En las últimas semanas el choque entre Gobierno y las dos patronales con silla en la Mesa del Dialogo Social que negocia con el Ejecutivo se ha intensificado por la cuestión de la reducción de la jornada laboral. Una medida que fue cerrada por PSOE y Sumar en su acuerdo de investidura sin consultar a los agentes sociales
El duro cruce de declaraciones entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los presidentes de CEOE, Antoni Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva, lleva a preguntarse por qué la primera no esgrime los datos de empresas asociadas a patronales que arrojan sus estadísticas. La respuesta quizá se encuentre en que también se vería obligada a revelar los datos de cuántos trabajadores están afiliados a un sindicato. Y esa métrica lleva catorce años desaparecida de las bases de datos del Ministerio de Trabajo.
LAS PATRONALES
El diálogo social vive un momento convulso ante la decisión del Gobierno de ampliar la interlocución con las organizaciones empresariales, que ahora se concentra en CEOE y Cepyme, para incluir a Conpymes, patronal que opera a nivel estatal, pero está vinculada a la catalana Pimec. Esto ha provocado una guerra total entre organizaciones por presentarse como verdaderos representantes de los intereses de los empresarios. Aunque a la hora de la verdad, solo un 23,3% de ellos está asociado a alguna de las organizaciones que existen en España.
La ruptura alcanzó un punto álgido este miércoles en la Asamblea General de Cepyme, en la que su presidente, Gerardo Cuerva, presentó un duro manifiesto contra el “intervencionismo” del Gobierno, al que las patronales acusan también de intentar limitar su peso en las negociaciones abriendo la puerta a organizaciones ‘afines’. La respuesta del Gobierno es que quiere mejorar la representatividad de las pymes, aunque todavía no ha explicado cómo piensa establecer este baremo, aunque ya ha dado pequeños pasos para facilitar la entrada de Conpymes y Pimec en órganos como el Consejo Económico y Social (CES) en los que están representada las otras dos patronales.
La razón de fondo de esta polémica es la falta de un sistema objetivo de acreditación de la representatividad empresarial a nivel de negociación institucional, al no existir un desarrollo reglamentario como sí existe en el caso de los sindicatos. Ante esta carencia, se aplica la regla que fija el Estatuto de los Trabajadores en la negociación de los convenios colectivos sectoriales: que las organizaciones representen al 10% de empresas y trabajadores a nivel nacional o el 15% a nivel autonómico.
Pero en ningún sitio se especifica que esto deba aplicarse a la participación institucional, que carece aún de una legislación específica y actualizada que clarifique cómo se seleccionan a los representantes de las empresas en la negociación de las grandes reformas y regulaciones económicas, incluyendo en muchas ocasiones el reparto de subvenciones. Además, el 10% fijado para los convenios es un tope mínimo y ni el Gobierno ni las comunidades parecen interesadas en publicar los porcentajes efectivos de representación pese a la polémica desatada.
Aunque existe una estadística que arroja algo de luz al respecto: la Encuesta Anual Laboral que desde 2013 elabora el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se publica, eso sí, con un importante decalaje: el último informe se dio a conocer en diciembre de 2023 pero corresponde a 2022. , para la aprobación de la reforma laboral en los últimos días de 2021. Curiosamente, la representatividad de las patronales subió 3 puntos en 2022, desde el 20,4% que registraban en 2021 y se sitúan en su nivel más alto desde el 24,7% de 2015.
Los datos no concretan a qué organización (estatal o territorial) están asociadas las compañías, aunque sí ofrecen un dato relevante sobre uno de los argumentos clave en la polémica de estos meses: la infrarrepresentación de las pymes en las patronales frente al peso de las firmas de mayor tamaño. Así, solo el 17,8% de las empresas de entre 5 y 9 trabajadores está asociada a una organización, porcentaje que se eleva al 26,3% entre las que llegan a 49 trabajadores. A partir de ahí, el peso se dispara, pasando al 42,6% a partir de 50 trabajadores y al 59,1% entre las de 500 y más trabajadores. Sin embargo, para entender estas cifras hay que tener en cuenta la elevada atomización del mercado laboral.
Así, la participación de las empresas de menor tamaño en las patronales es inversamente proporcional al que tiene en el tejido empresarial. De las 334.703 empresas que contabilizaba la Encuesta en 2022, el 92% tiene menos de 50 trabajadores y el grupo más numeroso, con diferencia, es el de las que no llegan a 10 trabajadores, que suponen el 51%.
Esta es la clave de la representatividad, ya que refleja el porcentaje de empresas vinculadas directamente en las negociaciones que desarrollan las patronales a nivel sectorial o inclusos con los gobiernos autonómicos y estatal. En el caso de la pymes son muchas más las situadas al margen que las que se engloban en él.
Esto explica que en sectores como la hostelería o la construcción solo un 18,7% y un 22,9% de las empresas estén afiliadas a una organización, mientas en la logística llegan al 31,9% y en la industria al 29,7%. Aun así, el elevado peso de los negocios de pequeño tamaño lastra a la baja la representación en todos los sectores. Lo mismo ocurre a nivel territorial: la comunidad con mayor porcentaje de empresas afiladas es La Rioja, con un 38,7%, seguida por País Vasco, con un 33,7% o Aragón con un 33,2%. Cataluña se sitúa en la franja media, en un 26,7%, mientras que las autonomías con menor representación son Andalucía (15,1%) y Madrid, con un 18,2%.
Estos datos ayudan a entender por qué la ‘guerra’ entre organizaciones empresariales se concentra en las pymes. Pocos cuestionan el papel de la CEOE, pero las críticas al papel de Cepyme se comporta como un mero ‘satélite’ de la patronal de las grandes empresas (Gerardo Cuerva es también vicepresidente de la CEOE) ha sido la tarjeta de presentación de Conpymes en 2021. Pero los vínculos que la organización que preside José María Torres con la patronal de pymes catalana Pimec (de hecho, el presidente de esta, Antoni Cañete, es el vicepresidente de Conpymes) ha sido también duramente contestada tanto por Cepyme como la también catalana Foment del Treball, que interpretan en la decisión del gobierno de “revisar la representatividad de las pymes” un guiño a las formaciones independentistas cuyo apoyo necesita, como Junts y ERC.
LOS SINDICATOS “DE CLASE”
Tras marcar máximo de afiliación en 2009 y 2010, los cuatro mayores sindicatos de España UGT, CCOO, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y USO fueron reduciendo su número de afiliados hasta 2015 cuando registraron el mínimo, según los datos aportados por los propios sindicatos, ya que no existen datos oficiales.
Actualmente, el mayor sindicato de España es UGT, con unos 950.000 afiliados seguido por CCOO, con 940.000, CSIF, con unos 200.000, y USO, con 120.000. Insistimos en que los datos los facilitan las propias formaciones sin ningún tipo de transparencia ni control de su veracidad. Estos afiliados permiten a los sindicatos contar con delegados sindicales, (un total de unos 270.000) que principalmente, pertenecen a los dos grandes sindicatos CCOO (100.000) y UGT (90.000), en tanto que el resto son de USO (10.000), CSIF (10.000), y otras organizaciones sindicales (60.000).
Según establece la Ley de Libertad Sindical es necesario contar con un 10% de los delegados sindicales para ser considerado “sindicato más representativo” y poder participar así de la negociación colectiva tanto tripartita como bipartita. Ello implica que sólo CCOO y UGT (“los sindicatos de la clase obrera”) pueden formar parte de esas mesas de negociación con organizaciones empresariales y administraciones. Es lo que se denomina “el bisindicalismo excluyente subvencionado”
Aunque dichos “sindicatos de clase” dicen tener cada uno del orden del millón de afiliados muchos nos preguntamos cómo UGT tiene casi 5 veces de afiliados que el propio PSOE, teniendo en cuenta que en España la inmensa mayoría de los ciudadanos no acude ni siquiera a las reuniones de su comunidad de vecinos. En cualquier caso esos dos millones de (“posibles”) afiliados son escasamente el 15% de los trabajadores por cuenta ajena españoles pero se arrogan la representación de todos ellos en los acuerdos de los convenios colectivos sectoriales, provinciales, autonómicos y estatales (¡y de otros “asuntillos” como, por ejemplo, los EREs andaluces!).
CCOO y UGT han acaparado más del 75 % de las subvenciones que los distintos gobiernos han concedido en la última década para financiar actividades de carácter sindical a un total de más de 100 organizaciones sindicales de muy diferente ámbito y tamaño. Como se ha demostrado en los resultados de la “histórica reforma de la reforma laboral” del actual Gobierno progresista de coalición el objetivo fundamental (conseguido) de esos sindicatos es no perder el poder de representación en las negociaciones de los convenios sectoriales y de aplicación más allá de la propia empresa. El resto, al parecer, era “secundario” pues el sentido último de su verdadero ser es constituirse como un “negociador laboral profesional” aprovechándose de los “liberados sindicales” (que financiamos todos los trabajadores, afiliados o no) y subvencionado por todos (trabajadores o no) mediante los PGE.
A pesar del oscurantismo de las “cuentas” de los sindicatos, según información interna propia de CCOO sus ingresos se descomponen en: 50% proceden de subvenciones (fundamentalmente las concedidas por el SEPE para la formación de empleo), el 25% de las cuotas de sus afiliados, el 21% de recursos propios (principalmente asesoría jurídica) y el 4% de subvenciones por delegados
Por otra parte, el Consejo de Transparencia ha instruido al Ministerio de Trabajo, que encabeza la vicepresidenta y sindicalista Yolanda Díaz, para que remita a la Confederación de Sindicatos (CGT) un informe sobre los inmuebles que la dirección ha entregado a las organizaciones sindicales, indicando su ubicación, dimensiones , y el uso que hace el sindicato de cada uno de ellos y desde cuándo. En particular, el sindicato solicitó datos a los Trabajo sobre el Patrimonio Sindicalista Acumulado, bienes inmuebles cuya titularidad corresponde al Estado y que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 1986, han sido cedidos para uso de los sindicatos para que puedan desempeñar las funciones reconocidas por el ordenamiento jurídico. “La tarea específica de recopilar información, ordenarla y ponerla a disposición, forzando búsquedas masivas, electrónicas y manuales, en todas las bases de datos y archivos” es, según Trabajo, “motivo suficiente” para no atender la solicitud.
La última vez que se publicó la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, fue en 2010, una estadística de carácter bianual que ofrecía una completa radiografía de como los asalariados españoles afrontaban su día a día, analizando cuestiones como su satisfacción en el trabajo y su empresa, sus horarios, sus dificultades para conciliar o, por último, su vinculación a los sindicatos.
En aquel momento, la tasa de ocupados afiliados a un sindicato se situaba en el 16,4%. El 43,4% de los trabajadores declaraba tener “nada o casi nada” conocimiento sobre la actividad de las centrales, un 10,5% “poco”, mientras que el 28% se situaba en un nivel “medio” de información.
En ejercicio convulso marcado por crisis financiera, recortes y una reforma laboral que provocó una huelga general de escasa intensidad lanzado por los mismos sindicatos que meses después apoyaron los cambios de pensiones lanzados por el Ejecutivo de José Luis Rodríquez Zapatero, este dato se consideró revelador. Y fue utilizado políticamente por el PP y por muchos medios de comunicación para destacar la desafección de los trabajadores hacia las centrales CCOO y UGT que parecían respaldar a aquel gobierno pese a la crisis.
Pero no fue el Ejecutivo del PSOE el que eliminó esta Encuesta, sino el del PP, que en 2012 se escudó en su elevado coste para dejar de realizarla. La sustituyó por una nueva Encuesta Anual Laboral, que ofrece mucha menos información y que, pese a lo que dice su nombre, se centra únicamente en las empresas. En ella sí se incluye información sobre la afiliación de los empleadores a las patronales.
Pero se pierde una enorme cantidad sobre las condiciones de trabajo que, como recuerda el investigador de Fedea Florentino Felgueroso, ahora se encuentran en estudios privados. Aunque lo más llamativo para muchos sigue siendo las métricas de representatividad de los sindicatos, sobre todo en un momento en el que se discute sobre la reforma de la interlocución entre las patronales y el Gobierno, dejando al margen la de los representantes de los trabajadores.
Conpymes, la patronal que patrocinan Yolanda Díaz y Begoña Gómez, pide sustituir a la CEOE en la mesa sobre la reducción de jornada y considera una irresponsabilidad no negociar medidas que permitan minimizar el impacto que la reforma tendrá en las pymes, ya que suponen el 99,8% del tejido empresarial español. Acusa a la CEOE de actuar “por pura estrategia política, sin tener en cuenta los intereses de las empresas españolas”
El Ministerio de Trabajo ha abierto la puerta del diálogo social estatal a la patronal de las pymes catalanas Pimec, asociada de Conpymes, al margen de lo que dicta el reglamento y la CEOE y Cepyme han interpuesto recurso contencioso administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo
Por su parte la patronal catalana Foment del Treball ha respaldado el manifiesto de Cepyme en favor de la “libertad de empresa” que la organización nacional de pequeñas y medianas empresas dio a conocer en su reciente asamblea general. Uno de los aspectos que más le preocupan son los desaires del Ministerio de Trabajo al diálogo social.