En septiembre denunciarán ante el Consejo Europeo que España vulnera la Carta Social por no proteger a los vulnerables
Más 45.000 firmas de afectados por la mala gestión del ingreso mínimo vital (IMV) llegarán este otoño a Bruselas, representadas por el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, mediante una declaración colectiva para defender ante el Consejo Europeo que España está vulnerando la Carta Social Europea -protocolo de obligado cumplimiento-
La razón es que hay algunos elementos de esta normativa, que sacó adelante el ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá, que no funcionan y no cumplen con el espíritu y objetivo de auxiliar a los vulnerables. Más bien al contrario, la prestación del ingreso mínimo vital ha devenido en algunos casos en un largo calvario.
Tras la petición de la Comisión Europea para que todos los países tuvieran una renta mínima estatal, el 16 de diciembre de 2021, el Congreso de los Diputados aprobó el ingreso mínimo vital, una prestación concebida para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.
El Movimiento Internacional Cuarto Mundo, con delegación en España, tras analizar hasta 2.000 expedientes denuncia un modus operandi por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que apunta a la necesidad de hacer cambios en la ley para que ésta sea realmente efectiva y llegue de verdad a la población vulnerable.
Entre esos problemas de efectividad se encuentra la ausencia de atención presencial. El beneficiario no puede solicitar esta prestación si no es por la web, lo que hace que el procedimiento para justificarse -sobre todo en personas que tienen enormes dificultades para entender y para acceder al lenguaje informático- sea muy complejo.
La prueba evidente de esta desidia administrativa es que hasta un 57% de las personas que tienen derecho a solicitar el IMV no lo ha hecho hasta ahora, bien porque no se han enterado, o bien porque están viendo cómo este préstamo o ayuda se acaba convirtiendo en una deuda.
Además la información que aportan las comunidades autónomas acerca de sus rentas vitales -cabe recordar que la ayuda prioritaria es el IMV del Estado- tampoco facilita ese cruce de datos que trae noticias tardías, con plazos muy largos y momentos de angustia para los beneficiarios.
Ante semejante desesperación, la plataforma de afectados se pone en contacto con el Movimiento Internacional Cuarto Mundo en España, que se ofrece por su experiencia a compartir protocolos, orientar a personas, elaborar informes para el Defensor del Pueblo y dar asesoría jurídica a aquellos que se han visto obligados a llevar sus casos a los tribunales.
En ese proceso, la plataforma de afectados por el ingreso mínimo vital ha enviado cartas a las formaciones políticas y también a ministros como Yolanda Díaz -cuyo departamento les remite al Ministerio de Seguridad Social-, y a José Luis Escrivá. Desde este departamento, la jefa de Servicio del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social daba este jueves una respuesta a varias demandas, y que, en resumen, se concrentaban en que el derecho a la prestación del IMV se encuentra intrínsecamente ligado a los datos que aporta la Agencia Tributaria, y que por ello, el proceso de actualización de los datos, no se puede iniciar hasta que acabe la campaña del IRPF. Se trata de echar balones fuera.
Propuestas de la Airef para mejorar la ley
Consciente de esta situación, el pasado mes de junio, la Airef emitía una opinión, indicando algunas propuestas para subsanar un problema que se acrecienta.
En esa opinión señala y remarca, como ya hiciera en otra ocasión, la necesidad de que se aceleren y refuercen los mecanismos de intercambio de la información que la Administración posee sobre la población vulnerable, facilitándose la interconexión de sus datos de renta, patrimonio, prestaciones, impuestos y asistencia de los servicios sociales. En especial, se acentúa la importancia de que las comunidades autónomas aceleren el volcado uniforme y consistente de los pagos de sus rentas mínimas autonómicas en la Tarjeta Social Digital y en los registros de la AEAT.
Además, la Airef propone que toda esta información se podría llegar a complementar con una declaración universal de rentas y prestaciones, que permitiría avanzar hacia un nuevo modelo de gestión del IMV, cuya concesión se inicie de oficio o quese configure como impuesto negativo. Este sistema de información y gestión permitiría la transferencia inmediata de los beneficiarios de rentas mínimas al IMV y podría servir para gestionar otras prestaciones sociales o transferencias directas de forma más focalizadas.
En el mismo sentido apunta que la Administración podría hacer un mayor uso de la información que con frecuencia mensual dispone de la renta de los solicitantes. Lo anterior contribuiría a reducir el alto porcentaje de ajustes y revisiones de importes que se observan en las nóminas del IMV.
Por último -indica-, es relevante que se valore la posibilidad, pertinencia y factibilidad de simplificar la definición de renta computable para el acceso al IMV en base a la información de frecuencia mensual que la Administración ya posee. Todo ello, subraya la Airef, permitiría ir modulando la prestación en función de las necesidades reales de los beneficiarios en cada momento del tiempo, mejorando la capacidad del IMV de ajustarse a situaciones de pobreza sobrevenida.
Fuente: The Objetive
