El crecimiento acumulado del PIB se debe en un 60% al gasto público récord
De los 5,7 puntos que ha crecido el PIB desde finales de 2019, 3,4 vienen del aumento del consumo público
Ni el consumo de los hogares ni la inversión empresarial. El 60% del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) acumulado en los últimos cinco años ha venido dado por el gasto público. Éste explica 3,4 de los 5,7 puntos que ha crecido el PIB respecto al último trimestre de 2019. El sector público ha aumentado su tamaño en unos 4 puntos sobre el PIB respecto a 2019 mientras la renta per cápita sólo supera en 8 décimas su nivel prepandemia.
Tanto Funcas como BBVA Research elevan la previsión de crecimiento del consumo público este año en 2,1 puntos, hasta el 3,8%-3,9%. cifras muy superiores a las que incluye el Gobierno en su plan estructural enviado a Bruselas (1,8%). El gasto público se topará el año próximo con las reglas fiscales y la obligación de reducir el déficit y la deuda.
El consumo público engloba todo el gasto de las administraciones en servicios sanitarios, educativos, de protección social o de administración general. También gastos en producción de estadísticas oficiales, o en servicios de protección civil, seguridad y defensa. No incluye la inversión pública ni el gasto en pensiones, prestaciones por desempleo e intereses.
Es -y previsiblemente seguirá siendo al final de la legislatura- el componente del PIB que más ha avanzado respecto al nivel que tenía antes de la pandemia. El Ejecutivo y los servicios de estudios contemplan que el crecimiento del consumo público continúe a futuro, impulsando el avance de la economía española por encima de la eurozona. El año que viene Funcas y el Gobierno estiman que crecerá entre un 1,5% y un 1,6%, mientras que BBVA Research apunta hacia el 2,7%, de nuevo por encima del aumento del PIB.
Los dos componentes del PIB que más preocupan por su evolución pasada y futura son el consumo de los hogares y la inversión empresarial. El primero ha contribuido en ocho décimas al crecimiento acumulado de la economía española, explicando un 13% de todo el aumento del PIB. La inversión peor aún: sólo supone un 7% de todo el crecimiento del PIB, aportando apenas 4 décimas. Lo que evidencian los datos es que los hogares están dedicando una parte importante de su renta al ahorro en vez de al consumo, mientras que las empresas han tendido a desendeudarse en un contexto de subida de tipos de interés. En los próximos años, las decisiones de estos agentes económicos serán determinantes.
Las reformas necesarias que Sánchez no tomará
Vivimos tiempos volátiles, llenos de incertidumbre, plagados de cambios, con múltiples perturbaciones en el horizonte y nuevos desafíos por lo que resulta sumamente importante analizar la economía con un horizonte más amplio que el del corto plazo, para profundizar en la estructura económica en lugar de quedarnos sólo en la inmediatez de la coyuntura, del día a día, que puede ocultarnos, con el barniz de los datos a corto plazo, la realidad del medio y largo plazo.
La estructura económica española sufre unas bajas productividad y competitividad, lo que hace que España lidere la creación de empleo en las épocas de bonanza y la destrucción del mismo en las crisis, porque su productividad es sumamente baja. Y esa baja productividad, junto al incremento de los costes empresariales, provocan una menor flexibilidad en el mercado laboral, un encarecimiento de la financiación por competencia feroz del sector público para captarla, empeoran la competitividad de la economía española.
España tiene, actualmente, un problema serio de composición del crecimiento, pues es insano, al estar basado en gran parte en el aumento del gasto público mientras dicho gasto está expulsando parte de la inversión productiva, al tiempo que el consumo de los hogares se retrae ante el empeoramiento de expectativas.
Es imprescindible acometer un programa de reformas profundas con una serie de medidas estructurales importantes y urgentes para dotar al crecimiento de una composición adecuada para sostenerse por sí mismo y para lograr incrementos de productividad y competitividad que impulsen a la economía y al empleo de manera sólida. Esas principales medidas son las siguientes:
- Flexibilizar el mercado laboral.Hay que abandonar toda tentación de reducir la jornada laboral semanal sin disminución de salarios, porque sólo destruiría empleo por aumento de costes laborales, que serían inasumibles para muchas empresas, especialmente para las pymes. Sólo un aumento previo de la productividad lo permitiría, y eso no se alcanza comenzando a trabajar menos, sino trabajando más y mejor.
- Ajustar el gasto público a lo necesarioy conseguir equilibrar el presupuesto ya que los niveles de endeudamiento son insostenibles sin el respaldo del BCE y generan un claro efecto expulsión de la economía. Mientras que el gasto público ha crecido exponencialmente, en términos constantes, desde 2019, la inversión se mantiene retraída y sólo la excepcional revisión del PIB ha logrado que recupere el nivel previo a la pandemia.
- Modernizar la función pública. Deben contemplarse retribuciones por objetivos de forma clara y con medición del cumplimiento rigurosa, dejando reservadas las actuales condiciones para las nuevas incorporaciones sólo a los cuerpos que administran soberanía, quedando el resto sometidos a la legislación laboral ordinaria.
- Disminuir las cargas impositivas porque generan un elevado coste laboral y empresarial, que encarece productos y servicios y merma competitividad, haciendo perder a las empresas españolas nuevos mercados o cuota en los ya existentes.
- Cambio normativo para garantizar una verdadera unidad de mercadoque impulse la eficiencia y que acabe con el proceloso mundo burocrático de distintas licencias, autorizaciones y permisos para una misma actividad según se esté en una región de España o en otra. Con la unidad de mercado se podrá ayudar a la generación de economías de escala y, con ello, a las ganancias de competitividad.
- Crear unclima de confianza para la inversión, tanto nacional como extranjera. Es imprescindible allanar el camino a las inversiones productivas y transmitir seguridad jurídica que haga atractiva a la economía española para llevar a cabo una inversión, que generará actividad y puestos de trabajo.
Con dichas medidas, pueden desarrollarse y profundizarse muchas otras medidas derivadas, pero las descritas constituyen la columna vertebral que necesita la economía española para ser competitiva y aumentar su crecimiento potencial en el largo plazo.
