Nuestro sistema de pensiones ni garantiza la sostenibilidad de las mismas ni es justo con las generaciones más jóvenes.
La mejor manera de garantizar las pensiones de mañana es reformar las de hoy.
Esta semana la Comisión Europea, en su Informe sobre Envejecimiento de 2024 sitúa a España como país de “alto riesgo” en materia de sostenibilidad presupuestaria debido a la mala evolución de la deuda pública y nos señala como el país de la Unión Europea donde más empeora el gasto en pensiones durante los próximos años. Sin duda, un varapalo para ‘la contrareforma parche’ del Gobierno de Sánchez y compañía.
Es obvio que España tiene un problema estructural en el sistema y con el déficit de las pensiones. No podemos seguir permitiendo que se ahonde en la brecha intergeneracional y que amenace las pensiones futuras. Porque las pensiones suben y el salario de los jóvenes y de las clases medias, no.
La deuda pública ya ha crecido en 400.000 millones respecto a mayo de 2018, justo antes de la llegada del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al poder. Desde entonces el pasivo de las administraciones públicas no ha dejado de crecer y en febrero alcanzó el máximo histórico de 1,603 billones. En relación al producto interior bruto (PIB), España es el cuarto país de la Unión Europea con más deuda pública, un 107,7% a cierre de 2023. Si se tiene en cuenta el tradicional objetivo de deuda pública del 60% que lleva más de cuatro años suspendido por la pandemia, España lleva 13 años incumpliéndolo, desde el año 2010.
En términos relativos, el aumento de la deuda pública respecto a mayo de 2018 es del 34%. Si se mira por habitante, la deuda pública ya equivale a unos 34.000 euros por persona.
Gran parte del incremento de la deuda de las administraciones viene dado por el aumento que ha experimentado en este tiempo el gasto en nóminas públicas. Entre pensionistas, desempleados con prestación, perceptores del IMV y empleados públicos, el número de personas que ‘dependen’ del Estado asciende a 16,9 millones, frente a las 15,8 millones con las que se cerró el año 2018. Preocupan especialmente las pensiones, con un peso clave y creciente en el gasto público.
No nos merecemos políticos con tan poco nivel de responsabilidad y que siguen jugando con la sostenibilidad del estado del bienestar por un puñado de votos y dejaran un país hipotecado a nuestros hijos. Es un suicidio, una vergüenza que no piensen ni en el presente ni en el futuro de nuestro país. Han exprimido a toda una generación y han arruinado el futuro de nuestros jóvenes y de nuestros hijos. El sistema es insostenible y hay que transformarlo ya.
La subida temeraria de las pensiones del 8,5% en 2022, apoyada por los dos grandes partidos tradicionales, solo buscaba asegurarse la reelección a base de hipotecar el futuro de las nuevas generaciones. Desde el inicio de la crisis de 2008, las pensiones han aumentado un 43% mientras que el salario medio, por el contrario, solo ha aumentado un 15%. No hay ninguna duda que la decisión de indexar las pensiones en general y de forma lineal (no progresiva) al IPC, fue una anomalía entre las grandes economías de la zona euro.
España tiene dos récords claros. Somos el país europeo que destina una mayor parte de su PIB al pago de pensiones y el país con más paro juvenil de la UE. Un sistema que está bloqueando el proyecto de vida de millones de jóvenes, y no tan jóvenes. Desde hace demasiados años, comprar una casa, formar una familia o encontrar un trabajo estable está más cerca de la utopía que de la realidad, mientras que el Estado dedica todos sus recursos a sostener un sistema de pensiones abocado a la quiebra. Es como la recurrente metáfora del elefante en la habitación que nadie quiere ver y menos abordar.
Los ingresos de las personas entre 25 y 49 años en España apenas han aumentado un 8% en 14 años. Por el contrario, en Alemania aumentaron un 35% y en Francia un 22%. No es casualidad que en esos países se hagan reformas duras que no son electoralistas pero sí son garantes del Estado del Bienestar.
Mientras tanto, se promueve la subida del SMI, el endurecimiento del despido o la reducción de la jornada laboral, sin propuestas complementarias para aumentar la productividad, disminuir el desempleo o la consolidación fiscal para reducir el déficit y la deuda.
El aumento de gasto de la Seguridad Social triplica al de los ingresos
El Sistema de Seguridad Social ha experimentado un aumento significativo en su déficit por operaciones no financieras a cierre del cuarto trimestre de 2023. El déficit anual alcanzó los 8.627 millones de euros, lo que equivale el 0,59% del PIB, frente al 0,35% del trimestre anterior (octubre 2022-septiembre 2023) y el 0,52% registrado en diciembre del año pasado, según revela el estudio reciente realizado por el Observatorio de pensiones de WTW en colaboración con el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social.
El incremento del déficit es el resultado del aumento de los gastos del 2,6%, mientras que los ingresos crecieron solamente un 0,8%. En términos absolutos, los ingresos anuales fueron de 201.317 millones de euros frente a gastos de 209.944 millones de euros.
Por otro lado, el déficit anual contributivo, resultante de introducir ajustes en los ingresos y gastos por operaciones no financieras para excluir los ingresos y gastos no contributivos y las transferencias internas, ha subido en términos absolutos a 28.394 millones de euros y en términos relativos al 1,94% del PIB, frente a 26.930 (1,87%) del trimestre anterior.
En comparación con el cuarto trimestre de 2019 (antes de la pandemia), el déficit contributivo ascendió a 19.791 millones de euros, el 1,59% del PIB, por lo que el dato del cierre de 2023 tanto en términos absolutos como relativos, continúa por encima del dato de déficit contributivo prepandemia. El descenso del déficit contributivo desde el máximo de 2020 (2,75% del PIB) se ha estancado en 2023 (1,94% frente a 1,95% de 2022), por lo que, lo autores del estudio, indican que este 2024 será importante para ver si la tendencia se invierte y vuelve a aumentar o sigue disminuyendo”.
Las cotizaciones sociales explican el 99,1% de los ingresos contributivos. Durante el cuarto trimestre de 2023, el volumen de cotizaciones ha aumentado un 2,68%, este incremento es atribuible tanto al aumento en el número de ocupados como en la cotización media por ocupado y el peso de los desempleados.
Por otro lado, las pensiones contributivas, que constituyen el 86,7% del gasto contributivo, también mostraron un aumento considerable. Esta partida subió un 10,33% en 2023, impulsado principalmente por la revalorización de las pensiones en un 8,5% para mantener el poder adquisitivo frente a la inflación. El número de pensiones creció un 1,09%, el mayor desde 2019, pese al aumento en 2 meses de la edad de jubilación ordinaria y las medidas de la Ley 21/2021 en cuanto a jubilación anticipada y demorada para aumentar la edad efectiva de jubilación, que ha superado los 65 años a final de 2023.
A pesar de las mayores transferencias del Estado, recomendadas por el Pacto de Toledo, el déficit por operaciones no financieras se ha mantenido por encima del 0,5% del PIB.
España y la insostenibilidad de su deficitario sistema de pensiones
La UE detecta 12.000 millones de desviación en el gasto en pensiones y 67.000 millones en gasto extra con la reforma de Escrivá
Europa se hace mayor según el reciente informe publicado por la Comisión Europea sobre el envejecimiento en el continente que vuelve a confirmar una realidad incuestionable y que tendrá un efecto demoledor sobre algunos de los sistemas de pensiones de la UE27, en especial, aquellos basados en el reparto, muy dependientes de la evolución demográfica y del crecimiento económico. El envejecimiento de una población ejerce una fuerza transformadora en la economía con unas consecuencias determinadas sobre la calidad de vida de los mayores y sobre el gasto público en salud y en pensiones.
La evolución de algunas de las variables sociodemográficas en los próximos 20 años aventuran cambios estructurales en la fuerza de trabajo, la productividad, las horas trabajadas y las tasas de dependencia, entre otros, que forzarán futuras reformas. Sin embargo, la salud de cada economía es muy desigual, por lo que algunos países tienen retos más complejos, como es el caso de España.
Nuestro envejecimiento supera a la media europea y según la AIReF restará un punto al PIB en la próxima década. Nuestra esperanza de vida a los 65 aumentará hasta alcanzar, en 2045, los 23,5 años donde la tasa de dependencia económica va a incrementarse en 24,7 puntos porcentuales, alcanzando el 71,8%. Es decir, se necesitarán 1,4 trabajadores por cada jubilado.
Sólo con estos datos, se evidencia la insostenibilidad de nuestro deficitario sistema de pensiones pues el gasto el seguirá aumentando en los próximos años y las medidas adoptadas en la última reforma no serán suficientes. Por tanto, iremos viendo, tal y como sugiere el FMI, nuevas reformas para apuntalar el sistema, endureciendo las condiciones para jubilarse, reduciendo la cuantía y prolongando la vida laboral, aparte de forzar a los españoles a rascarnos aún más el bolsillo, en especial, los de mayor edad y cualificación, con esa cláusula de salvaguarda que irá aumentando, a pesar de que nuestro esfuerzo fiscal es el mayor de toda Europa, así como las cotizaciones empresariales.
Están por llegar nuevas medidas como el cálculo de la pensión en base a toda la vida laboral, la elevación de la edad de jubilación, reformas en el subsidio por desempleo, aumento del número de años cotizados y de las cotizaciones o la última medida anunciada sobre la jubilación activa de los autónomos.
El Gobierno pide “calma” con las pensiones
Aunque el Gobierno pide “calma” tras la advertencia de la Comisión Europea de que podría ser necesario en España un ajuste de 12.000 millones de euros por el aumento del gasto, lo cierto es que hay señales de alarma ante el desorbitado gasto en jubilaciones cuando comienzan a incorporarse al sistema las cohortes del “baby boom”, las nacidas en plano desarrollismo.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, pidió “tranquilidad y confianza” en la reforma de pensiones aprobada por su antecesor José Luis Escrivá ante la advertencia de la Comisión Europea por el aumento del gasto. En este sentido, Saiz ha pedido esperar al informe que debe realizar en 2025 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para evaluar el impacto real de las medidas.
La ministra explicó que la Comisión apunta a un gasto del 15,1% del producto interior bruto (PIB), es decir, solo una décima más del máximo de las previsiones del Gobierno.
Antes de la pandemia, el déficit contributivo era de 19.791 millones de euros, que suponía el 1,59% del PIB. Con las medidas ya vigentes el sistema de Seguridad Social no deja de agrandar el agujero. De hecho, el déficit anual contributivo, sin tener en cuenta los ingresos y gastos no contributivos y las transferencias internas, ha subido en términos absolutos a 28.394 millones de euros y en términos relativos al 1,94% del PIB, frente a 26.930 (1,87%) del trimestre anterior, según datos oficiales recabados por el Observatorio de pensiones de WTVV en colaboración con el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social.
El descenso del déficit contributivo desde el máximo de 2020 (2,75% del PIB) se ha estancado en 2023 (1,94% frente a 1,95% de 2022) y habrá que esperar a ver si los impuestos y las cotizaciones adicionales sirven para afrontar el incremento del gasto en pensiones.
