¿POR FIN LA DESAPARICIÓN DEL MODELO “HIPÓCRITA” DE MUFACE?

El modelo Muface hace aguas. Si su situación financiera ya está debilitada por falta de dotación presupuestaria, la llegada de Mónica García al Gobierno como Ministra de Sanidad no es una buena noticia para el sector. «Muface no va a tener recorrido con Sumar en Sanidad», señalan fuentes del sector privado que agregan: «Su programa deja muy claro que todos los ciudadanos tienen que tener el mismo sistema sanitario publico sin privilegios de los funcionarios. El concierto está destinado a extinguirse».

 

Sumar proponía en su programa electoral para las Elecciones Generales del 23 de julio sacar a los funcionarios de las mutuas de prestación sanitaria privada (Muface-Mugeju-Isfas) de forma «paulatina». «Inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal, de las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada (Muface-Mugeju-Isfas). Integraremos a dicha población, de forma paulatina, escalonada y programada, bajo la prestación sanitaria del sistema sanitario público. Asimismo, se eliminará la posibilidad de que las entidades locales realicen aseguramientos privados colectivos para sus empleados público», se lee en el texto. Además, el primer partido en incluir en su programa electoral la disolución de Muface fue Más País, formación de Mónica García.

 

 

Millón y medio de beneficiarios y 3.000 millones de euros

Muface, que supera los 48 años de vida, atiende a 1.499.451 personas (1.038.253 titulares mutualistas y 461.198 beneficiarios), según datos del Ministerio de Hacienda. En total, si se tiene en cuenta al resto de mutualistas, Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y Mugeju (Mutualidad General Judicial), el colectivo alcanza casi los dos millones de personas.

 

Para atender las prestaciones sanitarias de Muface, el Gobierno aprobó una partida de 3.571 millones de euros para el periodo comprendido entre 2022 y 2025. Esta aportación del Estado supone el 76,73% de la financiación de Muface. El 18,57% son de cotizaciones de mutualistas (con una cuota mensual según el grupo/subgrupo funcionarial al que pertenezca que oscila entre 51,68 y 21,07 euros), el 3,51 % de subvenciones del Estado y el 0,25% de otros ingresos.

 

Sin embargo, mutualidades, sindicatos y sector privado vienen denunciando desde hace años la quiebra de un modelo destinado a desaparecer si no se incrementa la dotación presupuestaria. Y es que solo entre las tres principales compañías (DKV, Adeslas y Asisa), llevan unas pérdidas acumuladas de más de 170 millones de euros en el ejercicio del año 2022. Por ello reclaman una subida de la prima de al menos un 40% de cara a 2025, cuando tendrán que renovar concierto.

 

«Las compañías van a pedir tanto para las negociaciones que el programa no se va a poder renovar», aseguran las fuentes del sector consultadas, haciendo hincapié en que si esto ocurriese el Estado debería «compensar» a aquellos funcionarios que han estado dentro de este modelo pagando por él durante muchos años cuotas que oscilan entre los 21 y 51 euros. Y es que el contar con unas primas tan desfasadas reduce los baremos que las compañías pagan a los médicos que atienden a los mutualistas. Desde el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, señalan que los médicos que atienden a pacientes de Muface reciben una remuneración inferior por los mismos actos médicos en comparación con otros pacientes de la misma compañía.

 

 

Sobrecoste y listas de espera

Si el modelo Muface llegara a su fin, el SNS tendría que atender a un colectivo que ahora alcanza casi los dos millones de personas. Esto, denuncian desde el sector, incrementaría las listas de espera, que ahora alcanzan récord histórico con 820.000 pacientes aguardando para una intervención quirúrgica, 77.500 más que hace un año.

 

Por ello es que la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) asegura que el mutualismo «ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año». Además, señala que la prima media por asegurado (917 euros anuales) es muy inferior al gasto sanitario público per cápita (1.368 euros), en concreto 451 euros menos. «Actualmente la sanidad privada tiene un papel esencial en el sostenimiento del sistema de salud en términos de liberalización de recursos y complementación de servicios», señalan desde Fundación IDIS tras el nombramiento de Mónica García como ministra de Sanidad, que apuesta por «aunar» el trabajo de la sanidad pública y privada «a través de la creación de un sistema sanitario único y colaborativo».

 

El Estado deberá inyectar a Muface 900 millones más al año para evitar su cierre

El Gobierno aprobó una partida de 3.571 millones de euros para el periodo comprendido entre 2022 y 2025, el mayor contrato de la Administración, para atender las prestaciones sanitarias de Muface. Sin embargo, la mutualidad de los funcionarios necesita una inyección de 900 millones de euros al año para garantizar su continuidad.

 

Es una de las principales conclusiones obtenidas del informe ‘El mutualismo administrativo: modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros’, presentado en el marco de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, impulsada junto a Alianza de la Sanidad Privada Español (ASPE).

 

El documento refleja que la prima ponderada de Muface se sitúa en 2023 en 1.014 euros anuales por mutualista, mientras que el gasto sanitario público per cápita se estima que será de 1.608 euros . Esto supone una diferencia de 594 euros por mutualista. En este sentido, los autores del informe indican que para garantizar la continuidad del modelo Muface habría que equiparar «en menos de dos años» la prima por mutualista al gasto sanitario real por ciudadano. Esto es, la prima tendría que aumentar en 594 euros por persona asegurada. Si la población mutualista de Muface en 2022 (últimos datos facilitados) es de 1.500.000 personas, el organismo público necesitaría una inyección de 900 millones al año para garantizar las prestaciones.

 

Según el estudio de la Universidad Complutense, en los últimos diez años, el gasto sanitario público se ha incrementado un 54,3%, mientras que la prima de Muface lo ha hecho en un 31,4%, lo que supone una diferencia de 22,9 puntos porcentuales. Así, si en 2014 el gasto sanitario público por persona era de 1.042 euros, este ha ido aumentado año tras año hasta los 1.608 euros. Por el contrario, en 2014, la prima anual de Muface era de 771 euros por mutualista y, aunque también ha ido aumentando a lo largo de la última década, lo ha hecho a un ritmo más lento, hasta alcanzar los 1.014 euros. «Estas subidas se han revelado insuficientes para cubrir el aumento de los costes de la prestación sanitaria. Se plantea entonces que, o se busca una financiación adecuada que involucre a todos los agentes implicados, o el modelo podría estar destinado a desaparecer», señalan los autores.

 

Adeslas, Asisa y DKV perdieron 170 millones en 2022

Así las cosas, esta infrafinanciación del modelo Muface ha llevado a las compañías aseguradoras firmantes del concierto con el organismo público (Segur Caixa Adeslas, Asisa y DKV) a sufrir pérdidas de hasta 170 millones de euros en 2022. Como consecuencia, en base al análisis realizado, si la financiación no mejora de forma significativa en el próximo concierto, «es probable que algunas de estas compañías no procedan a la firma del nuevo concierto previsto para 2025».

 

No obstante, si el mutualismo administrativo desapareciese las aseguradoras dejarían de facturar 1.700 millones y los hospitales privados 1.000 millones al año, lo que equivale al 8% de su facturación. Además, los mutualistas dejarían desocupadas un total de 2.041 camas (5,7%), lo que podría llevar al cierre de hospitales privados en el 37% de las provincias españolas, afectando directamente a un total de 19 provincias, principalmente, Castilla La Mancha, Castilla y León y Extremadura.

 

Como consecuencia, la desaparición del modelo supondría un aumento del gasto sanitario público de más de 1.000 millones y, a nivel de infraestructuras, el sistema público precisaría de 3.975 camas adicionales (3,8%). «Esto, que a priori podría parecer un impacto moderado, en algunas provincias sería muy complicado de absorber por el sistema público, especialmente en Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Cádiz y Málaga», reza el estudio.

 

Además, las listas de espera se verían incrementadas considerablemente a nivel nacional, mientras que en consultas externas se incrementaría en un 266%, pasando de una tasa por 1.000 habitantes de 85,4 a una tasa de 227,6; la lista de espera quirúrgica, por su parte, registraría un incremento del 115%, pasando de una tasa de 17,1 por 1.000 habitantes a una tasa de 19,6.

 

El fin del modelo Muface abocaría al cierre de hospitales privados en 19 provincias españolas

En este sentido, si la mutualidad de los funcionarios echase el cierre afectaría directamente a los hospitales privados de, sobre todo, 19 provincias españolas, así como a sus profesionales. El impacto del cese del modelo del mutualismo se concentraría fundamentalmente en las provincias de Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Extremadura. A nivel individual, las provincias más afectadas serían Jaén, Ávila, Huesca, Palencia, Ciudad Real, Cáceres. Toledo, Cuenca, Castellón, Almería, La Rioja, Cantabria, Zamora, Albacete, Segovia, Salamanca, Soria, Huelva y Badajoz.

 

Esto se debe, según explica el informe, a que estas provincias son las que registran una menor penetración del seguro privado, «por lo que la pérdida de la actividad de los pacientes mutualistas no se vería compensada por la de los asegurados privados». Como consecuencia, los prestadores hospitalarios privados, en su caso, dejarían de ingresar aproximadamente 1.000 millones de euros al año, lo que equivaldría aproximadamente al 8% de la facturación de estos.

 

Además de la pérdida de camas indicada, apunta el estudio, los hospitales privados «verían reducida significativamente su actividad, por lo que se pondría en riesgo la continuidad de algunos servicios o unidades de alta especialización en algunas ubicaciones, ya que en muchos casos se mantienen tan sólo para cumplir los convenios con las mutualidades».

 

En este caso destacan especialmente la especialidad de Oncología, donde señalan que ya se están produciendo derivaciones de hospitales que han dejado de prestar el servicio a otros que sí lo hacen, «con el consiguiente trastorno para los enfermos que tienen que continuar su tratamiento en un nuevo hospital con un nuevo equipo médico».

 

El número de mutualistas de Muface en 2022 fue de 1.500.000, de los que 1.000.000 (70%) son titulares y 500.000 (30%) son beneficiarios. En los últimos 10 años, el número total de mutualistas se ha reducido en un 2,5%. A pesar de que el número de titulares experimenta un aumento del 9,4% en el periodo 2013-2022, el descenso en el número de mutualistas viene propiciado por una caída del 22,5% en el número de beneficiarios.

 

Geográficamente, las cinco provincias con mayor presencia de mutualistas son Madrid (16%), Barcelona (7%), Valencia (6%), Sevilla (5%) y Málaga (4%). Por su parte, las cinco provincias o ciudades autónomas con menor representatividad son Álava (0,2%), Soria (0,3%), Ceuta (0,3%), Melilla (0,3%) y Teruel (0,3%).

 

De esta forma, si el modelo Muface llegase a su fin, el sistema público precisaría de 3.975 camas adicionales, lo que supondría un 3,8% adicional a la capacidad actual a nivel nacional, según el estudio de la Universidad Complutense. «Esto, que a priori podría parecer un impacto moderado, en algunas provincias sería muy complicado que el sistema público pudiera asumirlo, especialmente en Madrid (679), Sevilla (211), Valencia (210), Barcelona (197), Cádiz (190), Málaga (159), Murcia (144), Alicante (119), A Coruña (113), Zaragoza (111) y Granada (109)», señalan los autores.

 

La hipocresía de un modelo trasnochado

Tras ese alud de datos y cifras lo cierto es que resulta escandaloso que el Estado sostenga una sanidad universal y gratuita y, al mismo tiempo, mantenga una diferencia en la prestación sanitaria en función de si el trabajador es público o privado. Un Estado del bienestar asocia impuestos con sanidad y educación, al punto de que cualquier mínima queja sobre una subida de impuestos se ve replicada con la acusación de provocar el cierre de un hospital. Mientras, ese mismo Estado entiende lógico que, quien pueda, se vaya a la privada pero esto no es de recibo si la privada la paga el resto del país. La sanidad pública es efectivamente igual para todos si no te has sacado una oposición. Esta situación supone la institucionalización de la hipocresía.

 

Son atendidos por MUFACE los funcionarios civiles y militares y también los funcionarios de la Administración Local y autonómica, los de Organismos Autónomos e interinos. La cuota mensual abonada por el mutualista se obtiene multiplicando la base de cotización anual por el tipo y dividiendo el resultado entre 14, abonándose una cuota doble en los meses de junio y diciembre. La cuota mensual para 2023, según el grupo/subgrupo funcionarial al que pertenezca el mutualista, oscila entre 51,68 € y 21,07 €. El desglose de los costes de los mutualistas del Muface para el año 2023 presentan el siguiente desglose: Cotizaciones de mutualistas: 18,57 %, Aportación del Estado: 76,73 %, Subvención del Estado: 3,51 %

 

El mito del “desmantelamiento” de la Sanidad madrileña (un desmantelamiento agotador, pues les está llevando décadas) sugiere que las Aguirres y Ayusos favorecen la sanidad privada pero lo cierto es que al funcionario de turno le basta un papelito, un formulario, un humilde impreso para que elija la sanidad privada del Muface.

 

Para más abundamiento  hay casi dos millones de funcionarios que, ¡en defensa de la Sanidad Pública, prefieren la Sanidad Privada!, independientemente de lo que ellos mismos digan sobre su ideología política. Los usuarios de lo público, no notarían la diferencia. La notarán todos esos señoritos pijos de izquierdas que van a ver con sus propios ojos los hospitales públicos que llevan defendiendo todo el siglo XXI: ¡Carmen Calvo, durante la pandemia acudió a la clínica Ruber pero curiosamente, Esperanza Aguirre siempre ha convalecido en hospitales públicos!.

 

La llegada de más de un millón de mutualistas a la sanidad pública puede provocar que se colapse, pero quizás así se destinarán más recursos a la sanidad pública. (“La sanidad pública no se vende, se defiende y luego van todos a clínicas privadas). Algunos defienden que “el mutualismo administrativo en la sanidad privada aporta eficiencia a la sanidad pública, ya que el gasto per cápita de dicha población cubierta es inferior al gasto público per cápita”. En concreto, un 39% menor por persona. Así, si todos los pacientes generaran el mismo nivel de gasto, el ahorro que supondría el modelo Muface al Estado sería de alrededor de 1.130 millones de euros.

 

Los sindicatos han dejado claro que no van a permitir que se deshaga la mutualidad de los funcionarios públicos. Quien más claro lo expresa es Comisiones Obreras: “No vamos a permitir la desaparición de Muface”. “Sobre este tema, por parte de CCOO, lo tenemos claro: defensa del concierto sanitario como defendemos la sanidad pública”, aseveran desde el sindicato, que no considera incompatible defender Muface y el sistema público de salud. ¡¡¡Sin comentarios!!!. CSIF incluyó el incremento de la financiación del mutualismo administrativo en su listado de peticiones al nuevo Ejecutivo.

 

Aunque el modelo Muface hoy por hoy todavía sigue en pie, desde el sector avisan de que “lo están dejando morir”. Y es que, tanto los sindicatos como las compañías aseguradoras llevan tiempo advirtiendo de la infrafinanciación de las mutualidades. A esto se suma los altos niveles de inflación, que también ha afectado al modelo de mutualismo pues los costes se han incrementado y las aseguradoras que participan del concierto actual de Muface reclaman una subida de las primas porque los incrementos establecidos no son suficientes para hacer frente a la situación económica actual.

 

Ante la eliminación del modelo, el 100% de los asegurados mutualistas, 1,73 millones de pacientes pasaría a recibir aseguramiento en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que supondría una disminución de 1.500 millones de euros en la facturación de las aseguradoras. La desaparición de los pacientes provenientes de mutualidades tendría un impacto también en los grupos hospitalarios privados que ya no tendrían esos “clientes/pacientes”

 

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