PENSIONES Y PRESUPUESTOS DEL ESTADO

Un sistema de jubilación sensato en una sociedad moderna debe estructurarse en torno a dos pilares: un pilar de reparto y uno contributivo. Lamentablemente, nuestro sistema es casi exclusivamente de reparto

Las últimas semanas de debate sobre la revalorización de las pensiones y su agitado trámite parlamentario demuestran que nuestro Estado del bienestar atraviesa una situación muy compleja y que, sin embargo, una solución política parece inalcanzable. Todos los partidos han demostrado ser rehenes de la realidad electoral: en España, solo se ganan elecciones con el voto de los jubilados.

Más preocupante aún es el nivel del debate en los medios. Al ver extractos de programas de televisión sobre pensiones, es desolador escuchar tanto a los «expertos» como al público luchar contra hombres de paja o ignorar las grandes cifras. Aunque estos debates puedan parecer irrelevantes, revelan un problema profundo de nuestra sociedad: el español medio aún no entiende qué es una restricción presupuestaria ni las magnitudes clave del presupuesto público, tanto en ingresos como en gastos.

Lo cierto es que nuestro Estado del bienestar enfrenta dificultades debido al inexorable crecimiento del gasto en pensiones, qué cifras debemos tener en mente y qué opciones razonables pueden diseñarse para salir de la encrucijada actual.

La idea clave es que, en España, como en la mayoría de los países, el sistema de pensiones público es de reparto. Esto significa que las cotizaciones sociales de los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados de hoy. No existe ningún sentido, ni contable ni jurídico, en el que las cotizaciones pasadas de un pensionista paguen su pensión actual. Esas cotizaciones ya se usaron en su momento para pagar a los jubilados de entonces.

Las bases de cotización de un pensionista solo sirven como referencia en el cálculo de su pensión, pero este cálculo es siempre reversible por ley. No constituye un «derecho» en el mismo sentido en que uno tiene derecho al saldo de su cuenta de ahorros. De hecho, dado el constante vaivén legislativo en España, dudo que haya muchos pensionistas que hayan cotizado bajo un mismo marco legal a lo largo de toda su vida laboral y recibido su pensión de retiro con este. A menos, claro, que trabajaran muy pocos años y murieran poco después de jubilarse, antes de que las Cortes tuvieran tiempo de cambiar nada.

Algunos comentaristas califican nuestro sistema de pensiones como un esquema de Ponzi porque depende de la entrada constante de nuevas generaciones de trabajadores. Si todos los trabajadores de España se retiraran a la vez, no habría ingresos para pagar las pensiones.

Sin embargo, esta calificación presenta dos problemas. El primero es que, paradójicamente, los esquemas de Ponzi (o las burbujas, en términos más generales) pueden aumentar el bienestar agregado de una sociedad. En ciertas condiciones, una burbuja puede ser útil. Desde esta perspectiva, llamar a algo esquema de Ponzi no lo hace bueno ni malo. Sin embargo, me temo que ni el público ni muchos economistas comprenden este matiz, y el término carga con una connotación negativa.

El segundo problema de llamar a la Seguridad Social un esquema de Ponzi es que sugiere que un sistema de reparto es una estafa piramidal. No lo es; es un mecanismo de reparto de riesgos entre generaciones. Imaginemos que, en lugar de un sistema de reparto, existiera un sistema de capitalización. En este modelo, cada trabajador contribuiría a un fondo de pensiones y, con el tiempo, usaría esas contribuciones y los rendimientos obtenidos para financiar su jubilación. Este sistema podría estar gestionado por el Gobierno o por una entidad privada (de manera similar, un sistema de reparto puede ser privado, como en muchas mutuas a lo largo de la historia).

REPARTO VERSUS CAPITALIZACIÓN

Se puede demostrar que un sistema de capitalización genera rendimientos medios más altos que los rendimientos implícitos de un sistema de reparto. En un sistema de reparto, el rendimiento es igual a la tasa de crecimiento bruto de la economía multiplicada por la tasa de crecimiento bruto del empleo, menos uno. Por ejemplo en una economía simple con un sistema de reparto puro, sin superávit ni déficit: cada generación cotiza exactamente lo necesario para pagar las pensiones de la anterior.

En el primer período (supongamos que cada período dura 35 años), hay 100 trabajadores, cada uno con un salario de 200 euros. Pagan una cotización social del 40% (80 euros), lo que les deja un salario neto de 120 euros. En el segundo período, los 100 trabajadores anteriores se han jubilado y una nueva generación entra en el mercado laboral con 110 trabajadores (el empleo ha crecido un 10%, o una tasa bruta de 1,1). Cada trabajador ahora gana 250 euros (la economía ha crecido un 25%, lo que ha elevado los salarios en la misma proporción, con una tasa bruta de 1,25). Siguen pagando una cotización social del 40% (100 euros). Todas las cifras están en valores reales, es decir, ya descontado el efecto de la inflación. En el segundo período, la recaudación total por cotizaciones sociales es de 11.000 euros (110 trabajadores pagando 100 euros cada uno). Al repartirse entre 100 jubilados, cada uno recibe 110 euros, o una tasa de reemplazo del 91,66% (110 euros de pensión/120 salario neto). Como en el período anterior la cotización social fue de 80 euros, la tasa de rendimiento del sistema de reparto es 110/80 = 37,5%. Si multiplicamos la tasa bruta de crecimiento del empleo (1,1) por la tasa bruta de crecimiento de la economía (1,25) y restamos uno, obtenemos exactamente ese 37,5% (1,1×1,25-1 expresado como porcentaje).

En comparación, un sistema de capitalización genera un rendimiento medio igual a la tasa de crecimiento bruto de la economía multiplicada por la tasa de crecimiento bruto del empleo y multiplicado por la inversa de la tasa de descuento intertemporal de la economía, menos uno. Explicar este resultado sin matemáticas es complicado (y, además, hay ciertas sutilezas sobre el significado exacto de la «tasa de descuento intertemporal de una economía»), pero lo único que se tiene que entender es que, dado que la inversa de esta tasa de descuento intertemporal es mayor que uno, el sistema de capitalización ofrece mejores medios rendimientos que el sistema de reparto precisamente por este factor.

La palabra clave aquí, sin embargo, es «medio» pues este sistema se enfrenta a dos riesgos. El primero es que, justo cuando se llegue a la jubilación (o poco después), una crisis financiera reduzca drásticamente el valor de los activos. Se puede intentar mitigar este riesgo trasladando la inversión a activos más seguros, como deuda del Estado, a medida que se acerca la jubilación. Sin embargo, calibrar la velocidad de transición es complejo. Además, mantener una cartera excesivamente conservadora, incluso después de jubilarse, rara vez es la mejor estrategia de inversión.

El segundo riesgo es el de supervivencia: si me jubilo a los 67 años, no sé cuánto tiempo viviré y debo calcular una tasa de retiro segura. Es decir, la cantidad mensual que puedo extraer de mi plan de jubilación para evitar quedarme sin dinero antes de morir, pero también sin acumular más riqueza de la que podré disfrutar (o que quiera dejar en herencia).

Lo cierto es que calcular una tasa de retiro segura no es nada sencillo, se equivoca. Para cubrirse ante el riesgo de supervivencia, uno puede comprar una renta vitalicia. Sin embargo, estas suelen ofrecer rendimientos bajos porque el asegurado sabe más que el banco sobre su propia salud. Además, lo que es casi más grave, está el riesgo de que la entidad financiera que vendió la renta vitalicia quiebre. En comparación, que la empresa que gestiona mi plan de pensiones quiebre no es más que un incordio menor: es solo la custodia de mis activos, que han sido siempre míos y, por el diseño del sistema, no han podido ser trasladados a ningún sitio.

Un sistema de reparto cubre, al menos parcialmente, estos dos riesgos. Si una crisis financiera grave golpea la economía en torno a mi edad de jubilación, el Estado puede emitir deuda pública para cubrir déficits transitorios del sistema y sostener el valor de las pensiones (o reducirlo mínimamente). Además, la pensión de reparto se cobra de forma vitalicia, distribuyendo el riesgo de supervivencia entre todos los participantes.

Por ello, un sistema de jubilación sensato en una sociedad moderna debe estructurarse en torno a dos pilares: un pilar de reparto y un pilar contributivo (que puede ser gestionado por el Estado central).

EL CASO DE ESPAÑA

Lamentablemente, en España, nuestro sistema de jubilación es casi exclusivamente de reparto. Hay dos razones clave para ello.

La primera es que, históricamente, nuestros mercados financieros eran pequeños e ineficientes, lo que dificultaba la creación de un sistema de capitalización privado. Se podría haber creado un sistema de capitalización público, pero la tentación de optar por el reparto es irresistible para cualquier político. El reparto permite que la primera generación cobre pensiones elevadas tras haber aportado poco o nada. Aquí es donde quienes critican el reparto como un esquema de Ponzi aciertan: los primeros en llegar se benefician enormemente, generando lealtades electorales duraderas.

La segunda razón es que, aún hoy, los planes de jubilación tienen un trato fiscal poco favorable y, peor aún, soportan comisiones de gestión abusivas. Que en España las gestoras cobren comisiones de hasta el 1,5% es un saqueo difícil de justificar sin aludir a las barreras de entrada del sector.

El gran problema es que, una vez instaurado un sistema de reparto, cambiar a uno basado en la capitalización es casi imposible. Una generación tendría que pagar dos veces: las cotizaciones sociales para cubrir las pensiones actuales y las contribuciones a su propio plan de jubilación. Por más que se hagan números, casi nunca cuadra.

Se puede y se debe avanzar en España hacia introducir un componente de capitalización en el sistema de pensiones (de entrada, eliminando barreras de entrada en el mercado de gestión de planes de pensión), pero esto es un refuerzo de otras medidas de reforma del sistema, no la solución a nada.

LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

El problema fundamental de nuestro sistema de reparto es que la recaudación de las cotizaciones sociales en este momento es muy insuficiente para cubrir las pensiones actuales. El sistema contributivo en su conjunto (hay que considerar todos los componentes del mismo, como las clases pasivas; es decir, el antiguo régimen a extinguir de los funcionarios) entró en déficit en 2010. Desde aquel año, el déficit contributivo no ha hecho más que crecer de manera prácticamente ininterrumpida.

En el avance presupuestario de 2024 (los números finales aún pueden variar mínimamente antes de la liquidación definitiva), el gasto en pensiones contributivas y de clases pasivas ascendió a 226.242 millones de euros (precios de 2024), un 14,26% del PIB de España.

Vale la pena detenerse en lo que esto significa: uno de cada siete euros que genera la economía española se destina al pago de estas pensiones contributivas y de clases pasivas.

Esto no implica, por supuesto, que los pensionistas contributivos y de clases pasivas solo reciban esa proporción del PIB. Perciben muchos otros ingresos adicionales.

Un ingreso adicional y que casi siempre se nos olvida es el de los alquileres de las viviendas en propiedad. España cumple, al elaborar su contabilidad nacional, con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea. El sistema europeo, como prácticamente todos los sistemas de contabilidad nacional, considera que el alquiler de las viviendas ocupadas por sus propietarios forma parte de la producción, la renta y el gasto en consumo final de los propietarios. Imaginemos que un jubilado con una pensión contributiva de 28.000 euros anuales, vive en una vivienda de su propiedad. Si la pusiera en el mercado de alquiler, podría obtener 2.000 euros al mes, o 24.000 euros anuales. En términos de PIB, se computa que este jubilado genera una producción de servicios inmobiliarios de 24.000 euros que se «auto-vende», lo que convierte esa cantidad tanto en parte de su renta (ingresos de capital) como de su consumo. Además, dado que el IBI en España es comparativamente bajo, estos 24.000 euros de renta del capital están muy bien tratados fiscalmente. En otras palabras, la renta nacional que se lleva este jubilado no son solo los 28.000 euros de su pensión, sino 52.000 euros: su pensión más el alquiler imputado. Este criterio sobre el cálculo del PIB se toma para que el PIB no varíe según quién sea el propietario de la vivienda, pues si este jubilado vendiera su casa y le pagara al comprador un alquiler mensual con los intereses generados por la venta, el PIB no debería cambiar. El servicio de vivienda (el jubilado viviendo en la misma casa) sigue siendo el mismo (salvo pequeños detalles como impuestos o costes de mantenimiento).

Esto implica que una parte significativa de las rentas del capital va a los propietarios de vivienda, muchos de ellos que no son «ricos» bajo ninguna definición razonable. Seguramente, el jubilado del ejemplo no se considera un «capitalista», pero lo es. Dado el enorme volumen de vivienda en manos de jubilados en España (y otras propiedades y rentas que poseen), su participación en la renta nacional es mucho mayor que el 14,26%.

ALGUNOS NÚMEROS

Volvamos a ese 14,26% del PIB que representan las pensiones contributivas y de clases pasivas. El problema es que las cotizaciones sociales contributivas en 2024 fueron solo de 166.136 millones de euros, un 10.47% del PIB. Es decir, el sistema contributivo y de clases pasivas tuvo un déficit de 60.105 millones de euros, un 3,79% del PIB.

Por el lado de los ingresos, el sistema cuenta con aportes adicionales de escasa cuantía y una parte de las cotizaciones sociales que provienen de bases de cotización superiores a las que generan la pensión máxima. Estas últimas pueden considerarse un impuesto no contributivo.

En 2024, el gasto total del sistema ascendió a 242.253 millones de euros, un 15,27% del PIB, mientras que los ingresos, sin transferencias del Estado, fueron de 176.047 millones, un 11,10% del PIB, lo que dejó un déficit total de 66.206 millones de euros, equivalente a un 4,17% del PIB, que el Estado central ha cubierto con transferencias y préstamos (que, al fin y al cabo son lo mismo).

Pero este no es el déficit total del sistema. Además de las pensiones contributivas, hay que sumar el gasto en prestaciones no contributivas (algunas, aunque muy pequeñas, de carácter sanitario) y los costes de administración del sistema.

Lo cierto es que este déficit del 4,17% condiciona por completo el presupuesto público en España y al crecer rápidamente en los próximos años, agravará aún más la situación fiscal. Conviene recordar que el sistema estaba en superávit en 2009 (+0,31% del PIB). En solo 15 años, su saldo presupuestario ha caído 4,48 puntos del PIB y lo peor está por llegar.