La iniciativa unilateral de la diputada socialista supondría una vía para que otros Estados miembros incumplan sus compromisos sin perder los fondos europeos
El Gobierno sabe que la actualización de las pensiones con la inflación que ha impulsado pone en peligro la garantía de pago futuro del sistema de jubilación. Y lo sabe hasta el punto de que ha tramitado una enmienda en la UE para modificar la regulación que exige el cumplimiento de este tipo de reformas en caso de querer seguir cobrando los fondos europeos.
Todos los expertos le han avisado de que el actual sistema, carente de esquemas de garantía y de control del gasto, aboca a un déficit insalvable del sistema de la Seguridad Social. Pero al presidente le ha dado igual. Él ha aprobado la actualización de las prestaciones públicas con el alza de los precios porque sabe que el colectivo de jubilados puede ser decisivo en las futuras elecciones.
Pedro Sánchez prometió remitir a Bruselas una reforma que estableciese sistemas de control del gasto de las pensiones. Y ahora ha pedido oficialmente incumplir esa promesa. Una promesa que, además, está plasmada en la propia normativa del reparto del rescate.
La eurodiputada socialista Eider Gardiazabal, una de los tres integrantes del equipo negociador del Parlamento Europeo para el plan energético de la Unión Europea (UE), conocido como REPower EU, ha presentado unilateralmente una enmienda, sin el apoyo del grupo negociador, para «echar un capote», según fuentes próximas, al Gobierno con el retardo en la reforma de las pensiones, y rebajar su contenido si la crisis económica hace difícil su cumplimiento.
Según fuentes conocedoras de la negociación sería una suerte de pretexto para apoyarse en la crisis energética y diluir o flexibilizar los compromisos adquiridos por el Gobierno de Pedro Sánchez habida cuenta de que la segunda parte de la reforma carecería aún de acuerdos suficientes con los agentes sociales para ser aprobada en tiempo y forma antes del 31 de diciembre.
Fuentes de la negociación explican que la última parte de la reforma va extremadamente atrasada y que «se está pidiendo árnica al ver el PSOE que le pilla el toro con los plazos de confección de la última fase de la reforma», que incluye elementos de proyección estructural como el destope de cotizaciones y la proporción que éste tenga con la subida de las pensiones máximas, en aras de la contributividad reclamada por la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo y la modificación de los años cotizados que se tienen en cuenta para el cálculo de la cuantía de la pensión de jubilación.
De aprobarse dicha enmienda, que previsiblemente será votada en el Parlamento Europeo durante el mes de noviembre y que luego además debe ser aprobada por los gobiernos nacionales, se eliminará el mecanismo de condicionalidad creado para distribuir los fondos europeos entre los países que accedieran a llevar a cabo reformas importantes. Es el caso del Ejecutivo español con el sistema de pensiones, algo a lo que se comprometió con Bruselas y que ahora podría quedar en papel mojado ayudándose de esta medida -siempre que salga adelante-. En concreto, el Gobierno se escudarían en los altos niveles de inflación para no cumplir con algunos de los objetivos acordados con la Unión Europea a cambio de recibir los fondos de recuperación de la UE.
Las fuentes consultadas explican que realmente lo que está pidiendo Gardiazabal es una suavización o flexibilización de los hitos pedidos al Gobierno de Pedro Sánchez en materia de pensiones, que habrían de convencer a la UE de la sostenibilidad a futuro del Sistema. Todo ello, en el marco de que -debido a la crisis energética, y al plan europeo REPowerEU- se puedan recibir los fondos europeos pese a no cumplir la totalidad de lo comprometido con el Gobierno de España.
La polémica enmienda elimina una frase del texto original de la Comisión. Esa frase señalaba que la actual crisis no puede convertirse en el pretexto para alterar las reformas ya comprometidas en el Plan de. Recuperación Y, al quitar la frase, la reforma habilitaría al incumplimiento de esas promesas y, por lo tanto, en el caso de España, a no garantizar el futuro de las pensiones.
