El sistema de pensiones es, con la educación pública, la sanidad pública, el apoyo a la dependencia y la seguridad pública (policía y justicia), uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar

La educación, sanidad y seguridad públicas son “insostenibles” pues su coste supera con creces sus retornos a corto plazo.

Una de las principales diferencias entre los economistas se sustancia precisamente en el tamaño del agujero financiero que dejan en las arcas del Estado y en el método de calcularlo. Cuanto más grande es ese agujero, mayor es el alarmismo que se genera. Por eso, aquí importa no solo el tamaño, sino también la forma.

En un sistema de reparto como el español, las pensiones se financian principalmente por las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores y los empresarios a la Seguridad Social, la gestora del sistema. Pero solo con las cotizaciones no llega. De hecho, en 2024 solo cubrieron el 70,6% del gasto en pensiones.

Además, el sistema presenta un déficit estructural desde al menos el año 2010. A ello hay que añadir el reto demográfico que supone el envejecimiento de la población. Este envejecimiento ha provocado que la ratio entre cotizante y pensionista haya caído de manera significativa en los últimos años hasta 2,4, cuando hace apenas cuarenta años había más de cuatro personas trabajando por cada una que cobraba una pensión. La inversión en pensiones superó en 2024 los 200.000 millones y va a ir a más con el paso de los años.

Ante este escenario, el sistema necesita otra fuente de ingresos: las transferencias del Estado a través de los impuestos y de la deuda pública. Esta segunda vía de financiación provoca cierto resquemor entre algunos economistas. Son aquellos que se fijan en la parte exclusivamente contributiva del sistema de pensiones (las prestaciones que se costean con las cuotas de trabajadores y empresarios) y ponen el foco en que el resto de la factura hay que pagarla con impuestos que, según ellos, podrían destinarse a otra cosa.

Lo cierto es que, al hacer las cuentas, los números rojos del sistema de pensiones son mucho mayores si solo se tiene en cuenta la parte contributiva del mismo. Como se ha dicho antes, la metodología en este caso importa mucho. Un ejemplo perfecto son las cuentas de 2024. El déficit contable de la Seguridad Social, el que publica el Gobierno todos los meses, alcanzó el año pasado los 10.054 millones de euros, un 0,59% del PIB. Sin embargo, hay expertos que consideran que, si se contaran las transferencias del Estado, los números rojos hubieran alcanzado los 55.834 millones de euros, el 3,5% del PIB. A pesar de contar con casi medio millón de cotizantes más en 2024, algunos analistas contabilizan aparte las transferencias del Estado, que en 2024 llegaron a los 3,1 puntos del PIB, más de 45.000 millones. La suma de déficit y de las transferencias da la cifra de 55.000 millones.

Eso es lo que afirma un informe publicado el pasado mes de mayo por el Instituto Santa Lucía y firmado por Miguel Ángel García, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de Fedea, titulado la Situación del sistema de pensiones y proyecciones a 2050 dentro del proceso de revisión en 2025. Este informe también señala que desde 2010 los déficits de las pensiones han hecho que la deuda pública aumente en casi 30 puntos de PIB, el 80% de todo el incremento del endeudamiento del Estado.

ENLACE AL INFORME MENCIONADO

informe-situacion-del-sistema-publico-de-pensiones-proyecciones-2050-dentro-del-proceso-de-revision-en-2025.pdf

La respuesta es compleja, depende de qué entendamos por sostenible. Si la pregunta es si se podrán seguir pagando las pensiones, entonces hay que decir que sí. El sistema de pensiones será sostenible siempre que lo sea el conjunto de las Administraciones públicas. Mientras el Estado en su conjunto tenga unas cuentas públicas sostenibles, conserve acceso normal a los mercados y capacidad recaudatoria, las pensiones se pagarán sin interrupciones.

Pero si la pregunta es si el sistema se podrá sostener por sí mismo, entonces la respuesta es no. Los ingresos contributivos no cubren de forma estable todo el gasto asociado a las pensiones. Por tanto, el sistema necesitará transferencias públicas continuas y crecientes para cerrar su déficit estructural. Ese apoyo tiene coste de oportunidad porque compite con otros usos del presupuesto —inversión pública, infraestructuras, sanidad, educación, I+D, etcétera—, o bien exige más impuestos y/o más deuda.

Pensiones sostenibles

Otros sostienen que el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones nace de una idea, la de creer que el déficit de la Seguridad Social es algo malo. Pero las cuentas de la Seguridad Social son un simple ardid contable que no tiene ningún tipo de sentido, pues en cualquier caso detrás de las pensiones está el propio Estado y si èste quiebra no importará ya nada más.

En realidad gran parte del déficit público se debe a las pensiones, pero no hau mucho sentido a discriminar entre unas partidas y otras, dado que, a fin de cuentas, se trata siempre de dinero público. Por ejemplo. en el año 2009, la Seguridad Social tenía superávit, pero el Estado tenía un déficit del 10% y ahora, el Estado tiene un déficit público razonable y está en mejores condiciones, pero se sigue destacando el déficit de la Seguridad Social». La sanidad pública también es deficitaria, y no es un problema. En términos ortodoxos, habría que fijarse en el déficit público de todo el Estado, no solo en el de la Seguridad Social. Es más, si las pensiones de viudedad y orfandad, que ahora paga la Seguridad Social, las pagara directamente el Estado, se podrían pagar todas las pensiones de jubilación únicamente con las cotizaciones sociales.

Lo cierto es que los recursos que se vayan a poder dedicar a financiar las pensiones dependen, en primer lugar, de una decisión política y, en segundo lugar, del volumen del PIB que genere una economía.

Hay que definir qué se entiende por sostenibilidad y cómo se calcula, si la sostenibilidad se limitad al número de pensionistas y a los años que van a vivir pues hay que tomar en consideración el tamaño global de la tarta a repartir (el PIB nacional).