El número de personas contratadas a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) alcanzó en 2023 los 768.100 asalariados, un 4,3% del total. La cifra crece un 15,7% respecto a la registrada en 2022 y se sitúa en el máximo de la serie histórica de la Encuesta de Población Activa (EPA), que se remonta a 2006. Lo sorprendente es que ocurre en el segundo año tras la entrada en vigor de una reforma laboral que, precisamente, ha reducido la contratación temporal a mínimos. ¿Cómo es posible entonces que las ETTs estén creando más empleo que nunca?
Estos resultados más que duplican los de las oficinas de empleo públicas, que solo intervinieron en los empleos de 338.200 personas, el 1,9% de las ocupados por cuenta ajena. Este número aumenta un 3,8 % respecto a 2022 y es el mejor dato en cifras absolutas en 5 años, pero la tasa de intermediación en la creación de empleo sigue estancada muy por debajo de los umbrales previos a la crisis financiera e incluso a los de la pandemia. Esto resulta aún más llamativo cuando en 2023 entró en vigor una Ley de Empleo que pretendía elevar esta ratio de intermediación modernizando los servicios públicos.
A la hora de interpretar estos datos, incluidos en las variables de submuestra de la EPA a que acaba de actualizar el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay que tener en cuenta que 2023 fue un año de rotunda creación de empleo: los asalariados rondan ya la cota de los 18 millones, tras crecer un 4,2%.
Pero las ETTs participaron en este incremento con mucha más intensidad que los servicios públicos autonómicos, que en 2023 recibieron más de 2.800 millones de euros para financiar la gestión de políticas activas (las orientadas a encontrar empleo a los desempleados). Una partida a la que, en teoría, se suman los propios presupuestos autonómicos.
Entre el funcionamiento de las entidades privadas y las públicas hay diferencias claras. El análisis de la EPA se ciñe a los procesos en los que la ETT contrata a los estos trabajadores y los ponen a disposición de otras empresas para cubrir sus necesidades eventuales de mano de obra (aunque esas mismas, a su vez, pueden integrarles más adelante en sus propias plantillas). Nunca ha sido una opción prioritaria, en todo caso, en nuestro país. España presenta, según los datos de la Confederación Mundial del Empleo (WEC, por sus siglas en inglés), la patronal internacional del sector, la menor tasa de intermediación de empresas de trabajo temporal en toda la UE.
En el caso de los servicios públicos de empleo, por su parte, se analiza su capacidad de poner en relación las demandas de empleo con las necesidades de las empresas, ya sea a través de gestión de ofertas, cursos de formación u otros programas de políticas activas. Pero a pesar de contar, proporcionalmente, con más recursos, sus resultados siempre han sido mucho peores, al menos según lo refleja la EPA: una discrepancia que no solo no se ha visto corregida con la reforma laboral, sino que se ha ampliado hasta niveles históricos en 2023.
La evolución del empleo creado por las ETTs parece contradecir todas las previsiones tanto del Gobierno como del propio sector. Grandes compañías, como Eurofirms, hablaban a principios de año de un desplome del 30% del negocio como consecuencia de la reforma laboral, que suprimió los antiguos contratos por obra y servicio, el 32% de los que gestionaban estas empresas. De hecho, el porcentaje de asalariados con contrato temporal ha caído del 25,2% en 2021 al 17,1% (incluyendo los del sector público, a los que no se aplica la norma).
Pero en 2022, primer año de la reforma, se produjo un retroceso de solo el 3,6% en los empleos generados por ETTs que ha sido compensado con creces por el aumento de 2023. La principal explicación a esta contradicción estaría en los trabajadores con contratos fijos discontinuos. La reforma abrió la puerta a las empresas de trabajo temporal a firmar estos contratos y ellas lo han aprovechado a fondo: suponen ya el 45% de los contratos de puesta a disposición que gestionan.
Además, el creciente desinterés del resto de empresas por esta fórmula contractual ha llevado a que sean las de trabajo temporal las que firman la gran mayoría de ellos. En diciembre de 2023 alcanzaron un récord de 94%. Ello a pesar de la presión de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y de las campañas de la inspección encaminada a perseguir los ‘abusos’ en este tipo de contratación (sobre el papel indefinida) como si fuera temporal. Todo ello con el foco puesto, precisamente, en las ETT.
Los datos anuales de la EPA revelan un incremento interanual de 27% de los ocupados con contratos fijos discontinuos, hasta los 643.200 asalariados activos. Aunque solo suponen el 3,6% de los asalariados y el 4,3% de los indefinidos, se trata del mayor dato de la serie histórica, lo cual repercutiría en la mejoría de los datos de empleo generado por las ETTs.
Aunque la estadística del INE habla solo de “asalariados por contratación a través de una empresa de trabajo temporal” y no recoge la diversificación de la actividad de estas empresas, que cada vez más participan en procesos de selección de personal, como hacen los servicios públicos de empleo. Esto podría contribuir a un aumento aún mayor de los trabajadores que reconocen la participación de una ETT a la hora de obtener su empleo, si bien la EPA no detalla este supuesto.
Lo que sí revelan es un cambio en la edad de estos trabajadores. Aunque los menores de 25 años siguen siendo el colectivo con más asalariados mediante una ETT, los grupos de mayores de 45 años han aumentado su número y su participación. Algo que responde al incremento del desempleo en este colectivo, aunque puede responder también a que las ETTs juegan un papel importante en los procesos de recolocación en los procedimientos de despido colectivo.
Una reforma frustrada
En cualquier caso, lo que dejan claro los datos de la EPA es que la eficacia de las ETTs superan con creces a las de las oficinas públicas de empleo, gestionadas en su mayoría por las comunidades autónomas.
¿Su peor comportamiento puede justificarse por el descenso del paro en 2023? El hecho es que, como hemos visto, el número de personas que trabajan gracias a una oficina de empleo ha aumentado. Algo lógico cuando en España sigue habiendo un ‘stock’ de 2,7 millones de parados y 4,2 de demandantes de empleo inscritos en estos organismos. El argumento de la caída del paro tampoco se sostiene si analizamos la serie histórica: en 2007, cuando España llegó a registrar una tasa de paro del 8%, las oficinas públicas participaban en el 3,2% de los empleos asalariados.
Los datos desde 2006 también muestran que la Gran Recesión tuvo un efecto demoledor en la capacidad de generar empleo de los servicios públicos. El mínimo histórico se registró en 2012 y pese a las reformas para mejorar la eficacia, esta no se ha recuperado. Esto no solo retroalimenta una creciente desconfianza de los desempleados y las empresas, sino que convierte a las políticas activas en el objeto de las reformas exigidas por Bruselas.
El Gobierno del PP Mariano redujo el presupuesto asignado a las comunidades y ligando su reparto a resultados, pero los datos no mejoraron ni siquiera cuando arrancó la recuperación del empleo tras la crisis financiera.
Hubo que esperar hasta 2023 para que el Ejecutivo del PSOE y Sumar sacara adelante una nueva Ley de Empleo que prometía modernizar la gestión y la coordinación de las oficinas convirtiendo al SEPE en una Agencia Española de Empleo. Pero un año después ni siquiera este cambio se ha materializado, lastrado por el ciclo electoral y por la densa burocracia del sistema que la reforma legal no parece haber enmendado, según denuncian diversas voces de los propios servicios públicos.
Ello no ha impedido que el Gobierno riegue de millones a las comunidades autónomas para seguir haciendo lo mismo. En 2023 se alcanzaron los 2.800 millones (2.500 millones procedentes del presupuesto del SEPE), “supeditada a la consecución de objetivos específicos”, entre los que destaca el empleo juvenil y el de mayores de 45 años, y cuyo uso se “sometería a una doble evaluación, interna y externa”.
Un año después, no se conocer el resultado de dicha evaluación, aunque el Gobierno y las comunidades han acordado adelantar el pago del 70% de los 2.500 millones presupuestados por el SEPE (la misma cantidad que en 2023 por la prórroga presupuestaria). Un anticipo de 1.800 millones a la espera de que en las próximas semanas se distribuya el resto, que previsiblemente será similar al del año pasado.
