El Gobierno ya ha adjudicado la renovación de la asistencia sanitaria de los funcionarios de Justicia. Los ganadores del concurso han sido Asisa, Adeslas y Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico. A falta de formalizar los contratos, las tres empresas darán cobertura a jueces, fiscales y personal de la Administración de Justicia durante 2025 y 2026 tras la renuncia de Sanitas, DKV y Mapfre.
El presupuesto para los dos ejercicios es de casi 175 millones de euros para la atención sanitaria de un colectivo de 92.000 personas, según la documentación que consta en el Portal de Contratación del Estado.
Entre otros, están afiliados obligatoriamente a la Mutualidad General Judicial los funcionarios en servicio activo miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, los funcionarios de carrera del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, de Médicos Forenses, de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial, así como de los restantes Cuerpos y Escalas al servicio de la Administración de Justicia, cualquiera que fuese su lugar de destino y la Administración Pública que, en su caso, tenga asumida su gestión.
Por otra parte eEl Ministerio de Defensa acaba de adjudicar la asistencia sanitaria de los soldados y oficiales para los próximos dos años. El contrato se lo han llevado Asisa y Adeslas por valor de unos 1.200 millones de euros.
En el caso de los ejércitos, la negociación ha sido más fácil que con el Gobierno central. La licitación se anunció el 15 de octubre en el portal de contratación, y este martes estaba resuelta.
Defensa articula la asistencia sanitaria a los militares a través del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). A través de él se gestiona la seguridad social de los efectivos de los tres ejércitos. Sin embargo, como se recoge en la memoria justificativa, «no dispone de medios propios para facilitar directamente» las necesidades de salud. Desde su creación esto se hace a través de aseguradoras.
En un reciente documento, el Ministerio reveló que, a 31 de diciembre del año pasado, los efectivos de las Fuerzas Armadas cuentan con 129.128 efectivos. Por escalafón, hay 77.307 en tropa y marinería, 26.289 suboficiales y 25.532 oficiales, aunque ISFAS cuenta con unas 560.000 personas adscritas. A todos ellos va dirigida el acuerdo que Defensa ha alcanzado con las aseguradoras por 1.200 millones.
En el otro lado de la moneda, el Gobierno sigue sin resolver la papeleta de Muface. La primera licitación se publicó el 8 de octubre, casi al mismo tiempo que las del ISFAS, pero el resultado está lejos de ser el mismo. El pasado viernes, el ministro de Función Pública, Óscar López, prorrogó el plazo para presentar ofertas, después de que ninguna aseguradora quisiese optar al contrato.
La primera oferta del Consejo de Ministros era de 2.681 millones de euros para 2025 y 2026. Las aseguradoras mostraron su total rechazo, dejando el concurso desierto. Tras varias negociaciones, el Ejecutivo subió hasta los 4.500 millones de euros, algo insuficiente para la mayoría. Sólo Asisa se ha mantenido en la pugna, al contrario que DKV y Adeslas. Esta última, sin embargo, sí ha optado por el contrato de Defensa para el personal militar.
El que más quebraderos de cabeza le está dando es el de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). Dos de las tres actuales prestatarias del servicio para 1,5 millones de personas han rechazado participar prese a las subidas históricas de las primas ofrecidas por el ministerio de Función Pública que dirige Óscar López.
El problema es que el Gobierno no creen que Asisa pueda absorber todo el paquete de Muface por el volumen de mutualistas. A Adeslas y DKV las cuentas por ahora no les salen. Mientras que el primero estima unas pérdidas en estos tres años de 250 millones de euros, el segundo eleva el potencial agujero en su balance a una cifra de entre 70 y 100 millones de euros. Para evitar estas pérdidas, Adeslas reclamaba una mejora de la oferta del 47% en dos años. DKV, por su parte, pedía una mejora algo menor, del 40%, pero a cambio reclamaba que la licitación solo tuviera un año de vigencia y después se volviera a negociar.
La fecha límite ahora está en el próximo 27 de enero. Si para entonces ninguna aseguradora se presenta al concurso, el Gobierno tendrá dos opciones: o volver a discutir en Consejo de Ministros sobre la posibilidad de mejorar aún más su oferta o dejar caer Muface definitivamente.
Adeslas fue la primera en renunciar a la renovación del concierto, con el Muface aunque sí que ha aceptado cubrir a otros trabajadores públicos, como es el caso de los jueces y militares. DKV es otra de las compañías que ha rechazado pelear por la oferta de Muface. Solo Asisa sigue echando números para ver si le resulta viable acudir en solitario al concurso. De momento, el Ejecutivo ha ampliado el plazo para presentar ofertas hasta el 27 de enero.
Asisa saca provecho frente a DKV y Adeslas
Conviene indicar cuál es la cuota anual que pagaban los funcionarios a la Mutualidad General de Funcionarios del Estado (Muface). La misma se basa en diferentes categorías. Así, la más barata (grupo E) era de 294 euros; la más cara (grupo A1), subía hasta los 732 euros. De media, 478 euros. Cantidades que no sólo incluyen a los mutualistas (en activo o jubilados), también a sus familiares.
La renuncia de SegurCaixa Adeslas y DKV a continuar en Muface centra la mirada en Asisa, que aún no se ha pronunciado al respecto. Asisa es propiedad al 100% de la cooperativa médica Lavinia, por lo que entre sus objetivos no prima sacar el máximo partido al negocio y repartir dividendos, sino generar actividad para los 10.000 profesionales que son dueños del grupo y garantizar la calidad asistencial
Asisa cuenta con la edad media de mutualistas más elevada -61,3 años frente a los 57,8 de media del sistema-, dado que apenas el 53% de los funcionarios a los que da cobertura está en activo, frente al 47% que ya está jubilado. Además de que contar con un nivel de asegurados tan envejecido le favorece, ya que a la hora de registrar nuevas incorporaciones se trataría de perfiles más jóvenes, se da la circunstancia de que en la oferta se ha reformulado el coste de las tarifas de manera que haya una mayor distancia entre la prima de los colectivos más mayores y la de los de menor edad. En base a esto, todos los empleados públicos mayores de 55 años pagarán una prima mucho más elevada mientras en la franja de edad que abarca de los 0 a los 54 se ha abaratado, factor que, a priori, le beneficia.
Fuentes:
El Gobierno adjudica la mutua de los jueces a la espera de Muface
Asisa saca provecho a su modelo de negocio para exprimir Muface frente a DKV y Adeslas
Interesará: Muface propone a las aseguradoras resarcir las pérdidas de su convenio
https://www.expansion.com/empresas/seguros/2025/01/16/6788113de5fdea62288b4570.html