La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió el jueves 14 de septiembre en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso el último acuerdo de pensiones alcanzado con sindicatos y patronal para diseñar un nuevo marco regulador que compatibilice el trabajo y la pensión y así evitar una salida «abrupta» del mercado laboral.
«España presenta una anomalía en términos comparados en cuanto a la salida del mercado laboral porque la jubilación se suele producir de una forma abrupta, sin una transición o gradualidad característica en otros países», ha argumentado Saiz.
Por eso, se establece un nuevo marco regulador para compatibilizar trabajo y pensión en el que para cobrar el 100% de la pensión se necesitarán al menos cinco años en activo tras el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
El acuerdo en cuestión se firmó el pasado 31 de julio en la mesa del diálogo social con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme y se basa, además de la mejora de la compatibilidad de pensión y trabajo; en la regulación de un nuevo procedimiento de acceso a la jubilación en actividades con una elevada peligrosidad y el mejor aprovechamiento de los recursos asistenciales de las mutuas en procesos traumatológicos.
Saiz explicó que el contenido del acuerdo tiene una «conexión directa» con las reformas de pensiones de 2021 y 2023 que impulsó su predecesor y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, pues el pacto «viene a complementar y mejorar» aspectos que en su momento no pudieron abordarse.
El Pacto de Toledo pide informes y más debate
Sin embargo, esta suerte de jubilación a la carta que propone la ministra, y respaldan los agentes sociales, se ha topado con numerosas críticas entre los grupos políticos del Pacto de Toledo, que le reprochan sobre todo la ausencia de informes de impacto de los cambios previstos; la falta de información y debate sobre la prolongación de la vida laboral; la inexistencia del cronograma legislativo de este acuerdo; y el desconocimiento sobre cómo afectarán los cambios a la sostenibilidad del sistema de pensiones, en puertas de la jubilación del baby boom.
Néstor Rego, del BNG, cuestiona que este pacto de reforma del sistema de jubilación se haya alcanzado únicamente con los sindicatos CCOO y UGT, dejando fuera a los sindicatos con representación relevante en las comunidades autónomas. Y lo critica además por «continuar la senda de recortes de todas las reformas de pensiones, iniciada con José Luis Rodríguez Zapatero. Se mantiene la edad de jubilación a los 67 años y se ha aumentado también el periodo de cálculo para hallar la pensión». A este respecto, la ministra Saiz ha asegurado que «el acuerdo no supone ningún tipo de recorte».
También muy crítico, EH Bildu alerta de las consecuencias de estos acuerdos, por su «impacto en la salud de los trabajadores y en el sistema público de salud, sobre todo en un contexto de prolongación de la vida laboral». Así, el parlamentario Iñaki Ruiz de Pinedo ha pedido que, con carácter urgente, «se realicen informes de impacto de las medidas propuestas», expresando su recelo por el incremento de las competencias de las mutuas.
Asimismo, el PP y Vox han reclamado que el Gobierno entregue al Pacto de Toledo los informes con el impacto económico de los cambios, subrayando sus dudas acerca de las consecuencias que tendrá la reforma sobre la salud del sistema de pensiones.
Por parte de ERC, Jordi Salvador ha criticado la pretendida prolongación de la vida laboral, «imposible» para numerosas personas y actividades profesionales, donde, a su juicio, habría que invertir en lo contrario: rebajar la edad de retiro. También ha expresado sus dudas sobre el papel de las mutuas. Un asunto este último en el que también discrepa Junts, que ha pedido a la ministra ir más allá en el aprovechamiento de las mutuas, en concreto, en las medidas para gestionar la incapacidad temporal, si bien el grupo catalán afirma avalar el grueso de las medidas acordadas por el Gobierno con los agentes sociales.
En cuanto al PNV, Idioa Sagastizabal ha resaltado el valor positivo de varias de las medidas, pero ha recordado a la ministra Saiz que el acuerdo es una «mera declaración de intenciones», pues requiere del necesario desarrollo legislativo, «donde los partidos políticos tendremos algo que aportar». La representante vasca pide además «conocer qué calendario maneja el Ministerio para hacer efectivos los acuerdos».
Incluso desde Sumar han advertido que estarán «vigilantes» en la tramitación, si bien han valorado las mejoras, como los avances en los coeficientes reductores, que permitirán el retiro anticipado en actividades penosas o peligrosas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha firmado este miércoles con los representantes sindicales y de las patronales CEOE y Cepyme el acuerdo que alcanzaron con el Ministerio de Inclusión el pasado 31 de julio para establecer un nuevo marco regulador de compatibilidad entre trabajo y pensión.
La firma ha tenido lugar a las 9.30 horas en el Palacio de La Moncloa y han asistido a la misma los dirigentes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, Unai Sordo, Pepe Álvarez, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, así como la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. No obstante el acuerdo deberá pasar aún por su aprobación en el Congreso y, al parecer, el Gobierno no cuenta con los apoyos suficientes para ello.
El acuerdo que escenifican este miércoles Gobierno, patronal y sindicatos se enmarca en la última parte de la reforma del sistema de pensiones que inició el exministro y ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. La reforma de la jubilación parcial y activa es el cuarto bloque de reforma de las pensiones que pactan gobierno y agentes sociales. Los anteriores son:
- Primer bloque: suficiencia de las pensiones.
- Segundo bloque: equidad del sistema: nuevo cálculo de las pensiones y nuevas cuotas para los autónomos.
- Tercer bloque: Sostenibilidad financiera del sistema: Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
Compatibilidad de trabajo y pensión
Mediante este pacto, las partes han diseñado el nuevo marco regulador de compatabilidades entre trabajo y pensión. En virtud del mismo, para cobrar el 100% de la pensión, se necesitarán al menos cinco años en activo tras el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
El acuerdo estipula que los porcentajes de la pensión que se van a poder percibir mientras se trabaja serán de un 45% con un año de demora; del 55% con dos años; del 65% con tres años; del 80% con cuatro años y del 100% con cinco años de demora.
Asimismo, se ha consensuado una nueva regulación de la jubilación parcial y de jubilación activa para hacerla más atractiva y mejorar la compatibilidad de empleo y pensión, al tiempo que también se ha logrado un entendimiento sobre el procedimiento para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación para ocupaciones especialmente penosas o peligrosas.
Sobre los cambios en la regulación de la jubilación parcial, se establece ampliar de dos a tres los años la posibilidad de anticipo, con límites en la reducción de la jornada. Además, se mejoran las condiciones del trabajador relevista, ya que su contratación tendrá que ser indefinida y a tiempo completo en un puesto no amortizable.
También se incluye en el acuerdo un punto para recuperar el coeficiente multiplicador del 1,5 aplicable al tiempo cotizado para evitar perjuicios para los contratos fijos discontinuos, al ser una modalidad contractual que alterna periodos de trabajo con periodos de inactividad.
Mejora de la jubilación demorada
Respecto a la regulación especial de la jubilación parcial anticipada para los trabajadores de la industria manufacturera, se va a prorrogar el marco actual hasta el año 2029, este incluido, lo que incluye asimismo algunos ajustes para mejorar las condiciones del trabajador relevista y el diseño de una regulación más equilibrada y flexible para la empresa en cuanto a la organización de la jornada del relevista y del pensionista.
Por otro lado, se mejora la jubilación demorada con la posibilidad de recibir un incentivo adicional por cada seis meses de demora a partir del segundo año y no cada doce meses, con lo que se completa el proceso de reformas iniciado en 2021, que tenía el objetivo de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal y establecía un nuevo abanico de opciones para el trabajador de cara a la jubilación.
Nuevos coeficientes reductores en las jubilaciones bonificadas en la edad
Otro de los aspectos sobre los que se ha avanzado en el acuerdo es el procedimiento para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación para ocupaciones especialmente penosas o peligrosas.
Esta nueva regulación se basa, fundamentalmente, en determinar las circunstancias objetivas, que permiten establecer coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación, como puedan ser la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja médica; así como las declaraciones de incapacidades permanentes y los fallecimientos.
Fijos discontinuos
Asimismo, el acuerdo incluye mejoras en las condiciones de acceso a la jubilación para los trabajadores fijos discontinuos que recuperan el coeficiente multiplicador del 1,5 que se aplicaba a la hora de calcular el periodo de carencia para acceder a la pensión de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia.
Reducción de cotizaciones a empresas
En el documento del acuerdo se incluye levantar la suspensión establecida desde 2019 del incentivo a las empresas que disminuyan de manera considerable la siniestralidad y se acuerda un nuevo sistema basado en la evolución de la siniestralidad que exige la realización de inversiones en materia de prevención para su reconocimiento.
Se articula un mecanismo objetivo mediante el que se otorga a cada empresa una calificación de siniestralidad de accidente de trabajo y enfermedad profesional, y que va a ser determinante, junto a la necesaria realización de inversiones en materia de prevención, del derecho a la percepción del incentivo y de su cuantía.
Para el reconocimiento del incentivo, se contrastarán los datos de siniestralidad de cada empresa con los límites establecidos para su actividad económica. Estos límites se establecen respecto a la siniestralidad general (prestaciones de IT de contingencias profesionales) y a la siniestralidad extrema (fallecimientos y reconocimientos de Incapacidad Permanente) establecidos según su actividad económica para comprobar si se superan o no los mismos.
En caso de no superarse estos límites, la empresa mejorará un valor en la clasificación (A, B, C y D) o se mantendrá en la clasificación máxima A. Se causará derecho al incentivo (4%) al mejorar de calificación y al incentivo mejorado (8%) si se mantiene en la calificación máxima.
Las claves de la reforma.
El objetivo de esta reforma es avanzar hacia un modelo de jubilación flexible y compatible para hacer más atractivo el retraso de la edad de jubilación, algo que se hace necesario con la mayor longevidad puesto que afrontamos una vida de prácticamente tres décadas tras el retiro laboral, para lo que hay que contar con más recursos económicos.
Asimismo, esta reforma fomenta la retirada de la vida laboral gradual y no como es actualmente, ya que resulta abrupta, tal y como hemos ido recomendando en el Instituto Santalucía.
Reforma de la jubilación demorada
La jubilación demorada consiste en continuar trabajando más allá de la edad ordinaria de retiro laboral de tal manera que se compatibiliza el cobro de un salario con un porcentaje de la pensión.
Hasta ahora la jubilación demorada establecía 3 tipos de incentivos excluyentes:
- Cobro de un 4% adicional de la pensión por cada año de retraso.
- Pago único en el momento del retiro laboral en una horquilla de entre 5.000 y 12.000 euros, en función de los años cotizados y la edad de jubilación.
- Combinación de ambas.
La reforma de la jubilación demorada establece que a partir del segundo año, el incentivo se computará semestralmente a razón de un 2% más en lugar de esperar el año completo. Asimismo, los incentivos a demorar la edad de jubilación se hacen compatibles con la jubilación activa.
Reforma de la jubilación parcial
La jubilación parcial es aquella en la que, como su nombre indica, se reduce la jornada laboral (entre un 25% y 75%) y las horas no trabajadas son sustituidas por otro trabajador bajo la modalidad de un contrato de relevo, aunque no siempre.
Hasta ahora, el acceso a esta modalidad se podía adelantar 2 años a la edad legal de jubilación, con la reforma de la jubilación parcial se puede adelantar 3 años, de tal manera que la reducción de la jornada laboral queda:
- Primer año, entre un 20% y un 33%.
- A partir del segundo, entre 25% y un 75%
- Esta reducción de la jornada podrá acumularse si se pacta con la empresa.
Con respecto al relevista, el contrato deberá ser obligatoriamente indefinido y a jornada completa, no en proporción a la reducción de la jornada, y su contrato se deberá mantenerse al menos dos años después de la extinción del la jubilación parcial.
Reforma de la jubilación activa
La jubilación activa consiste en continuar trabajando una vez alcanzada la edad de retiro laboral. Hasta la reforma de la jubilación parcial y activa, los requisitos eran:
- Tener la edad legal de jubilación cumplida.
- Ser beneficiario del 100% de la pensión. Esto significa que se deben haber cotizado los años suficientes para poder cobrar toda la pensión pública.
Con la reforma de la jubilación activa ya no se exigirá tener una carrera completa de cotización, esto es el cobro del 100% de la pensión. Esta modificación beneficia especialmente a las mujeres puesto que tradicionalmente tienen vidas laborales más cortas.
Otra de las novedades tiene que ver con el porcentaje de la pensión percibida. Hasta ahora era del 50%, con la reforma el porcentaje queda de la siguiente manera:
- Primer año: cobro del 45% de la pensión.
- Segundo año: 55% de la pensión.
- Tercer año: 65%.
- Cuarto año: 80%.
- Quinto año, 100%.
La reforma de la jubilación activa para autónomos con asalariados supone un empeoramiento, puesto que aquellos que se acogían a esta modalidad percibían el 100% de la pensión. La reforma establece como requisitos tener asalariados con una antigüedad de 18 meses o tener un trabajador indefinido que no haya tenido vínculo laboral con el autónomo en los dos años anteriores al inicio de la jubilación activa.
El porcentaje de la pensión queda:
- Primer año: 75% de la pensión.
- Siguientes años: sube 5 puntos porcentuales por cada año que se demore el retiro hasta llegar al cien por cien.
Reforma de la cotización de fijos discontinuos
El acuerdo también incluye un cambio en la cotización de los fijos discontinuos consistente en que el periodo de cotización se calculará con un coeficiente multiplicador del 1,5 a efectos de acceder a la jubilación, incapacidad permanente y pensiones de viudedad u orfandad.
Una reforma de pensiones «muy limitada»
Pese a que el Gobierno los sindicatos han defendido el acuerdo como un «nuevo hito del diálogo social» y del «consenso», que permitirá «encontrar su camino» a quien quiera prolongar «voluntariamente» su vida laboral, los expertos destacan que pese a que hay mejoras, también hay algún retroceso, y que la letra pequeña muestra que hay muchos condicionantes para lograr la prometida «jubilación a la carta’.
«Es una reforma muy limitada de las pensiones, cuyo principal novedad viene de la mano de la jubilación activa, que no va a ser tan positiva para todos como parece«, advierte José Antonio Herce. Mientras, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) critica los intentos de retrasar la edad de jubilación con esta última reforma .
El texto, que debe aún aprobarse en el Congreso de los Diputados, ha recibido además duras críticas de varios partidos presentes en el Pacto de Toledo como ERC, BNG, o EH Bildu que piden más informes y más debate sobre cada una de las medidas. Por eso al finalizar la firma, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, como el de UGT, Pepe Álvarez, han insistido en la necesidad de que lograr apoyos en el Parlamento.
«A primera vista, las condiciones sobre jubilación activa que establece el acuerdo tripartito parecen mejores, pero sólo en el tiempo. Es decir, ha de pasar un cierto periodo para que la mejoría se manifieste– es decir, cinco años para recibir el 100% de la pensión–», destaca José A. Herce. «De entrada, tanto los asalariados como los autónomos (con o sin trabajadores a cargo) se ven perjudicados con los términos del acuerdo, salvo en el requisito que tiene que ver con el disfrute inmediato de las bonificaciones por jubilación demorada asociada a la jubilación activa, que ahora no es posible», señala.
Con los nuevos requisitos, los asalariados y autónomos sin trabajadores a cargo pasan de percibir el 50% de la pensión, «que ya es una penalización descomunal, a percibir el 45% en el primer año de retraso. Mientras, los autónomos con trabajadores a cargo, sufren desproporcionadamente, pues pasan del 100% actual al 75% y sólo alcanzan el 100% cinco años después de cumplir su edad legal. A cambio, desde el inicio se eliminan los requisitos de esperar un año para acceder a la jubilación activa y el de alcanzar la pensión completa.
Sobre los cambios en la regulación de la jubilación parcial, – que amplía de dos a tres los años la posibilidad de anticipo, con límites en la reducción de la jornada–, asociaciones de mayores como CEOMA , consideran que «se han quedado cortos» porque «se debería ir hacia un 75% de la jornada», ya que tal y como está establecido «no incentiva su uso por parte de las empresas«. También se modifican las condiciones del trabajador relevista, ya que su contratación tendrá que ser indefinida y a tiempo completo en un puesto no amortizable, por lo que los expertos llaman a esperar para ver cómo lo aplican las empresas.
Respecto a los nuevos incentivos a la jubilación demorada, el profesor José Enrique Devesa Carpio, valora como positivo que «se flexibilice algo más». Es decir, que a partir del segundo año se pueda acceder a un incentivo adicional del 2% por cada seis meses de retraso en lugar de cada doce como hasta ahora. Sin embargo, matiza que «se podría haber ido más lejos y bonificar por cada mes de retraso para asemejarse a las penalizaciones en la jubilación anticipada, donde se computa por meses«.
Otro de los aspectos sobre los que se ha avanzado es el procedimiento para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación para ocupaciones especialmente penosas o peligrosas. Esta nueva regulación, busca determinar circunstancias objetivas, que para establecer coeficientes reductores, como puedan ser la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja médica; así como las declaraciones de incapacidades permanentes y los fallecimientos. «Aún está por concretar, pero me gustaría que se aplicara algún método actuarial que hiciera equitativa su aplicación, de tal manera que algunos colectivos no se vieran discriminados«, opina Devesa.
En lo lo que sí hay consenso es en la buena noticia que supone la recuperación del coeficiente multiplicador del 1,5 para mejorar las condiciones de acceso a la jubilación para los trabajadores fijos discontinuos, de forma que cada día trabajado con un contrato de este tipo computará como 1,5 días cotizados Esto se aplicará a la hora de calcular el periodo de carencia para la pensión de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia. Ya en 2019 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictaminó que el método de cálculo de la antigüedad que se realiza en España para la concesión de trienios a trabajadores fijos-discontinuos era contrario a las leyes europeas por tener sólo en cuenta los periodos efectivamente trabajados y no todo el periodo de la relación laboral, lo que crea una «situación de discriminación» si se compara con el método utilizado en el caso de los empleados contratados a tiempo completo.
INAUDITO: Los sindicatos cargan contra el rechazo político a sus acuerdos: “El Parlamento no puede secuestrar derechos” UGT y CC OO critican a los socios del Ejecutivo que amenazan con tumbar el pacto de pensiones, consensuado por Gobierno, patronales y representantes de los trabajadores. La respuesta desde el Congreso no se ha hecho esperar y el diputado de ERC, Jordi Salvador, ha advertido: “Los partidos tenemos derecho a negociar y enmendar las cosas, no siempre va a haber un (Alberto) Casero de turno”, en referencia al diputado del PP que con su equivocación al votar permitió que se aprobara la reforma laboral que habían rechazado algunos socios del Gobierno de coalición en la pasada legislatura. Los diputados de ERC, Bildu y BNG ya expresaron la semana pasada sus dudas sobre el acuerdo de sindicatos, patronales y Gobierno. El lunes fueron más allá y afirmaron que, si no hay cambios sustanciales en el texto, rechazarán el acuerdo, aunque tenga el beneplácito de las patronales y sindicatos más representativos. Es más, se quejaron por la escasa participación que se les da, a su criterio, en el diseño de las políticas laborales. Néstor Rego (BNG), critica que “se sacralice lo que se acuerde en el diálogo social; se traslada la capacidad legislativa fuera del Congreso”. Fuentes de Podemos también han criticado el pacto: “Este es un acuerdo exclusivamente del Gobierno, que no ha contado con el Parlamento. Podemos estudiará y analizará en detalle cuando se traslade a las Cortes. Sí podemos adelantar que… Leer más »