El envejecimiento de la «generación babyboomer» hundirá el mercado laboral en 10 años y pone en riesgo las pensiones
En 2030, el 40% de la población activa superará los 50 años y en una década se jubilará casi el 30%. En el empleo público, el porcentaje roza el 60%. El gasto en dependencia se ha disparado un 251% en cuatro años. 600.000 autónomos tienen ya 60 años o más
España se enfrenta al sombrío reto que supone el envejecimiento de la población en mayor medida que en el resto de los países industrializados, pero en ellos la tasa natalidad es muy superior. Este proceso será particularmente intenso en la próxima década, cuando la mayoría de la «generación babyboomer» llegue a la jubilación. Por ello es necesario y urgente adaptar tanto el mercado laboral como los sistemas de jubilación y de pensiones a la nueva realidad demográfica, en la que la creciente longevidad incrementa el gasto en pensiones, pero también ensombrece el potencial productivo y la actividad empresarial del país. Esto obliga a adoptar reformas tanto en el ámbito laboral como en el de la Seguridad Social ante el peligro de que el sistema de pensiones colapse.
En el año 2030 más del 40% de la población activa superará los 50 años. Pero ya en la actualidad, los mayores de 55 años suponen el 26% del personal de las empresas españolas, 10 puntos más que hace tan solo un año. Esta población activa sénior tiene cada vez más peso y representación en el mercado laboral español. Si la frontera de edad se rebaja 10 años, la situación es más preocupante aún, ya que el peso de los mayores de 45 años en el mercado laboral no hace más que crecer, hasta suponer el 48% de los empleados, frente al 26,4% que representaban en el año 2005.
En el caso del sector público la situación es aún peor. Según constata el Instituto Nacional de Estadística (INE), las comunidades autónomas son las que mayor empleo público concentran y las que tienen las plantillas más envejecidas, con el 59% del total de trabajadores públicos que superan los 55 años, en torno a 624.000 trabajadores. A continuación se sitúan los entes locales, que en los siguientes 10 años verán como se jubilan 215.000 trabajadores. En el caso de la Administración Central y la Seguridad Social se suman unos 160.000 trabajadores. En el resto de administraciones se concentran otros 52.000 trabajadores restantes. Es decir, 1.050.000 se convertirán en pensionistas durante la próxima década, lo que plantea una renovación laboral para las instituciones gubernamentales sin igual y difícilmente conseguible, ya que la población laboral joven no será capaz de cubrir todos los puestos vacantes por la inversión de la pirámide poblacional fruto de la menor natalidad de la Unión Europea.
Especial reto deberá afrontar el sector bancario en el relevo generacional de sus plantillas, ya que el 51% de sus empleados es mayor de 45 años, según Randstad Research. En los últimos dos años y medio, el grupo de ocupados del sector que tienen entre 45 y 54 años ha superado de forma notable al de los que tienen entre 35 y 44 años, aumentando la brecha entre ambos; mientras que los grupos de 25 a 34 años y los mayores de 55 se mantienen estables. Así, casi uno de cada cinco empleados del sector tiene más de 55 años, lo que significa que, en torno al 20%, de ellos se jubilarán, previsiblemente, en el transcurso de la próxima década. En total, el sector de la banca ocupa a 440.000 personas en España, un 8% menos que el año pasado, según los datos del segundo trimestre de 2024 recogidos por el INE. De ellos, el 56 % trabajan en el segmento de servicios financieros, en tanto que otro 27% son empleados de seguros, reaseguros y fondos de pensiones privados; y el 17% restante, trabajan en actividades auxiliares.
En conjunto, el sector bancario representa el 2% del empleo nacional, con una distribución del 1,1% en servicios financieros, el 0,6% en seguros, reaseguros y fondos de pensiones privados; y el 0,3% en actividades auxiliares. Randstad prevé que, en los próximos años, la revolución tecnológica creará más puestos de trabajo en el sector, como analistas de inteligencia artificial (IA), especialistas en transformación digital y científicos de datos, entre otros. En servicios financieros, el 50% de las empresas planea priorizar la capacitación en habilidades relacionadas con la IA y Big Data, y el 85% tiene como objetivo adoptar estas tecnologías.
Otro de los sectores más afectados por el envejecimiento poblacional es el de la construcción. La población menor de 30 años en este sector representa solo el 11% de personas ocupadas frente al 8,5% de los de 60 y más años, según los últimos datos del Observatorio de la Construcción. Un porcentaje que se dispara por encima del 20% en el caso de los mayores de 55 años, que dejarán de estar activos en los próximos diez años.
Un estudio realizado por UPTA sobre el envejecimiento de los trabajadores por cuenta propia también revela datos alarmantes. Más de 190.000 autónomos ya han superado los 64 años, y más de 144.000 han alcanzado los 66 años. Además, cerca de 600.000 autónomos tienen ya 60 años o más, teniendo mayoritariamente más de 20 años de antigüedad en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Con estos datos, UPTA destaca que el envejecimiento de la población activa autónoma «requiere una respuesta urgente». La organización considera fundamental que tanto las administraciones públicas como las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos «acometan, sin dilación, un plan nacional de relevo generacional».
Para ello, UPTA propone un novedoso sistema de relevo generacional basado en la Formación Profesional Dual (FP Dual) dirigida a autónomos. Este sistema tiene como objetivo involucrar a miles de jóvenes en periodo de formación, quienes pueden convertirse en el motor para el relevo generacional de miles de negocios por cuenta propia. A través de este modelo, «los jóvenes podrán adquirir directamente los conocimientos, la experiencia práctica y la cartera de clientes, facilitando la transición hacia la jubilación de los autónomos de mayor edad y reduciendo al mínimo el riesgo de cierre de negocios por esta causa».
Con estas cifras se hace necesario actualizar la legislación para que la jubilación no sea tan drástica, ya que apenas tiene fórmulas de transición gradual entre la etapa de trabajo retribuido y la de pensionista. Las últimas reformas han apostado por el retraso generalizado de la edad de jubilación. La estrategia seguida en la última reforma ha sido endurecer la jubilación anticipada e incrementar los incentivos a la jubilación demorada, con el objetivo de que una fracción importante de los trabajadores retrasen la edad a la que se jubilan más allá de la edad legal. Para Fedea, la previsión del Gobierno sobre la contribución de la jubilación demorada a la sostenibilidad del sistema «peca de un exceso de optimismo, entre otras cosas porque la reforma no ha supuesto un cambio radical con respecto a la legislación previa, que ya incluía incentivos a la demora». Por eso, estima que restringir la jubilación anticipada a partir de una edad mínima «no ayuda a reducir el gasto en pensiones ni a alargar la vida laboral».
Desde Funcas advierten de que en las dos próximas décadas el envejecimiento ejercerá una presión creciente sobre el gasto público en España, alcanzándose alrededor del 48% en 2035 y del 52% a partir de 2050, en especial por las pensiones. Por ello, el envejecimiento afecta directamente a las fuentes tributarias principales. Por un lado, a medida que aumenta la población jubilada, la base del impuesto sobre la renta personal se reduce, lo que disminuye la recaudación y progresividad del IRPF. De hecho, el proceso de cambio demográfico ya es visible en este impuesto. En los últimos años, se ha incrementado de manera notable el peso de los contribuyentes con 65 o más años. Por ejemplo, el porcentaje de declarantes en dicho grupo de edad ha crecido desde el 15,3% en 2004 al 25% actual, mientras que el de no declarantes sujetos a retención ha aumentado desde el 27,3% al 46,1%. En consecuencia, el peso de los salarios dentro de las rentas del trabajo gravadas en el IRPF ha caído en casi dos puntos entre 1995 y 2023, al tiempo que el de las pensiones ha aumentado en 3,4 puntos. Por otro lado, los mayores consumen más servicios no sujetos a gravamen o con tipos reducidos, lo que reduce la recaudación por IVA y otros impuestos sobre el consumo.
Este aumento del gasto se ve claramente reflejado en los servicios de dependencia. España destina ya el 0,9% del PIB a cuidados de larga duración. Desde 2020 se incrementaron las partidas presupuestarias asignadas a la dependencia, que han crecido un 251% en el periodo 2020-2024 según apunta Fedea. Después de un estancamiento entre 2019-2020, los fondos crecieron significativamente en 2021 y han seguido aumentando hasta 2023. Varias comunidades autónomas han experimentado incrementos notables en el gasto destinado a dependencia, con Navarra, La Rioja, Canarias y Baleares superando un 20% de aumento –muy por encima del promedio nacional–.
Eso ha redundado en que el sector de la dependencia represente ya el 3,2% del empleo en España. En 2024, el empleo en dependencia alcanza los 700.000 empleados, un 12% más que en 2023. Un 82% de estos empleos son indefinidos y la ratio de salarios en el sector respecto de los salarios generales se ha recuperado respecto a niveles prepandemia.
El envejecimiento dispara un 56% el gasto en sanidad y pensiones en 20 años mientras vivienda y educación solo reciben un 5% más
España es un país cada vez más envejecido y la transformación demográfica de la población española ha elevado la presión sobre las arcas públicas. Según el informe Juventud y Empresa publicado este lunes por la Fundación PwC y el Círculo de Empresarios, el peso del gasto en sanidad y pensiones sobre el PIB ha crecido un 56% desde 2004, mientras que el gasto público en otras áreas más orientadas hacia los jóvenes como la educación, la vivienda o la transición ecológica apenas se ha incrementado un 5% en casi 20 años. «El gasto público como porcentaje del PIB dirigido principalmente a los mayores ha aumentado de forma significativa, sin embargo el gasto que más favorece a los jóvenes se ha reducido», señala el estudio, que analiza la situación económica que atraviesan los jóvenes.
En concreto, la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas a los que se enfrenta este grupo población, una preocupación creciente que contrasta con la evolución del gasto público. Según el informe, el peso de estas inversiones sobre el PIB se ha reducido un 58% desde principios del milenio, pasando de representar el 1,2% del PIB en el 2000 al 0,5% en 2022. Más concretamente, desde 2012 se ha producido un descenso considerable en la construcción de VPO (en 2012 suponían el 39,9% de las viviendas terminadas, frente a un 9,7% en 2023), de «especial relevancia para los jóvenes» como «medio de acceso a la emancipación».
Más estable ha sido la evolución del gasto en educación, que también repercute directamente sobre los más jóvenes. En este área, el gasto público ha pasado del 1,8% del PIB en 1970 al 4,6% en 2022, aunque la mayor inversión se produjo a finales del siglo pasado y su peso se encuentra todavía por debajo del 5,2% en el que se sitúa la media europea. En cambio, lo que ha crecido a mayor velocidad ha sido el gasto en pensiones, tanto por el aumento de la población en edad de jubilación con la llegada al retiro de la generación del baby boom como por el aumento de las pagas, cuya revalorización se vinculó en la última reforma al crecimiento de los precios para evitar la pérdida de poder adquisitivo.
«Toca un viraje importante. Hemos cuidado mucho de nuestro mayores, pero toca un giro, toca poner el énfasis en la gente joven», instaba el presidente del Círculo de Empresarios, José María Nin, este lunes en la presentación del estudio, que avisa del «reto extraordinario» que trae consigo el envejecimiento de la población española. Y es que el peso de los jóvenes ha disminuido notablemente en las últimas décadas. Los menores de 25 años han pasado de representar el 30% de la población en 2001 a suponer el 25% en 2022.
Menos peso en la población significa también menos votantes jóvenes. Los menores de 35 años han pasado de representar el 36% del electorado en 1990 al 22% en 2022 y se espera que la proporción siga mermándose hasta pesar un 20% en 2050. «Un menor peso electoral se traduce en un menor protagonismo en el debate público y, por ende, un futuro cada vez más incierto para los jóvenes», advierte el informe, que apunta a que se está produciendo un «deterioro» en las expectativas de los más jóvenes como consecuencia del envejecimiento de la población, la pérdida de fuerza laboral o el tensionamiento de las cuentas públicas por el aumento del gasto en pensiones.
«La preocupación no es solo cómo vamos a pagar las pensiones, sino si se puede llegar un momento en el que la gente rechace al Estado del bienestar, como ya está ocurriendo en países China, donde los jóvenes, al ver al longevidad que hay y el coste que van a tener las pensiones, están decidiendo no aportar al sistema público de pensiones», advertía en la presentación del informe Alicia Coronil, economista Jefe de Singular Bank, recalcando que el equilibrio intergeneracional es imprescindible para mantener el sistema. De hecho, la «responsabilidad social» que recae sobre los jóvenes para soportar el gasto creciente es cada vez mayor. «Cada persona en edad de trabajar será responsable de más del doble de personas mayores en 2050», apunta el informe, al mismo tiempo que advierte del riesgo de un eventual éxodo de jóvenes.
«Hemos tenido un Estado del bienestar en el que no se ha puesto el foco en la importancia que tiene la demografía», expresaba Coronil, invitando a las empresas a contribuir en la mejora de la situación de los jóvenes y recordando que la falta de atención a este grupo es un problema arrastrado durante décadas por el sistema español frente a otros modelos como el nórdico, más preocupado por el fomento de la natalidad, la conciliación y la generación de condiciones adecuadas para el desarrollo de los jóvenes.
