La España productiva, la que genera bienes y servicios, soporta cada vez más la carga de la España improductiva, es decir, de aquella que no genera riqueza, sino que la consume. Esto supone un importante lastre para el crecimiento de la economía, de su productividad y, en consecuencia, para lograr un incremento sostenido de los niveles de vida de los individuos. La población receptora de prestaciones económicas ha vuelto a presentar un nuevo impulso alcista derivado por el aumento del desempleo generado por la crisis de la pandemia
Los principales receptores de prestaciones públicas son dos: los pensionistas y los desempleados. La situación plantea un escenario preocupante que se agudizará en los próximos años-décadas por el envejecimiento de la población y su efecto alcista sobre los desembolsos en pensiones, sanidad o dependencia. Por añadidura, la indexación de las pensiones al IPC potencia el efecto alcista sobre el gasto público de esa partida, lo que no solo tendrá graves consecuencias económico-financieras, sino que constituye una potencial fuente de conflictividad social pues significa un sacrificio del nivel de vida de los ciudadanos de la España productiva en favor de los de la improductiva, lo que, antes o después, se volverá insostenible
El coste de las pensiones en España equivale al 14,6 % del PIB con datos de 2020. En los Presupuestos Generales del Estado 2020, este capítulo absorbió casi el 40 % del gasto total. Si se contempla retrospectivamente, la subida de los desembolsos en cobertura del retiro ha sido espectacular; se ha más que triplicado desde los 45.340 millones de 1996. En consecuencia, el gasto en protección social, que incluye, además del pago de las pensiones, el desempleo y los servicios sociales, está ya en casi 290.000 millones de euros y supone más de la mitad del gasto total anual, el 58,2 %
En un sistema de reparto, las cotizaciones sociales pagadas por empresarios y trabajadores no se depositan en un fondo que se acumula hasta que los segundos se retiran, sino que se emplean en pagar las pensiones de quienes ya se han jubilado. Tampoco es correcta la idea de que los desempleados reciben sus prestaciones de lo aportado previamente para esa eventualidad y, desde luego, no han realizado contribución alguna quienes obtienen prestaciones asistenciales como los programas de rentas mínimas
La tesis según la cual quienes viven de las prestaciones sociales contribuyen, también, al desempeño de la economía porque consumen y pagan impuestos es cierta, pero ha de ser matizada ya que esa segunda contribución es, por definición, inferior al coste neto de lo que cuesta el mantenimiento de su prestación
PENSIONISTAS
En España hay más de 10 millones de pensiones, de las cuales 9,8 millones son pensiones contributivas. El resto de las prestaciones son no contributivas, subsidios, asistenciales, etc
Por otra parte, el Sistema Público de pensiones español es uno de los más generosos de la OCDE. La pensión media de jubilación en España supone un 72 % del último salario cobrado por el jubilado, mientras que la media de la OCDE es del 49 % y la de la Unión Europea del 52 %. A modo de ejemplo, la tasa de sustitución de las pensiones en Francia es del 60 %, en Alemania del 39% y en el Reino Unido del 22%
DESEMPLEADOS
El volumen de desempleados (cobren o no prestación) presentaba una trayectoria declinante a raíz de la expansión de la economía iniciada en el cuatro trimestre de 2013. En el primer trimestre de 2013 había 6,3 millones de parados. En 2018, la cifra descendió a casi la mitad, 3,2 millones. La diferencia con los dos millones doscientos del párrafo anterior es la diferencia entre los datos del INE en los que se cuentan todas aquellas personas desempleadas y los del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en donde se incluyen solo aquellas que tienen derecho a prestación. Actualmente la cifra del INE es de 3.653.900 personas, esto sin contar con los trabajadores que se encuentran en ERTE
En España hay tres millones cien mil personas que están en el paro, quieren encontrar un trabajo, no lo consiguen y de esa cifra hay dos millones doscientos mil desempleados que tienen derecho a percibir una prestación por desempleo, sea esta de naturaleza contributiva o asistencial
En el momento álgido de la crisis sanitaria hubo casi 5 millones de personas recibiendo una prestación por desempleo. En estos momentos, cerca de 2,2 millones de personas obtienen prestaciones por desempleo; esto, sin contar los cerca de 700.000 trabajadores que siguen en ERTE actualmente
El número de desempleados ha vuelto a crecer por la crisis sanitaria y su recuperación está siendo más lenta de lo esperado. En la actualidad, los parados cuestan a las Arcas del Estado, es decir, a los contribuyentes, la friolera de 20,4 mil millones de euros.
Si se toman las cifras del gasto total por desempleo y se le detrae la contribución de los desempleados a las arcas públicas, se deduce que el Coste Neto de los desempleados en el último año en que están disponibles todos los datos necesarios, 2019, es 14.838 millones de euros. Por lo tanto, como término medio, las prestaciones por desempleo costaron, en 2019, a cada persona que estaba trabajando, 750,2 €/año.
EL COSTE DE LAS PRESTACIONES A CADA TRABAJADOR EN ACTIVO
Los datos utilizados son los siguientes:
- Pensionistas: los últimos datos oficiales de importe total de remuneración a los pensionistas en datos menos el pago total que realizan los pensionistas por impuestos directos dividido entre el número de trabajadores en activo (tanto en el sector público como en el privado).
- Desempleados: los últimos datos oficiales del gasto público total dedicado a pagar a los desempleados con derecho a retribución menos los impuestos directos que pagan el total de los parados y el resultado se divide entre el número de trabajadores en activo, obteniendo, así, el coste neto anual medio por cada uno de los pensionistas para cada trabajador en activo
Cada persona que trabaja se tiene que hacer cargo, como media, de 7.536 €/año para pagar a pensionistas y desempleados. En el capítulo de pensionistas el coste atribuible a cada trabajador es el más alto, con 565 €/mes y el de los desempleados, 63 €/mes. La conclusión es que la España de las prestaciones cuesta, como media, 628 €/mes a cada trabajador
