La razón de ser de “la paguilla” de las pensiones era simplemente un pago de atrasos por el diferencial entre el IPC “estimado” con el que se subieron las pensiones contributivas a inicios de año (usualmente contemplado en los PGE correspondientes al año anterior) y el IPC “real” de ese año. Es preciso destacar que el porcentaje de “la paguilla” se consolidaba en la subida de las pensiones, es decir, el porcentaje se sumaba vitaliciamente a la revalorización marcada para el nuevo año. En definitiva la paguilla tenía como objetivo reconocer y corregir retroactivamente el desfase entre el IPC estimado con el que se había revalorizado las pensiones a inicio del año y el IPC real
La llamada «paguilla» fue una garantía que se introdujo en la ley de racionalización de la estructura de la Seguridad Social, de 1985, (art. 4 de la Ley 26/1985) para que los pensionistas mantuvieran su poder adquisitivo pues cada año las pensiones se revalorizaban en aquel entonces por ley conforme a la inflación anual de noviembre y se utilizaba esa tasa para calcular la compensación a la que tenían derecho los pensionistas si el IPC real a posteriori era mayor a la subida fijada previamente a principios de año.
Hasta la reforma del PP de 2013 (Ley 5/2013), donde se introdujo el IRP (el Índice de Revalorización anual de las Pensiones) que estaba en función de los parámetros de déficit del sistema de la Seguridad Social la revalorización anual se calculaba según la subida del IPC prevista para el conjunto del nuevo año, y al finalizar el año se observaba el IPC real y el IPC estimado. Si existía una desviación al alza, es decir, que el aumento de las pensiones se quedaba por debajo del IPC real ya conocido se abonaba la conocida como paguilla en el mes de febrero del año siguiente. Esta paguilla no es más que la compensación monetaria de esa desviación.
En 2011 el Gobierno de Zapatero congeló las pensiones, salvo las mínimas y no contributivas, y los pensionistas ya no volvieron a percibir esa paga compensatoria hasta 2018 dado que la aplicación del ya mencionado IRP durante el periodo 2014-2017 quedó congelada en ese 2018. A comienzos de 2019 el Gobierno repartió unos 127 millones de euros a los pensionistas para compensar una desviación de 0,1 puntos de la subida que se les aplicó en 2018 (1,6%) y la media del IPC de ese año 2018 (1,7%).
A comienzo de 2020 no hubo paga compensatoria relativa al año 2019 puesto que los pensionistas ganaron poder adquisitivo ya que la inflación se contuvo (en el 0,7%) mientras que las pensiones se habían elevado un 1,6% desde principios de año. Ya en 2021, se repitió esa ganancia, con un IPC que la pandemia mantuvo en negativo la mayor parte del año 2020, mientras que las pensiones se habían revalorizado el 0,9% a inicios de año.
En 2022 la paguilla compensó un 1,6% (2,5% del IPC real de 2021 menos 0,9% de la revalorización de principios de 2021) de caída de poder adquisitivo que recibieron los pensionistas en el año 2021.
Pero según el nuevo criterio que se aplicará a partir de 2022 conforme a la “Reforma Escrivá” de las pensiones (Ley 21/2021), la revalorización anual de las pensiones se obtendrá “automáticamente como la media de la variación anual en los meses de diciembre de 2021 a noviembre de 2022 del IPC.
La revalorización de 2022 fue del 2.5% pero el IPC medio (desde diciembre 2021 hasta noviembre de 2022) se estima que sea el 8,5%. Es decir durante todo el 2022 los pensionistas han tenido una pérdida de poder adquisitivo del 6,0 % (8,5 % – 2,5%) y la paguilla debería compensar esa pérdida con carácter retroactivo, sin embargo con lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 21/2021 se modifica el art. 58 de la LGSS y simplemente pues esa desviación ya se ha sufrido durante todo el año 2022
Sin embargo la paguilla desparece y esa pérdida de poder adquisitivo ya no se recupera, aunque sirve para determinar “automáticamente” la revalorización para 2023, parece que los pensionistas deben apechugar a su costa los gastos que la desviación en el 2022 sin ninguna paga compensatoria.
En 2022 los precios han subido un 8,5% y las pensiones lo hicieron 2,5% y esa desviación es íntegramente a costa de los pensionistas sin poder resarcirse de ella.