Pensión no contributiva: la falta de aportación de la documentación bancaria con la solicitud no puede impedir su reconocimiento

La Cnsejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid no concede la pensión no contributiva de vejez alegando la falta de los datos bancarios del solicitante para el ingreso de dicha pensión y se limita a invocar como infringido el artículo 68 de la Ley 39/2015

El indicado artículo solamente permite a la Administración requerir la subsanación de la solicitud presentada por el interesado cuando en la misma falten los requisitos del artículo 66 u otros exigidos por la legislación específica aplicable. El artículo 66 no hace referencia alguna a ningún certificado o formulario sobre la cuenta corriente y, por tanto, si dicho requisito fuese exigible para poder reconocer la prestación, sería preciso que estuviese así estipulado en la “legislación específica aplicable”. Esa legislación específica es el artículo 369 de la LGSS, que no incluye como requisito para el reconocimiento de la prestación la aportación de un formulario de datos bancarios como el que en este caso se ha requerido.

Por otra parte, si los requisitos para el reconocimiento de la prestación están regulados en norma con rango de Ley, no puede una norma reglamentaria añadir requisitos adicionales y, en todo caso, el recurso de la Consejería no cita ninguna norma de ningún rango que establezca tal requisito para el reconocimiento prestacional, por lo que carece de fundamentación.

En definitiva, la ausencia de la documentación bancaria necesaria para el abono de la prestación que pudiera ser reconocida no afecta a la posibilidad de que la Administración resuelva sobre el derecho a la misma, sino solamente a la viabilidad de hacerla efectiva mediante los correspondientes abonos periódicos si fuese reconocida, lo que se sitúa en un plano procedimental posterior al reconocimiento.

Por tanto, se procede al archivo del recurso por considerar  un exceso de la Administración gestora y un claro y manifiesto funcionamiento anormal de los servicios públicos, y por tanto se  condena a la Administración al abono de la prestación.

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