar, y grupos extranjeros, como National Nederlanden, Deutsche Zurich Pensiones o Caser (propiedad ahora del grupo suizo Helvetia). También podrán hacer sus propuestas las cinco mayores mutualidades de previsión social: la Mutualidad de la Abogacía, la Hermandad Nacional de Arquitectos; la Mutualidad de Empleados del Banco de España, Loreto Mutua (de los pilotos y el personal aéreo) y PSN (ligada a médicos y otros licenciados universitarios).

 

Se podrá promover el cambio en la gestorahabrá fondos de pensiones de renta fija, mixta y variable, con diferentes grados de riesgo inversor para el partícipe, y se creará una plataforma digital única donde se podrá elegir entre distintos planes. También se prevé que el ministerio convoque cada 3 años un procedimiento entre entidades gestoras de fondos de pensiones para la constitución y gestión de nuevos fondos de empleo de promoción pública.

 

Comisiones

Esta gran plataforma de fondos de empleo bajo la que se agruparían multitud de planes colectivos de empresa tendría como aliciente menores comisiones que las actuales: los partícipes pagarían como máximo un 0,5% por su plan de empleo (un 0,4% aplicaría la entidad gestora y un 0,1% la depositaria), lo que significaría un significativo abaratamiento desde el actual tope legal de estos planes.

 

Se tratará de un abaratamiento substancial en comparación con las que se pagan ahora en los planes privados individuales de la actualidad: el 0,20% por la comisión depositaria y una media del 1,25 % por gestión. Si el plan es de renta fija, la comisión máxima es del 0,85%, si es de renta mixta, del 1,3%; y si es de renta variable, el tope es del 1,5%. Es decir, las comisiones totales de los planes del sistema individual oscilan entre el 1,05% y el 1,7% frente al 0,5% de los planes de empresa de promoción pública.

 

¿Dónde invertirán los planes?

  • Inversión responsable. Las inversiones de los FPPP siempre se harán en interés del partícipe. Ahora bien, el ministerio quiere que el proceso de inversión se haga teniendo en cuenta criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, una tendencia cada vez más incorporada en la industria de gestión de activos.
  • Rentabilidad. En la gestión de los riesgos financieros “se tendrá en cuenta una adecuada ponderación de la rentabilidad y el riesgo incurrido”. Además, se intentará fomentar que los partícipes más jóvenes puedan incurrir en mayores riesgos mientras que los que estén más cerca de la edad de jubilación tengan una cartera más conservadora.
  • Finanzas sostenibles. Desde Seguridad Social se quiere que los nuevos fondos de pensiones de promoción pública contribuyan “a financiar las transformaciones energéticas y fomentando la innovación social en aspectos tan relevantes como la vivienda social, los microcréditos o el control de la cadena de suministros”.
  • Adscripción. Los planes de simplificados podrán adscribirse a fondos de pensiones de diferentes gestoras y orientaciones “para adecuarse mejor al ciclo de vida del partícipe”.

 

Planes de Empleo simplificados

Como gran novedad, se crea la figura de los planes de empleo simplificados, a los que podrán incorporarse los funcionarios y los autónomos: cada asociación de autónomos, Administración pública o patronal sectorial deberá presentar hasta 3 propuestas de gestoras para que se encarguen de administrar el dinero que se vaya depositando a favor de los trabajadores. También podrán acogerse a estos planes las mutualidades, colegios profesionales y cualquier entidad legalmente habilitada para promover planes de pensiones.

 

Aunque no existe referencia al tratamiento fiscal  los planes de empleo simplificados es de suponer que tendrán la misma fiscalidad que los planes de empleo convencionales, hasta 8.500 euros deducibles, si prospera el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, y 10.000 euros si además se realizan aportaciones a un plan individual.

 

Los funcionarios

Los funcionarios de los diferentes niveles (en la Administración General del Estado hay medio millón) que ya cuentan con un plan de pensiones colectivo podrán elegir entre seguir con su gestora privada con sus actuales condiciones o, por contra, podrán trasladar sus planes de ahorro al fondo público. Sin embargo el 50% de los funcionarios autonómicos y el 80% de los de la administración local no poseen en estos momentos ningún Plan de Empleo.

Hay que recordar que el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, establece que las Administraciones Públicas podrán promover planes de pensiones de empleo y realizar aportaciones. Esta regulación fue completada en 2004 (RD 304/2004 de 20 de febrero) pero desde 2011, con motivo de la crisis, se acordó la suspensión de dichas aportaciones. Los planes de pensiones volvieron a habilitarse en 2018, si bien hasta el momento no se han vuelto a realizar aportaciones

 

Los expertos

Desde la industria de las pensiones privadas se cree que la filosofía inicial parte de dos errores que son: dinamitar los planes individuales reduciendo al mínimo sus incentivos impositivos; y considerar que la fiscalidad de éstos era regresiva. El fondo “se ha construido sobre una gran falacia. Por una cuestión de prejuicios ideológicos se ha querido engañar a la sociedad y coartar su libertad”

 

También muestran serias dudas sobre el éxito futuro de fondo de promoción pública tal y como está diseñado pues en otros países este tipo de fondos han tenido éxito porque la tasa de reemplazo de las pensiones (porcentaje del salario que supone la prestación de jubilación) es mucho más baja que en España, donde supera el 70% y 80% en muchos casos. Si bien es cierto que esta elevada tasa será difícil de mantener en un futuro no muy lejano la falta de información previa sobre la pensión que se le va a quedar al ciudadano junto al mensaje de las pensiones se pagarán con impuestos generales y/o con deuda pública pueden hacer “innecesarios” estos PPE si su adscripción es voluntaria por parte del trabajador. Dudan que pueda conseguir los 300.000 millones que el Ministerio se marcó como objetivo, y muy probablemente se quede en los 40.000 millones, casi el actual monto de los PPE ya existente.

 

Los empresarios

Los empresarios critican que este Anteproyecto no ofrece ninguna ventaja adicional para la empresa, aunque es cierto que puede ser útil para los autónomos. Hay multitud de aspectos que tendrán que matizar aún en el diálogo social. De hecho, casi todo se deja en manos de la negociación colectiva.

 

Los sindicatos

Los sindicatos UGT y CCOOse han apresurado a comunicar su rechazo al anteproyecto que les ha presentado el ministro, ya que consideran que “no aborda cuestiones esenciales en esa materia en relación de los derechos de las personas trabajadoras y supone cambios sustanciales sobre la regulación actual de los fondos de pensiones de empleo que no compartimos”. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, asegura que este fondo público-privado ni siquiera va a ser objeto de negociación actual.

 

Aunque ahora los “sindicatos de clase” se escandalizan de esta propuesta hay que recordarles que ya se plantaba en la Componente 30 del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia del junio de 2021 y en la Recomendación 16 del Pacto de Toledo aprobado en el Parlamento en noviembre de 2020.

 

Desde el ámbito sindical se plantean al menos tres “peros” conceptuales sobre estos planes de empleo. En primer lugar, los sistemas de empleo son sistemas paralelos al régimen de la Seguridad Social y, por tanto, una vez convertidos en obligatorios puede suponer una retirada de la eficacia de la Seguridad Social en favor de ellos. Es decir, si las empresas compensan las pensiones públicas ya no será tan problemático recortar la cuantía de estas.

 

En segundo lugar, supone trasvasar capital ahorro desde la gestión pública (la Seguridad Social) a la empresa privada. Esto es, de hecho, una privatización de parte del Sistema Público de Pensiones. Puede ser el primer paso de un paulatino desmantelamiento del sistema público hacia un sistema mixto de gestión público-privada del ahorro. ¿Qué problema hay en aumentar simplemente la cotización pública y por qué no hay problema en aumentar la cotización (o como se quiera llamar) si es para entregárselo a una empresa privada pero sí hay problema si es para el beneficio del sistema de la Seguridad Social?

 

En tercer lugar, todo esto con deducciones fiscales para hacerlo más atractivo, es decir, financiando con dinero público un producto privado.

 

Los planes de empleo pueden encerrar un Caballo de Troya muy peligroso y es un sendero deslizante donde se juega, en buena parte, el diseño del sistema futuro de pensiones públicas. París bien vale una misa, sí, pero que en esa misa no se desnude un santo para vestir a otro.

 

Las Pensiones Publicas están garantizadas por el Estado, pero no lo serán estos FPPP que no son colectivos, sino individualizados. No se crea riqueza puesto que la riqueza tiene que ver con el destino del dinero, y el manejo de esos dineros será un colchón para emitir créditos sin que el Estado tenga beneficios sociales de todo ello, y en cambio los trabajadores asuman todo el riesgo.

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