Parece sorprendente que un país con tres millones de desempleados tenga problemas para cubrir puestos de trabajo, pero conviene recordar que de esos tres millones de desempleados, 1,2 millones son parados de larga duración, y, dentro de este colectivo, los trabajadores mayores de cincuenta años tienen un peso específico muy importante.
De igual manera, la cualificación de esos desempleados no tiene por qué coincidir con lo que demandan las empresas con vacantes. Conviene recordar que 560.000 parados en España no han completado los estudios secundarios, algo que dificulta su capacitación para las vacantes en sectores que exigen contenidos técnicos importantes.
Sin embargo, la estadística del INE señala que la ratio de vacantes sobre población activa es apenas del 0,9% en España, frente a una media del 3,1% en la eurozona.
Asimismo, la movilidad geográfica es otro factor a tener en cuenta. Las comunidades con más vacantes no siempre coinciden con las autonomías con más parados. Según los datos del INE, en España hay 22 parados por cada vacante, pero la disparidad entre comunidades autónomas es grande. Por ejemplo, en Castilla y León hay ocho parados por cada puesto que no se cubre, frente a los 63 que se registran en Extremadura.
Las constructoras denuncian que tienen serios problemas para dar con perfiles de alta cualificación como jefes de obra, pero también escasean albañiles, encofradores, carpinteros u operarios de maquinaria. Estiman que en el sector hay empleo para medio millón de trabajadores a corto y medio plazo. Por su parte, desde la patronal Hostelería de España, señalan que este verano se quedarán sin cubrir entre 50.000 y 70.000 puestos de trabajo por falta de mano de obra.
En medio de este barullo, hay un Gobierno dividido en dos mitades. Una —la de José Luis Escrivá— que apuesta por incentivar la inmigración para cubrir las vacantes. Otra —la de Yolanda Díaz— que, de la mano de los sindicatos, reclama mejoras en las condiciones laborales a los empresarios y desconfía de que la migración sea la solución.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá decidió potenciar la contratación en origen, una fórmula que permite a empresarios contratar personal directamente en otros países para puestos de difícil cobertura en Españal lo que ha despertado suspicacias en el Ministerio de Trabajo y entre los sindicatos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, rechaza vincular migración y vacantes y reclama que se ponga el foco en las condiciones laborales. Ni UGT ni CC OO rechazan las regularizaciones por esta vía, pero advierten del riesgo de vincularlas a las vacantes.
El plan de Escrivá
El ministro no planea hacer una nueva reforma reglamentaria ni una regularización extraordinaria de inmigrantes. La medida anunciada consiste simplemente en modificar la instrucción interna que regula la aplicación de una de las vías con las que ya cuentan los inmigrantes sin papeles en España para regularizarse: el arraigo de formación, una fórmula creada por el Ministerio de Migraciones en julio de 2022 en el marco de su reforma del reglamento de Extranjería.
El arraigo por formación permite que las personas que acrediten vivir en España durante un mínimo dos años y carezcan de antecedentes penales podrán acceder a un permiso de residencia (que no permite trabajar) de un año de duración si se comprometen a “realizar una formación para el empleo reglada o a obtener una acreditación oficial de cualificaciones profesionales”. Una vez finalizada la formación, los interesados pueden obtener un permiso de residencia y trabajo de dos años
Según el borrador de la nueva instrucción el Ministerio planea relajar una serie de requisitos. Antes imponía un mínimo de 200 horas en los cursos desarrollados por el SEPE y ahora pretende retirar esta exigencia en los tiempos. Escrivá sostiene que las asociaciones que trabajan con migrantes les han trasladado que los periodos muy prolongados de formación puede “favorecer que personas migrantes prefieran trabajar en la economía sumergida, en condiciones a veces de explotación, ante la imposibilidad de estar un tiempo largo sin ingresos.
Los planes del ministro se han chocado con reticencias en las organizaciones sindicales CCOO y UGT. Desde Comisiones Obreras aseguran que están a favor de medidas que regularicen la situación de las personas migrantes que viven en España sin papeles, pero alertan de posibles efectos derivados de la eliminación del requisito de la duración mínima de los cursos del SEPE pues pueden generar fraudes en las formaciones si se quita estes requisito. Pero su mayor preocupación es que se trate de una medida “utilitarista” empujada por los intereses de la patronal de inyectar mano de obra en determinados sectores, como la hostelería y la construcción. UGT anunció que presentará alegaciones al Ministerio para “garantizar que en este proceso no haya una utilización fraudulenta de las formaciones y que podamos salvaguardar así los derechos de” todas las personas migrantes.
Desde el Ministerio de Trabajo también se han mostrado críticos con el plan de Escrivá, al considerar que su propuesta está ligada a la cobertura de puestos vacantes en sectores como la hostelería y la construcción. Aunque Yolanda Díaz ha recalcado que apoyaría una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles, pero muestra sus discrepancias con el hecho de relacionar la rebaja de requisitos en las formaciones con la búsqueda de mano de obra en determinados sectores.
Las organizaciones especializadas en migraciones aseguran que los requisitos establecidos para el arraigo por formación chocaban con la “realidad” y la “situación de vulnerabilidad” que vive la mayoría del colectivo.
Estas personas llevan dos años trabajando en la economía sumergida y no se les puede exigir que estén casi un año en un curso presencial de 200 horas sin poder ingresar dinero
Radiografía de la afiliación extranjera en España
España tiene más afiliados extranjeros que nunca. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acaba de publicar los datos de afiliación de abril y ya hay en nuestro país 2.594.640 trabajadores extranjeros, 21.309 más que el mes anterior. En los últimos doce meses, la afiliación media de trabajadores procedentes de otros países ha crecido un 10,7 %, 252.169 ocupados.
El que más ocupados ha incorporado fue el sector de Hostelería, (11,4 %) por delante de Actividades Artísticas (3,9 %) y Administración Pública (3,3 %). De hecho, se trata de unos trabajadores muy estacionales pero que no dejan de aumentar.
Por comunidades, Baleares (18,46 % respecto al total de afiliados), Cataluña (15,41 %), Melilla (13,23 %), Madrid (13,09 %) y Canarias (12,57 %) tienen mayores porcentajes de afiliados extranjeros, mientras que Extremadura (2,67 %), Asturias (4,26 %), Galicia (4,35 %) y Cantabria (5,91 %) las que menos. A nivel nacional, el 10,38 % de los afiliados son extranjeros.
Rumanos y marroquíes siguen siendo los más numerosos –por encima de las 300.000 personas– seguido de lejos por italianos (163.867 afiliados), colombianos (138.660), venezolanos (129.531) y chinos (111.205).
Si el plan de Escrivá de flexibilizar las condiciones para regularizar la situación de extranjeros y cubrir la falta de mano de obra en ciertos sectores finalmente se materializa, la tasa de estos trabajadores se disparará. No obstante, todavía tiene que sortear el veto de Trabajo y sindicatos, contrarios a la medida.
