LOS SISTEMAS DE PENSIONES DE JUBILACIÓN

Tradicionalmente en la historia de la humanidad, el cuidado y sustento de los ancianos quedaban a cargo del resto de la tribu, que se «repartía» esa responsabilidad. Más tarde, al evolucionar las sociedades, la carga pasó a las familias o, en última instancia, a organizaciones caritativas. Aun así, cuando se llegaba a ella, la vejez era con frecuencia un estado de miseria y abandono. El sistema de seguridad social que se pone en marcha mediante la legislación de 1889 extiende por primera vez ese reparto de asistencia social más allá de la familia, tomando el Estado un papel de liderazgo y gestión, y compartiendo esas cargas con los miembros activos de la sociedad: trabajadores y patronos. Por eso bien se puede decir que el sistema o método de reparto es la evolución natural del cuidado ancestral de los viejos por parte de los miembros jóvenes y adultos de la tribu.

Ante las situaciones de desamparo en la ancianidad o por muerte del cabeza de familia, el concepto de cobertura de esas contingencias, ya sea mediante la prestación directa de cuidados o mediante una aportación económica, no es el único que ha desarrollado la sociedad humana a lo largo de la historia. Un seguro de previsión ante la muerte del cabeza de familia para ayudar a la supervivencia económica de hijos y viudas es una forma de asistencia social que ya está documentada en el código de Hammurabi (1795- 1750 a . C .). En nuestro entorno occidental tiene un desarrollo clave en la Escocia del siglo xviii (1774), con dos pastores presbiterianos llamados Alexander Webster y Robert Wallace, que se concreta en 1814, al finalizar las guerras napoleónicas, con el nacimiento de Scottish Widows Financiado mediante cuotas que aportan los asegurados, el sistema se basa en la creación de un fondo para sustento de viudas. Había nacido el método de capitalización de las pensiones.

A medida que se han ido desarrollando los sistemas de asistencia social a la vejez, y en especial las pensiones de jubilación, y como un reflejo de la evolución histórica de las sociedades humanas, se han configurado dos métodos básicos para la gestión de los sistemas públicos y privados de pensiones: el método de reparto y el método de capitalización. Métodos no necesariamente excluyentes entre sí, sino más bien complementarios.

El primer sistema de seguro social en el mundo para proteger a los trabajadores se puso en marcha en Alemania durante el Gobierno del canciller Otto von Bismarck . Entre 1883 y 1889 se aprobaron y pusieron en marcha tres medidas: el seguro de accidentes (1883), la pensión por incapacidad (1884) — que garantizaba atención médica a los trabajadores en caso de enfermedad, junto con dotación de medicamentos y el pago de una pensión equivalente a la mitad del salario para el sustento del enfermo y su familia— y, finalmente, la pensión por jubilación (1889) a partir de los 70 años, cuando la esperanza media de vida al nacer apenas superaba los 40 años . Estas tres medidas son las bases del actual estado de bienestar . Fue la respuesta del gran canciller a las presiones de las organizaciones de masas obreras, inspiradas en las tesis de Karl Marx, y a la pujante aparición del Partido Socialista Obrero Alemán.

El sistema creado para las pensiones de jubilación era de reparto; es decir, las pensiones de los ya jubilados se pagaban con las aportaciones de los trabajadores en activo, de sus patronos y, en menor medida, del Estado. También era contributivo, pues la pensión que se recibía tenía una relación directa, que no proporcional, con lo que se aportaba. Este sistema sirvió de inmediato de modelo para Francia (1894), Inglaterra (1908) y, ya con posterioridad, para la gran mayoría de los sistemas de pensiones en el mundo que continúan con sistemas de reparto y contributivos, si no de manera exclusiva, al menos en parte. Es el caso del actual sistema público de pensiones en España.

EL MÉTODO DE REPARTO

En el método de reparto, las prestaciones — pensiones— que reciben los beneficiarios se sufragan con las recaudaciones obtenidas por medio de cuotas — cotizaciones sociales— que abonan los afiliados al sistema. Tanto las cotizaciones como las prestaciones se determinan con un conjunto de reglas a las que se suele llamar los «parámetros del sistema». En principio, el sistema no tiene activos financieros: tan sólo flujos de ingresos y gastos. La salud financiera del sistema, definida como la relación entre sus ingresos y sus gastos, depende del equilibrio entre prestaciones y cotizaciones, algo que no puede garantizarse a priori, puesto que el número de cotizantes y beneficiarios puede variar en el tiempo.

Es evidente que, por su propia construcción, este método es financieramente inestable. Durante las fases de crecimiento del número de cotizantes — en especial en los años inmediatamente posteriores a su arranque inicial, en los que se irán incorporando muchos cotizantes y habrá pocos beneficiarios— se obtiene un exceso de ingresos con relación a los gastos. Pero cuando las fases expansivas terminan, llegan años de mayor crecimiento de los beneficiarios, y en ellos puede ocurrir que al tener que soportar más gastos que ingresos, el flujo financiero se invierta.

Con el fin de mitigar los efectos indeseables de esta inestabilidad financiera, inherente al método de reparto, se han ido desarrollando diversas estrategias, tantas como países lo han adoptado para sus sistemas públicos de pensiones. Pero pueden agruparse en dos grandes tipologías caracterizadas por la forma de calcular las prestaciones. La diferencia entre un tipo y otro resulta ser tan importante que, por lo general, se admite que se trata incluso de dos métodos distintos.

Método de reparto y prestación definida

La característica principal de este método estriba en que la prestación que recibirá un trabajador al retirarse es función del salario y del número de años cotizados, no de la cantidad de dinero con que en efecto haya contribuido al sistema. Lo más habitual es que este método presente límites máximo y mínimo en las prestaciones por recibir. Éste es el método prevalente en el sistema público de pensiones en España. En la literatura inglesa se le denomina Pay As You Go Defined Benefit (PAYG DB).

Lo más notable de este método es que su implementación se basa únicamente en decisiones políticas y con muy limitadas consideraciones financieras. Esto trae consecuencias inevitables.

La mecánica de funcionamiento del método se explica mediante los objetivos, las variables de contorno y los parámetros de ajuste. En el gráfico adjunto se muestra cómo se relacionan entre sí tomando como ejemplo el caso de nuestra Seguridad Social. Todo el sistema está enmarcado por los objetivos y las variables de contorno. En el centro está la caja común (la tesorería) por la que pasan los flujos dinerarios que afectan a los ciudadanos y al Estado. Dado que los flujos principales (cotizaciones y pensiones) dependen de decisiones políticas y de variables que están fuera del control del sistema, la probabilidad de que ingresos y gastos estén en equilibrio es remota. De hecho, en nuestra historia ese equilibrio no se ha producido jamás — salvo en el fugaz momento en que la diferencia entre ingresos y gastos cambia de signo, algo así como el momento en que un reloj parado marca la hora exacta.

Los objetivos prioritarios son:

Un objetivo social que, tomando el caso español como ejemplo, tiene como más alta expresión el artículo 50 de la Constitución de 1978: la suficiencia económica de las pensiones en la vejez.
Un objetivo de sostenibilidad con dos mecanismos de regulación: un fondo de reserva y, en caso de necesidad, las transferencias del Estado como garante último del sistema .

La demografía y la economía son las dos variables de contorno fundamentales.

La demografía es la variable más influyente, puesto que determina cuántas personas hay en edad de trabajar — y, por lo tanto, de cotizar— y cuántas personas están ya jubiladas o reciben algún otro tipo de prestación en un momento determinado. Esta variable está fuera del control propio del sistema: evoluciona en función de las tasas de natalidad, de la esperanza de vida y de los flujos migratorios. Suele medirse usando indicadores llamados tasas de dependencia, que relacionan entre sí los volúmenes de población a un lado y otro de la línea divisoria de la jubilación.

La tasa de dependencia varía con mucha lentitud en el tiempo. Por consiguiente, su evolución temporal a corto plazo es previsible con facilidad y sólo un poco menos a largo. A cambio, su inercia es irresistible: es muy difícil desviarla de su camino. Cuando no muestra una gran estabilidad temporal — como es el caso de España y otros países europeos durante lo que se llama el baby boom—, constituye un quebradero de cabeza para los gestores del sistema.

La economía influye en los ingresos del sistema de forma directa: mediante el nivel de ocupación en el mercado de trabajo (tasa de ocupación de la población activa) y la estructura de salarios (salario medio de los trabajadores), ya que las cotizaciones son proporcionales a éstos. Las mejoras de productividad, que se traducen en aumentos reales de los salarios, dan alegría a la salud financiera del sistema y permiten elevar las prestaciones. Así, cuando termine su vida laboral, el pensionista se beneficiaría de las mayores cotizaciones que existirían con respecto a las cotizaciones con las que contribuyó él mismo. La tentación inevitable es tomar la decisión de elevar las prestaciones sin saber con certeza si esas mejoras productivas se mantendrán en el futuro.

Esta segunda variable también está fuera del control propio del sistema. En este caso, como ocurre con las crisis económicas, las variaciones pueden producirse de forma súbita e inesperada. Para la salud financiera del sistema, los efectos son inmediatamente devastadores: bajan los ingresos y los gastos se mantienen porque estaban comprometidos de antemano.

Como puede entenderse perfectamente, con este método es muy difícil mantener a flote las finanzas del sistema de pensiones a lo largo de los años. De hecho, no pocos autores consideran que no es posible, salvo en condiciones de estabilidad demográfica y de economía con mejoras de productividad constantes. Los países en que este método es el único o el mayoritario para la prestación de pensiones de jubilación están obligados a reformas periódicas mediante ajustes «paramétricos», que suelen venir acompañados de conflictos políticos y sociales y a menudo sólo se llevan a cabo en situaciones de extrema urgencia financiera.

Tomados del caso español, los parámetros fundamentales para el control y regulación en este método son:

Las cotizaciones sociales: Fijan el porcentaje del salario del trabajador que se destina a financiar el sistema. Este porcentaje se aplica en un margen de salarios limitado por unas bases de cotización mínimas y máximas y con particularidades según el régimen general, el de autónomos y otros minoritarios.
Los criterios de cobertura: Establecen las condiciones requeridas para ser beneficiario de la prestación. Las principales son: los años cotizados, la edad mínima para poder acceder a la jubilación completa y las penalizaciones o bonificaciones por adelantar o retrasar la edad de jubilación respecto de la legal.
La pensión inicial: Se calcula según fórmula y criterios establecidos legalmente. Cada año se publica el límite inferior, pensión mínima, y el superior, pensión máxima. Éste es un parámetro clave, puesto que determina de forma directa la «generosidad» del sistema: las fórmulas suelen basarse en el promedio de salarios habidos por el nuevo jubilado y no en lo realmente cotizado.
El índice de revalorización: Publicado anualmente por el gobierno, en 1996, en España se fijó como recomendación la actualización según el IPC (índice de precios al consumo). El 29 de diciembre de 2021, esta recomendación adquirió finalmente rango de ley, la Ley 21/2021 en el BOE, y así quedó establecido que al comienzo de cada año se revalorizarán las pensiones según el IPC medio del año anterior.

A lo largo de su existencia, este método ha probado ser una magnífica herramienta para prestar beneficios a los titulares desde el mismo momento en que se constituye. No exige ninguna capitalización previa y, por lo tanto, es idóneo para prevenir la pobreza en la vejez usando los recursos aportados por los nuevos cotizantes. Por el contrario, ha demostrado ser altamente inestable ante la evolución demográfica y las crisis económicas que han tenido lugar en los países más desarrollados, principalmente en Europa, desde la década de 1990. Esta extrema inestabilidad se acentúa si no tiene un sistema automático de reequilibrio ante un ciclo demográfico negativo o ante la aparición de crisis económicas o, peor aún, si se dan ambos casos simultáneamente.

A los efectos de este método, se produce un ciclo demográfico negativo cuando la población con derecho a la prestación de jubilación crece a un ritmo superior a la población activa. En el corto plazo, estas situaciones resultan imposibles de corregir, salvo que se fomente un volumen de inmigración neta de personas en edad de trabajar que compense el desequilibrio. En todo caso, no es una solución sostenible a largo plazo si esos inmigrantes siguen, como es previsible, la tendencia general en cuanto a longevidad. Y, en el corto plazo, lo más habitual es que esa inmigración llegue con salarios menores a los nacionales, por lo que su contribución a las cotizaciones es menor que la de los ya residentes. En resumen, la inmigración como remedio a la crisis demográfica puede ser un parche temporal, pero no una solución para la estabilización financiera.

Una crisis económica suele tener un impacto negativo en el empleo, con lo que disminuyen de inmediato las cotizaciones a la Seguridad Social. Y si la salida de la crisis no conlleva una mejora de la productividad en la economía, el desequilibrio financiero se acentúa.

Con todo esto, lo más dañino para la salud financiera de un método así es que su generosidad, determinada por una decisión política, no se vea suficientemente apoyada por los esperados aumentos constantes de la productividad, que vienen determinados por la realidad económica. Es decir, el político toma una decisión sobre la cuantía de las pensiones basándose en unas expectativas del futuro de la economía que no está en su mano cumplir. Cuando no se cumplen las expectativas soñadas, el saldo actuarial del ciclo de vida de cada ciudadano se descompensa: recibe como pensión mucho más de lo que ha aportado con sus cotizaciones, y la salud financiera del sistema se va al traste. El caso contrario también puede ocurrir: cuando el crecimiento económico desborda lo esperado y todo son alegrías. También apuntemos aquí algo obvio: puesto que no capitalizan prácticamente nada, los sistemas de reparto no se benefician de los rendimientos del capital . Esto les resta eficiencia económica frente a otros métodos.

Las principales ventajas del método están en su carácter de solidaridad intergeneracional — si lo entendemos así, porque la generación de trabajadores actuales se hace cargo de las pensiones de quienes ya se han jubilado—, en su sencillez conceptual, en la inmediatez en su puesta en marcha y, siempre que incorpore algún mecanismo de revalorización, y en que proporciona una protección eficaz contra la inflación — ese gran enemigo de las pensiones.

Método de reparto y contribución definida con cuentas nocionales

En este método, el beneficio recibido como pensiones está asociado con lo que el trabajador ha contribuido realmente a lo largo de toda su vida laboral (de ahí lo de contribución definida), pero esos beneficios son sufragados por las contribuciones de los trabajadores en activo (sigue siendo un modelo de reparto) . En la literatura inglesa se los denomina Pay As You Go Notional Defined Contribution (PAYG NDC).

Siendo de reparto, este método introduce el concepto de cuentas nocionales con el fin de conseguir la neutralidad actuarial: que lo que se percibe como pensión sea razonablemente equivalente a lo que en verdad se ha cotizado. Para ello debe adecuar la prestación a las condiciones demográficas de la cohorte de edad del beneficiario y a la evolución económica del país. Puede describirse como una evolución del anterior método de reparto de prestación definida, al que se le otorgan mecanismos de ajuste en el cálculo de las pensiones para dotarlo de mayor estabilidad financiera, eliminando la necesidad de una improbable reconciliación de las decisiones políticas con las realidades económicas.

Cuenta nocional es una cuenta personal virtual en la que se apuntan las aportaciones que a lo largo de la vida laboral ha realizado un trabajador, revalorizadas cada año según un criterio público acordado para el sistema de pensiones.

Existe una variedad de este método denominada «por puntos». Conceptualmente es idéntica a la forma general y se diferencia por el uso de un mecanismo de valoración de lo que se aporta como cotización y de los derechos a los que da lugar: los importes se convierten en puntos del sistema. Los importes que se cotizan sirven para comprar puntos que se rescatan en el momento de la jubilación. A efectos prácticos, puede considerarse que el método por puntos es un método de reparto y contribución definida.

En el gráfico adjunto usamos como ejemplo el sistema de Suecia. De nuevo, el modelo queda enmarcado por objetivos y variables de contorno y en el centro está la tesorería sueca. Las interacciones entre unos y otros son similares a los del caso español, pero las decisiones políticas ya no son las únicas que intervienen en su funcionamiento: los resultados financieros pasan a ser parte fundamental de la gobernanza del sistema.

Las contribuciones individuales son «anotadas» en unas cuentas virtuales, denominadas «cuentas nocionales», en las que se va reflejando un supuesto capital acumulado a lo largo de los años de cotización. Las cotizaciones individuales son el resultado de aplicar un porcentaje al salario real del trabajador (en 2020, en Suecia era del 16 por ciento), aportado entre el trabajador y el empleador. Estas cotizaciones se van acumulando en la cuenta nocional de cada trabajador, y todos los años se revalorizan con el crecimiento o decrecimiento real del salario medio del país.

El sistema se respalda en la creación de unos fondos de reserva que actúan como amortiguadores de posibles caídas temporales de los ingresos. El volumen de estos fondos es de 0,3 veces el PIB sueco, cantidad nada desdeñable que aporta una dosis considerable de estabilidad al conjunto del sistema.

La pensión inicial se calcula usando el saldo de la cuenta nocional en la fecha de jubilación, a la que se aplica una fórmula matemática que usa dos parámetros variables clave: uno que es en función de la esperanza de vida de la cohorte de edad del jubilado en ese año y otro que es una revalorización por adelantado a cargo de futuras y previsibles mejoras de productividad. Desde el punto de vista financiero y actuarial esta fórmula es muy razonable.

Una de las características más significativas del método sueco es la existencia del mecanismo automático de ajuste financiero. Viene a reconocer que por mucho que ahora sea de contribución definida, un sistema de reparto sigue estando expuesto a las veleidades de sus condiciones de contorno, económicas y demográficas. Consiste en un método para evaluar activos y pasivos del sistema. En la tabla adjunta se resumen esos activos y pasivos. Puede apreciarse que los únicos reales son los activos del Fondo de Reserva, todo lo demás es virtual. Con estos cálculos virtuales, inventados por los muy creativos suecos, se evalúan los riesgos de desestabilización del sistema. Cuando el riesgo cruza cierto umbral, se activa una alarma y a partir de ese momento un ajuste automático en el cálculo de las nuevas pensiones. Cuando el sistema vuelve a estabilizarse, se deshace el ajuste. Aunque pueda sonar a ciencia ficción, este mecanismo funciona: fue puesto a prueba, con éxito, durante la gran crisis financiera de 2008 (aunque los suecos reconocieron que hizo falta un pequeño ajuste manual).

BALANCE PARA EL MECANISMO AUTOMÁTICO DE AJUSTE FINANCIERO

Una característica diferencial de este método implantado en Suecia es la transparencia en la información del balance virtual del sistema y del capital virtual consolidado para cada trabajador. Cada año, todos los trabajadores que cotizan en el sistema de pensiones reciben el denominado sobre naranja, con un informe en el que se les detallan los derechos acumulados en forma de capital virtual y también se informa del estado del balance virtual y sus movimientos. Con esta información, el trabajador conoce la estimación actual de la pensión que recibirá al llegar a la edad legal de jubilación (67 años) y también a la edad permitida para la jubilación anticipada (62 años), y así planificar el momento en que desea jubilarse.

Frente al de reparto y prestación definida, este método tiene como ventaja que la salud financiera está más controlada mediante el mecanismo de ajuste automático y que la visibilidad de la cuenta nocional permite conocer la cuantía y procedencia de sus créditos para la jubilación. De esta forma se incentiva al trabajador a tomar una decisión fundada y responsable acerca de cuándo acceder a la jubilación. La edad legal de jubilación ha pasado a ser una simple referencia.

Desaparece el potencial debate sobre la generosidad de las pensiones debido a que se acercan a la neutralidad actuarial: lo que se percibe como pensión equivale a lo aportado como cotizaciones. Naturalmente, esto significa que se reduce la cuantía de las pensiones obtenidas por esta vía, por lo que el Estado promueve el complemento por una segunda vía: los planes de pensiones de empresa.

Sin embargo, conviene no olvidar que sigue siendo un sistema principalmente de reparto. Como tal no goza de una alta eficiencia económica y no puede evitar del todo que el riesgo demográfico lleve a activar controles adicionales de mejora de los ingresos (aumento de cotizaciones) o disminución de pensiones (aumento de la edad legal de jubilación)

EL METODO DE CAPITALIZACION

Este método corresponde a la visión intuitiva del ahorro para la vejez. De las rentas mensuales del trabajo se detrae una cantidad dada que se deposita y acumula en Fondos de Pensiones. Ese capital acumulado se invierte en activos financieros de todo tipo. Ésta es la diferencia fundamental con los métodos de reparto y conlleva unas ventajas inmediatas:

Es un método muy estable siempre que las retribuciones en forma de pensiones se calculen de acuerdo con criterios financieros y actuariales en el momento del rescate de los fondos. Cuando se cumple esta condición, se denomina «de contribución definida»; en oposición a los de «prestación definida», que no la cumplen y que, por lo tanto, pierden una buena parte de su estabilidad financiera.
Puesto que el producto de las inversiones financieras (la rentabilidad) de los fondos se acumula, tiene una gran eficiencia económica. Se produce así el crecimiento de lo ahorrado con el interés compuesto de lo que se gana cada año.

Estas ventajas tienen su contrapartida: las prestaciones están sujetas al riesgo propio de los mercados, que incluye el de la calidad de la gestión financiera de los fondos (hacen falta unos buenos gestores y esto tiene su coste).

Por otro lado, este método proporciona flexibilidad al ahorrador: en determinadas circunstancias, los fondos acumulados pueden retirarse antes de la fecha prevista. En cualquier caso, cuando se rescatan, el titular tiene varias opciones de uso de los fondos: contratar una renta vitalicia, retirarlos de una sola vez o reinvertirlos en otros activos de los que pueda ir obteniendo una renta irregular, o cualquier combinación de estas tres opciones.

La aplicación del método de capitalización a los sistemas de pensiones como forma previsional de ahorro ha permitido el desarrollo de dos esquemas principales:

Planes de pensiones de empleo (o planes de empresa), que en cada país tienen unas particularidades propias, pero en todos los casos se dan unas características comunes.

Son obligatorios o casi obligatorios. Un porcentaje del salario del trabajador se aporta a uno o varios fondos de inversión. Esa aportación se reparte entre trabajador y empresario en proporción variable según el país.
Los agentes sociales (sindicatos, empresarios) y el gobierno están involucrados en la elección de los fondos, las estrategias de inversión y su administración.
Las aportaciones a estos fondos tienen beneficios fiscales tanto para el empleado como para el empresario.
La fiscalidad aplicada al capital que recibe el jubilado varía según los países, y puede ir desde la consideración de impuestos diferidos por ingresos de trabajo hasta bonificaciones significativas sobre esas anualidades.

Ahorro privado en planes de pensiones individuales, seguros de pensiones individuales o cuentas de ahorro previsional. Son totalmente voluntarios y, al igual que en el caso de los planes de empresas, en cada país tienen particularidades fiscales según el interés del gobierno de turno para favorecer este tipo de ahorro.

RESUMEN COMPARATIVO ENTRE LOS DIFERENTES MÉTODOS

Admitamos que no existe el método perfecto. Cada uno de ellos resulta más o menos adecuado a los fines de una determinada estrategia en materia de pensiones.

Por ejemplo, si un Estado se marca como objetivo principal dotar a su población de una buena red de cobertura básica en la vejez, es posible que hiciera bien escogiendo un método de reparto y prestación definida. En este caso, el Estado estaría inhibiéndose de participar en las decisiones personales sobre el ahorro para la vejez. Se estaría limitando a asegurar que al llegar a una edad en la que difícilmente se puede uno ganar la vida, nadie queda desprotegido, y para eso le bastará acudir a una financiación basada en impuestos generales.

En cambio, si un Estado quiere ser protagonista absoluto en la determinación de los niveles de renta de las personas mayores, hará bien en adoptar métodos más sofisticados que le proporcionen buena estabilidad y elevada eficiencia. El primero de la lista sería el método de capitalización, aunque quizás no en exclusiva.

Los métodos también se diferencian por los riesgos financieros que deben afrontar como consecuencia de su misma naturaleza. A su vez, según la estrategia seguida por el legislador, estos riesgos podrán recaer en distintos actores del sistema.

En este punto nos limitamos a hacer una comparación directa aplicada al caso del sistema de pensiones de alcance universal y con prestaciones suficientemente elevadas como para que no se produzca un escalón abrupto desde las rentas laborales a las rentas por jubilación. En un escenario en el que se empezase de cero (cero cotizantes, cero pensionistas), a nadie se le podría ocurrir elegir un método que no fuese de capitalización. Pero no siempre es así, y las decisiones históricas son las que mandan.

La razón fundamental para esta afirmación tan rotunda es la eficiencia económica: en lo que atañe al importe de sus pensiones, un sistema de reparto sólo podrá acercarse a uno de capitalización en casos extremos de altos crecimientos de productividad combinados con rentabilidades mediocres de los activos financieros e inmobiliarios. Si alguna vez llegase a darse en sociedades desarrolladas, este escenario sería siempre de corta duración.

Adicionalmente, los riesgos asociados a la inestabilidad ya descrita de los métodos de reparto obligan a dotarlos de un respaldo financiero excepcional. Que no puede ser otro más que el propio Estado. Tanto es así que en el sector privado la legislación general no permitiría la operación de compañías de seguros que no estuviesen capitalizadas de manera adecuada. Cuando hay que acudir al garante de último recurso, el Estado, se producen otros efectos indeseables que iremos analizando en este libro.

La diferencia entre los métodos de reparto de prestación definida y de contribución definida es que los segundos —los de contribución definida— están dotados de una buena cantidad de estabilizadores para mitigar los riesgos. Pero nunca podrán compensar su peor eficiencia económica frente a los métodos de capitalización. Por lo tanto, los de prestación definida son muy inadecuados para ser usados en un sistema nacional de pensiones de altas prestaciones.

En el desarrollo histórico de los sistemas públicos de pensiones hay que destacar el enorme atractivo que presentaban los métodos de reparto y prestación definida en el momento de su puesta en marcha: muy sencillos de implementar —sin tener que organizar la creación y gestión de fondos de inversión— y muy fáciles de entender para la población. Como en las fases iniciales de los nuevos sistemas habría pocos pensionistas y un número creciente de cotizantes, tampoco había que preocuparse por la salud financiera de los sistemas. Por si fuera poco, si se ponía —como fue en el caso alemán pionero— una edad de jubilación lo bastante alta, el gasto esperable por las pensiones de jubilación tendría poca relevancia.

Los sistemas con métodos de reparto y prestación definida se beneficiaron del mismo efecto que facilitó la creación de las llamadas estafas piramidales: llegaban al sistema suficientes cotizantes nuevos, que tardarían muchos años en jubilarse, como para enmascarar la futura fragilidad financiera. Naturalmente, estos sistemas de pensiones no pueden calificarse de estafas, pero la similitud es muy evidente.

ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES. EL MODELO DE PILARES

En la práctica, casi ningún país tiene un sistema que haga uso exclusivo de uno solo de los métodos ya descritos, más bien usan una combinación de varios de ellos. El peso que cada método tiene en las prestaciones sociales —la principal es la jubilación, como ya sabemos— es la manifestación de la estrategia de cada país con relación a la suficiencia económica en la vejez y a otras prestaciones. En última instancia, representa el diseño que ese país tiene del estado de bienestar.

Cada país elegirá una o varias piezas (una pieza es un subsistema que utiliza uno u otro método de los ya descritos) de la arquitectura de referencia, y es muy importante recordar que el resultado esperado es nada menos que la intención política acerca del modelo de sociedad al que se aspira. Según sus funciones y objetivos, en la arquitectura las piezas se agrupan en estos niveles:

Nivel 0: Coberturas básicas

Pensiones públicas que proporcionan niveles mínimos de protección en la vejez y ante contingencias de varios tipos. Son las no contributivas, por lo general no financiadas con las cotizaciones sociales. Constituyen una red de seguridad para la cobertura económica más básica de las personas que por edad ya no tienen cabida en el mundo laboral, hayan contribuido algo o nada al sistema de pensiones del país. En distintos países adoptan diferentes modalidades de pensiones. Es frecuente que estas modalidades de pensión se combinen o se complementen con otros tipos de ayudas a la vejez, como pueden ser las subvenciones por dependencia, ayudas para alquiler de viviendas, asistencia sanitaria y otras.

En este pilar, la práctica totalidad de las pensiones y ayudas se gestionan con el método de reparto con prestación definida, y suelen financiarse exclusivamente con impuestos generales.

Nivel 1: Pensiones públicas obligatorias de carácter contributivo

Éste es el pilar fundamental de las pensiones públicas de jubilación, supervivencia e incapacidad laboral. Aquí las prestaciones en forma de renta vitalicia están ligadas de forma directa a las contribuciones realizadas por cada individuo. Por lo tanto, el nivel 1 es el espacio en el que con mayor claridad se expresa la intención política de cada Estado y su visión acerca de sus valores y prioridades sociales.

No es de extrañar que sea en este pilar donde encontramos las mayores divergencias estratégicas entre países. Tenemos desde la no presencia (casos de República de Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda), presencias mínimas (Dinamarca) hasta presencias masivas (la mayor parte del resto de los países de Europa). Incluso en los países que hacen un uso intensivo de este pilar encontramos muy notables diferencias según el método o combinación de métodos que emplean, escogidos entre esta panoplia: Capitalización. Reparto con prestación definida y Reparto con contribución definida y cuentas nocionales (junto con la variante denominada «por puntos»).

Este pilar será el que tenga un mayor peso en los resultados financieros de las cuentas de los sistemas públicos de cada país. Aunque en teoría la financiación de este pilar 1 debería estar exclusivamente a cargo de las cotizaciones sociales obligatorias de los trabajadores, en la práctica los Estados (entre los que se incluye España) tienen que acudir al rescate aportando cantidades significativas desde sus impuestos generales para conseguir pagar las pensiones resultantes.

Nivel 2: Planes de pensiones de empleo

Se trata de pensiones de carácter privado articuladas en forma de planes de pensiones de empleo. En sus condiciones laborales, las empresas —individualmente o agrupadas por sectores u otros conceptos— incluyen estos planes de ahorro a los que contribuyen tanto empleadores como empleados.

Aunque su gestión está en manos privadas (gestores de fondos de pensiones), este pilar es resultado de la regulación del Estado (que les da un carácter obligatorio o casi obligatorio). Actúan siempre bajo el método de capitalización, bajo una supervisión y legislación estatal.

En general, se utiliza como complemento del pilar 1 (en especial cuando este pilar 1 hace uso de métodos de reparto, en esencia inestables) en lo que se refiere a pensiones de jubilación. El objetivo es que las pensiones se nutran de dos fuentes distintas y complementarias: una pública, que usaría un método de reparto, y otra privada, que usaría un método de capitalización. Así se consigue que el sistema público mantenga un aceptable equilibrio financiero al mismo tiempo que proporciona pensiones de cuantía suficientemente alta. Además, al introducir en una arquitectura este pilar 2, el riesgo global del sistema se diversifica y se reparte entre Estado y ciudadano.

Nivel 3: Planes de pensiones voluntarios

La diferencia esencial entre este nivel y el anterior es su carácter estrictamente voluntario y privado, ajeno a la legislación estatal excepto en los aspectos habituales de fiscalidad, regulación y control financiero.

El más conocido y de mayor tamaño en el mundo es el llamado 401 (k) de Estados Unidos. Con los fondos procedentes de los ahorros de este plan se han formado algunos fondos de pensiones de tamaño estratosférico, cuyas decisiones sobre dónde invertir los fondos tienen una gran influencia en la economía nacional y mundial.

Como una particularidad del nivel 3, también se define un nivel 4, en el que se ubican sistemas de ahorro previsional privados e individuales, a menudo asociados a otros productos financieros (seguros de vida y otros) de carácter suplementario a los sistemas de los demás niveles.

Podemos deducir la intención política de cada Estado en función de la arquitectura elegida para su sistema de pensiones: qué pilares incorpora y con qué método, a cuál se le da más peso. Con ello también se determina el rol del Estado en el sistema de pensiones.

Con el pilar 1, el individuo cede al Estado la gestión de su ahorro para la vejez. El Estado define las reglas y la cuantía del ahorro (las cotizaciones) y el Estado asume todo el riesgo financiero del posible déficit entre los ingresos (cotizaciones) y los gastos (prestaciones) que no estuviera cubierto por un fondo de reserva. En ese caso, el Estado o bien realiza transferencias extraordinarias, que lógicamente conlleva detraer esos recursos de otras partidas presupuestarias a las que estaban asignados, o bien aumenta la deuda pública.

En el pilar 2, el Estado favorece y ayuda al individuo en su ahorro previsional para la vejez. Fomenta la creación de esos planes de empleo mediante incentivos fiscales al trabajador y a la empresa, y supervisa la gestión para evitar gastos y riesgos no adecuados para el fin perseguido. El individuo se hace cargo tanto de las pérdidas como de las ganancias que tuvieran esos planes.

En el pilar 3 y en el 4, el individuo es totalmente responsable de su ahorro previsional, y asume todos los potenciales riesgos y beneficios asociados a los instrumentos financieros que ha elegido.

El gráfico adjunto representa cómo se ubican cada uno de los pilares en relación con el modelo de sociedad y con quién toma los riesgos financieros. En función del modelo de sociedad que consideran aceptable sus ciudadanos, cada país elegirá el porcentaje objetivo de cada pilar. Países como Estados Unidos, Inglaterra, Australia o Chile priman los pilares 2 y 3; otros países, como España, Austria, Portugal, priman el pilar 1 de prestación definida; y casos como Suecia, Italia, Alemania y parcialmente Francia despliegan sistemas de cuentas nocionales o similares, sistema de puntos, también dentro del pilar 1.

Modelo de sociedad y riesgos de cada pilar

Una vez que un país ha tomado sus decisiones sobre qué arquitectura adoptar para su sistema público de pensiones, la inercia del sistema resultante comienza a hacerse notar con mucha rapidez. Sobre todo si se usan métodos de reparto, porque en sus fases iniciales los resultados resultan muy gratificantes. Es fácil hacer oídos sordos a las voces disonantes. Como ocurre en nuestra analogía de ficción.

En una actividad en esencia financiera, ¿pueden anteponerse las decisiones políticas a los criterios financieros? En el capítulo siguiente retomaremos la visión sobre el rol del Estado en el mundo de las pensiones y, como eje fundamental de una comparación internacional, describiremos las estrategias seguidas por distintos países.

Fuente: “Por una reforma de las pensiones” Librería Dykinson – Por una reforma de las pensiones – Muñoz Luna, Pedro; Navarro Sánchez, Diego; Pedreira Gutiérrez, José | 9788423437733

A MODO DE RESUMEN

Al hablar de sistemas de pensiones públicos lo más habitual es diferenciarlos según la forma en la que financian las pensiones. Y es que existen diferentes formas de estructurar el modelo. Estas son las más habituales:

Sistema de reparto

Es el sistema de pensiones que se utiliza en España y en la mayoría de países del sur de Europa. Este sistema usa las cotizaciones de los trabajadores en activo para repartirlas entre los pensionistas. Dicho de otra forma, los trabajadores actuales son quienes pagan las pensiones de los jubilados, lo que lo convierte en un sistema de solidaridad intergeneracional. Cada generación apoya a la anterior abonando sus pensiones con el dinero que cotizan a la Seguridad Social y esperando que la siguiente haga lo mismo.

Este modelo plantea problemas de sostenibilidad, ya que depende enteramente de que exista una masa suficiente de trabajadores para abonar las pensiones de jubilación públicas y, con una población envejecida, esto puede ser un problema. De ahí que muchos de los países que utilizan un sistema de reparto estén buscando fórmulas de incentivar el ahorro privado.

Sistema de capitalización

Frente al sistema de reparto están los sistemas de capitalización. Este modelo se basa en que cada trabajador realiza aportaciones al sistema y después recibe lo generado por esas aportaciones. En otras palabras, algo parecido a cómo funciona un plan de pensiones o un fondo de inversión, con los que tú inviertes un capital y al cabo del tiempo recuperas ese dinero más los posibles beneficios o rendimientos que haya generado.

Estos sistemas, más habituales en países anglosajones, eliminan el componente de solidaridad intergeneracional. Cada trabajador realiza sus aportaciones y la pensión que reciba será acorde a ellas.

Los dos problemas de este sistema son: el impacto de la inflación (los intereses que hay que lograr para que el sistema funcione y tener una cantidad que permita superar el efecto de la inflación); y las desigualdades que pueden crearse según la trayectoria laboral de cada trabajador. Por eso mismo, este tipo de sistemas suelen contar con una parte pública y otra privada.

Sistema de cuentas nocionales

Una variante del sistema de reparto tradicional. Los sistemas de cuentas individuales de contribución definida, más conocidos como sistemas de cuentas nocionales, usan las aportaciones de los trabajadores a lo largo de toda su carrera.

La pensión de jubilación se calcula según lo que el trabajador ha aportado a una cuenta individual que suma sus cotizaciones. Así, la pensión es una especie de salario diferido real. Este es el modelo nórdico que ahora se plantea como alternativa al sistema de reparto tradicional.

Las cuentas nocionales ligan directamente las cotizaciones al sistema a las prestaciones que se recibirán, lo que en teoría es más justo, pero puede no ser suficiente para todos. Y es que el principal problema de este sistema es que no establece una cantidad de ingresos mínima y puede haber una parte de la población que llegue al momento de jubilarse sin esa garantía. La forma de suplir este problema es con sistemas de prestación básica cubiertos por el Estado.

Sistema de capitalización con auto enrollment

Este es el sistema que se usa en Reino Unido. Lo que cambia respecto al sistema de capitalización tradicional o básico es que obliga a las empresas a incluir a los trabajadores dentro del sistema. Después, el trabajador será el que deba darse de baja del sistema, en caso de que no quiera dedicar parte de su retribución a estas aportaciones. Con este pequeño cambio, el sistema se asegura que los trabajadores van creando su ahorro para la jubilación. A partir de ahí y de esas contribuciones mínimas, tanto el propio trabajador como la empresa o el Estado pueden añadir contribuciones adicionales.

A partir de estos sistemas básicos, se pueden establecer diferentes combinaciones donde solo el Estado hace aportaciones y el sistema depende de las pensiones públicas, sistemas mixtos con aportaciones obligatorias desde la vertiente pública o privada, y sistemas voluntarios.

EJEMPLOS DE DIFERENTES SISTEMAS DE PENSIONES EN EL MUNDO

Nada como acercarse a alguno de los modelos de pensiones más conocidos para terminar de entender esta dicotomía entre financiación pública, privada, y cómo aseguran los países las pensiones de sus jubilados:

Pensiones en Suecia

El sistema sueco orienta las cotizaciones de sus trabajadores hacia la inversión. La diferencia con otros sistemas es que los ciudadanos pueden elegir dónde invierten su dinero. Eso sí, esta inversión tiene carácter obligatorio. En concreto, el Estado ofrece diferentes alternativas privadas y una pública, que es la del fondo soberano sueco. Después el trabajador escoge cuál le convence más (si no escoge ninguna, el dinero se invierte en el fondo soberano). Esta competencia hace que el fondo soberano sueco necesite ofrecer buenos resultados para ser elegido. Este dinero que invierten los trabajadores se integra en un sistema de cuentas nocionales individuales con carácter virtual. A este sistema se suman los fondos de pensiones de empresa, que son más habituales que en España, y el ahorro individual de cada trabajador. Además, Suecia cuenta con una pensión mínima garantizada para quienes no hayan cotizado lo suficiente y con un suplemento de vivienda y subsidio de manutención para mayores.

Pensiones en Noruega

Noruega cuenta con uno de los fondos de pensiones más conocidos y aclamados dentro de la comunidad financiera. Los trabajadores noruegos aportan una parte de su salario a este fondo y su jubilación dependerá después de cuánto hayan cotizado, los años trabajados, la edad a la que decidan jubilarse y la esperanza de vida media en el país. La diferencia del fondo noruego con el español es cómo ha invertido el dinero, ayudando por un lado a las empresas del país, pero diversificando los activos por otro. Noruega también permite cobrar la pensión y trabajar a la vez, lo que permite a los jubilados aportar al sistema.

Pensiones en Países Bajos

El sistema holandés de pensiones se fundamenta en tres pilares y es un sistema mixto que mezcla pensiones públicas y privadas. El primer pilar del sistema es la pensión pública, que funciona bajo un modelo de reparto de prestación definida. La pensión estatal (AOW) se paga con las cotizaciones de los trabajadores, igual que en el sistema español. La diferencia es que constituye una pensión básica, con una cuantía que está relacionada con el salario mínimo. Además, también hay una pensión mínima de carácter asistencial (AIO) que es una pensión no contributiva para quienes no hayan cotizado suficientes años. El segundo pilar de las pensiones holandesas es el sistema de pensiones de empleo, que son los planes de las empresas para los trabajadores y que se usan de forma mayoritaria. A fin de cuentas, es el que supondrá el grueso de la pensión que recibirán, salvo que también contribuyan al tercer pilar. Ese tercer pilar es ya el esfuerzo de ahorro individual de cada trabajador.

Pensiones en Austria

En Austria utilizan la denominada mochila austriaca, que no es más que un sistema de capitalización individual. Las empresas aportan cada mes una parte del salario bruto del trabajador a una cuenta de ahorro personal que está gestionada por fondos privados. Esta mochila acompañará al trabajador toda su vida, incluso si cambia de trabajo. Al jubilarse recuperará el dinero y si, por un casual, las inversiones no han ido bien, el Estado asegura recuperar por lo menos el dinero que se haya aportado. Con este sistema, la cuantía de la jubilación dependerá siempre de lo que hayas cotizado. A este ahorro público se suma el ahorro privado del propio trabajador, lógicamente.

Pensiones en Estados Unidos

Al contrario de lo que muchos piensan, Estados Unidos sí cuenta con un sistema de pensiones que se divide en tres pilares: el público, los planes voluntarios de ahorro y los planes de empresa. Por un lado, existe el Social Security o seguro social de carácter obligatorio. Funciona bajo un sistema de reparto y en él cotizan trabajadores y empresas. Los trabajadores van sumando créditos en función del tiempo trabajado y el salario y después la pensión dependerá de esas cifras. Eso sí, la cuantía de esta pensión es mínima. En consecuencia, a la mayoría de trabajadores no les queda más opción que suscribir sus propios planes voluntarios de inversión como los 401 (k), que son planes de empresa. Su particularidad es que la mayoría de empresas colabora y dobla la inversión que realice el trabajador.

LOS MEJORES SISTEMAS DE PENSIONES

Diferentes modelos y sistemas, pero ¿cuáles son los que mejor funcionan? La respuesta es complicada y, para responderla, la consultora Mercer y el Instituto CFA publican anualmente el informe Índice Global de Pensiones donde analizan la cuestión bajo tres prismas:

Adecuación del sistema en términos del nivel de ingresos básicos que provee y el diseño del propio sistema.
Sostenibilidad del sistema, que tiene en cuenta factores como la edad de jubilación o el nivel de deuda pública del país.
Integridad, que está marcado por las leyes y regulaciones que protegen el sistema.

Y los mejores en cada apartado: