PASA EL TIEMPO Y LA REFORMA DE LAS PENSIONES SE VA QUEDANDO EN UN PURO MAQUILLAJE

Fuentes del diálogo social apuntan a que el acuerdo del primer paquete de medidas en materia de pensiones empieza a estar encaminado tras las diversas cesiones al respecto del ministro Escrivá y tras aplazar las medidas de mayor calado y más traumáticas en términos de ajuste del sistema a los años venideros.

 

Para empezar, el ministro abandonó de inicio su propuesta para elevar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión hasta los 35 años, un tema espinoso que no llegó a plantear negro sobre blanco en la mesa con patronal y sindicatos porque ya había generado gran revuelo cuando trascendió un borrador confidencial en el que se detallaban las reformas a confeccionar para Bruselas. Ese mecanismo de ajuste se volverá a abordar en el futuro, en una segunda fase de negociaciones.

 

La fórmula de revalorización anual de las pensiones. Inicialmente, Escrivá había planteado que la subida anual con el IPC se absorbiese en los tres años siguientes en caso de inflación negativa, pero el ministro acabó cediendo a las presiones sindicales, eliminando esa absorción y permitiendo la ganancia de poder adquisitivo.

 

La patronal arrancó otra concesión, que tiene que ver con la subida de las bases máximas de cotización. El ministro ha retirado, por el momento, esta medida del primer paquete de reformas, para no perjudicar a los empresarios con un incremento de los costes laborales en plena crisis. Fuentes sindicales, no obstante, aclaran que la medida se ha aplazado, no suprimido.

 

La sustitución del aún vigente (aunque en hibernación legal) factor de sostenibilidad, que introdujo la reforma de 2013, por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que incorpore nuevos parámetros para calcular la pensión como la esperanza de vida o el equilibrio del ratio entre cotizantes y pensionistas, del que se desconocen todos los planteamientos concretos, se ha anunciado que, en cualquier caso, no empezaría a operar hasta el año 2027.

 

El Ministerio ha accedido a retrasar un año, hasta 2023, la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos afiliados al RETA. Tras las reclamaciones de las principales asociaciones del gremio, que llevan meses advirtiendo de que los cambios planteados excluirían a la mitad de los trabajadores por cuenta propia y supondrían una subida de la cuota para unos 700.000 autónomos. Parece que el nuevo sistema de cotizaciones, inicialmente prevista para 2022, se retrasará a 2023 e introducirá un periodo transitorio de una década para favorecer la adaptación.

 

Con todas estas cesiones, el Ministerio habría logrado acercar a los interlocutores sociales a un acuerdo próximo. Sería, eso sí, un primer paquete con medidas ya cerradas como la fórmula de revalorización anual y, en paralelo, se incluirían otras como los incentivos a la jubilación demorada o la reforma del sistema de penalizaciones a la jubilación anticipada voluntaria, cuyas condiciones se siguen negociando. Respecto a los coeficientes reductores para las jubilaciones anticipas involuntarias todo está en la más absoluta obscuridad dado que el Ministerio aún no ha presentado el preceptivo informe al que se comprometió hace medio año y cuyo plazo de redacción era de 3 meses.

 

En definitiva, ha transcurrido casi medio año desde la aprobación de la Recomendaciones del Pacto de Toledo sobre nuestro sistema público de pensiones y, a pesar de la presión para presentar a Bruselas esta reforma para poder acceder a los Fondos de Recuperación Europeos, estamos sin ningún avance concreto en el desarrollo de estas recomendaciones.

 

Las cuestiones estructurales más importantes ni siquiera se han iniciado a debatir: el sistema complementario al público de los Planes de Empleo (planes de pensiones de empresa bajo la perspectiva de un sistema de capitalización y no de reparto), el “nuevo” factor de equidad intergeneracional para no trasladar toda la carga financiera del sistema a las nuevas generaciones, la jubilación forzosa a la edad ordinaria por imposición de los Convenios Colectivos contraria a la consideración de la jubilación como un derecho pero no como una obligación, todo lo concerniente a la pensión de viudedad y su vinculación a las rentas personales,…

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