PEDRO SÁNCHEZ Y LA GUERRA JUDICIAL: «LOS JUECES ACTÚAN COMO OPOSICIÓN AL GOBIERNO»
1 comentario en «PEDRO SÁNCHEZ Y LA GUERRA JUDICIAL: «LOS JUECES ACTÚAN COMO OPOSICIÓN AL GOBIERNO»»
PEDRO SÁNCHEZ SIGUE EL CAMINO DE LA JUSTICIA POLACA
La justicia española y la polaca comparten varias aspectos en común. De hecho, su Consejo del Poder Judicial está basado en el español. El Consejo polaco cuenta con 25 vocales: 15 de procedencia judicial y 10 juristas de reconocido prestigio. El español, por su parte, con 12 jueces y 10 juristas.
En 2015 el Pis (partido Ley y Justicia), de derecha populista, consiguió la mayoría absoluta en las elecciones generales y cambio la estructura de la Fiscalía General del Estado y los nombramientos. Promovió a los fiscales que le eran afines y apartó a los que investigaban casos de corrupción contra su partido.
Otra operación que se llevó a cabo fue la de fusionar el cargo de ministro de Justicia con el de fiscal general del Estado. En Polonia no existen jueces de instrucción, como en España, y las instrucciones las hacen los fiscales.
En 2016 decidieron encargarse del Tribunal Constitucional. Como en España, en Polonia los jueces del Tribunal Constitucional se eligen por tercios. Son 15 magistrados, de los 5 que correspondían, el PIS puso a los suyos, sin respetar el sistema imperante.
En 2017 el Gobierno del Pis aprobó tres proyectos de ley de la noche a la mañana y que entraría en vigor a la semana siguiente. Uno de estos proyectos modificaría la selección del Consejo del Poder Judicial. Los 15 vocales de procedencia judicial, que elegían los miembros de la carrera judicial mediante voto secreto y directo, pasaron a ser elegidos por el Parlamento.
El segundo proyecto reducía la edad de jubilación de los miembros del Tribunal Supremo de los 70 a los 65 años. La tercera ley creó dos salas en el Supremo; una Sala Disciplinaria y otra de asuntos públicos. La Sala Disciplinaria estaba conformada por jueces afines al Gobierno y se encargaba de sancionar a los jueces por sus decisiones judiciales. Esto creó duda en la independencia e imparcialidad del poder judicial polaco. Pues era una Sala de indudable naturaleza política.
Los jueces polacos demandaron al Gobierno frente a la Unión Europea, exigiendo a la Comisión que tomase medidas por violar el Estado de Derecho. Sin embargo, en ese entonces la UE no disponía de las herramientas necesarias para solucionar este problema, pero en 2021 entró en vigor en la UE un Reglamento, relativo al mecanismo de condicionalidad, que permite negar el acceso a los fondos a un país si no cumple con los principios del Estado de Derecho. Entonces, la Comisión Europea instó que las leyes del Pis violaban los principios del Estado de derecho y se negó el acceso a Polonia a los fondos UE.
En octubre de 2021 el TC polaco dictó sentencia sobre varios artículos de los tratados de la UE que eran “inconstitucionales”. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contestó a Polonia que el ordenamiento jurídico de la UE se basa en normas claras y vinculantes del Estado de Derecho.
Veinte días después de la sentencia del Tribunal Constitucional polaco (27 de octubre), el tribunal de Luxemburgo impuso una multa diaria de un millón de euros, aunque finalmente se redujo a medio millón diarios, a Polonia hasta que disolviera la Sala Disciplinaria para jueces de su Tribunal Supremo.
El Gobierno polaco acabó pagando 555 millones de euros en multas y acatar la sentencia del TJUE. Llegó un momento en que la Comisión Europea comenzó a cobrarse quitando de los presupuestos de la UE concedidos a Polonia. En marzo de 2022 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se unión a la CE y denunció la Sala Disciplinaria polaca.
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PEDRO SÁNCHEZ SIGUE EL CAMINO DE LA JUSTICIA POLACA
La justicia española y la polaca comparten varias aspectos en común. De hecho, su Consejo del Poder Judicial está basado en el español. El Consejo polaco cuenta con 25 vocales: 15 de procedencia judicial y 10 juristas de reconocido prestigio. El español, por su parte, con 12 jueces y 10 juristas.
En 2015 el Pis (partido Ley y Justicia), de derecha populista, consiguió la mayoría absoluta en las elecciones generales y cambio la estructura de la Fiscalía General del Estado y los nombramientos. Promovió a los fiscales que le eran afines y apartó a los que investigaban casos de corrupción contra su partido.
Otra operación que se llevó a cabo fue la de fusionar el cargo de ministro de Justicia con el de fiscal general del Estado. En Polonia no existen jueces de instrucción, como en España, y las instrucciones las hacen los fiscales.
En 2016 decidieron encargarse del Tribunal Constitucional. Como en España, en Polonia los jueces del Tribunal Constitucional se eligen por tercios. Son 15 magistrados, de los 5 que correspondían, el PIS puso a los suyos, sin respetar el sistema imperante.
En 2017 el Gobierno del Pis aprobó tres proyectos de ley de la noche a la mañana y que entraría en vigor a la semana siguiente. Uno de estos proyectos modificaría la selección del Consejo del Poder Judicial. Los 15 vocales de procedencia judicial, que elegían los miembros de la carrera judicial mediante voto secreto y directo, pasaron a ser elegidos por el Parlamento.
El segundo proyecto reducía la edad de jubilación de los miembros del Tribunal Supremo de los 70 a los 65 años. La tercera ley creó dos salas en el Supremo; una Sala Disciplinaria y otra de asuntos públicos. La Sala Disciplinaria estaba conformada por jueces afines al Gobierno y se encargaba de sancionar a los jueces por sus decisiones judiciales. Esto creó duda en la independencia e imparcialidad del poder judicial polaco. Pues era una Sala de indudable naturaleza política.
Los jueces polacos demandaron al Gobierno frente a la Unión Europea, exigiendo a la Comisión que tomase medidas por violar el Estado de Derecho. Sin embargo, en ese entonces la UE no disponía de las herramientas necesarias para solucionar este problema, pero en 2021 entró en vigor en la UE un Reglamento, relativo al mecanismo de condicionalidad, que permite negar el acceso a los fondos a un país si no cumple con los principios del Estado de Derecho. Entonces, la Comisión Europea instó que las leyes del Pis violaban los principios del Estado de derecho y se negó el acceso a Polonia a los fondos UE.
En octubre de 2021 el TC polaco dictó sentencia sobre varios artículos de los tratados de la UE que eran “inconstitucionales”. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contestó a Polonia que el ordenamiento jurídico de la UE se basa en normas claras y vinculantes del Estado de Derecho.
Veinte días después de la sentencia del Tribunal Constitucional polaco (27 de octubre), el tribunal de Luxemburgo impuso una multa diaria de un millón de euros, aunque finalmente se redujo a medio millón diarios, a Polonia hasta que disolviera la Sala Disciplinaria para jueces de su Tribunal Supremo.
El Gobierno polaco acabó pagando 555 millones de euros en multas y acatar la sentencia del TJUE. Llegó un momento en que la Comisión Europea comenzó a cobrarse quitando de los presupuestos de la UE concedidos a Polonia. En marzo de 2022 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se unión a la CE y denunció la Sala Disciplinaria polaca.