PENSIONES: UNA SEUDO REFORMA QUE NACE COJA

Este jueves 2 de noviembre se vota en el Pleno del Congreso de los Diputados, el denominado primer bloque de la “reforma Escrivá” de las pensiones y que presumiblemente se va a aprobar ya que las medidas han sido acordadas por los agentes sociales (excepto la subida de las  cotizaciones, el MEI, rechazada por la patronal) y tienen el visto bueno de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso.

 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, considera que las medidas «no son suficientes» para cuadrar las cuentas y reclama «medidas adicionales» que compensen el mayor gasto que supondrá la derogación de la reforma de 2013 del PP.

 

La presidenta de la AIREF, Cristina Herrro, alerta del aumento del gasto derivado de derogar la reforma de pensiones de 2013, que cifra en 3,3 puntos de PIB.

 

Además la valoración general de los expertos es que la reforma es insuficiente y poco ambiciosa para abordar de forma global y estable en el tiempo los retos actuales del sistema de pensiones y especialmente los futuros. Les parece una sucesión de medidas testimoniales pero sin un eje vertebrador común.

Reclaman mayor claridad para explicar las cuentas y alertan de un riesgo significativo de incumplimiento de las previsiones de ingresos por cotizaciones pues estamos ante la mayor partida de los PGE para 2022, ya que el gasto previsto en pensiones asciende a 170.494 millones de euros, un incremento del 4,8% sobre 2021.

 

Entre los expertos existe consenso en que medidas como la revalorización con el IPC va a suponer una carga importante para las generaciones futuras y ponen en cuestión que la reforma mejore la sostenibilidad del sistema. Con el dato de inflación media de este año, del 2,5% en diciembre, actualizar las pensiones de 2021 va a suponer un gasto extra en torno a 2.320 millones de euros, lo que se conoce como la paguilla, que los pensionistas cobrarán a primeros del próximo año y que sirve para compensarles por el desvío de la inflación (2,5% a diciembre) respecto al 0,9% que fue el porcentaje de aumento de la pensión a principios de 2021. Pero es que, además, «en 2022 ya entrará en vigor el nuevo sistema de revalorización de las pensiones, que se hará en función del dato de la inflación media en los últimos doce meses de cada ejercicio, lo que significa que la Seguridad Social tendrá que revalorizar las pensiones en 2022 en un 2,5%: otro gasto adicional en torno a 3.800 millones de euros.

 

Además la invención de los gastos impropios de la Seguridad Social en base a la separación de las fuentes de financiación del sistema público sólo mejora aparentemente el déficit del sistema, trasladándolo al Estado pero sin tomar medidas efectivas de aumento de los ingresos. Un simple truco contable. Los expertos consideran que el detalle de gastos del sistema que se incluyen en el concepto de trasferencias del Estado “resulta insuficiente para apreciar hasta qué punto las nuevas transferencias responden a la culminación de la separación de fuentes y de hecho, indican que en la práctica  se trasladan al Estado algunos gastos que no cabe considerar de impropios y otros difíciles de valorar por la ausencia de detalle. Es claro que las medidas propuestas aumentan el déficit previsto del sistema de pensiones y lo trasladan al Estado, incrementan las cotizaciones, y reducen la equidad intergeneracional, a cambio de una mayor carga presupuestaria sobre las generaciones más jóvenes.

 

En cuanto al nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) opinan que es «como poner una venda en una herida que necesita sutura”. Con los 2.000 millones de recaudación anual previstos no va a llenarse la hucha de las pensiones, ni tampoco se va a tapar el desfase de la Seguridad Social.

 

Además, los anunciados Planes de Pensiones de Empleo (PPE), que son una declaración indirecta de la insostenibilidad del sistema público,  incentivados por medidas fiscales a costa de empeorar la fiscalidad de los planes de pensiones individuales hacen que estos dos pilares complementarios a las pensiones públicas sean sustitutivos entre sí y no complementarios, tal y como es la filosofía de los tres pilares de todos los sistema de pensiones mundiales. No se ha desarrollado el segundo pilar (los planes de empleo) y se han cargado ya el tercero (los planes individuales)

 

El problema es que el retraso en adoptar las medidas apropiadas tienen un coste: cuanto más se tarde mayor será el ajuste necesario, y hace que nuevamente se posterguen las decisiones para dentro de otros 10 años

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