El 28,4% de los menores de 16 años de España sufren pobreza relativa
Los jóvenes españoles han perdido un 10% de su renta desde 2008 y, pese a esta caída, deben dedicar la mitad de lo que cobran al mes a pagar el alquiler. Estas son algunas de las conclusiones a las que han llegado los expertos del Consejo General de Economistas (CGE) y de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) durante una sesión titulada La situación económica de los jóvenes en España. En ella, los analistas han señalado que son necesarias reformas estructurales que garanticen el futuro económico de los que tienen menos edad.
Las crisis económicas que ha sufrido España y la evolución general del contexto del país han perjudicado de forma especial a los jóvenes, sobre todo si se les compara con el resto de segmentos de población.
Por ejemplo, su renta ha caído un 10% desde el año 2008, mientras que la del conjunto de la población ha disminuido un 3%. En cambio, en los mayores de 65 años, el dinero que perciben de forma regular se ha incrementado un 8% en estos 17 años.
Por su parte, el 28,4% de los menores de 16 años de España sufren pobreza relativa, frente al 16,6% de los adultos de entre 18 y 64 años. De los que tienen más de 65 años sólo se encuentran en esta situación el 10,2%.
En cuanto a la pobreza infantil, es decir, la que sufren los menores de edad, alcanza al 29,2% de la población susceptible de entrar en esta categoría. Estas personas viven por debajo del umbral de pobreza, situando a España como el país con mayor tasa de pobreza infantil en la Unión Europea (UE).
Problemas con el alquiler de los jóvenes
Por tanto, los jóvenes viven con peores condiciones de vida y con menor renta, pero, además, sufren con mayor intensidad la crisis de vivienda de España. En 2023, sólo el 43% de los hogares jóvenes tenían vivienda en propiedad. Hace 20 años, sin embargo, ese porcentaje superaba el 70%, por lo que ha sufrido una caída del 40%.
Por otro lado, el 57% de los hogares jóvenes viven de alquiler, algo que contrasta con la mayoría de generaciones mayores, pues estos accedieron a la propiedad en mejores condiciones.
De media, los menores de 25 años necesitan 9,88 años de salario íntegro para poder comprar un inmueble. La otra opción tampoco es mucho mejor. Para alquilar, necesita dedicar el 50% de su renta mensual, frente al 30% máximo que establecen las recomendaciones de los expertos.
Fedea y CGE advierten que esto tiene consecuencias: «Dificultades de emancipación, movilidad geográfica limitada, menor desarrollo de los proyectos vitales autónomos y el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad intergeneracional».
En ese sentido, los analistas presentan otro problema: los jóvenes apenas tienen voz. Y es que en los años 80 representaban más del 35% del electorado (los que tenían entre 18 y 34 años), y los mayores de 64 años sólo el 16%.
45 años después, los mayores superan el 25% y los jóvenes han caído al 21%. Según las previsiones de los profesionales, en 2049 los de menor edad serán el 18% y los que más tienen alcanzarán el 35%, revirtiéndose la situación de los 80. Es decir, la tendencia seguirá en las próximas décadas.
Así, los profesionales destacan que, «en los años 80 y 90, los jóvenes crecían con más oportunidades económicas y mayor representación política». No obstante, ahora, «el crecimiento sólo puede venir de la productividad, y los jóvenes ya no tienen fuerza política para liderar ese cambio sí solos».
En la apertura del acto, el presidente del CGE, Miguel Vázquez Taín, señaló que, a nivel nacional, la legislación fiscal destinada a los jóvenes es limitada y dispersa. Según explicó, únicamente existen algunas medidas aplicadas por las comunidades autónomas, como incentivos específicos en el IRPF, Sucesiones y Donaciones o vivienda.
Sin embargo, el representante consideró que estas son «insuficientes para equilibrar una presión tributaria elevada», agravada por el peso de los impuestos indirectos, que afectan en mayor medida a las rentas más bajas. Por su parte, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, subrayó que el sistema de protección social actual presenta «un sesgo muy importante hacia las personas mayores».
Conclusiones
España afronta un grave problema en materia de accesibilidad a la vivienda de las generaciones más jóvenes. Este colectivo, a pesar de ser el más formado de nuestra historia, exhibe numerosas dificultades para acceder a una vivienda en propiedad o alquiler debido a unos salarios estancados; una competencia creciente de compradores internacionales; una oferta limitada y unos precios al alza.
Este problema no está acotado únicamente a este colectivo, sino que genera repercusiones para el conjunto de la sociedad. El hecho de que los jóvenes retrasen su edad de emancipación se refleja en un retraso en la edad a la que las mujeres tienen su primer hijo, y limita el número total de nacimientos, lo que ayuda a entender por qué las españolas son las segundas mujeres europeas que menos hijos tienen. La crisis de natalidad tendrá su reflejo en la cohesión intergeneracional, pilar sobre el que se asientan numerosas políticas públicas, entre otras el Sistema de Seguridad Social.
A su vez, que las generaciones más jóvenes, con menos recursos, destinen al pago de sus alquileres una creciente parte de sus ingresos incrementa la desigualdad, en tanto que la renta fluye desde colectivos más vulnerables hacia grupos más acomodados (propietarios). Tampoco es bueno para la demanda agregada que una creciente parte de la renta se destine al pago de la vivienda, en detrimento del ahorro o del consumo de otros bienes y servicios con mayores efectos de arrastre sobre la economía real.
La evolución de estos problemas dependerá, en gran medida, de cómo se comporten en los próximos años el mercado de la vivienda y laboral. Aunque las Administraciones públicas están impulsando medidas para intentar frenar la escalada de precios, así como para aliviar el esfuerzo económico de la vivienda en ciertos colectivos, la eficacia de estas políticas no es clara y sus resultados deben ser aún evaluados.
Para revertir esta situación, es necesario impulsar políticas públicas basadas en evidencia que fomenten la creación de empleo de calidad, la estabilidad de las condiciones de trabajo y la accesibilidad a la vivienda, especialmente en las grandes ciudades donde se concentra la demanda juvenil. Solo así se podrá garantizar que los jóvenes puedan desarrollar plenamente su potencial humano y social, y contribuir al crecimiento económico y al bienestar colectivo del país.
Fuente:La juventud española: empleo precario y vivienda inaccesible – Funcas
