GRECIA Y LAS PENSIONES
En 2010 el gasto en pensiones sobre el PIB en Grecia pasó a casi el 15% del PIB y en 2015, se situaba en el 17,6% del PIB, aunque entre 2010 (año de la intervención de Europa) y 2015 el PIB cayó casi un 19%. En 2010, el déficit propio del sistema ascendía al 7,3% del PIB, constituyendo las pensiones el apartado más importante en el conjunto del déficit público, cercano al 11%. Grecia estaba sentada sobre un volcán de deuda alimentado por un sistema delirante de reconocimiento de pensiones de imposible racionalización y en 2010 Grecia solicitó el rescate económico y financiero a la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional)
Antes de las reformas de las pensiones del periodo 2010-2012, forzadas por la intervención, las pensiones griegas de jubilación eran unas de las más generosas del mundo, tanto por el retorno de las cotizaciones realizadas como por la Tasa de Sustitución de la primera pensión sobre el último salario. Todavía. en 2013, la tasa de sustitución griega era la más elevada de la Eurozona, alcanzando un 81% cuando en la Eurozona era algo inferior al 50%. En 2017, tras una nueva serie de reformas la Tasa de Sustitución había descendido al 70%.
Antes de 2010, las pensiones griegas se gestionaban en docenas de Cajas Públicas de Jubilación, y en general, se calculaban con los cinco mejores años de los últimos diez años cotizados. La jubilación anticipada estaba generalizada pues las penalizaciones por jubilación anticipada eran muy livianas.
La reforma de 2010 fue muy ambiciosa pero muchas de sus medidas no se aplicaron. En 2011-2013 se llevaron a cabo nuevas reformas que elevaron la edad de jubilación, congelaron las pensiones hasta 2016, recortaron las pensiones más elevadas y eliminaron las dos pagas extra. El Consejo de Estado declaró inconstitucional la eliminación de las pagas extra y hasta hoy el tema sigue coleando. En 2015-2016 se adoptaron otra serie de medidas para racionalizar y armonizar la gran diversidad de esquemas públicos todavía existentes y consolidar los avances de las reformas anteriores.
A raíz de estas reformas, Grecia pasó a tener una serie de características muy avanzadas en su sistema de pensiones, tales como: edad legal de jubilación en 67 años; vinculación de esta con la Esperanza de Vida; consideración de toda la vida laboral en el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión y la introducción de cuentas nocionales en el sistema complementario público. En 2017, por fin, una nueva reforma pretendía, por enésima vez, consolidar los avances de las anteriores y extender las condiciones establecidas para nuevos pensionistas a los existentes, pero en la víspera de su entrada en vigor, el 1 de enero de 2019, el Consejo de Estado la suspendió.
En 2020 el gobierno volvió a reformular algunas de las medidas suspendidas, tratando de cumplir, sin embargo, con las normas dictadas por el Consejo de Estado. Esta reforma redujo y estabilizó considerablemente el elevado riesgo legal de la década precedente. Grecia es un buen ejemplo de cómo un sistema de pensiones desbocado puede hundir a un país y, su control, devolverlo a la normalidad.
En agosto pasado, el Parlamento griego aprobó la última de las reformas adoptadas por Grecia. La reforma de 2021 persigue que los esquemas suplementarios públicos pasen del reparto a la capitalización plena para todos los nuevos entrantes al mismo y hacerlo opcional para los trabajadores de menos de 35 años que lo deseen. De esta forma, Grecia cierra un intensísimo ciclo de reforma de la intervención pública en la Previsión Social, del que sale fortalecida.
La gran lección del caso griego de las pensiones es que el sistema existente antes de 2010 lo acabaron destruyendo sus entusiastas y una inconcebible alianza de políticos irresponsables y grandes grupos sociales y profesionales de interés egocéntricos, que desconsideraron por completo el interés general, contribuyeron al colapso productivo de la economía que se ocultaba tras la fachada del progreso inflacionario de la primera década del siglo presente. Las pensiones en Grecia son hoy más sostenibles y equitativas, además de razonablemente suficientes. Grecia ha hecho los deberes y ha modernizado su sistema de pensiones más allá de lo que muchos países de la UE parecen dispuestos a hacer hoy.
LAS (NO) REFORMAS FRANCESAS DE SUS PENSIONES
Durante su campaña a la presidencia de la Republica, en 2017, Emmanuel Macron comprometió una reforma de las pensiones de calado y el 31 de mayo de 2018 dio comienzo formalmente un proceso de concertación social y consulta ciudadana de la propuesta del gobierno . En sus grandes líneas, la reforma contemplaba el aumento de la edad de referencia para la jubilación a los 64 años en 2027 y la unificación de los 42 regímenes existentes, la consideración de la penosidad de ciertas ocupaciones, sistemas de bonus-malus por demora o anticipación de la jubilación, complementos homogéneos por maternidad/paternidad, pensión mínima del 85% del Smic (el SMI español), medidas de jubilación activa y revisión de las pensiones de viudedad, entre otras.
Durante el otoño de 2019 se profundizan los debates de las principales propuestas con los interlocutores sociales, las asociaciones cívicas y la ciudadanía pero en diciembre se inicia un movimiento de fuerte contestación social agitada por los “chalecos amarillos” y así en ese momento, la propuesta reforma sigue un curso paralelo, el oficial, por un lado, y de conflicto social intenso por otro.
En marzo de 2020 la Asamblea nacional aprueba el proyecto de Ley ordinario pero debido al confinamiento por la Covid-19 se paran en seco todos los trámites legislativos.
Tras su reciente reelección como Presidente de la República, Macron confirmó que se llevará a cabo la reforma de las pensiones apuntando al verano de 2023 como horizonte para la entrada en vigor de los primeros efectos de la reforma aunque los sindicatos siguen siendo hostiles a este proyecto.
El pasado 9 de junio de 2022, la ministra de trabajo anunciaba que el gobierno volvía a la carga con la reforma de las pensiones, pero no se reanudaban los trabajos en el estado en que quedaron en marzo de 2020 “Nuestro sistema necesita una reforma de las pensiones”, confirmó la Primera Ministra durante su discurso de política general ante la Asamblea Nacional el 6 de julio y “esta reforma se hará en consulta con los interlocutores sociales implicando a los parlamentarios lo antes posible”. La generalidad de los agentes sociales y el propio gobierno admiten que todo debe volver a negociarse de nuevo y no necesariamente sobre la base del proyecto de Ley adoptado antes de la declaración de la pandemia.
Resumidamente lo que estaba contenido en el “texto sobre el cual el gobierno asume su responsabilidad”, validado en primera instancia a principios de marzo de 2020:
- El fin de los 42 regímenes especiales a favor de un sistema universal de reparto que funcionará sobre una base de puntos acumulados a lo largo de toda la carrera profesional
- El mantenimiento de la edad ordinaria de jubilación a los 62 años, o incluso menos para los funcionarios públicos que ejercen “funciones soberanas” (policía, aduanas, guardias de prisiones, controladores de tráfico aéreo) que aún pueden jubilarse a los 57 o incluso 52 años. Mantenimiento del derecho del personal militar a recibir una pensión después de 17 o 27 años de “servicio efectivo”
- La hipótesis preferida es la de una edad ordinaria a los 64 años en 2027, acompañada de un “mecanismo bonus-malus” del 5% anual para las jubilaciones anticipadas o demoradas.
- La modificación de las normas de la combinación de empleo y jubilación, para que quienes perciban una pensión íntegra puedan acumular puntos adicionales cuando retomen una actividad
- Una pensión mínima del 85% del salario mínimo en 2025
- Un incremento de puntos del 5% por hijo, la mitad de los cuales se destinarán a la madre para la maternidad, la otra mitad se podrá repartir entre ambos progenitores o destinarse a uno u otro
- Un nuevo cálculo de las pensiones de viudedad que garantizará al cónyuge supérstite el 70% de los puntos de jubilación adquiridos por la pareja.
El futuro sistema de pensiones inicialmente previsto es un sistema basado en puntos según el cual un trabajador contribuye y acumula cada año una cantidad de puntos que luego se transforma en una pensión mensual una vez que alcanza la edad de jubilación, de forma que cada trabajador tiene una “cuenta personal” en la que se acumulan sus puntos. La traducción de puntos a pensión se realiza a través de un coeficiente de conversión que puede tener en cuenta varios factores como el número de años cotizados o la esperanza de vida media del país. Por lo tanto, cuando un trabajador se jubila, su pensión corresponde al número de puntos adquiridos durante su vida laboral multiplicado por el valor del punto vigente en la fecha de jubilación. No obstante, absolutamente todo sobre la reforma de las pensiones está aún en el aire, ignorándose el qué, el cómo y el cuando se decidirán los aspectos más sustantivos, y Francia no está siendo un ejemplo de agilidad, ni legislativa ni social, en un tema tan sensible personal y nacionalmente.
